Si el proyecto oficialista es aprobado por la Cámara Alta, aquellos que no cuenten con los años de aportes necesarios tendrán acceso únicamente a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) al cumplir los 65 años.
La Ley Bases contempla importantes cambios en el sistema de jubilaciones, especialmente en lo que respecta a la moratoria previsional, cuya última versión fue establecida en la Ley 27.705 del año 2023, que regula las posibilidades de acceder a la jubilación e ir pagando los aportes faltantes. De aprobarse el proyecto oficialista, esta ley, que ha sido una herramienta crucial en el acceso a la jubilación para muchas personas –sobre todo mujeres– será derogada, tal como dicta el primer artículo del título IX del proyecto aprobado en Diputados.
En un país con el 47% del mercado laboral en la informalidad no es extraño que no todes les trabajadores puedan jubilarse en tiempo y forma, por eso las moratorias previsionales son un instrumento imprescindible.
La derogación de la moratoria implica que las personas mayores que no hayan acumulado los 30 años de aportes necesarios a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) perderán el derecho a jubilarse. Por supuesto, estos cambios sólo entrarán en vigor si la ley propuesta por el oficialismo logra el respaldo del Senado. Por el momento rigen la Ley 27.705 (Plan de Pago de la Deuda Previsional) y la Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
Las voces en defensa de considerar la jubilación un derecho universal no se hacen esperar. Anahí tiene 64 está jubilada hace 4. A pesar de tener todos sus recibos de sueldo prolijamente ordenados en un bibliorato y haber llegado a los años de aporte sin ningún problema, sigue trabajando. Lo que gana (poco más de la mínima) no le alcanzaría para vivir. Sin embargo, la jubilación (además de ser su derecho) es “el único ingreso seguro” que tiene. En su trabajo, el mismo que tiene hace más de 15 años, le pagan en diferido a gusto del jefe a pesar de ser un centro de atención médica y un puesto de administración, estable mes a mes. “Con la jubilación me aseguro pagar las facturas y la tarjeta a tiempo”, dijo. Muchas personas que han tenido trabajo registrado toda su vida, igual reciben una forma de dignificación a través del acceso a la jubilación que se escapa del entendimiento mileísta y la propuesta de la “Ley Bases”.
Susanita, de 80 años, trabajó informalmente de costurera hasta los 28, cuando conoció a quien sería su marido y luego se dedicó a ser ama de casa y criar dos hijos. Durante 20 años hizo aportes jubilatorios junto a su esposo, pero cuando a este lo echaron de su trabajo, en plena crisis del 2001, se quedaron los dos sin la posibilidad de seguir aportando. “Yo me jubilé con el marido de Cristina (Kirchner) y para mí fue todo. Porque pensé que no iba a poder, y te da una libertad enorme. Eso es la libertad: tener tu plata, hacer lo que quieras porque es tuya”, dijo Susanita.
El proyecto de ley propone reemplazar la moratoria con la Prestación de Retiro Proporcional, una nueva modalidad diseñada para quienes alcancen la edad de 65 años pero no cumplan con el requisito de los 30 años de aportes exigidos por la ley 24.241. Esta prestación estará dirigida a personas que no puedan acreditar los 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Además, se presentan dos opciones para aquellos que deseen jubilarse: una es la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) para quienes no tengan aportes previsionales suficientes y la otra la posibilidad de obtener beneficios mayores al haber mínimo para quienes hayan realizado aportes pero no alcancen los 30 años requeridos.
Aunque el Gobierno tiene como objetivo establecer la Prestación de Retiro Proporcional como una alternativa a la moratoria jubilatoria, proporcionará un ingreso mensual equivalente al 80% del haber jubilatorio mínimo. Para acceder a esta prestación, se deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo tener 65 años o más, contar con un mínimo de 10 años de aportes previsionales y no haber renunciado voluntariamente a un empleo en los últimos 36 meses previos a cumplir la edad jubilatoria.
A Mariel le faltan dos años para los 60 y espera ansiosa para jubilarse. A diferencia de Susanita –cuyo marido sí aportó para su jubilación y no le hacía problema con manejar el dinero de la familia–, Mariel trabajó 14 años codo a codo con un marido que no sólo no aportó para su jubilación sino que tampoco le daba grandes concesiones para el manejo del dinero que ambos generaban en un local de instalaciones comerciales que, de hecho, ella atendía. Aunque tiene años de aporte, esos los tiene perdidos.
Sin embargo, para casos como este último y mientras no se dereogue la Ley 27.705, sigue vigente el Plan de Pago de Haberes Previsionales
Cómo acceder al Plan de Pago de Haberes Previsionales
La Ley 27.705, establecida por un período inicial de dos años, con la posibilidad de ser extendida por otros dos, introdujo la moratoria previsional. Esta medida facilitó que el año pasado se jubilaran 460.000 personas que no habían acumulado los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. Dentro de esta normativa se implementó un plan de pagos con dos componentes:
*Para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 que carecían de los aportes suficientes, se estableció la opción de cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales. Se permitió la regularización de años anteriores a 2008 en un plazo máximo de 120 cuotas, cada una equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible.
*A aquellas personas que estaban a menos de 10 años de la edad jubilatoria y tenían deuda previsional, pero no iban a alcanzar los requisitos necesarios para jubilarse, se les concedió la oportunidad de cancelar los períodos de aportes faltantes, los cuales no podían ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también representaba el 29% de la remuneración mínima imponible.
La Ley 27.705 permanece en vigor hasta que se apruebe la Ley Bases y se publique en el boletín oficial. Durante este tiempo, cualquier trámite se rige por esta ley vigente. Aunque esta ley tiene sus falencias (las cuotas, los períodos que rigen, etc) ampara a un porcentaje considerable de la población que todavía está a tiempo de tramitar su jubilación.
Una política de transformación social
Según los datos recopilados por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género hasta diciembre de 2022, solo el 8,8% de las mujeres en edad jubilatoria cuentan con 20 años de aportes o más. El 50% de las mujeres en esta franja de edad carecen por completo de aportes, lo que significa que solo 1 de cada 11 mujeres podría cumplir con los requisitos para jubilarse. En el caso de los hombres, el número aumenta apenas a 3 de cada 10. El 85,4% de las mujeres jubiladas accedieron a ese beneficio a través de las moratorias.
La implementación de esta política no solo mejoró los ingresos de las mujeres, sino que también tuvo un impacto significativo en sus vidas personales. Se observó un aumento en el número de divorcios entre parejas mayores de 60 años, y en otros casos, se promovió una distribución más equitativa de las tareas domésticas.
Estos hallazgos provienen de una investigación reciente realizada por el Centro de Estudios de Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata. El estudio analizó cómo el acceso a ingresos independientes afectó el poder de negociación dentro de los hogares de adultos mayores y su estado civil. Para ello, se comparó a personas nacidas antes de 1945 que pudieron beneficiarse de las moratorias, cuya implementación se inició en 2007, con aquellos que aún no tenían acceso a estas oportunidades.
Las mujeres serán las más afectadas por esta modificación ya que no solo perderán el acceso a la moratoria previsional, sino que también se les exigirán cinco años adicionales de aportes para poder jubilarse, equiparándose así al requisito de jubilación de los hombres.
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