Un potencial incremento del 10% en los precios globales del petróleo, una probable consecuencia del conflicto, podría derivar en 0,4 puntos porcentuales más de inflación en el año siguiente, afirmó la subdirectora gerente del organismo con sede en Washington, Gita Gopinath.

El conflicto entre Israel y la organización islamista Hamas, de escalar, podría presionar a la inflación e impactar en el crecimiento global, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según modelos del organismo, un potencial incremento del 10% en los precios globales del petróleo, una probable consecuencia del conflicto, podría derivar en 0,4 puntos porcentuales más de inflación en el año siguiente, afirmó la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

Dentro de ese escenario, la producción global bajaría en 0,15 puntos porcentuales, lo cual representaría un nuevo impacto en una economía mundial ya afectada por la inflación y las altas tasas de interés.

“Si se convierte en un mayor conflicto y eso provoca que los precios del petróleo aumentan, eso podría tener un efecto en las economías. Ese es usualmente uno de los canales en donde vemos que afectará a los números globales”Gita Gopinath

“Si se convierte en un mayor conflicto y eso provoca que los precios del petróleo aumentan, eso podría tener un efecto en las economías. Ese es usualmente uno de los canales en donde vemos que afectará a los números globales”, explicó en una entrevista a Bloomberg Television.

Si bien aclaró que aún sería anticipado saber las implicaciones del conflicto, para Gopinath, los países del Medio Oriente serían probablemente los que terminen impactados de forma directa.

No obstante, los efectos de una suba de los precios de la energía, podrían generalizarse en todo el mundo, indicó la directiva.

En el intercambio, Gopintah señaló que, esta semana, uno de los objetivos de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial será el de definir un proceso de reestructuración de deuda “más eficiente” para los países implicados.

Fuente: Télam

La defensa argentina presentó la carta de notificación formal a la jueza Loretta Preska. En el fallo emitido contra el país, por el caso de la nacionalización de YPF, se obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.

La Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país el último 15 de septiembre, por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.

De esta forma, la Argentina formalizó su intención de apelación, dando aviso a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, y según la práctica habitual para estos casos.

La carta de apelación -enviada este martes- a la jueza Loretta Preska consta de una carilla, en la que se formalizó la apelación, a lo cual luego se sumará la presentación oficial de los argumentos.

La discusión por el efecto del fallo

Asimismo, las partes se encuentran a la espera de la inminente decisión de Preska, que tiene que indicar aún a partir de cuándo tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre.

A inicios de octubre, tanto la Argentina como los demandantes enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.

Mientras los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron «un período razonable», que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.

«Decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación»

Al respecto, «decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación», indicaron a Télam abogados que siguen de cerca el caso.

A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre.

Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).

La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».

En primer lugar, el país expresó que «existe una clara barrera legal para la República» , ya que, «según la ley, los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año».

Y, como la «sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada» por lo que no puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia.

Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que «la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes», consideraron.

En segundo lugar, «incluso si fuera legalmente posible (y no lo es) garantizar una fianza acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple, no existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal«, afirmaron los abogados que representan al país.

A la vez, citaron al al FMI, que «estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas» y que bajo el marco del acuerdo rubricado con el Fondo, la República tampoco puede pedir prestado fondos para asegurar una fianza.

Así , explicaron que «actualmente no tiene la capacidad de emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital, y tiene una calificación CCC- (negativa) de S&P», con lo que .la República «no sería capaz de absorber financiamiento neto adicional de la magnitud requerida para pagar el monto de la Sentencia».

En tercer lugar, «incluso si fuera posible legal y prácticamente asegurar de alguna manera una fianza comenzar a pagar la sentencia, hacerlo impondría un daño grave e irreversible a un argentino población que ya sufre una alta inflación y las consecuencias económicas adversas de una sequía grave y sin precedentes»

Otro dato que argumentaron es que, si se efectuara un eventual pago a los acreedores antes de finalizar el juicio completo y la Argentina logra revertir su situación «será difícil, si no imposible, rastrear y recuperar esos fondos si la Corte revoca la sentencia, en su totalidad o en cualquier parte sustancial».

Fuente: Télam

La disposición de la Comisión Nacional de Valores es de carácter “transitorio” y busca “mejorar la regulación del mercado de capitales y prevenir maniobras de lavado de activos y evasión impositiva” a pocos días de las elecciones presidenciales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió limitar a un monto de $100 millones diarios las operaciones de inversores extranjeros y grandes firmas locales, como parte de una estrategia del Gobierno para limitar la especulación en torno a los dólares financieros y, así, evitar una mayor volatilidad en el mercado de cambios a pocos días de las elecciones presidenciales.

La normativa de la CNV llega después de que la semana pasada se advirtieran operaciones por volúmenes inusualmente altos desde inversores extranjeros que, se sospecha, podrían ser por orden y cuenta de empresas locales que están impedidas a operar en el segmento bursátil para hacerse de dólares, en tanto accedan al mercado mayorista, según confirmaron fuentes oficiales a Télam.

A partir de la modificación normativa de este miércoles, los inversores extranjeros –ya sea empresas o personas humanas- que no son agentes de valores y operan con CDI (Clave de Identificación) o CIE (Clave de Inversores del Exterior) sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios.

«En el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos», señaló la CNV en los considerandos de la medida publicada en el Boletín Oficial.

La medida llega en una jornada en la que el mercado cambiario cerró con relativa calma, luego de que las cotizaciones de los dólares bursátiles -CCL y MEP- tuvieron variaciones de en torno al 1%, y en la que hubo pocos movimientos en las llamadas «cuevas» después de operativos de conjuntos de AFIP, la Policía Federal y la Aduana.

Tras la fuerte suba de los días previos, este miércoles se decomisaron US$ 800.000 en efectivo en dos operativos de fiscalización en «cuevas» y «arbolitos» de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en los que se buscó identificar puntos de cambios de divisas clandestinos para frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde decomisaron US$ 700.000 a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros US$ 100.000 fueron incautados en pleno microcentro, en la peatonal Florida al 300.

Este miércoles, después de sucesivas jornadas de subas de cotizaciones en el mercado bursátil, el dólar MEP cerró a $854, con una leve suba de 1,2%, mientras que el CCL retrocedió 1%, hasta los $944 por unidad.

Aún así, el Banco Central tuvo que intervenir con ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por US$ 130 millones, y lleva un saldo neto con números rojos cercanos a los US$ 600 millones en lo que va de octubre, un mes históricamente negativo para la autoridad cambiaria.

En las últimas ocho ruedas cambiarias, el dólar MEP acumula un alza de 21,9% y alcanzó un nuevo récord de cotización nominal, mientras que el CCL se aleja del máximo que registró ayer y morigera el aumento en lo que va del mes a 14,9%.

Por su parte, el denominado dólar «blue» o informal mantuvo la cotización de apertura de jornada, a $ 1.010 por unidad, si bien acumula un incremento de 14,7% en lo que va de la semana, después de haber cerrado a $880 el viernes último.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, cinco centavos arriba respecto de su última cotización, mientras que el minorista cerró a $367 promedio para la venta.

El martes último, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, a través de la Resolución General 5430/2023 publicada en el Boletín Oficial.

De esta forma, la compra de divisas para atesoramiento con cupo de US$ 200 mensuales, a través del denominado dólar “ahorro”, y para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, los llamados “dólar tarjeta” y “dólar Qatar”, deberán abonarse las cotizaciones con el Impuesto PAÍS (30% sobre el valor de cambio oficial) y las percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

En todos los casos, el tipo de cambio será de $734, luego del recargo del 100% sobre el valor minorista ($367).

Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local –una sociedad de bolsa (ALyC), un Agente de Negociación (AN) o un Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN)- con cinco días hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios.

Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco días hábiles de anticipación, a la CNV.

Las sociedades de bolsa del exterior –las cuales operan por cuenta y orden de clientes argentinos- también estarán abarcadas por las mismas restricciones: no podrán superar el monto máximo diario de $ 100 millones por cada uno de sus clientes y estarán obligadas a informarle a la CNV con cinco días de anticipación.

En tanto, las sociedades de bolsa del exterior que operan por cuenta propia y con fondos propios –no por orden de terceros- deberán avisar con cinco días hábiles de anticipación cuando operen diariamente por más de $ 100 millones.

La medida “alcanza únicamente a los grandes inversores y no afecta a la enorme mayoría de usuarios de dólares financieros y pequeños inversores”

En lo que respecta a los inversores locales que poseen CUIT, aquellos que operan por cuenta y orden de terceros tendrán un tope de operación de $ 100 millones diarios, restricción que no abarca a los que operan por cuenta propia y con fondos propios.

Los inversores locales que operan por orden de terceros deberán informar con cinco días hábiles de antelación estas operaciones a la CNV a través de las sociedades de bolsa, detallando quién es el tercero para el que operan; mientras que aquellos que operan por cuenta propia deberán avisar con el mismo plazo de antelación aquellas operaciones superiores a $ 200 millones, pese a no tener restricción para operar con dichos montos.

Fuente: Télam