La cobertura periodística por la desaparición del chico de cinco años da cuenta de graves falencias. A esto se le suma un Estado dispuesto a barrer con todos los organismos públicos capaces de preservar derechos esenciales.
Loan es un nombre que hoy no necesita de un apellido para ser reconocido en todo el país. Su imagen, su vida, la de su familia se ventilaron por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. Como cada vez que un nombre se convierte en un “caso”, los derechos empiezan a ser vulnerados. Como toda vez que un niño o niña desaparece o es víctima de un crimen, la preocupación y el horror de gran parte de la sociedad es el argumento o la excusa de algunos medios para cruzar todos los límites de la intimidad de ese niño o niña. Un Estado que funciona mal no hace más que alimentar un ciclo infinito de pistas falsas, especulaciones, show que enriquecen el rating y entorpecen el objetivo principal que es encontrar al niño con vida.
Loan Peña, un niño de cinco años de la localidad correntina El Algarrobal, está desaparecido desde el 13 de junio. Aunque en un comienzo se sospechaba que se había perdido, luego se dijo que fue secuestrado y es víctima de una red de trata, pero también que la familia pudo estar involucrada, que tal vez fue un accidente y una serie de informaciones que no hacen más que alimentar las ganas de saber que siempre lindan con el morbo. Mientras tanto, se empezó a sospechar de que la hija de Carlos López, uno de los acusados, fuera Sofía Herrera por un tremendo parecido con la niña desaparecida aunque finalmente el dato se desestimó.
El Estado, en sus distintos niveles, más que despejar o dar claridad al trabajo periodístico, filtró informaciones de dudosa calidad y después, incluso, dio marcha atrás. A nivel nacional, intervino con demoras. La alerta Sofía, un protocolo que se activa en las primeras horas en que desaparece una niña, niño o adolescente que pueden estar en peligro y que fue instituido a partir de la desaparición de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en Tierra del Fuego, en este caso se activó cinco o seis días después, según dijo la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic.
La actual ministra, Patricia Bullrich, estaba en El Salvador cuando se conoció la desaparición. Esta semana pareciera que, apurada por hacer una demostración de acción e intervención en el tema, dijo que viajaría a Paraguay porque había una pista que decía que lo habían llevado a ese país, luego se desdijo. Finalmente anunció: «Ahora voy a ir con todo, con buzos, con personal de montaña y de monte. Voy a ir con equipos radiológicos para ver la panza de animales. Hay que ir con todo, porque hay yacarés y pumas». Ahora falta que la veamos vestida de fajina.
¿A quién le sirve todo esto? ¿Favorece el objetivo principal que es encontrar al Loan?
El tema es abordado hace años por periodistas que referentes en infancia y por organismos públicos e internacionales, como Unicef, la Defensoría del Público y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), que depende del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin embargo, siempre se repiten los errores: la sobreexposición, la intromisión en la intimidad, la violación de la identidad, etcétera.
Vale la pena preguntarse si quienes ejercen el periodismo, un trabajo hoy precarizado como nunca antes, tienen tiempo para leer estos materiales e incoporarlos en sus rutinas de trabajo extremadamente cargadas y regidas por lógicas muy lejanas a la defensa de los derechos humanos. Si lo que prima ante la desaparición de un niño es la medición de la audiencia, si el rating sube o baja, el minuto a minuto o lo que está diciendo la competencia, no hay forma de que los derechos de ese niño sean preservados. “Cuando la noticia va escaseando empieza el terreno de la especulación. Porque no es ni siquiera la decisión de un cronista que está en el lugar sino que la jefatura le dice que se extienda por el rating o lo que dice la competencia. Y eso determina una expansión de los tiempos de cobertura que no hay manera de abastecer”, dice Hugo Muleiro, especialista en periodismo de infancia y trabajador de la Defensoría del Público.
Hace un par de años, el asesinato de Lucio Dupuy provocó consternación por su gravedad y por la manera en que los medios lo abordaron. En ese momento el CONACAI, que tiene su propias recomendaciones, sacó una declaración advirtiendo que se evitaran los detalles morbosos, las especulaciones sobre circunstancias del ámbito privado y la vulneración de la dignidad del chico.
Hoy, los organismos nacionales que podrían intervenir en estos casos están sufriendo las políticas del actual gobierno nacional de vaciamiento, parate y despidos. El CONACAI no está funcionando. Su página de Instagram no tiene movimiento desde diciembre. Las autoridades del ENACOM, intervenido por Juan Martín Ozores, no convocaron a designar representantes. Los consejeros son ongs, representantes provinciales y de otros organismos públicos nacionales pero no pueden ejercer su rol de si no se convoca a designar representantes. Además, en marzo, hubo despidos en el ENACOM como en otros organismos públicos. Por su parte, esta semana terminó el mandato de Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público y no hay señales de interés por resolver su reemplazo. La Comisión Bicameral que debe aprobar una nueva designación no está conformada, por lo que hoy el organismo tiene un funcionamiento administrativo mínimo.
Silvina Lico, abogada especialista en género e infancia, dijo a Página/12 que “el tratamiento de los medios de casos que involucran a niñes debería hacerse en un marco de responsabilidad y siempre desde una perspectiva de derechos humanos». «Si bien en un primer momento, frente a la ausencia de un niño, la difusión de su imagen resulta imprescindible frente a las hipótesis de extravío y de sustracción o trata de personas, puede suceder que en aras de una búsqueda rápida o intensa se vulneren derechos personalísimos que involucran la dignidad de las infancias y sus familias», agregó. Y sostuvo: «Por ello es imprescindible que existan mecanismos estatales de control y seguimiento de la actuación de los medios masivos en estos casos, tales como la Defensoría del Publico y/o la CONACAI u organismos de protección integral de derechos de niños y niñas, tales como la Defensoría Nacional o sus similares provinciales”.
Las normas que protegen estos derechos son la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inciso 22, incorpora la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. En la Ciudad de Buenos Aires, rige la ley 114 y a nivel nacional la ley 26.061 de protección integral de niños y adolescentes. Estas leyes y “más recientemente el Código Civil de la Nación, en un marco de perspectiva de derechos humanos, han consagrado la dignidad de las personas, en especial de niños y niñas como un derecho personalísimo. El artículo 22 de la citada ley dedicado enteramente al tríptico ‘dignidad, reputación y propia imagen’ no deja dudas: la libertad de prensa no tiene carácter absoluto y el derecho a la información debe ceder frente a intereses de mayor relevancia”, explicó Lico.
En ese sentido, cuestionó el rol de los medios de comunicación que “frente a la necesidad de satisfacer una supuesta inquietud del público soslayan los derechos de las infancias por una audiencia ávida de detalles irrelevantes que sólo llenan horas de pantalla y debates». «El morbo por el destino de un niño que falta de su hogar, más aún cuando se trata de un hogar pobre o vulnerable, no debe ser el eje de cobertura de estos casos”, advirtió.
Por otro lado, Muleiro dijo a este diario que no es solo un problema de cómo los medios abordan la cuestión sino de las deficiencias del Estado. Se trata de “un tema extremadamente complejo porque la información que emana de todas las capas del estado provincial, municipal, nacional, es contradictoria y para los periodistas es muy complejo. No hay un flujo organizado de información. Tomando en cuenta eso, lo que vemos es lo que se ve siempre, que hay una penetración muy fuerte en la intimidad de la familia, en la historia personal, no hay barreras que preserven el derecho a la intimidad de la familia que a su vez se expone a través de testimonios y demás. Vemos a muchos periodistas tratando de hacer el trabajo que el Estado parece incapaz de hacer que es encaminar la investigación. Ese mal desempeño del Estado estimula a los periodistas”.
Hay también una irresponsabilidad del Estado con declaraciones espectaculares. “Cuando desaparece un niño, es un hecho de alto impacto y todo el mundo se posiciona y lo hace por sus intereses. En ese sentido, lo que vemos es que no se cuida es la dignidad del pibe, el cuidado de su entorno, todo lo que aflora en detalles minuciosos de la familia, los intercambios, las relaciones, si había rencores o no, que además facilitan autoridades de todos los niveles. Acá lo que tendría que haber es un cuidado severo y terminante de su intimidad y de su vida. Se intentan ventilar detalles que vulneran esa situación, que además desvían el objetivo principal. Cualquier pronunciamiento espectacular como el anuncio del viaje a otro país, aumenta la confusión y aleja el objetivo principal que es encontrar a Loan”, agregó.
Como recomendación para los medios, Muleiro dijo que desde la Defensoría del Público, se aconseja “cuidar los derechos de todas las personas involucradas sea cual sea su situación, cuidar la información para que su difusión no constituya un obstáculo al accionar judicial y de las fuerzas de seguridad para encontrar al niño. Y en este sentido hay responsabilidades del Estado porque debe cuidar que procedimientos y búsquedas no estén trascendiendo a los medios porque dificultan el objetivo. Tendría que estar circulando una imagen de este niño que permita reconocerlo y profundizar la difusión. Tendría que haber menos especulación y más datos concretos y precisos. Circulación más organizada de la información por parte del Estado y un apego de los medios a los derechos de las personas involucradas, especialmente en niños”, planteó. “Cuando prima una lógica mercantil, empiezan los problemas y las vulneraciones”, finalizó.
Fuente: pag12
