Las lluvias torrenciales que han caído desde este domingo en Tarragona y Barcelona, de hasta 115 litros por metro cuadrado, han dejado este lunes a Cataluña, en el noreste de España, sin trenes de cercanías, con cortes en la alta velocidad y vuelos cancelados, han inundado carreteras y han provocado crecidas en algunos ríos, a punto de desbordarse.

Las comarcas de la provincia de Tarragona estaban ya en alerta roja desde ayer, lo que motivó que se suspendieran las clases en los colegios, así como las visitas sanitarias no urgentes y los juicios, al tiempo que se pedía a los trabajadores que se quedaran en casa, por lo que la actividad en grandes fábricas y empresas de la zona ha funcionado bajo mínimos esta mañana.

Tras una noche de lluvias torrenciales que ha dejado un rastro de inundaciones en la provincia de Tarragona, el temporal se ha desplazado hacia Barcelona: los ciudadanos de las comarcas de los alrdedores han recibido avisos en sus móviles instándolos a evitar cualquier desplazamiento innecesario y a extremar la precaución en los entornos de las zonas inundables.

En cuestión de dos horas, las intensas precipitaciones, que han dejado hasta 131 litros por metro cuadrado, han anegado carreteras, calles y bajos en municipios del Baix Llobregat, incluido el aeropuerto de El Prat, donde se ha empezado a acumular agua no solo en las pistas sino también en las terminales y se han tenido que cancelar medio centenar de vuelos y desviar otros 17.

A consecuencia del aguacero, que no ha causado daños personales, Renfe ha suspendido la circulación de trenes en la toda la red de cercanías, con la previsión de restablecerla por la tarde, mientras que se ha interrumpido el paso de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Tarragona por el agua acumulada en un túnel de El Prat de Llobregat (Barcelona).

El servicio de esta línea, la principal arteria férrea de Cataluña dado que por ella circulan los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, se ha restablecido por vía única poco después, lo que está provocando retrasos en este itinerario, que operan las compañías Renfe, Iryo e Ouigo.

También se ha interrumpido el servicio del tranvía de Barcelona y se han cerrado los accesos a varias estaciones de metro parcialmente inundadas.

La movilidad por carretera se ha visto igualmente afectada por el aguacero, con media docena de carreteras cortadas, entre ellas la autovía C-32 a su paso por Castelldefels, donde las intensas lluvias han dejado atrapados a varios vehículos que han acabado flotando en el agua, y la AP-7, con restricciones de circulación que han provocado retenciones kilométricas.

Asimismo, la intensidad de las lluvias ha provocado crecidas en varios ríos hasta el punto de que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha emitido una alerta por posible desbordamiento en las cuencas del Francolí.

El insólito aguacero caído esta mañana lo han provocado hasta cuatro tormentas desatadas en línea, una de ellas sobre el mar, que han descargado más de 81 litros por metro cuadrado en las comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès –con el récord de 115 registrado en Viladecans– y más de 50 en Tarragona. 

Con el temporal dando sus últimos coletazos en España, las zonas más afectadas por las devastadoras inundaciones, en las que han muerto más de 200 personas, continúan con la limpieza y la recuperación de suministros básicos, mientras el mando del operativo militar desplegado en Valencia, la provincia más impactada, pidió «paciencia ante una situación caótica».

En Valencia, la más afectada por los estragos de las lluvias torrenciales, casi 17.000 efectivos –entre militares, guardias civiles y policías nacionales– están ya desplegados trabajando para achicar agua, limpiar las toneladas de lodo que dejó la riada y buscar posibles víctimas.

Hasta el momento, más de 2.600 edificios y más de 534 kilómetros cuadrados de al menos seis regiones se han visto afectados por las inundaciones de este fenómeno, conocido en España como depresión aislada en niveles altos (dana), que puede dejar lluvias violentas y repentinas, acompañadas de tormenta en muchos casos y fuertes vientos.

 

En el sector agrícola, los daños han sido cuantiosos y más de 20.000 hectáreas de cultivo, distribuidas en 42.000 parcelas, sobre todo de cítricos, caquis, uva y hortalizas y, en menor medida almendros y olivos, estarían afectadas.

Desde el gobierno de la región valenciana, al este del país, se han retirado 2.950 animales muertos en explotaciones ganaderas de las zonas afectadas para evitar riesgos sobre la salud pública.

En este punto, sociedades científicas de salud pública, urgencias y emergencias y ONG que están trabajando sobre el terreno en las zonas más afectadas han alertado de que los desastres naturales no transmiten enfermedades infecciosas ni los cadáveres son fuente de epidemias en España, aunque sí las aguas estancadas.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobará previsiblemente este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, de protección civil para aquellas áreas más golpeadas y que, entre otras medidas, facilitará ayudas económicas a las víctimas de esta catástrofe natural.

Como otra medida a implantar para la protección de los trabajadores, la vicepresidenta segunda del Gobierno de españa, Yolanda Díaz, anunció este lunes un «escudo laboral» que tendrá efectos desde el 29 de octubre, el día en el que el temporal devastó Valencia, para que «no caiga ni una empresa ni un trabajador».

El líder de la oposición española, el conservador Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes la declaración de «emergencia nacional» para afrontar las graves consecuencias de las fuertes lluvias torrenciales en la provincia de Valencia (este), de manera que el Gobierno asumiría el mando operativo para gestionar la crisis.

Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de julio de 2015, son emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas (regiones) y exijan una aportación suprautonómica de recursos. También lo son aquellas que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional.

Declararla corresponde al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o los delegados del Gobierno. 

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Se trata de Celso Paco Pérez, Sergio Paco Laura, Miguel Choque Juchani y Diego González.

La Justicia liberó a dos capataces y dos albañiles por el derrumbe del hotel Dubrovnik en la ciudad balnearia de Villa Gesell que mató a tres personas, al tiempo que otras cinco permanecían atrapadas entre los escombros.

Se trata de Celso Paco Pérez, Sergio Paco Laura, Miguel Choque Juchani y Diego González, quienes «aportaron información útil a la información», destacaron medios locales.

Los cuatro excarcelados no podrán salir del país, al tiempo que deberán presentarse una vez por semana a la comisaría de la zona.  

En tanto, el arquitecto Jorge Bonavitta, quien está acusado por el delito de «estrago culposo agravado», se negó a declarar ante la fiscal Verónica Zamboni que lleva adelante la investigación.

El otro involucrado que continuará tras las rejas es Rubén Taquichiri, el contratista de 30 años (imputado por el mismo ilícito) que fue aprehendido en Ostende, localidad que pertenece al partido de Pinamar, ubicada a unos 25 kilómetros de Villa Gesell.  

Todavía no pudieron encontrar a Dana Desimone, Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chapsman y Fabián Gutiérrez, quienes se encontraban en el edificio en el momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con las vidas de la ex dueña del hotel María Rosa Stefanic, su sobrino Nahuel Stefanic, de 25 años, y Federico César Ciocchini.

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La empresa responsabilizó a los pilotos por la cancelación de vuelos internacionales del último fin de semana. APLA lo niega y advierte que el gobierno busca prolongar el conflicto

Los directivos de Aerolíneas Argentinas le informaron este lunes a la mañana a los gremios de Aeronavegantes –AAA, tripulación a bordo–, Personal de Tierra –APA, de rampa y check in– y Pilotos –APLA– que suspendía unilateralmente las reuniones paritarias «hasta que no se retiren las medidas de fuerza que tienen impacto directo en los pasajeros». 

El comunicado de la empresa, que obviamente es acompañada en su actitud por la Secretaría de Transporte, –también participante en las negociaciones paritarias– responsabiliza en forma directa a la dirigencia de APLA de «provocar la cancelación de cuatro vuelos internacionales de largo alcance que estaban programados para este último fin de semana». Desde dicha organización, negaron tal responsabilidad y señalaron que la cancelación de los vuelos fue provocada «por desidia de las autoridades, con la firme determinacion de culparnos a nosotros y posicionar a la opinión pública en contra nuestra. Están apostando a prolongar el conflicto, no les interesa encontrar una solución». 

Aerolíneas Argentina había retomado las conversaciones con estos gremios el último jueves, negociación que no registraba avances desde hacía más de dos meses. La negociación es por el acuerdo paritario anual, que rige cada año desde octubre hasta septiembre del año siguiente. Es decir, que el nuevo acuerdo entró en su segundo mes de retraso. Por el anterior, los gremios consideran que quedó pendiente una recomposición de 90 puntos sobre los salarios de octubre de 2023, ya que esa es la diferencia perdida con respecto a una inflación interanual del 209 por ciento, según explicó el secretario de Prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri, al portal especializado Aviación en Argentina.

El viernes se concretaron nuevas reuniones técnicas entre las partes y se agundaron nuevos encuentros para esta semana. Pero durante el fin de semana, fueron cancelados cuatro vuelos internacionales programados, cuya responsabilidad Aerolíneas le imputó al gremio de los pilotos. «A pesar de contar con las herramientas para evitar estas cancelaciones, desde APLA hubo una manifiesta falta de interés y de voluntad en hacer que esos vuelos se operen», sostuvieron desde la compañía. 

El vocero de APLA, en cambio, explicó que «cuando llevamos adelante medidas de acción directa fuimos desoídos. Nos pidieron que las medidas no afecten los vuelos, entonces resolvimos empezar con medidas de fuerza en el Centro de Formación de Pilotos, donde los pilotos hacen entrenamientos cada seis meses para recibir el certificado que les permita seguir volando. Avisamos que era una medida de fuerza para postergar su impacto sobre los vuelos, pero que a los dos meses iba a tener consecuencias. Pasó el tiempo y eso es lo que está sucediendo ahora: no están disponibles los pilotos para afrontar las operaciones, por desidia de las autoridades».

Sin embargo, desde la empresa sostienen que «la consecuencia de la decisión de APLA de este último fin de semana fue que 2.178 pasajeros que tenían planificado viajar desde y hacia Cancún, Miami, Roma y Madrid no pudieron abordar sus vuelos. Esta provocación irresponsable demuestra que el conflicto salarial es una excusa para las autoridades del gremio, no así para sus afiliados, para dar una batalla política personal. Y en este acto, arrastraron la posibilidad de continuar cualquier tipo de intercambio con los otros gremios a pesar de su voluntad de continuar las conversaciones».

El intento de dividir a los trabajadores, por ahora, no está dando resultados. La situación salarial de los empleados de Aerolíneas es hoy similar a la que viven en su mayoría los trabajadores de todo el sector estatal. El retraso de los aumentos en relación a la inflación generó que, por ejemplo, hoy en muchos cargos técnicos los sueldos de Aerolíneas sean inferiores a los que cobran trabajadores de FlyBondi o Jet Smart, según se señala en el portal Aviación en Argentina. 

Más que la intención de resolver el conflicto salarial, desde la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, y las propias autoridades de Aerolíneas, parecieran poner más empeño en hacer aparecer como responsables a los gremios y generar, a la vez, algún consenso de la opinión pública con la propuesta de privatización de la aerolínea de bandera. 

Mazzieri, de APLA, advirtió que «la privatización de Aerolíneas no es la discusión de este momento, queremos tratar la recomposición salarial, como intentamos explicarle hoy (lunes) a los pasajeros en el hall de Aeroparque, pero la Policía Aeronáutica nos lo impidió, por orden de los mismos que decidieron correrse de la mesa de negociación». 

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