El camino de Úrsula Bahillo (18) fue parecido al de otras mujeres víctimas de violencia que, aún cuando se atreven a denunciar, quedan expuestas y sin protección. La adolescente había denunciado a su femicida, Matías Ezequiel Martínez (25), el sábado. Por esa causa, el oficial de la Bonaerense había sido citado por la justicia horas antes de matarla.
Úrsula había realizado una denuncia por amenazas dos días antes de ser asesinada. «No te metas conmigo, mirá que mi familia es muy pesada», había sido una parte de las últimas agresiones que la joven recibió de Martínez, que es policía y desde septiembre tenía una licencia psiquiátrica.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que este lunes Martínez se presentó en la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado por esa causa, caratulada como «amenazas». En esa citación el agente de la Bonaerense reconoció tener una restricción que le impedía acercarse a Úrsula, a quien horas después asesinó a puñaladas.
Días antes, la mamá de Úrsula también se había presentado a denunciar a Martínez por atacar a su hija. Informó que «sospechaba que la tenía amenazada» e indicó que se habían ingresado otras presentaciones en el Juzgado de Paz por violencia de género.
Sin embargo, Úrsula no tenía custodia ni botón de pánico. Tampoco, y a pesar de la carpeta médica, sus superiores de la Policía Bonaerense lo habían apartado de la fuerza ni aplicado sanciones disciplinarias, aún cuando -según advirtió la familia- tenían conocimiento de sus antecedentes de violencia.
El crimen generó una protesta frente a la comisaría de Rojas organizada por los vecinos a través de las redes sociales y con la intención de denunciar el encubrimiento policial a Martínez. Los manifestantes señalaron a la cúpula policial por crear la carpeta psiquiátrica para protegerlo.
La concentración terminó con una brutal represión y manifestantes arrojando piedras a los agentes. La comisaría terminó con serios daños.
Entre las denuncias que Martínez acumulaba por violentar mujeres había un antecedente: una ex pareja también denunció los ataques y acompañó a Úrsula en su proceso para que se atreviera a contar lo que le estaba pasando. Tenía fecha de juicio oral con fecha de inicio el 18 abril.
Pero el derrotero de Úrsula había empezado en la Justicia Civil, según diagraman muchas fiscalías de la Provincia de Buenos Aires que no entienden la violencia de género como un delito penal, sino de la órbita civil. Dependiendo del grado de agresión, dividen los procesos y las medidas desde un fuero o el otro, algo que resulta engorroso para las víctimas que van de una oficina a otra hasta lograr algún avance.
Recién cuando Úrsula pudo manifestar las amenazas que recibía intervino la Justicia Penal, que tampoco otorgó medidas de protección para la víctima ni cruzó información con el juzgado civil, donde acumularía otra de docena de presentaciones.
Lo cierto es que, alrededor de las 20 del lunes, horas después de presentarse en la fiscalía, Martínez este oficial de la Bonaerense mató a su ex pareja a puñaladas y después intentó quitarse la vida. Se realizó cortes en el estómago y en la zona de la yugular.
Después de matar, el femicida llamó a un familiar y le dijo: «Estoy en Guido Spano, me mandé una cagada ¡Vení!», esa persona fue a la comisaría y pidió apoyo. Cuando llegaron, Úrsula ya estaba muerta.
Martínez intentó escapar pero lograron reducirlo y trasladarlo a un hospital, donde se recupera de las heridas, con custodia policial y en calidad de detenido.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano», de la Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, mataron a 219 mujeres y mujeres trans en el país. Sus estimaciones, indican que una de cada siete víctimas ya habían denunciado a sus femicidas por distintas situaciones de violencia.
El 59% de las mujeres habían sido atacadas por sus parejas o ex parejas, y el 60% en sus propias casas.
