Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir esta tarde el dictamen del proyecto de ley que busca que los envases de los productos incluyan etiquetas para advertir los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

El proyecto, que cuenta con sanción del Senado, será debatido a partir de las 15 en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria.

Los diputados concluyeron el 6 de este mes la ronda de consultas en la que expusieron representantes de las empresas, médicos y especialistas en obesidad, y hoy comenzarán a discutir el despacho, que demandará al menos dos reuniones.

Los legisladores definirán hoy si incluirán reformas al proyecto votado por el Senado ante los pedidos que surgieron de algunas actividades para que se los excluyeron del etiquetado frontal en el que se advierte los altos niveles de azucares y grasas.

La reunión será encabezada por la titular de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), junto a sus pares de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (FdT), de Defensa del Consumidor, Diego Mestre (Juntos por el Cambio), y de Industria Alejandro Garcia (JxC).

El proyecto sancionado por el Senado busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz.

Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Tras su paso por el Senado, la iniciativa comenzó a debatirse el año pasado en varias reuniones informativas aunque no se logró avanzar en el dictamen.

De aprobarse el proyecto, los productos que sobrepasen los límites fijados por el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corresponda en cada caso.

El ministro de Justicia, Martín Soria, expondrá hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo puntos centrales son la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de por los dos tercios de los presentes, y poner un plazo a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

Será la primera visita que hará Soria al Congreso luego que asumió al frente del Ministerio de Justicia el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo.

El exdiputado expondrá desde las 18 a través del sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Hernán Perez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.

Si bien en la convocatoria efectuada a Soria se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado, no se descarta que se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara alta.

El viernes último, desde Rosario, el presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que avance en el tratamiento del proyecto de ley que él mismo envió para la reforma del fuero federal para así poder «dar pelea» al narcotráfico y a los restantes delitos complejos.

El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes a las 11.30 el acto de lanzamiento del Programa «Paradas Seguras» en la localidad bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes oficiales.

La iniciativa consiste en un convenio con 43 municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires para instalar 4.000 refugios seguros en paradas de colectivos, según consignó Presidencia.

La Dirección Nacional de Migraciones emitió un alerta para que los argentinos con vuelos programados a la India posterguen el viaje debido a la crisis sanitaria que atraviesa ese país por la nueva cepa de Covid-19 que, en un solo día, reportó allí más de 350 mil contagios y 2.803 muertes.

«Recomendamos no viajar a la India por el momento. La nueva cepa detectada se propaga rápidamente, en un solo día se reportó más de 350 mil nuevos casos (Covid-19) y 2.803 muertes», dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano, a través de las redes sociales.

«Alemania, Francia, Italia, Canadá y Emiratos Árabes, entre otros, ya han restringido vuelos directos con ese país», tuiteó Carigliano.

En tanto, el sitio Coronavirus News publicó que la pandemia está «fuera de control en la India» y advirtió que «la nueva variante de Covid tiene los hospitales desbordados y ha convertido las calles en crematorios».

Suiza y República Checa anunciaron que detectaron casos con esa cepa del coronavirus, en medio de renovadas preocupaciones por la circulación de esa variante, considerada más contagiosa, y que llevó a Alemania a sumarse a la lista de los que prohíben los vuelos con ese país asiático.

«El primer caso de la cepa ‘india’ de la Covid-19 fue detectado en Suiza, se trata de un pasajero que llegó a través de un aeropuerto de tránsito», comunicó la Oficina Federal de Salud Pública en su cuenta de Twitter.

El texto agregó que están en curso las consultas que se centran en la posibilidad de incluir a la India en una lista de países peligrosos en términos de situación epidemiológica, informó la agencia de noticias Sputnik.

A su vez, el ministro de Salud de la República Checa, Petr Arenberger, afirmó que esa misma cepa, detectada por primera vez en el estado indio de Bengala Occidental y considerada una doble mutación del virus, ya ingresó al país.

India batió un récord de casos diarios de coronavirus, con más de 346.000, mientras el Gobierno lucha por proporcionar oxígeno a los hospitales desbordados por cientos de miles de pacientes.

Además de la mutación local, identificada como B.1.618, ya fueron registradas en el país las cepas detectadas por primera vez en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

El director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, subrayó que «el salario mínimo es el punto de partida para regular el ingreso y para la negociación colectiva y constituye el motor del sistema arterial distributivo», y afirmó que ese piso salarial debe alcanzar a todos los trabajadores no convencionados.

Meguira reseñó asimismo que la importancia del organismo tripartito ya fue ratificada por la Corte Suprema en 1960, y reivindicó la convocatoria que se hizo al Consejo en el año 2004, en plena presidencia de Néstor Kirchner, porque, dijo, «fue un hecho transformador».

«Fue transformador por el tripartismo, la pluralidad de sus actores (empleadores y las centrales obreras de la época) y sus objetivos de empleo, productividad y salario», destacó.

Además, sobre el panorama del presente, planteó que la CTA Autónoma pretende que el Consejo del Salario «se convierta en una herramienta de articulación de la estructura de ingresos» y que su actuación «genere efectos virtuosos sobre los (salarios) básicos convencionales, las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y la homogeneización de los ingresos».

En un reportaje con Télam, Meguira reclamó acciones que superen lo que consideró una de las principales «deficiencias» del Consejo, en relación a la situación de los trabajadores no registrados, subocupados y precarizados.

«Una amplia proporción de trabajadores percibe un salario inferior al mínimo a partir de la existencia de una estructura ocupacional con fuertes niveles de fraude a la ley, de evasión o elusión por la no registración y la desocupación, a lo que se sumó la Covid-19, que agudizó la crisis y provocó pérdidas del ingreso real», describió.

Para Meguira, la suba del salario mínimo debe estar en relación con lo que implica una canasta básica alimentaria determinada por el Indec.

«Es preciso resolver la base de cálculo del mínimo, lo que continúa siendo toda una dificultad y violenta el concepto que generó el Consejo, ya que ante la nueva convocatoria no hay base de cálculo real o punto de partida para fijarlo», cuestionó.

El responsable jurídico de la CTAA señaló que una de las funciones del Consejo es «orientar la determinación de los salarios básicos convencionales» aunque aseguró que el organismo debe acordar un valor (del ingreso mínimo) que conjugue «los intereses tripartitos, el seguro de empleo, otros temas económicos y sociales, y el pleno funcionamiento de las comisiones».

En paralelo, Meguira planteó su oposición a que la CGT proponga condicionar la negociación dentro del Consejo según «la media de negociación de cada actividad».

«La idea de determinar un salario mínimo, vital y móvil nació en la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929, de la mano del presidente norteamericano Franklin Roosevelt», rememoró, y luego asoció ese contexto económico, de crac económico, recesión y altísimo desempleo, con las dificultades del presente.

«Existe una semejanza global entre esa situación, producida entre dos grandes guerras mundiales, y la actual pandemia», argumentó.

«La Covid-19 provocará cambios sustanciales en las relaciones laborales y de producción de forma inminente. La reducción del trabajo manual y físico, la robotización y la modificación de los sistemas productivos y de los hábitos de consumo llevarán a una crisis más profunda», analizó Meguira, tras lo cual apuntó: «Los sindicatos deben tomar consciencia sobre este período».

Y tras ese diagnóstico añadió: «Por ello, el valor del nuevo (salario) mínimo es una prueba sustancial para el gobierno y los actores sociales», alertó.

«La batalla debe asentarse en las políticas de ingresos contra la codicia patronal y el gran poder de las compañías concentradas, lo que requiere de la fuerte intervención del Estado y una estrategia de recuperación del consumo», evaluó.

El abogado laboralista y miembro de la CTAA afirmó también que el sector privado ya demostró «su incapacidad para gobernar la crisis», ya que «muchas de sus especulaciones la agravaron».

«El sector alimenticio y el aumento indiscriminado de los precios son pruebas fehacientes», afirmó en diálogo con esta agencia.

En ese marco, Meguira propuso la implementación de «herramientas anticíclicas» como «la expropiación» y control por parte del Estado de áreas estratégicas del aparato productivo, en referencia al mantenimiento de las vías navegables, los ferrocarriles y las comunicaciones.

Por último, el director jurídico de la CTAA exigió que se fije «un nuevo mínimo acorde con el valor de la canasta básica» y que además «se obligue a las empresas a que ningún trabajador perciba una remuneración menor por 8 horas de labor, lo que significaría que el Estado definitivamente decidió asumir la función reguladora y que procura adecuar el sistema productivo-distributivo» para salir de la crisis.

Meguira participa desde hace más de 20 años en las conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que integra su Comisión de Normas, una de las más importantes de la entidad.

Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur se reúnen este lunes en un encuentro que tiene como ejes de debate el arancel externo común (ACE) y la flexibilización comercial del bloque regional, y en el que la Argentina reafirmará su postura de negociar en unidad acuerdos comerciales con otros mercados.

La XII Reunión Extraordinaria del Consejo Mercado Común que se desarrollará a partir de las 11 desde el Palacio San Martín en forma virtual, ante el fuerte avance de la pandemia en la región, estaba convocada inicialmente para el jueves pasado, pero debió postergarse ya que ese mismo día tuvo lugar la Cumbre contra el Cambio Climático, de la que participó el presidente Alberto Fernández, entre los 40 líderes mundiales.

Así, los cancilleres de los socios plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) volverán a verse las caras luego del contrapunto que se produjo hacia el interior del bloque regional a raíz del reclamo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para que se «flexibilicen» las condiciones de comercio de los Estados miembros, propuesta que es resistida por la Argentina.

El canciller Felipe Solá, en uso de la presidencia pro témpore del bloque por parte de Argentina, es el anfitrión de la cumbre que reúne al uruguayo Francisco Bustillo, al paraguayo Euclides Acevedo y al brasileño Alberto Franco França, quien tendrá su primera participación en estos encuentros ya que asumió a principios de abril en su cargo, en reemplazo de Ernesto Araújo.

Por el perfil económico que tendrá el cónclave, también fueron invitados a participar los representantes de las carteras económicas de los cuatro Estados partes del Mercosur

Junto a Solá estarán desde el Palacio San Martín los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

En la cumbre, la Argentina ratificará su postura sobre la necesidad de que el Mercosur encare en conjunto negociaciones con otros mercados, tal como adelantó el propio Solá, el lunes pasado, al encabezar un encuentro organizado por la Fundación Embajada Abierta y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

«Nosotros creemos que es el momento de unirnos más que nunca. Es el momento de ir mirando con prudencia dónde podemos ayudar, no es el momento de cortarse solos. Esa es la idea que vamos a llevar el 26 a la reunión de cancilleres del bloque», adelantó Solá, quien llamó a defender el «activo muy fuerte» que representa el Mercosur para el desarrollo de los Estados parte.

En ese foro, el canciller argumentó que «el mundo va hacia una regionalización, va a un cierre económico que no sabemos cuánto puede durar, con más prudencia con la cuestión arancelaria y más protección por la cuestión de la pandemia, y al mismo tiempo la posibilidad de acuerdos regionales más fuertes».

Fuentes de la Cancillería indicaron a Télam que en esta cita el Gobierno argentino reiterará su «vocación de unidad» y su posición de «conversar» y «negociar» las distintas propuestas del resto de los Estados miembros, en relación al pedido uruguayo de «flexibilización» comercial y el reclamo de Brasil por la modificación del Arancel Externo Común (AEC), que es la barrera arancelaria que todos los países del bloque adoptan ante mercados extranjeros.

Antecedentes

El reclamo uruguayo -acompañado por Brasil- para que los Estados socios puedan entablar acuerdos comerciales directos con otros países o bloques del mundo, puso en evidencia las diferencias hacia el interior del bloque durante el encuentro virtual de presidentes por el 30 aniversario de la creación del Mercosur.

En esa cumbre, Lacalle Pou sostuvo que su Gobierno «no está conforme» con las condiciones actuales y que genera «frustración» la imposibilidad de avanzar en acuerdos extrarregionales, al considerar que esos límites son un «lastre» y un «corsé» para el desarrollo.

Esas definiciones motivaron la respuesta de Fernández, que sostuvo que el Mercosur no debe ser una «carga ni un lastre para nadie» e invitó a quienes puedan sentirse disconformes a «tomar otro barco».

Se espera que en el encuentro de este lunes Uruguay presente una propuesta concreta para flexibilizar la agenda de negociación con terceros países y permitir que cada socio pueda manejarla con cierta autonomía

Brasil «apoya» el pedido de «flexibilizar» el Mercosur para que un socio con problemas no sea «obstáculo para que los demás avancen», declaró días atrás al medio uruguayo Búsqueda el director del Departamento de Mercosur e Integración Regional de Itamaraty, Michel Arslanian, aunque advirtió que esa solicitud necesariamente requiere de un «consenso intra-Mercosur».

Paraguay, en cambio, al igual que la Argentina, «no está de acuerdo con la derogación de la decisión 32/00», que prohíbe negociar acuerdos comerciales por fuera del bloque sin el aval de los socios, por entender que avanzar en conjunto permite «mejores condiciones de negociar», según declaró al mismo medio el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Raúl Cano Ricciardi.

Argentina mantendrá su posición de «discutir todo en el marco del Mercosur» y buscar las «estrategias técnicas y legales» para que los países que quieren avanzar con otras negociaciones puedan hacerlo con los «requisitos adecuados», según señalaron a esta agencia fuentes de la Cancillería.

Aranceles

Uno de los objetivos principales de Brasil en la cumbre y en lo que queda del primer semestre del año es modificar el Arancel Externo Común del Mercosur, con una reducción del 10% de todo el universo arancelario del bloque, algo rechazado por el Gobierno argentino, que propone una disminución focalizada del AEC y solo aplicable a insumos.

En los primeros días de abril, Argentina formalizó su propuesta de modificación del AEC del Mercosur ante el Grupo Mercado Común (GMC) del bloque regional: una reducción del 2% al 0% en todos los productos que sean insumos, con el fin de favorecer a las industrias, lo que en total representa una rebaja del 10,5%, indicaron a Télam fuentes de la Cancillería.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores planteó la necesidad de que los bienes finales sigan con la protección actual del AEC, que es la alícuota que deben tributar productos de terceros países para poder ingresar al mercado regional.

El exgobernador de Santa Fe y exintendente de Rosario, Miguel Lifschitz, continúa internado en condición «estable», pero con «asistencia respiratoria mecánica» a raíz de un cuadro de coronavirus, en el Sanatorio Parque de Rosario, se informó oficialmente.

Ese centro asistencial informó este domingo que Lifschitz, de 65 años, «se encuentra estable, respondiendo a la asistencia mecánica respiratoria y a los soportes terapéuticos que está recibiendo».

«El ingeniero Miguel Lifschitz permanece internado en sala de cuidados intensivos por un cuadro de compromiso pulmonar compatible con el Covid 19 que cursa», indicó el parte médico.

El diputado provincial por el Frente Socialista Civíco y Social y presidente de la Cámara dio positivo de Covid-19 el pasado 11 de abril y desde el lunes último permanece internado en el sanatorio céntrico rosarino.

La Argentina apuntará a negociar en mayo la estrategia de posponer los vencimientos con el Club de París, y dejar temporalmente la discusión de una eventual reprogramación de las condiciones de la deuda de US$ 2.400 millones, en tanto avanza con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el endeudamiento de US$ 44.000 millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

La gira reciente del ministro de Economía, Martín Guzmán, por Europa, ayudó a preparar el terreno de las negociaciones, que buscará reforzar el mismo presidente Alberto Fernández en persona, en una gira que arrancará el 10 de mayo.

Fernández viajará con el objetivo puesto en conseguir apoyos en medio de la negociación con el Fondo a Francia, Italia, España y Portugal, para reunirse con sus pares Emanuel Macron y Mario Draghi, entre los encuentros confirmados.

Estos países son accionistas con peso en el directorio del FMI pero a la vez tienen elevada influencia en el grupo de 22 acreedores del Club de París, al que la Argentina le debe el pago por US$ 2.400 millones, que vencen en mayo.

Fernández viajará con el objetivo puesto en conseguir apoyos en medio de la negociación con el Fondo a Francia, Italia, España y Portugal, para reunirse con sus pares Emanuel Macron y Mario Draghi, entre los encuentros confirmados

Fernández viajará con el objetivo puesto en conseguir apoyos en medio de la negociación con el Fondo a Francia, Italia, España y Portugal.

En rigor, el vencimiento comienza a regir el 5 de mayo y, de no pagar la Argentina hasta el 30 de mayo, empieza a correr un período de 60 días antes de declarar al país formalmente en default.

El año pasado Guzmán hizo uso de la letra chica del contrato vigente y envió una carta a los miembros del Club de París «expresando la decisión de la República de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento del próximo 5 de mayo de 2020, de acuerdo con los términos que la República alcanzó con los miembros del Club de París el 29 de mayo de 2014», según la explicación oficial enviada a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), en una documentación previa al lanzamiento del canje de deuda.

Era marzo, en el principio de la pandemia de coronavirus para el país, y la Argentina aún no había renegociado con los acreedores privados, ni comenzado conversaciones formales con el FMI.

Este sábado, un año después, la Argentina acumula en su haber una pérdida de más de 10% de su PBI por la crisis, y aún luego de haber renegociado la deuda externa con los privados. En tanto, con el FMI avanzaron las discusiones técnicas, en el marco de «relaciones constructivas».

La Argentina acumula en su haber una pérdida de más de 10% de su PBI por la crisis, y aún luego de haber renegociado la deuda externa con los privados

En el 2020, Guzmán había alcanzado también «una propuesta para modificar los términos existentes de dicho acuerdo alcanzado en 2014, buscando mayormente una extensión de los vencimientos y una significativa reducción de la tasa de interés».

Este último pedido no fue concedido, y se supeditó a un acuerdo con el FMI.

Las negociaciones con el FMI comenzaron en agosto del 2020 de manera «constructiva», pero la estrategia oficial aquí es no apurar los pasos y no suscribir compromisos en medio de un año electoral y cuando la pandemia, lejos de terminar, sigue acechando la economía.

El director del departamento Occidental del FMI, Alejandro Werner, consideró recientemente que el Fondo está en condiciones de avanzar «muy rápidamente» hacia un nuevo programa, y dijo que «la decisión de cuándo está mucho más del lado de las autoridades argentinas que de nuestro lado, y ellos decidirán de manera clara el entorno en el cual se toman estas decisiones, cuál es el mejor momento» para un acuerdo con el FMI.

En tanto, en relación con la deuda con el Club de Paris, Guzmán expresó que «la Argentina está hoy en una situación en la cual debemos tener negociaciones que nos permitan postergar esos vencimientos o refinanciarlos, y así poder dar curso a la continuidad de la recuperación económica».

«Es usual que -continuó Guzmán durante una entrevista concedida en París- para una reprogramación, el Club de París solicite que haya un programa con el FMI. Ahora acá, en efecto, hay una cuestión de tiempos», dijo al referirse a que las negociaciones por el acuerdo con el Fondo pueden llevar más tiempo que el plazo de gracia que concede el Club de París.

«Para alcanzar el programa con el FMI hace falta construir múltiples niveles de consenso. Eso se está haciendo. Pero puede llevar tiempo. Se puede ir más o menos rápido. Pero lo más importante no es que se haga rápido, sino que se haga bien», se explayó Guzmán.

Lo que planteó el ministro de Economía argentino en Europa fue que «si se tardase más en llegar a un acuerdo y este ocurriese más adelante, lo importante es contar con más tiempo con el Club de París para poder resolver este problema», admitió Guzmán, como objetivo de mínima en las negociaciones.

Guzmán consiguió en Europa una reunión técnica con el Club de París y lo que sigue es que «ahora es el Club de París quien tiene que analizar lo que Argentina está solicitando

Guzmán también propuso que se podrían «definir acciones que eviten que haya un golpe negativo en la economía argentina en cada una de estas ramas -(por los frentes el Club de Paris y el FMI)-. Y eso es lo que estamos tratando de hacer».

Se trata de «una solución creativa», tal como expresaron desde la comitiva argentina a los periodistas.

De esta forma, Guzmán consiguió en Europa una reunión técnica con el Club de París y lo que sigue es que «ahora es el Club de París quien tiene que analizar lo que Argentina está solicitando y definir ciertas condiciones para la continuidad de las negociaciones, a fin de que podamos seguir trabajando de una forma que busque como resultado que evitemos un shock negativo para la economía argentina».

Las reuniones del Club se suelen armar todos los meses a principios de mes, y es muy probable que la Argentina esté considerada en el temario del cónclave de mayo.

La Argentina adelantó que prefiere «una buena respuesta a su planteo, que una respuesta rápida», según las palabras de Guzmán.

En este contexto, Fernández tendrá el objetivo de estrechar los lazos políticos y conseguir apoyos para un acuerdo con el FMI que, como se vio desde el planteo argentino, debería ir acompañado de un apoyo para resolver el problema de la deuda con el Club de París.

Con acompañamiento de legisladores de distintos bloques, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó este jueves un proyecto de Resolución con el fin de que la Jefatura de Gabinete de Ministros dé explicaciones por la falta de pago a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén del subsidio anual 2020, por más de 1,7 millón de pesos, que le corresponde por ley.

Menna destacó que los bomberos de Epuyén actuaron en los incendios desatados a principios de marzo en la Comarca Andina del Paralelo 42, y que afectaron a Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén, con tres personas muertas, miles de hectáreas quemadas y cientos de viviendas destruidas.

En la presentación del proyecto, el diputado contó con el acompañamiento de Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Josefina Mendoza (Buenos Aires), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Estela Regidor (Corrientes), Gabriela Lena (Entre Ríos), Brenda Austin (Córdoba), Hugo Romero (Córdoba), Lidia Ascárate (Tucumán), Gerardo Cipolini (Chaco), Álvaro de Lamadrid (CABA), Luis Pastori (Misiones), Ximena García (Santa Fe) y Claudia Najul (Mendoza).

La solicitud pide conocer “los motivos por los cuales la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, no ha cumplido con el pago del subsidio anual del año 2020, contemplado en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (ley 25.054), por la suma de $ 1.745.706,15 correspondiente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén, en Chubut”.

Al respecto, Menna sostuvo que el Sistema Nacional de Bomberos “contempla un apoyo financiero a favor de las asociaciones de bomberos voluntarios existentes a lo largo y ancho de la República Argentina”. Y dejó en claro que ese soporte económico “es vital para que todas esas entidades puedan funcionar y estar operativas”, y que ello “resulta un acto de estricta justicia, ya que se trata de asociaciones civiles que nuclean a ciudadanos que, a través del voluntariado, cumplen una función trascendente como es el cuidado y protección de la vida, la integridad física, la seguridad y el patrimonio de sus vecinos”.

Este trabajo lo realizan los bomberos “sin cobrar un solo peso y aportando de su propio esfuerzo y el de sus comunidades para adquirir el costoso equipamiento que supone la actividad bomberil”, dijo, y mencionó que el artículo 3° de la ley 25.054 “le reconoce a esta función el carácter de servicio público prestado de manera voluntaria”.

De manera complementaria, agregó que “los artículos 11, 12 y 13 de la ley 25.054 reconocen un subsidio anual a favor de cada asociación de bomberos voluntarios, que se financia con una contribución obligatoria que se paga al contratar las primas de seguro a excepción del riesgo vida”.

“Los fondos así recaudados se distribuyen de forma igualitaria entre todas las asociaciones y constituye un deber legal de la autoridad de aplicación transferir esos fondos dentro de los 6 primeros meses de cada año”, precisó el legislador. Sin embargo, “la autoridad de aplicación, esto es, el Ministerio de Seguridad, no ha cumplido con el pago del subsidio 2020 a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén”, marcó Menna.

Asimismo, calificó de “inexplicable” la negativa a transferir a la entidad “lo que por derecho le corresponde, como así también el desinterés y desidia de los funcionarios de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Población; de la Secretaría de Articulación Federal y de la propia ministra de Seguridad, que no han rendido ningún tipo de explicación sobre las razones de la falta de pago de estos aportes establecidos por mandato legal”.

Y recordó que “a los incumplimientos en las ayudas comprometidas para los vecinos del lugar que perdieron sus viviendas y herramientas de trabajo, al recorte de presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del SINAGIR, se le suma esta denegatoria a cumplir con los aportes debidos a una asociación de bomberos voluntarios situada en una zona crítica y siempre amenazada por incendios forestales”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó este viernes el servicio de telemedicina para trabajadores de cooperativas que están incorporadas dentro del programa Fortalecimiento Cooperativo, de la Secretaría de Trabajo.

Durante el acto, realizado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Gustavo Hermida, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala y el subsecretario de Programas de Salud, Fernando Bosch Estrada. Participaron además representantes de la Cooperativa 15 de Septiembre de Rawson.

“Es una demanda en la cual el Estado no estaba presente”

Al respecto, Mariano Arcioni contó que “esto es una demanda en la cual el Estado no estaba presente con los trabajadores de las cooperativas, de esta manera se garantiza el acceso a la medicina, tener una cobertura plena las 24 hs del día y sin ningún costo”.

En el mismo sentido, el Gobernador explicó que “buscamos la cobertura integral de todo el núcleo familiar, pero por sobre todas las cosas que todos los trabajadores de la Provincia tengan una cobertura de salud, que en esta primera etapa estarían accediendo alrededor de 1.500 empleados que ya van a estar inscriptos en el correspondiente sitio web”.

“Este sistema de telemedicina, es muy importante no sólo por todos los beneficios que eso acarrea en la inmediatez de la asistencia profesional, pero por sobre todas las cosas evitando el riesgo de contagio en época de pandemia, porque evita ir a un centro asistencial”, indicó el mandatario.

A su vez, Arcioni aprovechó la ocasión para resaltar “el trabajo que viene haciendo Cristian Ayala en su cartera, en donde hace poco anunciamos el pago extraordinario en marzo por $4.000 extraordinarios en los aportes de los trabajadores de las cooperativas y que ya se están efectivizando, lo que deja a las claras que para este Gobierno, el cooperativismo es muy importante y buscamos acompañarlo en todo lo que sea”.

Acceso a la salud

Por su parte, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala agradeció “al Gobernador por darnos la posibilidad de dar una respuesta ante este requerimiento de las Cooperativas. Saben que es muy difícil para los trabajadores de la economía social tener acceso a la salud en algunas circunstancias porque es imposible contar con un servicio en el ámbito privado, lo que hace que se recargue la atención pública”.

Agregó que “de esta manera, brindamos una respuesta a través del servicio de telemedicina, en donde se pretende que cada trabajador incorporado en el programa de Fortalecimiento que se brinda a través de la Secretaría de Trabajo, tenga acceso inmediato durante las 24 hs a un médico a través de un celular o una computadora, y evacuar rápidamente una consulta médica, pero es importante indicar que no incluye urgencias”.

Asimismo, el funcionario provincial anticipó que “la idea es ir probando el sistema para ver que sea realmente la respuesta que quieren los trabajadores y de ser así vamos a avanzar con todas las cooperativas y con todo el sector de la economía popular que es más amplio”.

Atención médica online

La secretaria de la Cooperativa “15 de Septiembre”, Dina Hitt, se mostró “muy agradecida con el Gobernador y su equipo de trabajo, ya que todos los miembros de la cooperativa, que en este momento está compuesta por 30 personas, van a poder acceder este servicio médico online”.

Además, remarcó que “es un alivio para nosotros porque esto significa que en este tiempo de pandemia no van a tener que ir hasta el hospital o clínica sino desde su casa con una cobertura de 24 hs van a tener una asistencia médica”.

Abanico de profesionales

Por último, el tesorero de la Cooperativa 15 de septiembre, Fernando Álvarez, destacó que “para nosotros es una ayuda muy buena porque las cooperativas tenemos una obra social limitada, no tenemos la gran apertura médica, y con esto podemos acceder a un abanico de profesionales que hoy no contamos como puede ser un dermatólogo, y sin costo alguno”.