El intendente de Gaiman, Dario James convocó días atrás a una reunión a funcionarios policiales, judiciales, de la Defensa Pública, al ministro de Seguridad, Federico Massoni , el procurador General, Jorge Miquelarena y además, donde estuvieron presentes diputados provinciales, entre ellos, Manuel Pagliaroni, para tratar temas vinculados a la seguridad en la provincia.

Manuel Pagliaroni, presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, confirmó a ADNSUR que durante el encuentro «se logró en avanzar en una modificación del Código Procesal Penal de la provincia que le otorgue una mayor ejecutividad a los procesos judiciales».

En este marco, precisó que con esta reforma, «se va a intentar agilizar algunos de estos procesos con los objetivos que se logren la concreción de los juicios, rapidez y condenas”, porque «los vecinos tienen razón cuando dicen que los procesos son lentos y que las personas que cometen hechos violentos no son condenadas», afirmó.

“Lo lógico es que la prevención sea efectiva y que no existan hechos. Pero la prevención no alcanza», dijo el diputado provincial. Y señaló que  según explicaron Miquelarena y el ministro Massoni durante la reunión. «Los hechos van en aumento y es imprescindible avanzar en la modificación del Código Procesal Penal. Los diputados manifestamos nuestra predisposición en avanzar en estas modificaciones y en algunas otras que se van a discutir en los próximos días. Celebro que el intendente de Gaiman haya tenido esta iniciativa y que haya sentado a distintos actores a la misma mesa”, afirmó.

UNA DE LAS PROPUESTAS

Pagliaroni sostuvo que una de las principales propuestas que se planteó «es la imposibilidad para que los delincuentes puedan acceder a la figura de la ‘suspensión del juicio a prueba’ que  deja sin efecto todo el proceso con la pérdida de tiempo y toda la movilización de la estructura judicial. Finalmente, cuando se suspende el juicio, nada se concreta, no hay sanciones a los imputados y las víctimas se quedan sin respuestas. Ahora se va a morigerar esta situación para evitar que los delincuentes puedan acudir a la ‘suspensión del juicio a prueba’».

«Se va a solicitar al inicio de la causa porque si no es una pérdida de tiempo y sólo el delincuente gana el tiempo. También, están previstas otras modificaciones que le puedan permitir a los fiscales apelar algunas decisiones de los jueces”, dijo. Y adelantó que “en las próximas 2 o 3 semanas, vamos a estar abocados a esta situación».

Por otro lado, explicó que Código contravencional (que se discutió hace 2 años) era inaplicable. Pongo en valor de la entonces diputada Papaiani en ese momento porque encabezó ese proceso y hubo reuniones con jueces de Paz, funcionarios judiciales y policiales y allí no se manifestaron estas oposiciones. Ahora, el Procurador se comprometió a elevar una opinión fundada para evaluar estas modificaciones”, anticipó. 

Finalmente, habló de la posibilidad de incorporar los ‘juicios por jurados’ atento a que «la gente confía más en la decisión que tome un jurado popular que la que tomen los jueces. El sentido común del vecino es muy valorable. Nosotros estamos impulsando que esto se implemente aunque  –probablemente- haya que suspender su aplicación pero no puede ser un ‘cheque en blanco’.  Si se avanza en suspender su aplicación, tiene que ser por un tiempo acotado y que el Poder Judicial haga todos los procesos necesarios para su implementación así no se vuelve a discutir en 6 meses o 1 año que se debe suspender”, completó.

El canciller Santiago Cafiero recibió este martes a su par de Uruguay, Francisco Bustillo, con quien acordó realizar dos reuniones de trabajo, en noviembre y diciembre, para potenciar la agenda común y avanzaron con el pedido del estudio de factibilidad técnica para la construcción del puente Monte Caseros-Bella Unión, sobre el Río Uruguay.

Cafiero compartió un almuerzo privado con su par en el Palacio San Martín, reportó la Cancillería en un comunicado, y sostuvo que acordaron realizar durante noviembre y diciembre las dos reuniones entre ambas cancillerías.

Una de ellas, conformada por la Comisión de Integración Argentina-Uruguaya (CIAU), abordará la relación bilateral a nivel secretarios de Estado, y la segunda, la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentino-Uruguaya, para evaluar en detalle los temas de la agenda bilateral económica y comercial, encabezada por los Secretarios de Relaciones Económicas Internacionales de cada país.

Durante noviembre y diciembre Habrá dos reuniones entre ambas cancillerías. Fotos: prensa Cancillería

Cafiero y Bustillo instruyeron, además, a sus equipos técnicos y diplomáticos para avanzar con el estudio de factibilidad técnica para la construcción del puente Monte Caseros-Bella Unión, sobre el Río Uruguay, en la provincia de Corrientes del lado argentino y el departamento de Artigas, en Uruguay.

La cancillería recordó que el financiamiento será solicitado de manera conjunta ante la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ese puente será el cuarto que une ambos países, recordó la Cancillería y sostuvo que eso demuestra la importancia de la integración con obras de infraestructura de esa magnitud.

Uruguay volvió este martes a la “lista gris” de países que la Unión Europea (UE) elabora con aquellas naciones que incumplen los estándares europeos en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, pero que prometieron cambiar su legislación, una nómina que incluye además a Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia y Qatar.

Uruguay estuvo en esa lista hasta marzo de 2019, cuando logró salir durante el último año del Gobierno de Tabaré Vázquez tras aprobar la evaluación hecha en el marco del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la organización encargada de hacer el análisis técnico y hacer recomendaciones a la UE.

Uruguay había logrado salir de esa observación tras iniciar la evaluación en 2016, o sea que le llevó tres años obtener el voto del confianza de la UE, que revisa los casos semestralmente.

La peor categoría para el bloque europeo es la «lista negra», en la que están Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu, tras la salida de Anguila, Dominica y Seychelles.

Uruguay formó parte de la primera versión del listado «gris», publicada en diciembre de 2017, cuando los titulares económicos de los 28 países europeos dieron luz verde a la primera nómina sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal, que contenía en un primer momento 17 territorios, reseñó el sitio del diario montevideano El País.

En ese momento, los ministros del bloque aprobaron un segundo listado «gris» con países o territorios que se habían comprometido con la Unión Europea a modificar sus sistemas fiscales para 2018 y que evitaron entrar en la primera lista cuestionada a condición de que adoptasen reformas sobre la materia.

Este nuevo anuncio de la UE se conoció este martes, justo en la semana en la que alcanzó repercusión internacional la investigación conocida como Pandora Papers, que reveló maniobras de evasión a través de cuentas off shore de políticos, empresarios, deportistas y artistas, con la consecuente pérdida de miles de millones de dólares para las arcas estatales.

La enorme filtración revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) mostró maniobras con fideicomisos y sociedades pantalla en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Andorra, Belice, las Islas Cook y Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Empresarios, sindicalistas y funcionarios coincidieron este martes en la necesidad de la inversión en infraestructura y su impacto en el desarrollo productivo de la Argentina, de la mano del diálogo y el consenso, en el marco de la Convención Anual de de la Cámara Argentina de la Construcción (CAamarco), que se realizó este martes en el predio de La Rural.

Del panel participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman; y la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez; y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, moderados por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech.

Grinman dijo que la Argentina «adolece de políticas de infraestructura desde hace mucho tiempo» y para hacer las obras que hagan al país «competitivo», el sector privado debe hacer aportes al Gobierno.

Por su parte, Pino consideró «fundamental a la infraestructura» y resaltó la necesidad de «marcar lo que se necesita», además de confiar en «que se trabaje mucho y más».

A su turno, Funes de Rioja celebró que se esté «pensando con una visión federal», planteó la necesidad de un «federalismo práctico» y llamó a «repensar el país, generar el diálogo necesario».

En tanto, Martínez señaló la importancia de un «plan maestro que dé cierta previsibilidad», reclamó una «política de desarrollo de infraestructura», y aclaró que «competitivo no es una mala palabra sino que significa ser más eficaces«.

Además, consideró importante que «el Estado tenga una visión de política de largo plazo; quienes gobiernan tienen la responsabilidad de generar la concertación política. fundamental que tengamos esta mirada estratégica».

Por su parte, tras plantear la necesidad de que la Argentina se integre federalmente, el ministro Katopodis remarcó que «hay más de 2.600 obras en ejecución en la Argentina» y recordó que «en 2019, cuando llegamos, había sólo 116 obras en marcha; y nos tocó reactivar obras paralizadas».

Grinman afirmó también que «las antinomias campo-industria o bienes-servicios no sirven» y, tras señalar que «hay problemas en el país», planteó la necesidad de «decisiones políticas importantes».

«Para salir adelante. para salir de la pobreza, más allá de lo que puede hacer el Gobierno, se necesita generar riqueza, que lo hace el sector privado; y para eso es necesario mejorar el clima de negocios, condiciones adecuadas para inversiones, queremos hacerlas», completó.

En el cierre, Katopodis resaltó la «decisión política del Gobierno de poner en marcha la economía, consolidar la agenda de infraestructura; estamos más cerca, vamos en el camino, el rumbo está claro; siempre que salimos de la crisis fue de la mano de la obra pública».

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que a partir de octubre se espera una reducción de la inflación interanual, a la vez que destacó las políticas para superar la restricción de divisas a través, entre otras acciones, de una mejora en las exportaciones, que en agosto llegaron a US$ 8.093 millones y registraron una variación del 63% interanual.

Guzmán realizó estas afirmaciones durante su disertación en la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

«Las exportaciones vienen creciendo en forma significativa y de hecho durante el mes de agosto sumaron US$ 8.093 millones con un crecimiento interanual del 63,3%», remarcó el jefe del Palacio de Hacienda.

En cuanto a la evolución del costo de vida, adelantó que reducirlo «es el objetivo de política económica más importante de este Gobierno. Vemos una tendencia decreciente de la inflación desde marzo y a partir de octubre se suma una reducción en términos interanuales».

Al respecto,el Indec informará el jueves 14 de octubre la evolución que registró la inflación en septiembre, que según diversas consultoras se habría ubicado cerca del 3%. El número de octubre, por su parte, se conocerá a mediados de noviembre próximo.

El ministro, además, destacó el rol de la obra pública para recuperar el sendero del crecimiento económico y recordó que «en el Presupuesto 2022 se ubicará en torno al 2,4% del PBI».

l ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió un “rol activo” del Estado. Foto: Leo Vaca.

En ese marco, dijo que «el Estado tiene que jugar un rol que apuntale la recuperación económica, pero es fundamental que esto venga acompañado de un incremento en los niveles de inversión privada, en un contexto en el que el Estado tiene limitaciones. Es fundamental que el sector público y el privado vayan de la mano«.

De cara a este objetivo,planteó dos ejes de acciónbasados en el desempeño de las acciones económicas en función de la situación social y en la necesidad de respetar un esquema de política económica de cara al futuro.

El ministro de Economía, Martíz Guzmán, aseguró que a partir de este mes de octubre se espera una reducción de la inflación interanual. Foto: Leo Vaca.

«Vivimos un proceso de recuperación económica, que lo vemos con los datos de julio. Es importante analizar también que esta recuperación se dio en un contexto de medidas sanitarias que tuvieron impacto«, afirmó.

En este sentido, admitió que esa recuperación es «heterogénea» y diferenció el impacto que tuvo en el sector formal de la economía, ya que en el segmento informal fue el que registró mayores dificultades.

«El sector formal tuvo una recuperación más fuerte y el no registrado atraviesa situaciones más difíciles, por lo tanto estamos tomando medidas que lograr un rumbo homogéneo«, indicó.

Entre esas medidas, mencionó el «relajamiento de las condiciones sanitarias, que le darán al sector servicios una dinámica más positiva. También anunciamos una mejora interanual del 55,3% del salario mínimo, vital y móvil, que seguramente tendrá un impacto directo en la estructura salarial».

Guzmán aludió también a «tres bloques de política pública» para avanzar en un sendero de crecimiento con estabilidad: macroeconomía, producción y articulación de reglas de juego para escenarios de mayor previsibilidad.

«La gran restricción que tenemos es la disponibilidad de divisas. Por eso es importante que crezcan las exportaciones netas»

MARTÍN GUZMÁN, MINISTRO DE ECONOMÍA

«La gran restricción que tenemos es la disponibilidad de divisas, algo que ha sido histórico. Por eso es importante que crezcan las exportaciones netas, más aún teniendo en cuenta el endeudamiento con el FMI, que no se utilizó para inversión productiva», subrayó.

En el capítulo exportaciones, afirmó que «se están articulando reglas de juego para potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas», y a modo de ejemplo citó el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial y todos los avances que se produjeron para profundizar el crecimiento de la economía del conocimiento.

En cuanto a la política fiscal, aseveró que su expansión apunta a «potenciar la recuperación económica con el Estado jugando un rol contracíclico, redefiniendo cómo se invierten sus recursos».

«Cuando asumimos el Estado estaba muy dañado, el crédito (del FMI) se rifó en dos años y luego apareció la pandemia que nos encontró con recursos limitados, con lo cual debimos definir prioridades. El resultado de lo que se hizo es lo que permite que hoy la economía se esté recuperando», afirmó el ministro.

Por último, respecto al proyecto de presupuesto 2021, resaltó que la iniciativa contempla una «marcada reducción en los pagos de deuda y un aumento importante en rubros centrales, como la ciencia, la salud pública, la educación la conectividad y la salud pública».

Los hermanos Emilio y Julio Méndez, los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad y luego absueltos por un fallo de Casación que fue apelado ante la Corte Suprema, afrontarán un nuevo proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención ilegal conocido como «La Huerta» y el circuito represivo del área 121 que funcionó en Tandil durante la última dictadura militar.

Emilio Méndez era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la empresa de eléctrica «La Usina» y Julio administraba campos, y estaban vinculados con los círculos de poder de Tandil en los tiempos del terrorismo de Estado.

Ambos están acusados de prestar su chacra como un lugar que se utilizó como centro de torturas por los militares y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977 en un hecho por el cual los Méndez resultaron condenados hace nueve años.

Los hermanos Méndez están acusados junto a 26 personas, militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, y el juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de Mar del Plata.

Los hechos investigados ocurrieron en un circuito represivo que además de la «Chacra de los Méndez» comprendía los centros clandestinos de «La Huerta», las comisarías Primera y Segunda de Tandil y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto con otros casos ocurridos en la ciudad de Azul.

Julio Méndez, cuando burló la prisión domiciliaria, hace unos años.

En esta causa denominada como «La Huerta», que funcionó en el campo General Mariano Necochea de Tandil, los hermanos están acusados por los tormentos que padecieron cuatro personas que estuvieron cautivas en la «Chacra».

Será la segunda vez que Los Méndez afrontarán un juicio de lesa humanidad tras la condena que 2012 recibieron por haber sido partícipes del secuestro y asesinato de Moreno, abogado laboralista que representaba al gremio de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina en juicios que obreros de la empresa Loma Negra habían entablado en reclamo de condiciones de seguridad e higiene.

Los hermanos Méndez están acusados junto a 26 personas, militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial

Moreno fue secuestrado a fines de abril de 1977 en su estudio de la ciudad de Olavarría y trasladado a la «Chacra» de Los Méndez, donde sufrió torturas y resultó asesinado el 3 de mayo tras un intento de fuga.

Ocho años después, la Corte Suprema ordenó revisar esa condena al entender que «no estaba bien fundada» y Casación resolvió este año la absolución de los hermanos.

Esa decisión fue apelada ante el máximo Tribunal mediante recursos extraordinarios federales que están pendientes de una resolución, mientras tanto, los hermanos esperan en Tandil con prisión domiciliaria el inicio del debate de la causa de «La Huerta».

Uno de esos recursos fue presentado por Matías Moreno, actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires e hijo de la víctima

«Era imposible que los Méndez desconocieran que ese lugar que era de propiedad de ellos se usaba como un centro clandestino de detención. En el caso de Moreno y en los hechos que se le imputan en la causa de «La Huerta», señaló en declaraciones a Télam el abogado César Sivo, representante de la querella que sigue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).

Las querellas y las víctimas impulsan que el juicio oral y público se realice en Tandil para reforzar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la comunidad donde se cometieron estas violaciones a los derechos humanos.

«Queremos que se arbitren los medios para que el juicio se haga en Tandil, donde viven la mayoría de las víctimas. Y el juzgamiento de estos hechos tiene un carácter reparatorio», señaló en diálogo con esta agencia el abogado Manuel Marañón, abogado representante de la querella que sigue en la causa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El Tribunal compuesto por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, escuchó de forma virtual el pedido de las querellas de la Subsecretaría provincial y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) durante una asamblea que se realizó el pasado 20 de septiembre.

Se convino en principio que las audiencias se inicien en febrero de 2022 y que en noviembre se realicen inspecciones oculares, y desde las querellas se propone que el debate se lleve a cabo en la sede de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), en Tandil.

«Cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, los aliados liberaban campos de concentración en Alemania, llevaban a los vecinos para que conocieran esos lugares como una forma de construir memoria. Por eso creemos que el juicio debe hacerse en Tandil, como parte del proceso reparatorio», apuntó Sivo.

Unos 500 testigos que declararán por delitos cometidos en perjuicio de 112 víctimas esperan una decisión del Tribunal marplatense para conocer dónde se realiza este juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Políticas Reparatorias y su Dirección de Querellas mantuvo días atrás una reunión con testigos, víctimas, familiares para brindar acompañamiento y contención a quienes testifiquen.

«Es importante impulsar estos juicios desde el Estado porque son hechos que ocurrieron hace 45 años y estamos en una carrera para evitar la impunidad biológica. Además, es importante cumplir con el carácter reparador que tienen estos procesos», subrayó Martín Fiorenza, director provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de DD.HH bonaerenses.