A través de ANSES, se puede acceder a la Asignación por Embarazo. En el marco del Plan 1000 días, se implementó el Complemento Leche con el objetivo de asegurar la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las personas gestantes durante el embarazo, así como para sus hijas e hijos, hasta el mes que cumplen los 3 años.

Esta asignación se liquidará solamente a la titular y se abonará una sola asignación, aunque se tratase de un embarazo múltiple. Si la persona embarazada es menor de 18 años, tiene que designar un representante para cobrar la asignación: madre, padre o tutor.

Requisitos para tramitar la asignación por Embarazo

Los requisitos son varios, pero no son complicados:

• Tener un embarazo de 12 semanas o más.
• Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.
• Constancia de inscripción en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación y no tener obra social (solo para desocupadas o trabajadoras informales).
• Formulario PS 2.67 – Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social
• El rubro 1 debe estar completado y firmado por vos y el rubro 2 te lo llena el médico. Si ya contás con un certificado médico no necesitás completar el rubro 2.
• Lugar de cobro.
• Para dar de alta o modificar uno existente tenés que completar el formulario PS.2.72.

Es importante recalcar que el trámite es gratuito.

La pesca ilegal de 163 toneladas de merluza negra desató un escándalo que acaparó la atención de medios de todo el país, algo que rara vez sucede con la industria pesquera. Es que el caso del Tai An no solo es un caso de pesca ilegal, lo que de por sí es grave, sino que además derivó en la renuncia del director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, y la posterior renuncia del funcionario de cancillería que lo amenazó para evitar que se sancione al buque, Pablo Ferrara, que además de ser cercano a la canciller Diana Mondino, fue nombrado por ella como representante de su cartera en el Consejo Federal Pesquero.

Todos hablaban ayer de este caso que pone al descubierto que las prebendas y la ilegalidad no se terminaron con el cambio de gobierno y los senadores radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau pidieron explicaciones. Mientras esto sucedía, en Ushuaia el Subsecretario de Pesca seguía cumpliendo los deseos del propietario del barco, posponiendo la descarga.

Cuando todos los medios replicaron el trabajo de REVISTA PUERTO sobre el caso Tai An y la renuncia de Julián Suárez, el nombre del funcionario de cancillería, Pablo Ferrara, comenzó a ser un problema para el gobierno de Javier Milei. Por lo que no pasaron muchas horas para que se le sugiriera desde la Cancillería que dé un paso al costado. Intentó resistirse, pero finalmente presentó su renuncia, aunque no sería indeclinable. Todavía no se confirmó que la Ministra la haya aceptado.

Por el momento se evalúan dos posibilidades, que la acepte para poner fin a un escándalo de ilegalidad que la salpica de alguna manera, o que espere “que baje la espuma, para ponerlo en alguna otra función lejos del mar, cuando los medios estén ocupados con otra cosa”, se rumoreaba ayer en los pasillos de la Cancillería. Lo que seguramente no sucederá, es que sea representante en el Consejo Federal Pesquero.

Viéndose involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el escándalo, ayer, durante la reunión de Comisión del Senado, Martín Lousteau aprovechó la presencia de dos funcionarias de la Subsecretaría de Pesca para pedir una explicación sobre los hechos.

Gabriela Navarro fue la encargada de explicar este desaguisado y en honor a la verdad evitó describir el hecho con la verdadera dimensión que tuvo. La funcionaria señaló que se trató de pesca incidental de un barco sin cuota pero que, debido al volumen se le pidió que se retirara de la zona de distribución de la especie y que ahora se actuaría fiscalizando la descarga.

En ningún momento aclaró Navarro que el límite de bycatch era de 5 toneladas y que el barco había capturado 163 toneladas, que lejos está este caso de ser pesca incidental y que habiendo estado en el área de distribución se puede inferir pesca dirigida, por lo cual se encontraba en franca violación a la Ley de Pesca y debía ser enviado a puerto de forma inmediata. Gabriela Navarro, en lugar de dar información, en realidad, evitó darla.

Quien al parecer está más empapado en el tema es el senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco, que no solo ha salido en los medios para dar a conocer su postura sino que realizó un pedido de información detallado de las actuaciones tanto a la Secretaría de Bioeconomía como a la Cancillería.

“Ante la gravedad de lo sucedido con la pesca irregular de Merluza Negra en aguas fueguinas y los aprietes que hubiera recibido el responsable de su fiscalización desde Cancillería, presentaré un pedido de informes y citaré a las autoridades para que brinden explicaciones”, escribió Blanco en su cuenta de X.

“Es necesario investigar a fondo esta situación para verificar los hechos y determinar si se ha cometido un delito”, señaló Blanco en el comunicado que reprodujo el diario La Nación. También pidió a Fernando Vilella que explique “las razones por las cuales no se cumplió la normativa vigente en relación con el control pesquero en el caso del buque chino de bandera argentina por una captura indebida de merluza negra”.

Dirigiéndose a Diana Mondino pidió que explique “las razones por las cuales un funcionario de la Cancillería ejerció presiones para propiciar el incumplimiento antes mencionado y cuáles son las medidas a tomar para que no vuelvan a repetirse actos depredatorios y de corrupción como el sucedido”.

Mientras esto pasaba en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, el subsecretario de Pesca López Cazorla seguía acatando las órdenes de Liu Zhijiang. La descarga ante la comisión fiscalizadora estaba programada para las 13, Cazorla llegó unos minutos más tarde a la ciudad de Ushuaia y para entonces el propietario del Tai An ya había cambiado de parecer y dijo que se descargaría a las 19, lo que fue aceptado obedientemente por el Subsecretario. Finalmente, el empresario decidió que la descarga se haría al día siguiente.

Resulta delirante que ante el escándalo desatado y frente a un hecho de violación a la Ley Federal de Pesca, el Subsecretario siga poniéndose a disposición del infractor en lugar de ordenar la inmediata descarga, labrar el sumario y confiscar la mercadería. Recordemos que para una falta de esta magnitud la ley prevé, además de una multa millonaria y el decomiso de la mercadería, la parada en puerto por al menos sesenta días y hasta la posible pérdida del permiso.

Entre los empresarios del sector circulaba ayer un mensaje en el que se comparaban las 163 toneladas de merluza negra con la merluza hubssi. “Esta captura ilegal representa el 4,4% de la Captura Máxima de la especie. ¿Se imaginan si de la hubbsi alguien les robara 15.334 toneladas? Si lo convertimos en HGT los valores superan ampliamente lo de la negra”.

El subsecretario López Cazorla tiene todas las herramientas legales a su disposición para aplicar sanciones verdaderamente ejemplificadoras, la Ley Federal de Pesca lo contempla claramente. Dudo mucho que algo así vaya a suceder.

Fuente: Karina Fernández / Revista Puerto.

Más de 2.000 obras públicas quedaron frenadas este año, como consecuencia del fuerte ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei. La Cámara de la Construcción (CAMARCO) viene alertando que, de seguir por este camino, los despidos en el sector podrían llegar a los 200 mil.

La construcción es uno de los sectores donde más crecieron el desempleo y las suspensiones. Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según un reporte de la Asociación de Presupuesto Público (ASAP).

A fines de 2023 había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales mientras que en febrero pasado esa cifra bajó a apenas 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según la ASAP.

Esta reducción fue una de las claves de la gestión de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año, de acuerdo con la estrategia de hacer ancla en lo fiscal para reducir la inflación, implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno decidió priorizar sólo terminar con obras estratégicas vinculadas con la seguridad vial, cárceles y el control de inundaciones, un tema que se evidencia clave ante la magnitud de las lluvias caídas en las últimas semanas, que anegaron partidos como La Plata, Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza.

Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $ 80.579,1 millones. En enero, $ 77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año, estas erogaciones sumaron $ 157.683,8 millones. Es decir, un 34,8 % menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80 %.

Antes de su llegada al poder, el por entonces candidato Javier Milei, anticipaba que en su gestión no iba a haber obra pública y apoyaba el modelo chileno. De hecho, catalogaba a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) como «Cámara Argentina de la Corrupción». Una vez instalado en la Casa Rosada, fue el ministro Caputo el que anunció que «no hay plata para pagar más obra pública».

Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro, y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de Caputo. Las autoridades de la Cámara de la Construcción alertaron sobre una «crisis extrema» que podría derivar en «la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos».

Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por Milei como «la madre de todas las batallas». Incluso, la versión original de la Ley Bases estipulaba facultar al Poder Ejecutivo para disponer «por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional».

Sin Ley Ómnibus, pero con superávit financiero, el recorte en la obra pública funcionó como una tijera efectiva sobre las cuentas del Estado. El superávit financiero del primer bimestre llegó acompañado por una caída de las transferencias a las provincias, que explican buena parte de la reducción del 82,3 % del gasto de capital.

En términos reales, el ajuste en este segmento alcanzó el 92,4 %, según analizó ASAP. Es otro capítulo del ajuste en la obra pública. A su vez, el estudio aludido califica como «significativa» a la contracción en jubilaciones y pensiones, cuyas partidas disminuyeron 34,8 % en términos reales en los primeros dos meses del año.

Pese al freno en la obra pública, la semana pasada, la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año.

Cumpliría la función de cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta, motivo que el Gobierno consideró lo suficientemente «estratégico» para que el avance del pliego no se detenga.

La ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es otra de las obras públicas importantes. La última información oficial al respecto es de octubre del año pasado, cuando la Secretaría de Energía anunció que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.

En paralelo al ajuste del gasto en ese rubro, las transferencias corrientes también sufrieron el efecto de la «motosierra». Cayeron 19,9 % en términos reales durante los dos primeros meses del año. En este sentido, el Potenciar Trabajo representó la fuente de mayor recorte porcentual con 69,8 % en términos reales. Al mismo tiempo, los subsidios energéticos y al transporte cayeron 60,1 % y 42,1 %, respectivamente, en términos reales.

Fuente: Noticias Argentinas.