Un potencial incremento del 10% en los precios globales del petróleo, una probable consecuencia del conflicto, podría derivar en 0,4 puntos porcentuales más de inflación en el año siguiente, afirmó la subdirectora gerente del organismo con sede en Washington, Gita Gopinath.

El conflicto entre Israel y la organización islamista Hamas, de escalar, podría presionar a la inflación e impactar en el crecimiento global, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según modelos del organismo, un potencial incremento del 10% en los precios globales del petróleo, una probable consecuencia del conflicto, podría derivar en 0,4 puntos porcentuales más de inflación en el año siguiente, afirmó la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

Dentro de ese escenario, la producción global bajaría en 0,15 puntos porcentuales, lo cual representaría un nuevo impacto en una economía mundial ya afectada por la inflación y las altas tasas de interés.

“Si se convierte en un mayor conflicto y eso provoca que los precios del petróleo aumentan, eso podría tener un efecto en las economías. Ese es usualmente uno de los canales en donde vemos que afectará a los números globales”Gita Gopinath

“Si se convierte en un mayor conflicto y eso provoca que los precios del petróleo aumentan, eso podría tener un efecto en las economías. Ese es usualmente uno de los canales en donde vemos que afectará a los números globales”, explicó en una entrevista a Bloomberg Television.

Si bien aclaró que aún sería anticipado saber las implicaciones del conflicto, para Gopinath, los países del Medio Oriente serían probablemente los que terminen impactados de forma directa.

No obstante, los efectos de una suba de los precios de la energía, podrían generalizarse en todo el mundo, indicó la directiva.

En el intercambio, Gopintah señaló que, esta semana, uno de los objetivos de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial será el de definir un proceso de reestructuración de deuda “más eficiente” para los países implicados.

Fuente: Télam

La defensa argentina presentó la carta de notificación formal a la jueza Loretta Preska. En el fallo emitido contra el país, por el caso de la nacionalización de YPF, se obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.

La Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país el último 15 de septiembre, por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.

De esta forma, la Argentina formalizó su intención de apelación, dando aviso a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, y según la práctica habitual para estos casos.

La carta de apelación -enviada este martes- a la jueza Loretta Preska consta de una carilla, en la que se formalizó la apelación, a lo cual luego se sumará la presentación oficial de los argumentos.

La discusión por el efecto del fallo

Asimismo, las partes se encuentran a la espera de la inminente decisión de Preska, que tiene que indicar aún a partir de cuándo tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre.

A inicios de octubre, tanto la Argentina como los demandantes enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.

Mientras los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron «un período razonable», que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.

«Decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación»

Al respecto, «decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación», indicaron a Télam abogados que siguen de cerca el caso.

A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre.

Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).

La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».

En primer lugar, el país expresó que «existe una clara barrera legal para la República» , ya que, «según la ley, los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año».

Y, como la «sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada» por lo que no puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia.

Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que «la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes», consideraron.

En segundo lugar, «incluso si fuera legalmente posible (y no lo es) garantizar una fianza acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple, no existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal«, afirmaron los abogados que representan al país.

A la vez, citaron al al FMI, que «estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas» y que bajo el marco del acuerdo rubricado con el Fondo, la República tampoco puede pedir prestado fondos para asegurar una fianza.

Así , explicaron que «actualmente no tiene la capacidad de emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital, y tiene una calificación CCC- (negativa) de S&P», con lo que .la República «no sería capaz de absorber financiamiento neto adicional de la magnitud requerida para pagar el monto de la Sentencia».

En tercer lugar, «incluso si fuera posible legal y prácticamente asegurar de alguna manera una fianza comenzar a pagar la sentencia, hacerlo impondría un daño grave e irreversible a un argentino población que ya sufre una alta inflación y las consecuencias económicas adversas de una sequía grave y sin precedentes»

Otro dato que argumentaron es que, si se efectuara un eventual pago a los acreedores antes de finalizar el juicio completo y la Argentina logra revertir su situación «será difícil, si no imposible, rastrear y recuperar esos fondos si la Corte revoca la sentencia, en su totalidad o en cualquier parte sustancial».

Fuente: Télam

La disposición de la Comisión Nacional de Valores es de carácter “transitorio” y busca “mejorar la regulación del mercado de capitales y prevenir maniobras de lavado de activos y evasión impositiva” a pocos días de las elecciones presidenciales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió limitar a un monto de $100 millones diarios las operaciones de inversores extranjeros y grandes firmas locales, como parte de una estrategia del Gobierno para limitar la especulación en torno a los dólares financieros y, así, evitar una mayor volatilidad en el mercado de cambios a pocos días de las elecciones presidenciales.

La normativa de la CNV llega después de que la semana pasada se advirtieran operaciones por volúmenes inusualmente altos desde inversores extranjeros que, se sospecha, podrían ser por orden y cuenta de empresas locales que están impedidas a operar en el segmento bursátil para hacerse de dólares, en tanto accedan al mercado mayorista, según confirmaron fuentes oficiales a Télam.

A partir de la modificación normativa de este miércoles, los inversores extranjeros –ya sea empresas o personas humanas- que no son agentes de valores y operan con CDI (Clave de Identificación) o CIE (Clave de Inversores del Exterior) sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios.

«En el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos», señaló la CNV en los considerandos de la medida publicada en el Boletín Oficial.

La medida llega en una jornada en la que el mercado cambiario cerró con relativa calma, luego de que las cotizaciones de los dólares bursátiles -CCL y MEP- tuvieron variaciones de en torno al 1%, y en la que hubo pocos movimientos en las llamadas «cuevas» después de operativos de conjuntos de AFIP, la Policía Federal y la Aduana.

Tras la fuerte suba de los días previos, este miércoles se decomisaron US$ 800.000 en efectivo en dos operativos de fiscalización en «cuevas» y «arbolitos» de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en los que se buscó identificar puntos de cambios de divisas clandestinos para frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde decomisaron US$ 700.000 a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros US$ 100.000 fueron incautados en pleno microcentro, en la peatonal Florida al 300.

Este miércoles, después de sucesivas jornadas de subas de cotizaciones en el mercado bursátil, el dólar MEP cerró a $854, con una leve suba de 1,2%, mientras que el CCL retrocedió 1%, hasta los $944 por unidad.

Aún así, el Banco Central tuvo que intervenir con ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por US$ 130 millones, y lleva un saldo neto con números rojos cercanos a los US$ 600 millones en lo que va de octubre, un mes históricamente negativo para la autoridad cambiaria.

En las últimas ocho ruedas cambiarias, el dólar MEP acumula un alza de 21,9% y alcanzó un nuevo récord de cotización nominal, mientras que el CCL se aleja del máximo que registró ayer y morigera el aumento en lo que va del mes a 14,9%.

Por su parte, el denominado dólar «blue» o informal mantuvo la cotización de apertura de jornada, a $ 1.010 por unidad, si bien acumula un incremento de 14,7% en lo que va de la semana, después de haber cerrado a $880 el viernes último.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, cinco centavos arriba respecto de su última cotización, mientras que el minorista cerró a $367 promedio para la venta.

El martes último, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, a través de la Resolución General 5430/2023 publicada en el Boletín Oficial.

De esta forma, la compra de divisas para atesoramiento con cupo de US$ 200 mensuales, a través del denominado dólar “ahorro”, y para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, los llamados “dólar tarjeta” y “dólar Qatar”, deberán abonarse las cotizaciones con el Impuesto PAÍS (30% sobre el valor de cambio oficial) y las percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

En todos los casos, el tipo de cambio será de $734, luego del recargo del 100% sobre el valor minorista ($367).

Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local –una sociedad de bolsa (ALyC), un Agente de Negociación (AN) o un Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN)- con cinco días hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios.

Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco días hábiles de anticipación, a la CNV.

Las sociedades de bolsa del exterior –las cuales operan por cuenta y orden de clientes argentinos- también estarán abarcadas por las mismas restricciones: no podrán superar el monto máximo diario de $ 100 millones por cada uno de sus clientes y estarán obligadas a informarle a la CNV con cinco días de anticipación.

En tanto, las sociedades de bolsa del exterior que operan por cuenta propia y con fondos propios –no por orden de terceros- deberán avisar con cinco días hábiles de anticipación cuando operen diariamente por más de $ 100 millones.

La medida “alcanza únicamente a los grandes inversores y no afecta a la enorme mayoría de usuarios de dólares financieros y pequeños inversores”

En lo que respecta a los inversores locales que poseen CUIT, aquellos que operan por cuenta y orden de terceros tendrán un tope de operación de $ 100 millones diarios, restricción que no abarca a los que operan por cuenta propia y con fondos propios.

Los inversores locales que operan por orden de terceros deberán informar con cinco días hábiles de antelación estas operaciones a la CNV a través de las sociedades de bolsa, detallando quién es el tercero para el que operan; mientras que aquellos que operan por cuenta propia deberán avisar con el mismo plazo de antelación aquellas operaciones superiores a $ 200 millones, pese a no tener restricción para operar con dichos montos.

Fuente: Télam

Agustina Belén Aguilar (21) era pareja de Carlos Costa (26), quien cumplía prisión domiciliaria y es hermano del futbolista de Independiente Ayrton Costa. En el cadáver de Aguilar se advirtieron signos de un posible estrangulamiento.

La Justicia de Quilmes investiga como un femicidio la muerte de una joven de 21 años que era pareja del hermano del futbolista de Independiente, Ayrton Costa, y en cuyo cadáver se advirtieron signos de un posible estrangulamiento, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.

La víctima fue identificada como Agustina Belén Aguilar (21), quien fue hallada el último domingo por la tarde en un domicilio de la calle Sargento Cabral 761 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

Aguilar era madre de dos hijos -de 3 y 5 años- y pareja de Carlos Costa (26), hermano del defensor de Independiente y quien en el marco de una causa por «robo» hace unos diez días salió de la cárcel para cumplir en la dirección mencionada una prisión domiciliaria y tobillera.

Según voceros policiales, al arribar personal de la comisaría de Bernal, Costa les explicó a los efectivos que se hallaban con su pareja tomando «bebidas alcohólicas y cocaína», que ella «comenzó a convulsionar» y que él intentó reanimarla haciéndole maniobras de RCP.

 

Costa presentaba a la altura del cuello marcas de rasguños, pero las justificó diciendo que se las produjo cuando intentaba reanimar a la joven.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME, cuya médica confirmó el fallecimiento de la víctima.

Un jefe policial contó que durante el hecho había otras tres personas que se retiraron del lugar antes de que llegara la ambulancia.

«Eran dos chicas y un chico. No hablaron de discusión», indicó un investigador.

Qué dice la autopsia

En un primer momento, la causa fue caratulada como «averiguación causales de muerte», por luego de se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, en la que se detectaron signos de posible estrangulamiento en el cadáver, el fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes, la modificó a «homicidio agravado por el vínculo».

«Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal», dijo a Télam un vocero judicial.

De acuerdo a las fuentes judiciales, los resultados preliminares de la diligencia indicaron que la víctima murió de un «paro cardiorrespiratorio no traumático» y que presentaba una «insuficiencia cardíaca aguda” y una insuficiencia “respiratoria aguda».

Tampoco se detectaron lesiones de consideración; sin embargo, sí se observaron marcas internas en la zona del cuello que, para la fiscalía, podrían ser compatibles con un mecanismo de asfixia, aunque las conclusiones finales dependerán de los estudios histopatológicos, explicaron los voceros.

En función de estas marcas en el cuerpo de la víctima, el fiscal Saizar recataruló la causa como “homicidio agravado por el vínculo”.

«Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal», dijo a Télam una fuente judicial.

Familiares de la víctima apuntaron a Costa

Mientras que varios familiares de la víctima pidieron en declaraciones a la prensa que el caso se investigue como un posible femicidio, y le apuntaron a Costa y a su familia.

«Todo ocurrió en el domicilio de él. Hubo vecinos que escucharon gritos, que después puso la música alta y le empezó a pegar mal. Me la mató, tiene dos nenes, el sábado cumple 6 años uno y ella la semana que viene cumplía 22 años», dijo en la mañana de este martes Jorge, el padre de la víctima, a Canal 13.

«Todavía no se hizo nada porque está en la casa con la pulsera, tranquilo él y nosotros acá con este dolor y sufrimiento. Él y su hermano, Ayrton, que juega en Independiente, es cómplice también junto a su familia, la madre, porque todos cubrieron», agregó el hombre.

El padre de Agustina también dijo que tienen un amigo que «entró con la pericia y vio todo, cómo se limpió toda la casa primero antes de llamar a la madre y notificarle».

Jorge comentó que Agustina «ya lo había denunciado» a Costa «desde 2020», cuando el sospechoso que llevaba «tres años» detenido aún, «estaba en el penal» y «la hostigaba».

«Todavía no se hizo nada porque está en la casa con la pulsera, tranquilo él y nosotros acá con este dolor y sufrimiento. Él y su hermano, Ayrton, que juega en Independiente, es cómplice también junto a su familia, la madre, porque todos cubrieron»Jorge, padre de la víctima

Por su parte, Hermelinda, madre de Agustina, también le apuntó a la familia Costa y, en diálogo con el canal América TV, denunció que «tienen poder».

La mujer explicó que fue el futbolista Ayrton Costa quien a las 16.50 de este lunes la llamó para decirle: «Herme, vení que tu hija está descompuesta.»

«Yo cuando subí al tercer piso, mi hija estaba muerta hacía una hora más o menos. Lo único que hice es mirarle la cara y mi hija estaba toda verde, con el brazo cortado y una de las cuñadas la vistió y el hermano Lele, no sé lo qué estaba haciendo ahí, que la bañaron», denunció la madre.

La mujer también dijo que la familia Costa ahora la quiere «ensuciar» diciendo que ella «le dio la droga», y en ese sentido reconoció: «Yo tuve una causa por droga en 2017 pero yo pagué todo eso. Que me muestren las cámaras de la casa a ver en qué momento yo fui a darles lo que ellos están diciendo».

Otro que apuntó al femicidio fue Alejandro, tío de la víctima, quien le dijo a América: «Sin dudas la mataron a mi sobrina; no tengo dudas».

Fuente: Télam

La iniciativa engloba a los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos en las compras realizadas con tarjetas. Obtuvo 134 votos a favor y ninguno en contra, ya que el interbloque JxC y otras bancadas minoritarias optaron por la abstención.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos en las compras realizadas con tarjetas, en una votación en la que bloques provinciales, los libertarios y la izquierda acompañaron al Frente de Todos.

La iniciativa sumó 134 votos a favor y ninguno en contra, ya que el interbloque Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias optaron por la abstención por considerar que se trataba de una política «inflacionaria».

El debate se extendió durante más de cuatro horas con más de 35 oradores que expusieron sus posicionamientos sobre el proyecto.

En carácter de miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destacó que «con la devolución del IVA no hay razón para que los precios se muevan; una medida administrativa de la AFIP, que, por un lado, percibe el impuesto y, por el otro, se lo reintegra a los beneficiarios».

«Estamos convencidos de que este proyecto es superior a la idea de eximir del IVA a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces, en general, evidenciando en los precios de los productos, que no baja porque se elimine el IVA para esos productos», agregó el legislador oficialista.

Por último, Heller instó a la oposición a acompañar el proyecto: «Espero que tengamos un amplio acompañamiento, que la oposición entienda los enormes beneficios que este proyecto tiene para la ciudadanía, y que nos acompañen con un amplísimo voto a favor de la propuesta».

Tras el discurso de Heller, el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacacce anticipó la postura de Juntos por el Cambio (JXC): «Nosotros estamos de acuerdo que, en medio de una crisis económica donde la pobreza es del 40%, se necesita recuperar recursos. Pero resulta que hay pobres que no son beneficiarios y hay beneficiarios que no son pobres».

Como contrapartida, el oficialista Itaí Hagman, aseveró: «Estamos acá ante la posibilidad de ponernos de acuerdo en una política importante como es la de ponernos de acuerdo en una política fundamental, que tiene un montón de beneficios, directos, porque van al bolsillo de la gente, de aliento al consumo y por lo tanto a la actividad económica»

«Además, ayuda a la formalización de la economía; y que si bien tiene un costo fiscal, va a tener un beneficio en la recaudación de las provincias», agregó.

En tanto, por el radicalismo tradicional, Víctor Romero, dijo que plantean «que se haga hasta fin de año y no como este proyecto, que está definiendo una política parcial y no integral para un gobierno que los argentinos van a votar en los próximos días».

«Por eso planteamos hacerlo hasta el 9 de diciembre, y lo hacemos pensando en incluir algunos sectores que no están incluidos, como los sectores informales, que compran y comen todos los días como todos», añadió Romero.

 

Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense-Interbloque Federal-, justificó su acompañamiento al proyecto: «El 60% de los pibes reciben sus alimentos del Estado, el 40,1% de la población es pobre. El apoyo al acceso económico y físico a alimentos nutritivos son factores importantes para ayudar a promover la seguridad alimentaria».

Desde el PRO, Germana Figueroa Casas, argumentó: «Lo que se vota hoy no es una devolución de IVA, es un subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan».

Por la Izquierda, Alejandro Vilca, evaluó: «Este proyecto se da en un marco donde los trabajadores vienen perdiendo frente a la inflación, disparada producto de la devaluación pactada con el FMI, que se aprobó por todos los bloques, nosotros sostuvimos que era inflacionario».

Por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, mostró las coincidencias con el resto de los diputados de JxC: «Nadie puede estar en desacuerdo con aliviar la pesada carga impositiva que soportan las familias argentinas, de hecho hemos presentado varios proyectos en relación a la reducción de IVA, lo que no podemos es permitir que ese alivio se transforme en una pesadilla generando más inflación, que es el peor de los impuesto».

En el cierre del debate, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó: «es un tema muy importante que algunos intentan mirarlo en sus impactos, en su importancia, sino en un conjunto de medidas que ha tomado nuestro ministro de Economía; y creo que no se alcanza a ver la magnitud de lo que estamos tratando».

«A veces creo que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones, y acá estamos hablando de una medida que ha beneficiado a millones de argentinos, y eso hay que decirlo, reivindicarlo y ponerlo en valor, porque sino siempre nos escapamos por la tangente de cuestionar el gasto fiscal, de incluir más beneficiarios o que el 9 de diciembre se termina el gobierno», concluyó.

El proyecto

La iniciativa -que consta de nueve artículos- señala que la medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2024, y también que se faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficiarios alcanzados por la legislación.

En el artículo 1 se establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social.

Serán alcanzados por este beneficio trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadradas y encuadrados en la Ley 24.977.

El proyecto precisa también que «están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo».

En el artículo 4 del proyecto se establece que «el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes».

Desde el organismo aludieron a noticias falsas difundidas en redes sociales que indicaban que el beneficio también es aplicado al dinero en efectivo solicitado en los puntos de cobro y remarcaron que solo alcanza a los productos de la canasta básica.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desmintió este martes que el Programa Compre Sin IVA incluya reintegros al dinero retirado en línea de cajas, ante la difusión de noticias falsas que circulan en las redes sociales.

«La devolución del 21% para compras con tarjeta de débito afecta únicamente a productos de la canasta básica», afirmó el organismo en un comunicado.

La medida alcanza a jubilados y pensionados beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales que perciban hasta seis haberes mínimos, monotributistas, trabajadores en relación de dependencia con sueldos de hasta seis salarios mínimos, y beneficiarios del Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

De esta manera, a partir de la implementación del Programa Compre Sin IVA, el organismo verifica el cumplimiento del reintegro acorde a la normativa vigente para evitar eventuales maniobras fraudulentas.

Como también realiza fiscalizaciones «permanentes» que pueden dar lugar a multas sobre los establecimientos, usuarios y la suspensión de sus respectivos CUIT o CUIL, agregaron. 

Para poder acceder al beneficio, la AFIP recuerda que no es necesario que los contribuyentes realicen ningún tipo de trámite ante el organismo ya que se percibe de manera automática para los comercios mayoristas y minoristas de alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos, por un monto mensual de hasta $18.800.

Sin embargo, como requisito para percibirlo, los comercios deberán estar inscriptos ante esta Administración Federal con los códigos de actividad definidos para el programa.

Fuente: Télam