La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró anoche en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz que “no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego”, al referirse a un eventual cambio de fecha de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La exministra de Seguridad presentó hoy su libro «Guerra sin cuartel» en Villa Carlos Paz y, al dialogar con los medios locales, dijo que en el Congreso Nacional hay un proyecto para suspender las PASO, pero que desconoce iniciativas para derogarlas o modificar la fecha por parte del Gobierno nacional.

“Primero queremos saber qué quiere hacer el Gobierno nacional, porque estaríamos prejuzgando sobre algo que desconocemos”, sostuvo.

No obstante, opinó que “por principio nos parece que no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego, porque el proceso electoral, desde la perspectiva jurídica ya comenzó”, aseveró.

Sobre su posible candidatura a legisladora nacional y la del expresidente Mauricio Macri, la titular nacional del PRO manifestó que el exmandatario “ya dijo que no quiere ser candidato. Le parece que habiendo sido presidente ser candidato a diputado no es algo que é lo sienta como su rol, como su lugar”, añadió.

Bullrich sostuvo que en su caso no es un tema de debate por ahora dentro de la coalición: “No es una decisión solo mía, sino de todos. De lo que decida Juntos por el Cambio”.

En cuanto al documento autocrítico emitido hoy por algunos referentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Mario Negri, Jesús Rodríguez, Luis Naidenoff y Ernesto Sanz, denominado “Manifiesto por la esperanza democrática”, Bullrich manifestó que aún no lo leyó, pero añadió: «Es bueno que las críticas que se hagan nos sirvan para mejorarnos como coalición”.

A la presentación del libro asistieron el exministro de Turismo, Gustavo Santos; los legisladores nacionales Mario Negri, Héctor Baldassi, Brenda Austin y Laura Rodríguez Machado.

La exfuncionaria continuará con agenda de actividades mañana en Villa Carlos Paz, con la firma de su libro, además de reuniones políticas con dirigentes y militantes del espacio local de Juntos por el Cambio.

El Gobierno avanza en la coordinación de agendas para el encuentro con empresarios y sindicalistas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de precios y salarios que permita transitar el 2021 con menos inflación y con la economía en recuperación.

La pauta de lo que pretende el Gobierno lo dejó en claro este sábado la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, que en declaraciones radiales remarcó: «No estamos buscando una foto, sino una metodología de trabajo».

Las fechas de los encuentros con empresarios se definirán este lunes en una reunión que mantendrán los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, según indicaron a Télam fuentes de la Jefatura de Gabinete.

Hasta el momento está confirmada la reunión del miércoles 10 con la invitación para la Confederación General del Trabajo y de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuyos referentes serán convocados por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.

La agenda oficial prevé una reunión definitiva, que incluirá a todas las partes, el miércoles 24 de febrero, con la premisa de anunciar un principio de acuerdo

Lo que aún no está definido es el encuentro con los empresarios, pues hay dos opciones: que sea el jueves 11, al día siguiente de la reunión con sindicalistas; o el miércoles 17, es decir, una semana después.

Por parte del Gobierno, en principio, participarían de ambas reuniones el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, junto con ministros que tienen bajo su órbita temas económicos y laborales, precisaron las fuentes consultadas por Télam.

La agenda oficial prevé una reunión definitiva, que incluirá a todas las partes, el miércoles 24 de febrero, con la premisa de anunciar un principio de acuerdo que tendrá a los salarios como principales protagonistas, por encima de los índices inflacionarios.

En este escenario, los principales referentes del equipo económico coinciden en respetar los acuerdos que se logren en paritarias, aunque quieren dejar en claro ante el sector empresario que «sin una recuperación del salario real no habrá mejora en el consumo».

«La recuperación del salario es una premisa y por eso todos los empresarios tienen que saber cuál es nuestra metodología de trabajo. Sabemos que a mucha gente no le alcanza la plata y por eso es sustancial la recuperación del consumo», señalan en el Ministerio de Economía.

El corto plazo del equipo económico se llama inflación: ningún acuerdo salarial será sostenible si no se reducen los índices

El corto plazo del equipo económico se llama inflación: ningún acuerdo salarial será sostenible si no se reducen los índices inflacionarios, particularmente en el sector alimentos.

Para el ministro Guzmán, la inflación sólo se reduce ordenando la macroeconomía. Así lo dice con su habitual postura frente a los medios, sin declaraciones grandilocuentes ni expresiones polémicas.

«La economía no funciona en un vacío, sino que funciona dentro de un esquema de normas, regulaciones, leyes. Es imposible separar a la economía de la política», afirmó Guzmán en una reciente entrevista.

Este sábado, el ministro Kulfas se refirió a la inflación y remarcó que «en Argentina es un fenómeno que no es nuevo y requiere un abordaje de diferentes facetas».

«Por un lado, claramente se inicia en la macroeconomía y ahí tenemos el programa económico que plantea el Ministerio de Economía con el Banco Central, con un escenario de consistencia fiscal que reduzca el déficit con una política cambiaria alineada con eso», explicó en declaraciones radiales.

Kulfas: «En Argentina es un fenómeno que no es nuevo y requiere un abordaje de diferentes facetas».

En segunda instancia, el ministro planteó «el esquema de coordinación de salarios y precios», que busca que los salarios se ubican «unos puntos por encima de la inflación», y luego el apoyo de los programas como Precios Cuidados, Precios Máximos y el acuerdo de la carne.

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo a Télam que «es fundamental el diálogo social», porque consideró que «hay una urgencia que es una concertación para la emergencia».

Remarcó que esta concertación debe ser para «administrar esta etapa post Covid, que todavía tiene muchas incertidumbres, y contribuir al ordenamiento de los factores que hacen a la reactivación económica».

Por su parte, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, se mostró partidario de «revisar la ganancia de los empresarios» para evitar una eventual escalada inflacionaria.

«Es muy grande la erosión del poder adquisitivo, en consecuencia nosotros nos sentamos en una mesa de negociación con la consigna de que los salarios le ganen a la inflación», explicó el sindicalista.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, firmó ayer la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario y estableció que los sujetos alcanzados deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el 30 de marzo de 2021

La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre de 2020, se informó oficialmente.

El organismo encabezado por Marcó del Pont estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.

La resolución firmada por Marcó del Pont con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

La normativa de la AFIP establece que los sujetos alcanzados por el aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos, indicó la agencia Télam.

El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del aporte a través de variaciones patrimoniales.

Con ese fin, el organismo incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 (ciento ochenta) días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.

El Gobierno nacional estableció que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 1 de abril próximo, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial. Así quedó establecido mediante la Resolución 54/2021 del Ministerio de Trabajo.

El régimen fue aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado y regula esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La reglamentación de la Ley 27.555 había sido publicada el mes pasado en el Boletín Oficial a través del Decreto 27/2021, con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El primer artículo establece que «las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular».

Tampoco «en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional».

En tanto, en el anexo publicado, se detalla que los artículos 2°, 3° y 4° vinculados al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral quedaron sin reglamentar.

El artículo 5°, referido al derecho a la desconexión digital, precisa que cuando «la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral».

«En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)», dice la normativa y aclara que «no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión».

«Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos», puntualiza el texto.

En cuanto a las tareas de cuidado, toda persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea, «deberá comunicar en forma virtual y con precisión» el momento en que comienza la inactividad y cuando finaliza.

«En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva», agrega el artículo 6°.

El Gobierno estableció el otorgamiento de una suma fija no remunerativa y no bonificable, por única vez, de 4.000 pesos, correspondiente a diciembre pasado, para el personal militar de las Fuerzas Armadas, de la policía de establecimientos navales, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, y del Servicio Penitenciario Federal que no ganen más de 60 mil pesos.

«Otórgase al personal del Servicio Penitenciario Federal en actividad, cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba la suma de $60.000, una suma no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez de $4000, a imputarse a los haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020», indica el DNU 80/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Además, se otorga la misma suma en diciembre y por «única vez al personal militar en actividad de las fuerzas armadas, al personal civil en actividad de inteligencia de las fuerzas armadas y al de la policía de establecimientos navales cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, vigente al 31 de enero de 2020 no superaba la suma de $60.000».

También, se otorga esa retribución al «personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas, como asimismo al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la Prefectura Naval, al personal en actividad de la Policía Federal, al personal con estado policial y al personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal».

En los considerandos del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se fundamenta que la retribución es necesaria para «garantizar el camino de recuperación» económica emprendido por el Gobierno y que «permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo».

En esa dirección, la norma señala que la «recuperación deberá ser consistente y focalizada en el objetivo de mejorar, en primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis».

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias del sector acordaron este jueves una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020 y una mejora del 29% para 2021. El aumento se hará efectivo en tres tramos que se abonarán en dos cuotas de 11,5% desde enero y abril y de otro 6% a partir del 1 de agosto, informó el sindicato.

Luego de arduas negociaciones, las partes acordaron revisiones salariales en septiembre y noviembre y un salario inicial, que incluye participación en las ganancias, de casi 92 mil pesos en enero, de 101 mil en abril y de 106 mil en agosto, detallaron a Télam el titular de la Bancaria Sergio Palazzo y el secretario de Prensa Eduardo Berrozpe.

Los dirigentes precisaron que el acuerdo paritario para este año incluyó «un protocolo para la violencia de género en toda la actividad», y señalaron que habrá revisiones salariales en septiembre y noviembre próximos según el índice del proceso inflacionario.

La negociación convencional contempló el pago de un bono inicial de 89.906 pesos, que ya es tradición en el gremio y aumenta según cada categoría, por el «Día del Bancario», puntualizó Berrozpe a Télam.

La Bancaria, cuya paritaria expira el 31 de diciembre de cada año, había intentado en cuatro encuentros virtuales en el Ministerio de Trabajo un acuerdo salarial pendiente para 2020 y para este año, pero en esas extensas negociaciones no hubo consenso.El jueves amediodía convocó de urgencia al plenario de secretarios generales del gremio para adoptar «inmediatas medidas de fuerza», lo que generó intensas y rápidas negociaciones para evitar un conflicto.

De esa forma y, luego de varias horas de diálogo, sindicalistas y empresarios cerraron la paritaria del año anterior y convinieron la de 2021, incluyendo las dos revisiones salariales.

Palazzo y Berrozpe, en representación del Secretariado General Nacional, habían denunciado «la provocación de las cámaras patronales privadas ABA y Adeba, que intentan condicionar a la banca pública y generar un conflicto al Gobierno nacional».

El acuerdo salarial convencional será presentado este viernes en la sede de la cartera de Trabajo para su inmediata homologación.

El Gobierno acordó con las cámaras empresarias y los sindicatos del sector del transporte de cargas un aumento del 22,5% en la tarifa de referencia para el agro, que llevará a $ 2.790 el valor para un tramo de 400 kilómetros, informaron este viernes entidades transportistas.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión mantenida el jueves último por la Mesa de Negociación Participativa, encabezada por el director Cargas de la Nación, Juan Manuel Escudero, y ahora se aguarda la firma del acta con la suba acordada, que se concretaría hoy, y su aplicación sucederá a partir de la publicación en el Boletín Oficial la semana próxima.

De la reunión no participó ningún representante de los denominados “transportistas autoconvodados”, tal como lo anticipó el Ministerio de Transporte.

“Tras un 2020 que finalizó con una marcada suba de los costos para al transporte de cargas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, junto a otras entidades del sector acordó un aumento del 22,5% para la tarifa de referencia del transporte de cereales y oleaginosas”, precisó Fadeeac en un comuncado.

Indicó que “la Mesa de Negociación Participativa se reunió de manera virtual para analizar la suba de la tarifa que rige como referencia para el transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, productos, subproductos y derivados”.

Al respecto, el director del Departamento de Transporte Agroganadero de Fadeeac, Horacio Demarchi, indicó que “la decisión se tomó en consenso con las demás entidades del transporte, en común acuerdo con las del agro, luego de una extensa jornada de negociación y análisis de índices”.

Por su parte, el asesor de la Federación de Acopiadores, Daniel Asseff, señaló que “a cada tarifa de referencia se le deberá sumar, según los kilómetros, un 22,5%”.

Remarcó que “a eso se le suma una corrección que logramos hacer para mejorar la tarifa de más de 500 kilómetros, que hasta ahora quedaba por debajo de los costos».

El presidente, Alberto Fernández, mantendrá hoy a las 13.30 una videoconferencia con su par de Francia, Emmanuel Macron, según se informó oficialmente.

Esta semana, Fernández mantuvo entrevistas el miércoles pasado con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; y un día antes tuvo una comunicación con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

En febrero del año pasado Fernández y Macron se reunieron en Francia,

En esa ocasión el presidente galo dijo que «Francia acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional y con otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento y de una deuda sostenible».

El proyecto de ley de cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero en organismos del Estado, que contempla además inventivos para el sector privado, está incluido en el temario de sesiones extraordinarias y podría tratarse en el próximo plenario de la Cámara de Diputados, a 5 años del fallecimiento de la activista Lohana Berkins.

«Yo soy travesti, aunque mi DNI diga ‘mujer’. Yo soy Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos», así se presentaba la activista, impulsora de la ley de identidad de género y primera travesti con un trabajo en el Estado, fallecida en 2016.

Si bien el decreto 720/2020 que el presidente Alberto Fernández firmó en septiembre pasado contempla el cupo para las travestis, transexuales y transgénero en los organismos del Estado, la Cámara de Diputados busca aprobar un proyecto que incluye varias iniciativas presentadas por diputados de diferentes espacios para darle el marco legal necesario a ese derecho.

La iniciativa, que logró amplio consenso, cuenta con dictamen de las comisiones de Mujeres y Diversidad, Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja, y reúne una decena de proyectos presentados en ese sentido por diputados del oficialismo y de la oposición.

La sanción de la ley, que se denominará con el nombre de Lohana y también de Diana Sacayán, otra activista por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina y en la región, es reclamada por unas 150 organizaciones travestis trans, las cuales vienen impulsando desde 2016 una ley contemple la inclusión laboral de ese colectivo.

Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la cámara baja.

«La ley de Cupo Laboral Travesti Trans viene a reconocer un derecho al trabajo digno y formal históricamente negado a una población debido a la exclusión y la discriminación social que han sufrido», sostuvo en declaraciones a Télam la diputada del Frente de Todos Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la cámara baja.

Macha destacó que el decreto firmado por el Presidente en setiembre pasado «redujo la urgencia» de ese colectivo y se mostró «optimista» respecto a su tratamiento en la próxima sesión extraordinaria del cuerpo, al afirmar: «Es cuestión de tiempo, se trata de un proyecto militado por las organizaciones y es impostergable su aprobación».

El proyecto establece en su artículo 2 «la inclusión laboral en el Estado nacional, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero».

De acuerdo al texto, además, las empresas que cumplan con el cupo tendrán prioridad en las contrataciones del Estado y habrá incentivos tales como que «las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley, podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales».

«Celebramos que esta iniciativa para establecer el cupo laboral trans venga a saldar parte de esta deuda histórica y contribuya a la construcción de las bases de una sociedad más igualitaria«, aseguró la diputada nacional del radicalismo Brenda Austin.

Para la diputada de la UCR, «la democracia argentina tiene una deuda enorme con el colectivo travesti trans». Y señaló que «se trata de una población que ha sido históricamente vulnerada, a la que no se le han garantizado derechos básicos, derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución Nacional».

Gabriela Estévez, autora de una de las iniciativas.

En esa misma línea, la diputada del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez, autora de una de las iniciativas que se tomó como base para el dictamen, aseguró que «la ley viene a profundizar las políticas públicas que venimos desarrollando para la inclusión laboral del colectivo travesti trans no binario, como el cupo en la administración pública nacional y en el Senado de la Nación».

«El objetivo es ampliar el cupo a todos los ámbitos del sector público, así como promover la inclusión laboral en el sector privado a través de incentivos y el apoyo al emprendedurismo», aseveró Estévez, quien destacó además que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de todo el país y «el apoyo transversal de distintos bloques».

Nicolás Del Caño impulsa otra iniciativa en favor de la población trans.

También desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño, autor de otra de las iniciativas de cupo trans, afirmó que «la conquista del cupo laboral trans tiene que ver con los años de lucha en el movimiento de mujeres y LGTBI de manera independiente de los Gobiernos y contra los prejuicios de las iglesias».

«Por eso -enfatizó a Télam- nos parece urgente que se trate porque las consecuencias de la crisis económica que estamos atravesando son graves para la mayoría de la población y en ese contexto las personas trans están sobrerrepresentadas entre los sectores vulnerables debido a la discriminación. Es necesaria la aplicación efectiva del cupo laboral como medida elemental para un sector que sufre estructuralmente la falta de acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda».

En el país existen distintas normativas, tales como el Cupo Laboral Trans «Diana Sacayán», aprobado en 2015 en la provincia de Buenos Aires, y sobre el que también se basó el dictamen, pero reglamentado cuatro años después, en 2019, así como otras leyes similares aprobadas en Santa Fe, Río Negro, Chaco y Chubut.

Sin embargo, no existe hasta ahora una ley nacional que exija y reglamente la inclusión laboral formal de la población trans y travesti.