Más de 10 de las principales prepagas aumentaron sus cuotas en noviembre por encima del IPC, que fue del 2,7%, y lo justificaron en la necesidad de equiparar costos con gastos, de modo que, en consecuencia, ya se alzan con casi el 25% del salario, cuando en octubre de 2023 se llevaban el 16%.

El cálculo pertenece al economista cordobés Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), quien realizó un informe en el que toma un caso testigo del costo de un plan de la empresa Omint y lo compara durante un período con el salario formal promedio.

Así, descubrió que la cuota de la prepaga aumentó casi 50% interanual en términos reales, o sea, por encima de la inflación.

Omint no fue la única. Está el caso de Jerárquicos, en la cual una familia tipo que por un mismo plan pagaba en octubre 55 mil pesos, actualmente debe destinar más de $300 mil.

Las empresas de medicina prepaga siguieron sorprendiendo a sus afiliados con ajustes que hasta duplican las cifras mensuales que da a conocer el Indec con el IPC.

Aluden que tienen que ver con los insumos, la infraestructura, los medicamentos, los honorarios de los profesionales de la salud, de los sanatorios y de los prestadores.

Algunos planes tuvieron aumentos por encima del 400% (entre octubre de 2023 y el mismo mes de este año). 

Cuestan desde $8000 por persona por mes (en el caso de las opciones más económicas como Hominis o Premedic) hasta más de $1.000.000 (en el caso de los planes premium de Osde, Galeno o similares).

Cambios de planes de salud

Los fuertes aumentos de las cuotas de la medicina privada llevaron a muchos afiliados a cambiar el plan de salud, inclusive dentro de la misma prepaga u obra social, cuya primera consecuencia fue que se presentaron zonas grises en las coberturas y los tribunales porteños recibieron un 40% más de por amparos.

Argañaraz recorrió un trayecto mayor de tiempo y así remarca que “en 2013 el gasto en este plan de medicina prepaga Omint insumía el 11% del salario formal promedio. En el período que va desde 2013 hasta 2019, la incidencia aumentó a un promedio del orden del 19%».

Antes del acuerdo con el gobierno nacional, en abril de 2024, el gasto en medicina prepaga había tenido una incidencia del 27,5% dentro del salario, la máxima de los últimos 12 años.

A partir de ahí se modificó el valor de las cuotas, lo que, dado el salario formal de los últimos meses, generó una menor incidencia, que, sobre el salario formal, fue del 21,9% en junio.

No obstante, en los meses posteriores continuó creciendo por encima del Ripte y en noviembre alcanzó una proporción del 24,3%”, según el trabajo del Iaraf.

Los salarios comenzaron finalmente a ganarle a la inflación en los últimos meses, especialmente los formales privados, pero las prepagas están ganándoles a esos mismos haberes.

Por lo cual, si bien la relación salarios/IPC mejora, en la comparación con las cuotas de las prepagas continúan perdiendo.

Caros aunque no siempre los mejores

En el 90% de los casos, la cuota más alta será la del plan 510 de la empresa Osde, que ofrece internación en habitación vip, cirugías estéticas, acupuntura, blanqueamiento dental, etc, señala el sitio Miobrasocial-

Según la opinión de los afiliados, OSDE es una de las mejores prepaga debido a su popularidad.

Principalmente se debe a su gran cartilla médica, la que más profesionales y centros médicos incluye entre todas las empresas de medicina privada.

Los cinco planes de salud más caros son: Osde 510 desde $721713/mes; Omint Premium desde $554764/mes; Sancor Salud S6000 Exclusive desde $534082/mes; Swiss Medical SMG 70 desde $528653/mes y Galeno 550 desde $482285/mes

En cambio, según los comentarios y recomendaciones de los usuarios de elegimejor, las mejores prepagas de Argentina son: Federada: 3,82 puntos sobre 5 posibles; Osde: 3,72 puntos; Prevención Salud: 3,61 puntos; Omint: 3,57 puntos; Medicus: 3,53 puntos; Avalian: 3,51 puntos; Plan de Salud Hospital Italiano: 3,48 puntos; Sancor Salud: 3,46 puntos; Galeno: 3,45 puntos y William Hope: 3,41 puntos.

Las empresas que hoy ofrecen planes más económicos y de calidad son Staff Médico (de Sancor), Accord Salud, PreMedic, y pueden sumarse opciones locales como Bristol Medicine en Buenos Aires, MET en Córdoba o Andes Salud en Mendoza, por dar ejemplos.

En cuanto a las obras sociales, hay más de 300 en el país, que se categorizan en: sindicales, nacionales, de dirección, de personal civil y militar, de empresas privadas y de administración mixta.

En opinión de los usuarios, las cuatro de mejor desempeño son Luis Pasteur, Unión Personal, Jerárquicos Salud y Osdepym.

El puntaje que otorga la plataforma da que encabeza el ránking Osfe: 3,68 puntos sobre 5 posibles; le siguen Luis Pasteur: 3,62 puntos; Andar: 3,58 puntos; Ospe: 3,56 puntos; Osprera: 3,55 puntos; Osdepym: 3,54 puntos; Unión Personal: 3,51 puntos; Jerárquicos: 3,50 puntos; Ospaca, 3,44 puntos, y Osjera: 3,44 puntos-

fuente noticias arg

Mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio quedó finalmente oficializado lo que venía ocurriendo de hecho: la desregulación de los precios, principalmente en alimentos y tarifas. Tal como lo fundamentó el Gobierno: “al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido”.

Además, se eliminó una regulación que «afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos», ya que «exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación», informaron desde la cartera.

A partir de la fecha deja de existir la regulación sobre el precio de la carne vacuna, que fijaba topes máximos para toda la cadena, es decir tanto minorista como mayorista, con el objetivo de proteger los bolsillos de los consumidores y priorizar el mercado interno. 

Tampoco funcionará el registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno Nacional, ni las operaciones de comercialización de papel para diario que debían efectuarse por un precio igualitario, ni  la obligatoriedad para que las instituciones educativas de gestión privada brinden información sobre costos laborales y aranceles. 

También entraron en desuso el programa Precios Justos, las normas sobre las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga que establecían pautas fijadas por el Estado, la obligatoriedad para que las farmacias de todo el país exhiban listas visibles de los productos alcanzados por una bonificación especial del 30 por ciento.

En este sentido, en el comunicado oficial sintetizaron el manejo del Estado libertario: “las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional”.

Asimismo, el documento justifica la eliminación de programas ya que «no están alineados con las políticas de simplificación» que impulsa la actual gestión. Entre los que el Gobierno considera obsoletos figuran el aporte de $0,15 del Estado en concepto de compensación a las industrias lácteas por cada litro de leche para mantener el precio en el consumo interno, los programas de estímulo al pequeño productor de granos, al sector aceitero y Mercado en tu Barrio, entre otros, vinculados al fomento productivo y a la protección de los ingresos de los trabajadores. 

Finalmente, desde Economía afirmaron que la iniciativa tiene por objetivo dejar sin efecto las «exigencias que limitan la libre competencia y obstaculizan las relaciones comerciales». 

Primero eliminaron 107 reglamentaciones entres las que se encuentran las licencias automáticas y no automáticas para el Comercio Exterior y ahora le sumaron la baja del programa Precios Cuidados y el SIPRE en el Comercio Interior, herramientas que tenía el Estado como intermediador entre las empresas y los consumidores para regular precios.  

El «modelo de la libertad» que pregona Javier Milei, como lo caracterizó su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se podría resumir en la respuesta de Luis Caputo, hace pocos días, ante la consulta de un usuario en X por el aumento de las tarifas de telefonía móvil: «Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho».

Consultorías de funcionarios en redes sociales, consumidores desamparados y empresarios destinados a sobrevivir en la selva del libre mercado y de la apertura económica radical.

Fuente pag12

Tres años de prisión de ejecución condicional. Esa fue la pena que recibió este miércoles Ricardo La Regina, el empresario ganadero que ya había sido declarado culpable de matar a más de 200 pingüinos. A tres años de la matanza de la pingüinera de Punta Tombo, La Regina fue condenado por los delitos de daño agravado y crueldad animal en un fallo que las organizaciones ambientalistas que impulsaron la causa calificaron como una «gran sentencia» que sienta «un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza». Además, el empresario deberá colaborar en las tareas de restauración del lugar. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) chubutense, el empresario pasó con una retroexcavadora por encima de 175 nidos, 240 pingüinos de Magallanes y 2.049 metros cuadrados de colonia en la Estancia La Perla dentro de la Reserva Natural Punta Tombo – Punta Clara, Provincia de Chubut. Lo hizo para abrir un camino sin autorización hacia la costa. «La investigación, que duró tres años, atravesó diversos obstáculos propios de los delitos ambientales, se sustentó en pruebas científicas y testimonios irrefutables que demostraron la destrucción», subrayaron desde el MPF. 

Ahora los pingüinos y el ecosistema de Punta Tombo tienen algo de justicia. Aunque en principio no deberá cumplir su pena en prisión, La Regina fue condenado a tres años de prisión condicional en función de las restricciones que le determinaron los jueces del departamento judicial de Rawson, Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini. Los magistrados fijaron la pena este jueves luego de que hace ya dos semanas un tribunal colegiado encontrara culpable al acusado por daño agravado en tres hechos y por crueldad animal en dos. En el medio, las querellas y la fiscalía, a cargo de la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, habían pedido cuatro años de prisión para La Regina. 

Por impulso de las ONG

Desde Greenpeace Argentina, una de las organizaciones impulsoras de la causa, destacaron la condena luego de conocerse el fallo. Así lo hizo Matias Arrigazzi, coordinador de campaña de la ONG, que dijo a Página/12 que «la sentencia sienta un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza». Arrigazzi destacó que por el juicio pasaron más de cincuenta testigos y que la pena condicional impone a La Regina «la obligación de colaborar en las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente, el decomiso de la retroexcavadora, y se dispone la intervención del Estado provincial para definir las medidas a tomar en cuanto al ambiente y el ecosistema». 

En efecto, el productor ganadero ya no podrá contar con la retroexcavadora que utilizó para abrir el camino. El fallo establece un plazo de dos meses para que los organismos competentes de la provincia ingresen al establecimiento para determinar el daño ocasionado y ejecutar las tareas de recomposición del ambiente. Desde el MPF indicaron que esos trabajos deberán establecer cuáles son las áreas a proteger, la cantidad de hectáreas y de qué forma se custodiará el ecosistema, un control que deberá repetirse cada cuatro meses. La Regina deberá colaborar con la realización de todas estas actividades y ponerse a disposición de las autoridades en lo que requieran. 

Lucas Micheloud, codirector de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que también impulsó la querella, calificó al fallo de los jueces como una «gran sentencia judicial en clave ecológica y compleja«, ya que no sólo condena al productor sino que el tribunal «dispone una batería de medidas tendientes a restaurar el área afectada y a mirar para adelante para que estos hechos no se repitan en el tiempo».

«Nosotros exigimos al tribunal que se lleve adelante una gran obra de restauración ecológica sobre el área afectada. Esto se le impone a La Regina, quien tiene que colaborar activamente, conjuntamente con los organismos del Estado y agencias para remediar los daños ocasionados a la flora, a la fauna, al suelo y a todo el hábitat reproductivo del Pingüino Magallanes», indicó y destacó que la sentencia también prohíbe la utilización de toda maquinaria y del uso de los caminos ya abiertos. 

Desde el MPF sostuvieron que la decisión judicial «demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego. Además, subraya el papel esencial de los fiscales como guardianes de la naturaleza y la ley”. «Aunque este fallo representa un avance significativo, el trabajo continúa. La protección del medio ambiente y la fauna en Argentina requiere de leyes más estrictas, mayores recursos para la investigación de delitos ambientales y un compromiso ciudadano más profundo con la conservación del planeta«, agregaron. 

Fuente noticias arg