Durante este jueves estaba previsto que se llevará adelante una nueva audiencia por la causa de presunta estafa con pagarés fraudulentos en Puerto Madryn. Este complejo caso afecta a unas 300 familias de la ciudad, quienes recibieron embargos en dólares por préstamos que aseguran nunca solicitaron.
Los abogados Juan Carlos Ronan y Milton Céspedes, representantes de las víctimas, analizan los próximos pasos en el proceso penal y la posibilidad de constituirse como querellantes para impulsar no solo la causa penal, sino también un resarcimiento económico para los damnificados.
Juan Carlos Ronan explicó que la función principal de los abogados en este momento es acompañar a los afectados en el proceso judicial: “Los acompañamos haciendo la denuncia, los acompañamos a la audiencia explicándoles cuál es la realidad del proceso penal y las posibilidades que hay en adelante”. Ronan y Céspedes están evaluando la posibilidad de constituirse en querellantes para representar a las víctimas de manera más directa en la causa.
Milton Céspedes comentó que si se logra la figura de querella, se podría solicitar una compensación económica en el marco de la causa penal: “El Código Procesal Penal faculta para pedir un resarcimiento económico. Entonces, no sería solamente la parte penal, sino que ya sería dentro de la causa penal un reclamo económico”, explicó Céspedes. Esta medida busca no solo justicia penal, sino una reparación concreta para las familias afectadas.
Según Céspedes, el juez debería tomar una decisión en las próximas dos semanas, salvo que surjan contratiempos administrativos. “La audiencia no se celebró hoy; estos planteos serán resueltos por el juez, pero no creo que dure más de 15 días”, señaló el abogado. Además, destacó la ansiedad de las víctimas ante el ritmo del proceso y señaló que la fiscalía está trabajando “a un paso rápido que no se ve frecuentemente”.
Ronan informó que el juez ha decidido suspender temporalmente las ejecuciones de aquellos afectados que ya habían sido notificados, brindando un respiro a las familias mientras avanzan las investigaciones. Esto permite a los damnificados enfocarse en el proceso penal sin el peso de embargos inminentes. “Las ejecuciones están paradas, entonces pueden estar tranquilos”, explicó Ronan, mencionando también la posibilidad de llegar a una solución alternativa con algún tipo de reparación.
El acusado, quien se encuentra en libertad ambulatoria, debe comunicar cambios de domicilio y no puede salir del país sin autorización judicial. Según Céspedes, la última audiencia se suspendió debido a un pedido de la defensa para que se realizara de forma virtual, una solicitud que fue rechazada por la Fiscalía, que exige que sea presencial.
El caso de presunta estafa en Puerto Madryn, que afecta a cientos de familias, avanza en un proceso que busca no solo justicia penal, sino también una reparación económica para las víctimas. Ronan y Céspedes continúan trabajando en la posibilidad de establecer una querella para defender a las familias afectadas. Los próximos pasos en el proceso estarán marcados por la decisión del juez Horacio Yangüela en cuanto a la modalidad de las audiencias y el avance de la investigación en curso, mientras los afectados esperan una resolución pronta y justa.