El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá en la ciudad de Washington con sus pares de Rusia, India, Arabia Saudita, Barbados, y con la directora de la Secretaría del G24 (Grupo de los Veinticuatro), Marilou Uy, en el marco de sus encuentros bilaterales del G20 (Grupo de los Veinte) y la Asamblea Anual del FMI, se informó oficialmente.

Estos encuentros darán continuidad a las reuniones del miércoles con los ministros de Finanzas de Alemania, Italia, Suiza, México y Corea del Sur.

La agenda arrancó con la reunión de Guzmán y su par alemán, Olaf Scholz, líder socialdemócrata y candidato más votado en las recientes elecciones de su país, quienes analizaron los desafíos de la arquitectura financiera mundial y el escenario de las empresas alemanas que invierten en la Argentina.

Guzmán y Scholz ya se habían reunido en julio pasado en el marco del encuentro del G20 en Venecia, y en esta oportunidad «dialogaron sobre los desafíos de la arquitectura financiera internacional y también sobre el escenario económico argentino y el apoyo de las empresas alemanas que invierten en nuestro país», informó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

En su viaje a Washington para participar del G20 y la Asamblea Anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial, Guzmán también mantuvo encuentros bilaterales con sus pares de Italia, Suiza, Corea del Sur y México.

En las reuniones, el titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, y la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, Maia Colodenco.

Durante el encuentro con el ministro suizo Ueli Meurer, también participaron la consejera diplomática, Alexandra Baumann; la secretaria de Estado para Asuntos Financieros Internacionales, Daniela Stoffel; el representante del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC por su sigla en inglés) Michael Manz; y Peter Minder, vocero del ministro.

Luego, el ministro Guzmán se reunió con su par italiano, Daniele Franco; el director general del Tesoro italiano y G20 Deputy, Alessandro Rivera; y el consejero diplomático de ese país, Fabio Sokolowicz.

En este encuentro, el titular de Economía dialogó sobre los desafíos de la arquitectura financiera internacional y manifestó el respaldo de la Argentina a la presidencia italiana del G20.

La agenda de reuniones se completó con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la O; el subsecretario Gabriel Yorio González, y con la directora general de Organismos Financieros Internacionales, Brenda Ciuk.

Por último, Guzmán mantuvo un encuentro con el ministro de Finanzas de Corea, Hong Nam-Ki.

Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, pidieron este jueves ante el coloquio de IDEA una mirada más federal de la Argentina y coincidieron en plantear la necesidad de «consensuar políticas de largo plazo para promover la producción y el empleo».

El santafesino Perotti indicó que su provincia, además del histórico complejo agroindustrial apuesta a «una muy fuerte inversión en ciencia y tecnología” y abogó por una Argentina “más conectada, con inclusión educativa y digital”.

“Tenemos indicadores a revertir como la pobreza y la desocupación. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Hay que acompañar al que invierte y al que produce”, afirmó Perotti, que a diferencia de los otros dos gobernadores, que estaban presentes en el coloquio en la Ciudad de Buenos Aires, se expresó a través de una videoconferencia.

Perotti reseñó, al insistir por la apuesta provincial en ciencia y tecnología, que la provincia de Santa Fe cuenta con “14 universidades, 166 mil estudiantes, 31 institutos del Conicet y hay 128 investigadores cada 100 mil habitantes”.

“Confiamos en este sector que genera conocimiento básico y estamos trabajando para su vinculación con el sector privado”, remarco Perotti.

«No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Hay que acompañar al que invierte y al que produce”

OMAR PEROTTI

A su turno, el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, planteó que “las políticas provinciales son limitadas porque tenemos una macroeconomía que no funciona”.

“La inflación, la falta de confianza en nuestra moneda y la falta de inversión tienen que ver con cuestiones en las que los gobernadores poco podemos hacer”, planteó el mandatario de Mendoza.

Suárez sostuvo que “la pandemia puede ser un punto de inflexión para que los cambios estructurales se produzcan”, a la vez que argumentó que “por cuestiones geopolíticas hemos cometido errores y podríamos estar con niveles mayores de vacunación” contra el coronavirus.

Como conclusión pidió “fortalecer las instituciones” y dijo que “la única manera de hacerlo es con fuertes cambios políticos, dejar de lado la grieta y trabajar en políticas de Estado”.

“La pandemia puede ser un punto de inflexión para que los cambios estructurales se produzcan”

RODOLFO SUÁREZ

Por su parte, el neuquino Omar Gutiérrez , dijo que su intención era “no hablar mal de nadie” y convocó a “hacernos cago de la historia y construir futuro, ya que no hay posibilidad de sacar el país adelante si no estamos unidos”.

“Es necesario acordar, concertar y consensuar, para concretar el potencial de nuestros recursos y talentos”, subrayó el mandatario patagónico.

Gutiérrez dijo que para que haya inversión “tiene que haber acuerdos” y llamó a “condensar un plan de desarrollo a treinta años; en Neuquén lo tenemos y lo estamos ejecutando”.

“Es necesario acordar, concertar y consensuar, para concretar el potencial de nuestros recursos y talentos”

OMAR GUTIÉRREZ

Al referirse a la explotación del yacimiento de Vaca Muerta afirmó que “si a los recursos hidrocarburíferos no los acompañamos con certeza jurídica y económica, no se desarrollan”.

Gutiérrez pidió “más mercado interno y más mercado internacional” y consideró que “la grieta entre el mercado interno y mercado internacional es falaz”.

“Entre los gobernadores no tenemos grieta, esta relación que fuimos construyendo entre los gobernadores es un ejemplo y un aliciente de que se puede”, subrayó.

En el último bloque de preguntas dedicada a la relación entre Nación y las provincias, Perotti observó que “el foco puesto en la pandemia y en el AMBA acentuó esa mirada” centralista del país y agregó que “muchas decisiones en otros ámbitos tienen el mismo perfil”.

“Necesitamos una mirada nacional que incorpore cada una de las potencialidades provinciales”, reflexionó Perotti.

En el mismo sentido, Gutiérrez opinó que “el desarrollo tiene que ser federal, a veces se genera esta cuestión de las provincias versus el porteño, como si no fuésemos todos argentinos”.

“Planteamos que las decisiones no se tomen desde el centralismo, los economistas de los distintos sectores políticos se tendrían que sentar y promover una política pública de inversión”, concluyó.

El Gobierno francés propuso que el uso del pasaporte sanitario, necesario en el país para acceder a bares, espacios de ocio y transporte de larga distancia, se extienda hasta el 31 de julio próximo.

Así lo señaló el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, quien aseguró que el documento «no será eterno», y no se trata tanto de «prolongar» su uso hasta el 31 de julio, sino de «tener la posibilidad de utilizarlo», informó la agencia de noticias francesa AFP.

El pasaporte sanitario es obligatorio desde el verano boreal en lugares que acogen más de 50 personas, así como en bares, restaurantes, hospitales y grandes centros comerciales.

Su aplicación desató una ola de protestas semanales, que en el último tiempo fue perdiendo fuerza pero que este sábado congregó unas 45.000 personas en la 13° semana consecutiva de manifestaciones.

Aunque su prolongación busca incitar a vacunarse al cuarto de los franceses que todavía no completaron su pauta de inmunización, la oposición política en Francia denunció su duración, a seis meses de la elección presidencial de abril.

Los ciudadanos de Francia pueden obtener el documento si están completamente vacunados contra el coronavirus o con un test negativo.

A partir del viernes, esta prueba será pagada para aquellos que no estén inmunizados.

La empresa estatal Arsat S.A tendrá a disposición 4.400 km de fibra óptica no utilizada en tendidos de energía eléctrica que fortalecerán las telecomunicaciones, con el objetivo de reducir la brecha digital y mediante un acuerdo de conectividad digital que beneficia a 14 provincias, entre ellas Chubut, por iniciativa de la Secretaría de Energía de la Nación.

“La cesión gratuita de los tres pares de fibra remanente no iluminada por 30 años prorrogables reforzará la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) y dará conectividad a localidades aisladas, y sin implicar erogación presupuestaria para la Secretaría de Energía, el acuerdo representará un ahorro muy significativo para Arsat en cuanto a inversiones en obra civil, así como de costos de operación y mantenimiento, ya que le permitirá desplegar equipos de comunicaciones y reforzar su conectividad a través de 4.405 km de línea”, destacó el comunicado de las Secretaría de Energía.

Las provincias beneficiadas por el acuerdo son Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

La empresa dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, además del desarrollo satelital, cuenta entre sus funciones con la explotación, uso y/o prestación al público de servicios de telecomunicaciones, el almacenamiento y la transmisión de datos.

La firma de la adenda se realizó en Jefatura de Gabinete de Ministros y de la misma participó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien resaltó “el trabajo en conjunto entre distintas áreas de Gobierno que permitirá disponer de más de 4 mil km de fibra óptica que no está siendo utilizada en tendidos de energía eléctrica, y ahora podrán ser usados para reducir la brecha digital en 14 provincias del NOA y de la Patagonia”.

En tanto, el secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que la iniciativa se explica “en el mandato que nos piden el presidente y la vicepresidenta de construir un país más federal”, y acotó que mediante esta posibilidad «potenciamos las herramientas de Arsat para llegar a las provincias que no se está llegando y además con seguridad, para que cada vecino y vecina pueda tener conectividad».

En la misma línea, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, resaltó que mediante este proyecto “se contribuye con los objetivos políticos de llevar la conectividad de telecomunicaciones a todo el territorio nacional en beneficio de todos los argentinos y argentinas».

Respecto de los términos y condiciones, desde la Secretaría de Energía refirieron que “por medio del Convenio Específico N°1 se establece que Transener S.A. realizará la fusión de las fibras ópticas en estaciones transformadoras, suministrará energía a las cabinas de telecomunicaciones (shelters) de Arsat y realizará las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, mientras que la empresa satelital realizará el tendido en los puntos intermedios y la bajada hasta los shelters, así como la iluminación de las redes cedidas”.

Suscribieron la adenda al Convenio Marco de 2010 y el Convenio Específico Número 1 que permiten la cesión del derecho de uso a la empresa satelital argentina Arsat S.A. de tres pares de fibra óptica que no se utilizan en 15 tendidos construidos en las ampliaciones del “Plan Federal de Transporte Eléctrico en 500kV I”, la Secretaría de Energía de la Nación, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico (CAF) y la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A).

Del encuentro participaron también el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Néstor Pablo Tognetti, el presidente ejecutivo del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico (CAF), Luis Barletta, y el director general de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A), Pablo Fernando Tarca, además de autoridades de ARSAT y Transener.

Representantes de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados informaron que impulsarán un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

«El gobierno provincial siempre ha tenido una actitud de obstrucción de derechos no solo con esta ley sino con otras menos complicadas como la Ley de Educación intercultural Bilingüe, o en casos que traen situaciones de tensión, órdenes de desalojo y funcionarios judiciales que desconocen la ley», sostuvo Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esa organización fue una de las que se movilizó al Congreso el 6 de octubre detrás de una bandera del ancho de la Avenida de Mayo con la consigna «Prórroga y presupuesto necesario de la Ley 26.160 ya».

En tanto, este martes comunidades y organizaciones indígenas realizaron un «abrazo» al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Pueblos originarios reclaman una prórroga de la Leyde Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades. Foto: Pablo Añeli

Los principales puntos de coincidencia de las comunidades son la necesidad de prorrogar la norma sancionada en 2006 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan, dispone un relevamiento catastral y suspende todo proceso de desalojo-, la inclusión de partidas presupuestarias y la exigencia a los gobiernos de implementar la norma.

Tras la movilización fueron recibidos por diputados del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el Congreso. La diputada Paula Penacca estuvo en la reunión y dijo a Télam que «el compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no solo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida».

El diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también participó y dijo a Télam que «es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios» y que en ese sentido, lo primordial «es la prórroga de la Ley 26.160».

Para Alderete «ha habido muchas desprolijidades y mucho abuso» sobre los territorios que «deberían ser protegidos o tener un esquema de uso que permita que los pueblos que los habitan hace cientos de años puedan seguir manteniendo su cultura y costumbres».

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, expresó a esta agencia que se trata de «una ley histórica» porque «por primera vez el Estado asume la responsabilidad de llevar adelante un relevamiento para conocer en donde viven las comunidades originarias en el país, y cuál es el reclamo por sus territorios». Sin embargo, «a 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado», agregó.

Foto: Pablo Añeli.

Ese relevamiento «técnico-jurídico-catastral» mencionado en la norma es para determinar «la situación dominial de las tierras» en zonas clave del territorio nacional. Según datos del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

Sobre ese punto, Lefxaru Nawel aseguró: «Los intereses económicos que representan quienes están en el gobierno provincial desde hace más de 60 años» explican el por qué esta ley «no se aplica» en Neuquén.

El Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, desde Chubut dijo a Télam que «la gran cantidad de conflictos que existe en la Patagonia tienen que ver con el incumplimiento de esta ley» y afirmó que «lo que queda por relevar son las partes más conflictivas» por ese motivo «todas las provincias que tienen una presencia indígena están atrasadas con el relevamiento».

Salgado cree que «si no se prorroga» la Emergencia Territorial Indígena «va a haber un incendio porque hay muchas sentencias» que están en suspenso «hasta que se realice relevamiento».

Para avanzar con el censo remarcaron la necesidad de tener financiamiento adecuado para que el INAI complete la tarea.

Penacca comentó que desde el bloque están «trabajando junto con el proyecto que presentó la senadora (Nora) Giménez para actualizar los presupuestos» para que «esta norma se pueda cumplir efectivamente a partir de la política pública que lleva adelante el INAI».

Los referentes de pueblos originarios plantean que para solucionar el problema de fondo es necesaria una ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados.

Aunque para Salgado «los tratados internacionales no se aplican» destaca que «esta es una de las conducciones del INAI que tiene mejor voluntad» y la contrastó con «otras que se han negado a aplicarla».

«La Ley de Emergencia, tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni avanza en la titulación de tierras. Pero constituye un paso previo positivo muy importante. La cuenta pendiente de Argentina es avanzar en el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria, a través de la entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan», dijo la directora de AI, García Rey.

Nawel asegura que se debe avanzar en ese proyecto porque la judicialización permanente provoca desgastes: «Si bien se ganan los juicios, tardan diez o veinte años de violencia racial y es contrario a lo que queremos que es vivir en paz».

García Rey sostuvo que «desde hace unos años existe una campaña antiindígena en Argentina, que comenzó con la estigmatización del pueblo mapuche en el sur como un grupo asociado al terrorismo y la delincuencia y que se está expandiendo a otros territorios y comunidades con el objetivo de cuestionar la legitimidad de sus reclamos».

Sobre la nueva prórroga, dijo que desde Amnistía son «optimistas» y «confiamos en el compromiso que asumió el Poder Ejecutivo», subrayó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó este miércoles que los controles de capitales tienen una naturaleza «defensiva», con el objetivo de evitar la bicicleta financiera con retornos financieros de corto plazo.

«Los controles en la cuenta de capitales tienen una naturaleza principalmente defensiva. Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de los capitales que entraron en la Argentina a partir de fines del 2015 y principios del 2016, que vinieron a aprovechar oportunidades de retornos financieros de corto plazo, lo que se suele llamar la ‘bicicleta financiera», aseguró Guzmán en el Coloquio IDEA.

Guzmán expresó que «hay que resolver» el tema de la deuda externa, porque la escasez de dólares genera «menos crecimiento y más inflación».

«Cuando tenés más deuda en dólares significa menos posibilidades de expansión de la capacidad económica y más inflación; cuando faltan los dólares hay menos crecimiento y más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo», indicó.

El Gobierno amplió el Presupuesto para este año en $ 46.500 millones destinados a aumentar los recursos para los gobiernos provinciales, apuntalar el programa ProViaje y atender el programa de fomento, promoción y apoyo a la cultura.

La medida fue dispuesta a través de la decisión administrativa 971/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se establece que los gobiernos provinciales recibirán $ 26.551 millones provenientes de obligaciones a cargo del Tesoro Nacional; y otros $ 2.400 millones del Ministerio de Desarrollo Social, como parte del programa Abordaje Territorial, para el cual se amplía su partida en $ 10.850 millones, y se destinan otros $ 8.450 millones a gobiernos municipales.

Por su parte, el Tesoro recuperó $ 46.074 millones para sus arcas, de asignaciones realizadas con anterioridad.

En tanto, el Ministerio de Turismo percibió una partida adicional de $ 7.956 millones, de los cuales $ 7.114 millones serán para la atención de los gastos del Programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales PreViaje; en tanto que habrá refuerzos para el Plan Federal de Turismo Social, $ 224 millones; y los programas Deporte Comunitario y Competencias, $ 370 millones; y Deporte Federado e Iniciación Deportiva, $ 192 millones.

Para el Ministerio de Cultura se determinó un adicional de $ 967 millones, de los cuales $ 760 millones son para dar continuidad a las políticas implementadas para contribuir al sostenimiento de sectores de la cultura, con el fin de disminuir los efectos generados por la pandemia ocasionada por la Covid-19.

Por último, el Ministerio de Economía recibirá un extra de $ 592.392.923 para el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con el objeto de atender gastos en materia salarial y para garantizar la correcta ejecución de sus gastos operativos y de funcionamiento.