El Senado de la Nación tendrá el este jueves su última sesión ordinaria con la actual composición de las fuerzas políticas, antes del recambio legislativo, con una amplia agenda de temas vinculados a la salud, la educación y el medio ambiente.

La sesión ordinaria que será convocada por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se iniciará después del mediodía, una vez que finalice la ceremonia de jura de los nuevos senadores y senadoras que fueron electos el 14 de noviembre.

Los principales bloques políticos, el Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans, y el de Juntos por el Cambio (JxC), que lidera su comprovinciano radical Luis Naidenoff, se reunirán el martes para intentar llegar a un acuerdo sobre los temas a debatir en este último plenario.

El oficialismo ya adelantó su intención de dar aval a los 116 decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente, Alberto Fernández, en los últimos dos años, algo que la oposición cuestiona y prefiere dejar para dirimir con la nueva integración del Senado donde tendrá números más holgados.

Una nutrida agenda

Se trata de normas dictadas por la Presidencia que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia de coronavirus, ampliaciones presupuestarias; amortización de las Letes; aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias y la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del Gobierno.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como la norma que dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, así como el que prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días.

Con la convalidación de una de las Cámaras, en este caso el Senado, los DNU quedarán firmes

También se incluirían en la discusión proyectos que no conllevan discrepancias entre oficialismo y oposición y sobre los que habría acuerdo para su aprobación en el recinto. Se trata de una norma para incluir el sistema braille en los medicamentos, un proyecto sobre educación inclusiva y otra propuesta que modifica la ley general de Ambiente.

También podrían aprobar en el recinto dos proyectos de ley que resaltan la importancia del corredor bioceánico entre Chile y la Argentina, impulsados por el bloque del FdT.

Un texto de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, que busca garantizar la atención y asistencia presencial a las personas mayores,para agilizar trámites, gestiones o diligencias administrativas en oficinas virtuales, se sumaría a la agenda de temas.

Más proyectos a tratar

Asimismo, se prevé tratar una normativa que declara el 3 de diciembre Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un proyecto del senador por Chaco, Antonio José Rodas (FdT) para la promoción del voluntariado social, en actividades sin fines de lucro.

Un proyecto de ley que incluye en el Régimen de Trabajo la obligación por parte de los empleadores de contratar un seguro de vida para las trabajadoras de casas particulares fue aprobado la semana pasada por la comisión de Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión.

Otra norma que los senadores buscarán aprobar es un proyecto de ley que establece una reparación simbólica para trabajadores detenidos desaparecidos del sector privado durante la dictadura militar, al incluir en sus legajos laborales su condición de víctimas del terrorismo de Estado.

El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Julio Martínez (Juntos por el Cambio-La Rioja), explicó que el objetivo de la norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es «llevar igualdad» entre los empleados del sector público y el sector privado.

En el Estado ya existe una norma que obliga a las empresas e instituciones a incluir en los legajos laborales la condición de detenido desaparecido de aquellos empleados que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

El presidente Alberto Fernández advirtió que será «inflexible» en el cuidado de los precios de la canasta básica y afirmó que negociará con «pulso firme» ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), al participar en el acto de cierre de la vigésimo séptima Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), en Parque Norte.

Fernández reseñó que «hay problemas globales con la inflación» y en el país «afecta seriamente», pero alertó que «no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias» mediante aumentos en los precios.

«Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aún sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto», resumió.

Sobre el FMI, dijo que el Gobierno sigue negociando «a paso seguro y con el pulso firme».

«Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri», remarcó el jefe del Estado.

 

«Afrontaremos las deudas que otros generaron, pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste», sostuvo Fernández, para luego ratificar que la semana próxima funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central se reunirán en Washington con el staff del organismo para avanzar en las negociaciones, bajo la supervisión del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, desde Buenos Aires.

Además, el jefe de Estado adelantó que en las próximas semanas firmará un decreto para la creación de un Proyecto Productivo 2030, que tendrá por objetivo generar nuevos empleos, potenciar las importaciones y el desarrollo de nuevas industrias.

También afirmó que se están «recuperando un mercado interno fuerte y las exportaciones» y sostuvo que para el Gobierno «no hay una antinomia» entre ambas vertientes.

«Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos»Alberto Fernández

«No siempre el capitalismo está dominado por la especulación financiera; queremos un capitalismo de producción, con empleos bien remunerados, con fuerte inclusión social y movilidad social ascendente», señaló Fernández.

El Presidente remarcó que «la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica» y subrayó que «todos los procesos de producción requieren de un Estado activo».

 

«Tenemos el firme propósito de que la Argentina avance con el trabajo en el corazón», manifestó, pero hace falta «generar empleo sostenible en el tiempo», añadió.

«El desarrollo debe llegar a todos, debe beneficiar a todos los argentinos; ser un crecimiento con inclusión, justo, reparador socialmente; en esa tarea debemos trabajar armónicamente», puntualizó Fernández.

 

Y destacó que «desde agosto de 2020 se crearon 120.000 empleos formales, de los cuales una gran parte son de la industria», lo cual, aseguró, es «el resultado de la iniciativas del sector privado y las políticas públicas».

Los ministros de Trabajo, Guillermo Moroni; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; coincidieron el jueves con uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, en la necesidad incrementar la «empleabilidad” a través de la especialización y la creación de puestos de trabajo.

Daer comenzó su exposición señalando que no se puede pensar en una economía de trabajadores de primera y de segunda. «Por más capacitación que se ofrezca, nadie va a tomar un trabajador si no lo requieren para producir. El factor principal es el mercado interno y el desarrollo, y ese es el gran desafío que tenemos en común”.

Recordó que la CGT “hizo una gran marcha para instalar en la agenda la producción y el trabajo, pero mancomunados en el desarrollo sustentable que queremos para el país”. Y remarcó: “Tenemos realidades que tenemos que atender, incremento de salarios de ingresos fijos para tener un buen punto de partida para la recuperación económica y que sirva de punto de partida para el desarrollo de exportaciones”. 

Así, el representante de los trabajadores de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina que integra el triunvirato que conduce la Confederación General de Trabajo revisó: «Cuando hablamos de empleabilidad, más allá de la educación y el profesionalismo, tenemos que hablar de las condiciones de la macroeconomía y la micro, que tiene que ver con un mercado interno deprimido por la caída de salarios”.

“Nosotros concebimos la modalidad social ascendente y para eso se necesita una mayor formación”, sostuvo Daer y puso como ejemplo los planes de capacitación en el sector de la construcción, “que es el ingreso primario más rápido”.

A su turno Moroni, a través de una teleconferencia desde Santiago del Estero, destacó que “sin proyecto de desarrollo nada tiene sentido». Y señaló que «la falta de empleabilidad es producto de ciclos cortos. La formación profesional es fundamental. Tendremos que hacerlo para habilidades muy complejas pero también para unas simples, que hacen que la misma practica de construya habilidades para el empleo”.

Destacó también la implementación de planes como “Te sumo”, que reunió a más de 2.000 jóvenes que terminaron el secundario y consiguieron su primer trabajo, y la creación de “El Portal de Empleo”, donde se pueden inscribir quienes buscan trabajo pero también las empresas que buscan mano de obra.

Moroni ponderó la creación del “Comité tripartido” con empresarios y representantes gremiales “para ver cuáles son las necesidades concretas de formación (porque) Argentina ha destinado muchos fondos a la creación de habilidades que no eran necesarias”. Recordó que hace poco se salió de la pandemia más estricta y que, así todo, “vamos a terminar este año con un nivel de empleo por encima el 2019”.

Por su parte, Zabaleta destacó la gran aceptación que tuvo en los sectores rurales la posibilidad de que los trabajadores de ese ámbito puedan hacerlo sin perder su plan “Potenciar trabajo”.

Esa ayuda social “es el salario de base, y el productor (rural) pone lo que falta hasta alcanzar el salario de convenio”, dijo Zabaleta quien apuntó que antes, por no tener esa mano de obra, “se perdía el 30% de la cosecha”.

Desde el Ministerio que encabeza, quieren llevar ese sistema al sector de la construcción y al de hoteleros, donde hay 1,1 millones de empleos. Además, “queremos ampliar los programas para capacitación de oficios para que, quienes adquieran esos conocimientos, puedan acceder a una formalización a través de un Monotributo Inclusivo”, dijo Zabaleta.

El fiscal federal Franco Picardi advirtió sobre un intento para obstaculizar la investigación de las presiones que habría ejercido la llamada Mesa Judicial del gobierno de Mauricio Macri sobre jueces y fiscales, al responder una presentación que había realizado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante la Procuración General de la Nación.

«La comunicación que presentó el Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante Usted perseguiría interferir indebidamente y en base a sustentos falaces en una disposición procesal atinente a una investigación criminal en curso, a mi cargo», sostuvo Picardi en el informe que le elevó al procurador general Interino, Eduardo Casal.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se había presentado ante el Procurador Interino Casal para protestar por una medida dispuesta por el fiscal Picardi que apuntaba a reconstruir las presiones públicas denunciadas por jueces y fiscales y a determinar si había allí una estrategia comunicacional específicamente diseñada para interferir el accionar de la justicia.

La medida cuestionada implicó la producción de un informe que releve «todas aquellas manifestaciones directas, de carácter público» de funcionarios y allegados al Gobierno de Macri, cuyo contenido tuviera «connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales» hacia las personas que revisten la calidad de víctimas en la causa en cuestión.

La medida apuntó a corroborar o desacreditar los dichos de las víctimas que, en reiteradas oportunidades, habían manifestado que las presiones del Poder Ejecutivo incluían manifestaciones públicas de funcionarios y allegados al gobierno de Cambiemos que generaban un escenario hostil que luego se completaba con denuncias contra los jueces y fiscales que tomaban decisiones contrarias a los intereses de la Casa Rosada.

Cuando se presentó ante el Procurador, que de todas formas rechazó la presentación, el Colegio de Abogados reclamó la suspensión de la medida, a la que definió como atentatoria contra la libertad de expresión y reclamó sanciones para el fiscal cuya idoneidad puso en tela de juicio.

«El repudio articulado se sustenta en deducciones amplias, sin apoyo ni referencias concretas a mi actuación funcional, ni al contenido de la instrucción que se tilda de lesiva, y a riesgo de entrometerse indebida, irresponsable e injustificadamente en las misiones y funciones definidas por ley y mandato constitucional para la actuación del Ministerio Público Fiscal», respondió el fiscal en el informe al que tuvo acceso Télam.

«Es pertinente destacar que la medida cuestionada ahora por el Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante usted, por fuera del expediente, no vulnera la libertad de expresión, ni los preceptos de intimidad y privacidad. El derecho de libertad de expresión se mantiene incólume, pues no hay en juego riesgos de censura ni acusaciones penales promovidas por conductas que se ciñan aisladamente a las manifestaciones de una persona», sostuvo.

La medida fue llevada a cabo, a pedido de la fiscalía, por la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos) y fue cuestionada cuando trascendieron públicamente los primeros resultados a pesar de que ninguno de los imputados se había opuesto a su realización.

En el expediente conocido como Mesa Judicial ya declararon más de una decena de jueces y fiscales que en calidad de víctimas o testigos dieron testimonio de cómo habrían sido las presiones desplegadas desde el gobierno de Macri durante el período 2015-2019.

El caso más conocido es el de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, aunque también hay otros casos de altísima trascendencia como el del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que fue el primero en investigar espionaje ilegal durante el gobierno de Macri; o el del juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah.

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, anunció que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá el jueves de la semana próxima con representantes del sector de la carne.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, Cerruti adelantó que ese día Domínguez mantendrá un encuentro “con todos los representantes del sector de la carne”, en el marco de las negociaciones que se llevan a adelante para contener los precios en el mercado interno.

Tras el anuncio, desde las entidades rurales integrantes de la Mesa de Enlace confirmaron la citación de la cartera agropecuaria.

En la segunda semana de noviembre, los precios de la hacienda de consumo marcaron un importante salto en sus precios, en torno al 15% promedio en el mercado de Liniers, un alza que se trasladó al consumidor con incrementos de hasta el 20% en carnicerías.

 

Esta situación motivó una reunión entre Domínguez con sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

En lo que respecta a la exportación de carne vacuna, Domínguez anticipó -en su discurso en el marco de la reunión de fin de año de las cuatro cadenas productivas de granos- que en los próximos días se anunciaría un nuevo esquema para los envíos al exterior.

Cerruti adelantó también que en el encuentro con la cadena cárnica el titular de la cartera agropecuaria presentará “el Plan 2022/2023 que contempla la producción de carne, maíz y de trigo”.

La economista Débora Giorgi dejó de pertenecer al equipo que comanda Roberto Felettí al frente de la Secretaría de Comercio Interior, confirmaron esta jueves fuentes de esa dependencia a Télam.

El alejamiento también fue confirmado desde Casa Rosada, donde señalaron que Giorgi «colaboró en la etapa inicial para afirmar el equipo de Comercio Interior, pero nunca se formalizó su nombramiento».

Hasta el momento no se conoce el nombre del funcionario que reemplazará en el cargo a Giorgi.

Cuatro diputados y tres senadores bonaerenses electos por Juntos tanto en los comicios del 14 de noviembre pasado como en 2019 analizan conformar un bloque propio en la Legislatura con el objetivo de contar con «autonomía» en la toma de decisiones.

Se trata de siete actuales y futuros legisladores de origen peronista que responden políticamente al diputado nacional electo Emilio Monzó, al exintendente y exministro provincial Joaquín De la Torre y al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto.

«Avanza tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados la idea de que la pata peronista de Juntos arme un bloque por fuera de esa estructura para contar con independencia», describió una fuente legislativa.

Precisó que, en ese marco, se analiza denominar a esa bancada «Peronismo republicano» o «Peronismo Federal».

Así, en la Cámara baja, conformarían ese espacio el actual diputado Santiago Passaglia (quien renovó su banca al encabezar en estas elecciones la boleta de Juntos en la Segunda sección), el diputado electo Lorenzo Natali (histórico periodista bahiense que llegó a la banca de la mano de Monzó) y dos diputados que fueron electos en 2019 por Juntos por el Cambio como Martín Domínguez Yelpo (del sector de la Unión Tranviarios Automotor) y Catalina Buitrago (del espacio de De la Torre).

En tanto, en el Senado, la bancada estaría conformada por el propio De la Torre (quien fue electo por la Primera sección y asumirá en la banca el 9 de diciembre); por Marcelo Daletto (un exdiputado que se alinea políticamente con Monzó y que acaba de ser electo por la Cuarta sección); y por la actual senadora pichettista Claudia Rucci.

«Lo que estamos buscando es mantener nuestra identidad ligada al peronismo y mostrar su lugar de relevancia dentro del espacio de Juntos», aseguró uno de los promotores de la iniciativa, a la vez que explicó que «en nuestro rol de opositores trataremos de hacer prevalecer nuestra impronta en la toma de decisiones para aportar una mirada propia a los desafíos que afronta la provincia de Buenos Aires».

Como no existe en la Legislatura bonaerense la posibilidad de armar un interbloque -dado que esa figura no existe-, el nuevo bloque tendría identidad propia por fuera de Juntos.

«El peronismo necesita tener representantes propios y contar con un bloque independiente en cada cuerpo legislativo ayudará en ese objetivo», concluyeron los promotores del espacio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, será recibido este miércoles por la conducción de la CGT en un encuentro en el que se analizará el «plan plurianual» que el Gobierno nacional presentará en el Congreso y el avance de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron voceros oficiales y sindicales.

La reunión entre el titular del Palacio de Hacienda y la dirigencia sindical se desarrollará a las 18 horas en el emblemático salón Felipe Vallese de la sede cegetista, ubicada en Azopardo 802, en el Bajo porteño, indicaron a Télam las fuentes.

 

El encuentro de Guzmán con la CGT, conducida por el triunvirato encabezado por los secretarios generales Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), se suma a las reuniones ya realizadas con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, entre otros funcionarios nacionales.

«El ministro Guzmán viene a explicar nada menos que la continuidad del plan económico que va a llevar hacia adelante, haciendo un especial hincapié en la negociación con el Fondo Monetario», anticipó este martes a esta agencia el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.

El presidente Alberto Fernández recibirá este miércoles a familiares de víctimas de los episodios de la crisis social del 19 y 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país.

La convocatoria será a las 17 en Casa de Gobierno, informaron fuentes oficiales.

Luego, a las 18.30, Fernández participará con un video desde Casa Rosada del homenaje que le realizará la embajada argentina en Brasilia al expresidente José Sarney, en el marco de la celebración del Día de la Amistad Argentina-Brasil.

En tanto el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibe a las 7 en su despacho de Casa Rosada al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) Enrique Cresto, y desde las 8 se reunirá con el director regional para Sudamérica del Grupo Ferrero, Massimiliano Innocenzi de Simone.

A las 10, Mazur recibirá al senador nacional de Santiago del Estero Emilio Neder.

A las 15.30, el jefe de Gabinete participará de la apertura de la 27º Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Parque Norte.

Y a las 19.30 Manzur participará del acto central de Jánuca, que celebra Jabad Argentina en la Plaza República Oriental del Uruguay.