El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso advirtió sobre la posibilidad de ir a un paro nacional ante el incumplimiento del pago de un bono acordado en diciembre, y por la falta de avance de las negociaciones por la paritaria sectorial.

La medida afectaría a todo el circuito industrial aceitero y de biodiesel, con repercusiones significativas en el tránsito y la logística en el Gran Rosario.

«Denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad. Advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos«, expresaron en un comunicado oficial.

El gremio, que reúne a empresas aceiteras y de biodiésel de todo el país, denunció que «estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos y los acuerdos paritarios«. 

El conflicto incluye incumplimientos de convenios colectivos de trabajo, falta de pago de acuerdos paritarios y despidos arbitrarios. 

Entre los casos más resonantes está el de la planta de biodiesel Explora, ubicada en Puerto General San Martín, donde cuatro trabajadores fueron despedidos bajo «causas falseadas», según denuncian en el comunicado. 

Esta situación se produjo tras una retención de tareas llevada a cabo por los empleados para exigir el pago de una bonificación extraordinaria.

El sindicato, además, está en una negociación paritaria que se debería hacer cerrado en diciembre. «Vemos que las empresas no nos ofrecen un salario acorde a las necesidades de los trabajadores», afirmó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros.

Otro de los puntos de tensión es Vicentín, la agroexportadora que continúa en conciliación obligatoria luego de no pagar el bono anual acordado en paritarias. 

A esta situación se suma Renopack, que enfrenta conflictos similares en todas sus plantas. En el caso de Dánica, en la localidad bonaerense de Llavallol, la empresa decidió cerrar su planta en diciembre de 2024, dejando a todos sus trabajadores sin empleo. Sin embargo, tras negociaciones, se logró reabrir el área 
de envasado con la reincorporación de 40 empleados que no aceptaron retiros voluntarios.

En Bahía Blanca, donde radica la empresa Viterra, ahora propiedad de Bunge, el panorama es similar: enfrenta acusaciones por intentar desconocer sistemáticamente los derechos laborales de sus empleados.   

«La situación en Viterra se agrava con la militarización y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas, lo que refleja una escalada preocupante en la violación de derechos laborales», agregó Yofra.

«Estamos dispuestos a dialogar, pero no a negociar nuestros derechos. Si las empresas persisten en esta postura de avasallamiento, tomaremos las medidas necesarias para defender a los trabajadores», concluyó el comunicado sindical.

Fuente noticias arg

El presidente del Club Náutico Atlántico Sud, Santiago Arnoldi, explicó que este año el evento presentará algunas novedades. Entre ellas, se reemplazará el tradicional torneo de windsurf por actividades inclusivas, con el objetivo de hacer que las prácticas náuticas sean accesibles para toda la comunidad. Arnoldi también anunció la vuelta de la histórica regata de barcos ligeros hacia Pirámides, una tradición del club que no se realizaba desde 2017. “Queremos que el festival sea un espacio donde todos puedan disfrutar del mar, sin barreras económicas ni sociales”, sostuvo.

El intendente Gustavo Sastre, presente en el acto, subrayó la importancia de esta celebración para Puerto Madryn, tanto a nivel social como turístico. Resaltó que eventos como el Festival Acuático contribuyen al desarrollo integral de la comunidad y promueven valores esenciales, como la inclusión y el trabajo en equipo. Además, compartió detalles sobre iniciativas municipales como “Potreros del Mar”, que buscan integrar a los sectores más vulnerables a través del deporte.

La sexta edición del Festival Acuático “Antonio Torrejón” no solo busca honrar la memoria de uno de los pioneros del turismo y las actividades náuticas en la región, sino también consolidarse como un espacio de encuentro que fomente la unión entre la comunidad y el entorno marítimo. Las actividades del festival se extenderán en los próximos días con una variada propuesta para disfrutar del mar y sus posibilidades.

La defensoría del policía que asesinó a su vecino en Lomas del Mirador durante los festejos de Navidad, tras una discusión por el volumen de la música, se opuso hoy al dictado de la prisión preventiva.

Diego Rulli, fiscal del caso, se lo confirmó esta noche a la agencia Noticias Argentinas, tras el pedido efectuado por Francisco Oneto, defensor del ex agente.

Por lo tanto, ahora el juez tiene cinco días para resolver la situación procesal del acusado, Rafael Horacio Moreno, de 74 años, quien mató a Sergio David Díaz, de 40, hace casi un mes. 

Este miércoles, la Fiscalía había pedido que siga preso el policía retirado, acusado por «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

El titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos realizó su pedido este miércoles y se deberá esperar a la decisión del juez Agustín Gossn para definir si el oficial continúa preso o quedará en libertad.

Además, el magistrado comentó que hay varios elementos que permiten pedir la prisión preventiva, una de ellas es la falta de contundencia en las declaraciones del acusado, el pasado de Moreno como policía retirado, la reacción que tuvo luego de dispararle a Díaz y la distancia con la que efectuó el disparo.

En la última declaración que dio el acusado, mencionó: «El arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención».

El fiscal rebatió esa justificación y agregó: «En los videos se logra ver perfectamente el instante en que Moreno, previo a apoyar el arma en el abdomen de la víctima, manualmente rebatió el martillo percutor para poder efectuar el disparo en una simple acción».

En tanto, el magistrado remarcó que por las características macroscópicas del orificio de entrada, la distancia del disparo que ejecutó el policía retirado «sería corta».

Por este motivo, no solo se pidió que se mantenga la prisión preventiva, sino que la causa sea calificada como «homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra».

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Como un paso orquestado de prensa, la Casa Rosada dejó trascender que prepara un proyecto de ley para derogar las leyes de cupo laboral trans, la identificación de género «no binario» en el DNI y la figura legal de femicidio. El rumor, que no es nuevo dentro de la «batalla cultural» de la ultraderecha que levanta La Libertad Avanza, ocurre horas después del discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos donde tildó a los homosexuales de «pedófilos», criticó la lucha feminista como una «búsqueda de privilegios» y pidió «extirpar el cáncer de la ideología woke». 

Sin modificaciones ni derogación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans (27.636), el gobierno de Javier Milei inició un ataque directo e ilegal sobre esa norma, aprobada en junio de 2021, al avanzar en el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El cierre definitivo ocurrió en agosto pasado, pero previamente, en mayo, se habían registrado 120 despidos con un correo electrónico que informaba sobre el fin de la prórroga de los contratos transitorios. Según denunció ATE, esos despidos fueron contra una mayoría de personas pertenecientes a los colectivos LGBTIQ+ y de discapacidad; un 40 por ciento del personal total del INADI. Este recorte fue el paso previo al cierre definitivo, ocurrido tres meses después.

De acuerdo a la ley 27.636, sancionada con el objetivo promover la igualdad de oportunidades laborales y la inclusión de personas travestis, transexuales y transgénero, el Estado nacional debe ocupar al menos el 1 por ciento de sus puestos con personas de ese colectivo. 

En línea con la batalla que lo emparenta con Donald Trump y Elon Musk, la Casa Rosada también avanzaría con la eliminación del decreto 476/2021 –algo que Milei podría aplicar a través de otro decreto, sin pasar por el Congreso–. La norma reconoce, desde el 21 de julio de 2021, la nomenclatura «X» en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. 

En Estados Unidos este reconocimiento se consiguió en 2022, pero Trump lo anuló en el primer día de su gestión luego de sostener en su discurso de asunción: «A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino». Milei lo parafraseó hoy en su discurso en Davos y podría avanzar por el mismo camino. 

En Argentina, hasta julio de 2023, cuando se cumplieron dos años de vigencia del decreto, 1044 argentines optaron por cambiar su documentación. Como dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendiendo el discurso de Milei en Davos, la intención es que la identidad de género vuelva al closet, que sea un asunto privado y no de Estado.  

Femicidios

Otro eje central de la batalla reaccionaria -disfrazada de anti «woke»- de Milei en Davos fue la arremeter contra las reivindicaciones del movimiento feminista, torciendo realidades y argumentos. «El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente», sostuvo Milei desconociendo las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el acceso a la justicia o al mundo laboral. 

Milei aseguró que el «feminismo radical» busca «privilegios» y enfrentar a la sociedad y se animó a poner como ejemplo los casos de femicidio. «Al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre». 

El Gobierno desconoce el crimen de mujeres por violencia de género como problemática social, eliminó el Ministerio de la Mujer y cerró el programa Acompañar, que daba a las mujeres herramientas para poder salir de situaciones de violencia doméstica. El vocero Miguel Adorni llegó a decir, a fines de diciembre, que los femicidios habían bajado un 10 por ciento en 2024; pero según registros independientes como el Observatorio Contra la Violencia Patriarcal Lucía Pérez, fueron 316 los femicidios en 2024 y 184 niñeces quedaron huérfanes de madre. 

La posibilidad de eliminar la figura de femicidio sería una decisión de la Casa Rosada y el Congreso de retirar al Estado totalmente del reconocimiento de este drama social. El Congreso aprobó la figura de femicidio en noviembre de 2021, tras una largo tratamiento que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en revisión. Desde entonces, los homicidios considerados como violencia de género, contra mujeres o personas trans, elevan la pena máxima por homicidio, entre 8 y 25 años, a la pena de reclusión perpetua.

Fuente pag12