El abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal macrista, Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recurrió este miércoles la decisión de que el expediente pase a los tribunales federales de Comodoro Py ante la Cámara Federal de Casación, que deberá decidir ahora si habilita la apelación para que la cuestión sea definida por la Corte Suprema.
Así lo confirmó el propio Beraldi a la agencia Télam y amplió que, si Casación no acepta el recurso extraordinario, entonces recurrirá en queja directamente ante la Corte para que el máximo tribunal determine si la causa debe o no permanecer en los tribunales federales de Lomas de Zamora, bajo cuya competencia se inició la investigación por el llamado «espionaje macrista».
La presentación judicial por parte de Beraldi fue hecha pública este miércoles por el diputado Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) en declaraciones radiales en las que advirtió, al mismo tiempo, que no será Beraldi el «único querellante» que cuestione la decisión de la misma Casación de quedarse con los expedientes que tramita el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.
Entre los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la vicepresidenta destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició
«Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones», señaló el abogado.
La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal fue tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
La mayoría eventual de Casación ordenó el pasado viernes que se debían remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como «Súper Mario Bros» y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.
El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.
Por el contrario, Beraldi entendió que «la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad».
En atención a la gravedad de los hechos investigados, el penalista reclamó que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales».
Hasta este miércoles, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas, a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cámara Federal de La Plata.
En el expediente que investiga el espionaje a dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, el denominado grupo «Súper Mario Bros», y las escuchas en el sistema penitenciario a exfuncionarios presos y a sus abogados, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron cerca de cuarenta imputaciones que el juez Augé estaba evaluando.
«Un desplazamiento (de las causas) a esta altura -analizó Beraldi- podría neutralizar tales avances, o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios», puntualizó.
Para la querella que impulsa la vicepresidente, la mudanza de las actuaciones implicaría «el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos; la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes».
Luego de la enumeración de efectos negativos sobre la investigación penal, Beraldi resumió: «En definitiva, (el cambio implicaría) una puesta en conocimiento y posible reevaluación del curso de las actuaciones que sólo podría traducirse en un retraso importante».
