Especialistas, ONG y funcionarias coincidieron en la importancia de la capacitación en perspectiva de género del personal de hospitales, clínicas y centros de salud para que no vuelvan a ocurrir abusos sexuales como el denunciado por tres pacientes del Sanatorio Güemes que habrían sido atacadas aprovechando el estado de «suma vulnerabilidad» en que mujeres, niñas y adolescentes se encuentran en esas situaciones.
«Si bien no son frecuentes, supimos de varias de estas agresiones bajo los efectos de la anestesia y las mujeres víctimas se dan cuenta porque después de la cirugía sentían molestias o tenían inflamación», explicó a Télam María Elena Leuzzi, titular de la Asociación de Víctimas de Violación (Avivi).
En ese sentido recordó tres casos registrados en los últimos 10 años en la provincia de Buenos Aires que «quedaron en la nada»: una mujer a la que después de una intervención quirúrgica se le desencadenó una infección vaginal que un forense determinó como provocada por el resto de látex de un preservativo a pesar de que ella no había tenido relaciones esos días de internación, otra que despertó con lesiones genitales compatibles con la introducción de un objeto de gran tamaño y una tercera que reaccionó justo cuando un enfermero se le había subido encima provocándole una eventración en la herida recién suturada.
Leuzzi planteó que «no sólo habría que instalar cámaras en todos los quirófanos» como ya existen en muchos centros de salud, «sino monitorearlas permanentemente»
En los dos primeros episodios no se pudo identificar al agresor porque «no se encontró ADN» ni tampoco hubo registros fílmicos, mientras que en el tercero «la familia decía que lo había alucinado» y no llegó a hacerse la denuncia.
«Con 20 años trabajando en Avivi recuerdo estos casos que fueron probados, pero sospechas siempre tenemos, como cuando algunas chicas manifiestan ser toqueteadas de manera imprudente al ingresar al quirófano. Otras tienen una vaga sospecha, pero terminan por creer que ha sido producto de la anestesia», dijo.
Además de la capacitación, Leuzzi planteó que «no sólo habría que instalar cámaras en todos los quirófanos» como ya existen en muchos centros de salud, «sino monitorearlas permanentemente» porque «degenerados hay en todos lados» y allí las mujeres, niñas, niños y adolescentes «están en total estado de indefensión», lo que en pandemia se ve incrementado.
«Antes vos podías acompañar y quedarte en la puerta del quirófano, con lo cual veías quien ingresaba y cuándo; pero ahora no se puede ni esperar en la puerta de la clínica», sostuvo Leuzzi.
Si bien no fue hallado responsable del delito de abuso, uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue el del exmédico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, quien fue condenado a 8 años y medio de prisión por producir y distribuir fotos y video de explotación sexual de menores de edad, algunas de ellas tomadas en el centro asistencial.
El exmédico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, quien fue condenado a 8 años y medio de prisión por producir y distribuir fotos y video de explotación sexual de menores de edad,
Para el psiquiatra Enrique Stola, el sistema de salud «no es territorio libre de la amenaza» de agresión sexual para las pacientes que allí acuden, «pero tampoco para las enfermeras, médicas» o el resto del personal femenino.
«De hecho, este tipo de ataque es más frecuente sobre el personal de salud femenino. En el caso de ellas, el acoso sexual suele ser contenido, porque además se juega el poder del médico, la estabilidad laboral y esto de que los machos pueden hacer lo que se les antoja», afirmó.
Para los agresores, en tanto, todas las connotaciones positivas asociadas a la figura del médico, enfermero o personal de salud «le da un halo de impunidad» porque «son profesionales del cuidado y uno baja la guardia ante quien se supone que te van a cuidar».
La confianza depositada en el personal de salud sumado al momento de confusión que suelen aprovechar los agresores para atacar a sus víctimas, hace que éstas duden respecto de «gestos, revisaciones, tocamientos que no saben si están dentro de lo esperable o no» y «se sienten intimidadas» para contarlo.
En el caso de los niños «están mucho más expuestos porque no tienen recursos (de un adulto) y no hay educación sexual integral»
«Además porque está la creencia social que sostienen muchos profesionales del derecho de que si no hay testigos o no está filmado no es posible demostrarlo y si algo han logrado los feminismos es que se valorice la palabra de la mujer, por lo tanto hay que invitar a las mujeres a que hagan la denuncia», aseguró.
En el caso de los niños «están mucho más expuestos porque no tienen recursos (de un adulto) y no hay educación sexual integral», agregó.
Para Stola, lo fundamental para prevenir estas agresiones es «la capacitación en perspectiva de género para todas las instituciones de salud», sobre todo a los médicos, y una política institucional de acompañamiento a las víctimas, que no se vio en el Sanatorio Güemes que «no apareció nunca públicamente teniendo un rol activo en la investigación» como ocurre con «algunas escuelas privadas o confesionales cuando hay abusadores».
«Hay que extender la formación a toda la gente que está en salud, no porque vamos a reconvertir a los abusadores o violadores sino porque cuando los integrantes de una institución están bien capacitados hay mayores defensas y cuidados sobre los cuerpos. Van a estar alerta, la mirada es diferente», dijo.
Por su parte, la Directora De Género y Diversidades del Ministerio de Salud, Candela Cabrera, sostuvo que las agresiones sexuales por parte de médicos o enfermeros se enmarcan en un tipo específico de violencia de género que es «la violencia institucional», pero «lo que hace a estos casos más extremos y más graves es que ocurran en el sistema de salud -donde uno va a atenderse- y en el marco de una cirugía vulnerando todos las legislaciones» e incurriendo en «todo tipo de violencias».
La funcionaria explicó que «hay tres niveles de abordaje» en el marco Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.
«El primero es el de la atención a las mujeres y personas LGBT+ que sufren violencias por motivos de género en el ámbito doméstico, el segundo es el de las violencias que se ejercen en los espacios laborales para lo cual estamos trabajando en la implementación de protocolos, y un tercer punto son las violencias por motivos de género que ejerce el propio sistema de salud, como la obstétrica», explicó.
Cabrera coincidió con Stola en la importancia de la capacitación en la Ley Micaela para «desnaturalizar estas violencias» por parte del personal, las instituciones y las propias víctimas, para que puedan «dejar de sentir vergüenza y culpa» y denunciar «en una justicia que atienda prontamente».
«Y por supuesto que hay responsabilidades mayores del Estado y las jerarquías, pero es un trabajo amplio y mientras las estructuras se modifican hay que generar al lado, inmediatamente y con urgencia, los instrumentos que permitan acompañar, reparar el daño y condenar con todo el peso de la justicia estos delitos», concluyó.
