El presidente Alberto Fernández encara la segunda parte de su gestión dejando atrás las elecciones de medio término, con la esperanza de haber superado la peor parte de la pandemia y buscando rediseñar su relación con diversos actores políticos e institucionales, entre ellas, la que lo une a los mandatarios provinciales.

Tal como adelantó en sus discursos de la última semana, el Presidente enfrenta un mes de diciembre clave para avanzar en el diálogo con la oposición y la elaboración de un plan plurianual que enviará al Congreso y que fijará las metas económicas para los próximos años, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acuerdo con el FMI

Si bien la agenda de los próximos meses parece tener como tema excluyente el acuerdo con el FMI -y más allá de la posibilidad de que algunos de los gobernadores opositores sean convocados al diálogo anunciado días atrás por el Jefe de Estado- el vínculo entre la Presidencia y las capitales provinciales será, obligadamente, en base a un temario más amplio.

En la Casa Rosada se entiende que el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro son dos interlocutores privilegiados para llevar adelante la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones.

«Se conocen, saben trabajar en tándem», comentó a Télam una fuente que trabaja cotidianamente con ambos.

La coordinación entre Manzur y De Pedro hace que, por estas horas, sean vistos en los pasillos de Balcarce 50 como los posibles encargados de llevar adelante un «capítulo de reuniones extraparlamentarias» por el tema FMI con los mandatarios provinciales, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, podría hacer lo propio desde el Congreso con los representantes legislativos.

 

Consenso Fiscal

Pero, por fuera del tema central que supone la negociación por la deuda, la relación estará signada en el corto plazo por el Consenso Fiscal que, desde hace varios años, se firma a mediados de diciembre.

Respecto de la adhesión o al posible rechazo a ese compromiso, los equipos que ya trabajan en la confección de borradores subrayan que, desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia, los acuerdos fiscales han sido suscriptos mayoritariamente, con niveles de adhesión mayores a los conseguidos durante el macrismo.

«El primer año, sólo faltó un gobernador que no había asumido. El año pasado, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Juan) Schiaretti. La verdad, no es una cuestión de que los opositores no firman. Firman por que tenemos un muy buen diálogo con los gobernadores opositores», señalaron en Casa Rosada.

De Pedro, desde el inicio de su gestión, ha buscado diferenciarse del macrismo, al que califica como «discrecional» a la hora de distribuir recursos y obras: en ese análisis incluye el otorgamiento -por decreto- de fondos para la Policía de la Ciudad y el financiamiento del «Paseo del Bajo» porteño, que podría haberse utilizado para decenas de obras vitales en las provincias.

«Tuvimos una fuerza política que gobernó cuatro años, centralista, una fuerza política que nació en la Ciudad de Buenos Aires con un desprecio hacia la política y el interior», dijo el viernes en un acto junto a Juan Manzur.

El tucumano, por su parte, conoce en carne propia los avatares que puede suponer el consenso fiscal.

Esta semana, una persona que trabaja cotidianamente junto al Jefe de Gabinete comentó a la prensa acreditada en Casa Rosada el traumático vínculo que mantenía con el macrismo: «No le giraban fondos y le proponían que se endeudara, cosa que el no hizo. Durante al menos dos años, Tucumán vivió prácticamente con lo suyo, pagando sueldos y pudiendo hacer muy pocas cosas de las importantes».

 

Obra pública

Pero, además de la cuestión fiscal, la relación entre el Gobierno y los estados provinciales estará mediada por la obra pública, una inversión «virtuosa» desde la perspectiva social, porque impulsa especialmente el empleo local y, con él, la reactivación de la economía.

En lo que refiere a la planificación y la ejecución de los emprendimientos hay dos oficinas que son centrales: la de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis; y el Ministerio de Hábitat, de Jorge Ferraresi.

Cerca del exjefe comunal de San Martín exhiben en estos días una planilla de cálculo que muestra montos millonarios, con emprendimientos en ejecución y por ejecutar, distribuidos de manera federal.

«Las obras llevan diferentes tiempos. Están las que se realizan en 2, 3 meses, varias en medio año y muchas en 2, 3, 4, 5 años o más, dependiendo del tamaño y el impacto. Entonces los valores no pueden ser tomados como valores absolutos del año 2021 o 2021/2022, porque hay trabajos que se extienden más allá del 2023 incluso», explican desde esa repartición.

Aclarado ese punto, el Ministerio tiene bajo el concepto «proyectos» unas 1382 obras por 170 mil millones de pesos distribuidas en todo el país.

Por otra parte, en Hábitat afirmaron que en diciembre de este año estarán entregando la vivienda número 30 mil y que habrá 115 mil en ejecución.

En ese punto, el trabajo de los gobernadores es preponderante ya que la concreción de los desarrollos habitacionales depende -en buena medida- de la capacidad de los ejecutivos provinciales para conseguir terrenos y dotarlos de conectividad.

Así, con interlocutores probados, con otros que aportan desde la experiencia de haber estado «gestionando desde el otro lado del mostrador» y a través de la obra pública, la Casa Rosada buscará reforzar su presencia en el territorio.

Al ser consultado sobre lo que vendrá en este campo, un influyente funcionario concluyó: «El año que viene va a ser, esperemos, el primero normal. Se va a poder viajar, se va a poder mostrar todo lo que no se pudo hacer antes por la pandemia, se van a poder ‘cortar cintas’ en todo el país. Eso también va a contribuir a que se perciba mejor el trabajo del Gobierno que quedó invisibilizado por el coronavirus».

Más de 33 mil mujeres se inscribieron en el segundo llamado para adquirir el programa Mi Pieza apuntado a refacciones y ampliaciones de viviendas de barrios populares, lo que equivale a casi 8 mil millones de pesos de inversión del Gobierno nacional, según informó el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta.

Desde la cartera social, resaltaron que en las primeras 48 horas de la segunda convocatoria del programa Mi Pieza se inscribieron 33 mil mujeres, lo que superaría las 100 mil inscriptas junto a las que se anotaron en el primer llamado.

La inscripción seguirá abierta hasta el 28 de noviembre y el sorteo para definir las beneficiarias se realizará el 8 de diciembre, explicaron desde la cartera social.

Asimismo, aclararon que en el próximo sorteo participarán las mujeres que se inscriban durante este segundo llamado sumadas a las casi 70 mil que pertenecen al primero y que no salieron sorteadas en octubre.

En su primera edición de este programa se adjudicó financiamiento para 35.186 mujeres, que significa una inversión social de 8 mil millones de pesos, que ya comenzaron a ser utilizados.

La línea de financiamiento depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a través de su cuenta en Anses.

La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mil mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Según los datos que se desprenden del formulario de esta nueva inscripción, la mayoría de las mujeres (63%) que se sumaron en estos dos días solicitó $240.000 con el objetivo de destinarlos a ampliar sus viviendas, mientras que el 27% también solicitó ese monto, pero para realizar más de una obra de refacción.

A su vez, el 8% apuntará a refaccionar el techo, informó el Ministerio a través de un comunicado.

Respecto a quienes postularon para obtener $100.000, tienen previsto el mejoramiento y la construcción de paredes internas divisorias las obras de mayor proyección.

También hay quienes, de salir sorteadas, destinarán el dinero a mejoramiento de aberturas, pisos o a trabajos de plomería y/o electricidad, según consignaron.

«La importancia estratégica de Mi Pieza es que apunta a revertir situaciones críticas que son producto de la pobreza estructural», señalaron desde la cartera cuyo titular es Juan Zabaleta.

En este sentido, un 43,5% de las nuevas inscriptas declaró vivir en situación de hacinamiento crítico, es decir que conviven tres o más personas por ambiente; mientras que para el 30,2% el hacinamiento sería «moderado» ya que conviven entre dos y tres personas por ambiente.

En este sentido, la estadística replica los números de la primera edición.

De este mismo grupo de inscriptas, un 11% declaró haber sufrido alguna vez violencia de género, y el 17,6% son hogares monomarentales, es decir hogares en los cuales la mujer es el único sostén de familia.

De esta manera, se resalta un carácter de género prioritario a la hora del diseño de políticas públicas como Mi Pieza. Otro dato relevante que apunta a la ampliación de derechos, es que 13,1% de las inscriptas tiene a su cargo una persona con discapacidad.

Por otra parte, señalaron que ‘Mi Pieza’ es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Sobre quienes pueden inscribirse, precisaron que el programa está destinado a «mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del Renabap. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en el sorteo de octubre».

Asimismo, informaron que «no se pueden anotar las mujeres que salieron beneficiadas».

También se aclaró que «si una mujer ya se inscribió y no salió sorteada en octubre, no es necesario hacer ningún otro trámite para participar del próximo sorteo».

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, fue confirmado esta semana al frente de la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri espió a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y se espera que en los próximos días defina la situación procesal del exmandatario.

La noticia de que Bava había sido confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata le llegó al expresidente mientras visita Arabia Saudita, viaje que le fue autorizado a pesar que pesa sobre él una prohibición de salir del país que le fue impuesta el 1 de octubre, cuando lo citaron a indagatoria.

Con el fracaso de su segundo intento por recusar al juez que lo indagó, Macri apuesta ahora a llevar la causa a los tribunales federales porteños, ubicados en la Avenida Comodoro Py 2002, donde presentó un planteo de inhibitoria, según informaron fuentes judiciales.

La defensa de Macri hizo ese movimiento el 19 de octubre -un día antes de recusar por primera vez al juez Bava- a través de un planteo que presentó ante el juzgado que encabeza Ariel Lijo, donde ya se había presentado antes el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con un intento similar.

 

Tanto Arribas como Macri niegan haber cometido delitos, pero sostienen que si hay algo que investigar le corresponde a Comodoro Py, porque la sede del gobierno nacional y de la AFI se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

Arribas hizo el planteo en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de las bases AMBA de la AFI durante el gobierno de Macri, -expediente que posibilitó el hallazgo de la documentación- y si bien el juez Lijo no le hizo lugar, «el exseñor 5» (como se denomina a los titulares de la AFI) consiguió que el juez de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, lo avalara.

El planteo de Macri fue recibido por el juez Lijo que le corrió vista al fiscal Franco Picardi y el representante del Ministerio Público opinó que antes de tomar cualquier decisión había que esperar a lo que resolviera la Cámara de Mar del Plata, en relación al lugar en el cual se debe tramitar el expediente de las bases AMBA que, al menos por ahora, permanece en manos del juez Bava.

En los próximos días, el magistrado, que subroga el juzgado en el que se desempeñaba Alejo Ramos Padilla (hoy juez federal de La Plata con competencia electoral), deberá decidir si sobresee, procesa o le dicta la falta de mérito al expresidente.

 

Fuentes cercanas a la investigación estimaron –en diálogo con Télam– que la decisión ocurrirá cuando Macri ya se encuentre en la Argentina, dado que fue autorizado a salir del país hasta el 25 de noviembre y hay medidas de prueba en curso que concluirán ese mismo día.

El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como jefe de Estado, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están procesados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

 

El juez Bava está en condiciones de resolver la situación procesal de Macri desde el mismo día en el que se concretó su indagatoria, pero aún no lo hizo porque, entre otras cosas, tras aquel acto procesal dispuso una serie de medidas de prueba que solicitó la defensa del expresidente como parte de su estrategia.

En ese sentido, el juez recabó los testimonios del exministro de Defensa del macrismo Oscar Aguad; el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y los exjefes de la Casa Militar José Yofre y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati.

Para las querellas, las declaraciones de Cecati y Yofre fueron positivas en términos de la acusación porque habrían confirmado que la supuesta colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y esas áreas por cuestiones de seguridad presidencial, invocada por la defensa del expresidente, no justificaría ninguno de los presuntos hechos de espionaje enumerados en el expediente.

Según pudo reconstruir Télam, esa colaboración estaba vinculada con la detección de posibles vías de escape para el presidente en el marco de sus actos y encuentros, con el señalamiento de eventuales cortes de ruta y con cuestiones vinculadas al clima, pero en ningún caso habilitaba a la AFI realizar tareas de inteligencia con personas con las que el mandatario se iba a reunir.

El canciller Santiago Cafiero se reunió ayer miércoles con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para analizar las bases para que Argentina sea sede de la próxima Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en noviembre de 2022.

El encuentro se hizo en el despacho de Cafiero en la Cancillería, donde también estuvieron Ekaterina Zagladina, presidente del Secretariado de los Premios Nobel de Paz; Odino Faccia, presidente de la Red Voz por la Paz Global, y el diputado nacional Eduardo Valdés, se informó oficialmente.

En la reunión se dialogó sobre el tema de que la Argentina se postulará a fin de ser sede, por primera vez en la historia, de la próxima Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en noviembre de 2022.

En ese marco, está previsto que se convoque a los líderes humanitarios más importantes y a todos los premios Nobel de la Paz, se informó.

Allí se busca proponer soluciones educativas, culturales, humanitarias, sociales y solidarias, a través de acciones concretas en pos del bien común.

«Me siento honrado de dar inicio al desarrollo de un evento que tiene como prioridad reconocer identidades y traer soluciones en un mundo lleno de conflictos y dificultades», expresó Pérez Esquivel.

En ese sentido, destacó que «Argentina inicia un proceso de recuperación» y dijo que «una de las mejores maneras es apostando al diálogo y a la profundización de la cultura de la paz, la igualdad y la convivencia».

El Poder Ejecutivo nacional oficializó hoy la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta el 31 de diciembre próximo.

La medida fue oficializada por medio del decreto 799, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

La prórroga había sido adelantada este martes a la tarde por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien informó la decisión del presidente Fernández, como así también la prórroga de la Ley Indígena.

«En las extraordinarias el Ejecutivo fija el temario y en el caso de las sesiones ordinarias, que es lo que va a suceder, se prorroga hasta el 31 de diciembre para que las fuerzas políticas en el Congreso fijen su propio temario, sus prioridades», explicó ayer Cerruti.

El Decreto 799/2021, de dos artículos, indica que en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina establece en el primer enunciado: «Prorróganse las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre».

De esta manera, muchos proyectos serán tratados con la nueva composición del cuerpo, con los diputados y senadores electos el domingo pasado y que asumirán el 10 de diciembre venidero.

Fuentes oficiales señalaron que desde el Poder Ejecutivo se enviará para incluir «todo lo vinculado a desarrollo productivo, actividad industrial y creación de empleo».

Además se buscará el tratamiento del Presupuesto 2022, que fue enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre pasado para que sea debatido en comisión.

Los ministros de Defensa, Jorge Taiana; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; firmaron ayer martes en el Edificio Libertador dos convenios que permitirán dar acceso al agua potable a los habitantes de comunidades originarias del Chaco salteño, integrada mayoritariamente por wichis, donde se registra la sequía más aguda de los últimos 40 años.

Los convenios permitirán la entrega de plantas potabilizadoras de agua; vehículos con tanques plásticos reforzados; camiones cisterna cero kilómetros; tanques domiciliarios de polietileno de alta densidad; bidones plásticos reforzados, y jarras de mesa con tapa, entre otros elementos, para ser distribuidos entre las comunidades afectadas, a través del Ejército Argentino, informó el ministerio de Defensa en un comunicado.

Estos recursos son fundamentales para la potabilización y distribución de agua en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, ubicados en el norte de Salta, donde el gobierno provincial declaró la emergencia socio sanitaria en enero del 2020 como consecuencia de la sequía más importante de los últimos 40 años, señala el comunicado.

Taiana expresó durante el acto que «el Ejército realiza una tarea fundamental en la zona hace casi dos años y a partir de estos convenios podrá desarrollar su función de asistencia con más elementos, con mayor rapidez y más recursos en el territorio».

«Estamos muy contentos con este convenio porque podremos brindar asistencia a algunos de los sectores más vulnerables de la población, como son las comunidades de los pueblos originarios del chaco salteño, garantizándoles el acceso a un derecho tan fundamental como es el agua potable», dijo el ministro.

Por su parte, Katopodis destacó que con su par de Defensa se reunieron «para consolidar una agenda de trabajo coordinada, en esta ocasión para la provisión de agua segura en Salta» y trabajar «para que el agua sea un derecho en cada rincón de la Argentina».

Desde el comienzo de la declaración de emergencia, el Ejército Argentino viene realizando trabajos de potabilización y distribución de agua en la zona y continuará desarrollando estas tareas en forma coordinada con el resto de las agencias del Estado que trabajan para solucionar integralmente el acceso al agua segura, indica la información.

Detalle de los acuerdos

El primero de los acuerdos establece que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), dependiente de Obras Públicas, entregará en comodato a la secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del área de Defensa, tres plantas potabilizadoras de agua con una capacidad de producción de 3.000 lts/h por osmosis inversa, ubicadas sobre acoplados arrastrables.

El Enohsa proveerá además seis acoplados con tanque plástico reforzado de 10.000 litros para transporte y provisión de agua apta para consumo; seis camiones cisterna 0 km con cabina simple con capacidad de 10.000 litros, y un vehículo utilitario 4×4.

A través del restante acuerdo se garantiza la distribución entre las comunidades afectadas de 1.000 tanques domiciliarios de polietileno de alta densidad, cilíndricos, verticales, para almacenamiento de agua potable de 1.100 litros de capacidad útil, con protección UV y aptos para el uso a la intemperie; 2.000 bidones plásticos reforzados de 20 litros; y 2.000 jarras de mesa con tapa.

Estas acciones fueron consensuadas y planificadas en el marco del espacio Centro Operativo del Estado Nacional para Distribución y Acceso al Agua Segura, que articula el accionar de diferentes organismos nacionales, como los ministerios de Defensa, de Obras Públicas y de Desarrollo Social; la Secretaria de Derechos Humanos; y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, entre otros.