Abogados y médicos expusieron en la sexta jornada del plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, Niñez y Juventudes y Presupuesto.

Abogados, médicos y psiquiatras expusieron hoy en la Cámara de Diputados sobre el proyecto del Gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, y que está contemplado en la reforma del Régimen Penal Juvenil.  

Los especialistas expusieron en la sexta jornada del plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, que fue conducida por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado.  

El Gobierno giró el pasado 26 de julio un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua. 

El abogado Pedro López Martucchi dijo que el proyecto impulsado por el Gobierno cumple con las «condiciones de constitucionalidad» ya que respeta «las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución y del debido proceso». 

Señaló que «hay un reclamo permanente de contar con un régimen penal juvenil que se adecue a las circunstancias actuales» y dijo que si se hace un comparativo con el sistema que se aplica en la región, la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13. 

En tanto, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, dijo que «el abordaje y la gestión de estas políticas estatales para los adolescentes en conflicto con la ley penal da cuenta de un acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoría».  

 «Cada vez que se comete un delito o surgen iniciativas parlamentarias, la discusión que se pone por delante es la edad de disponibilidad y eso no soluciona el problema», acotó.  

 Destacó que «la sanción de un nuevo régimen requiere complejizar el análisis a partir de cuestiones que se presentan en el territorio y federalmente».   En su discurso planteó que la ley que rige desde 1980 no cumple con «los derechos internacionales actuales en la materia, ni con las reformas internacionales, ni las que hicieron los países de la región a tiempo. 

Incluso nos ha llevado a ser observado por todos los organismos internacionales de protección a la niñez y a la niñez», añadió.  

En tanto, el médico neurólogo Conrado Estol evitó pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno y expuso sobre cómo funciona el cerebro de los adultos y los adolescentes: en ese sentido señaló que la «la madurez llega a los 25 años» pero aclaró que ya a los «12, 13, 14 y 15 se puede definitivamente diferenciar el mal del bien».   

A su vez, el médico psiquiatra Andy Blake planteó que toda «conducta humana, a partir de los dos años aproximadamente, depende de tres cosas: la situación en la cual está la persona; la emoción que experimenta la persona en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción».   «Esto determina absolutamente todas nuestras conductas, a cualquier edad y constantemente», añadió.   

Y dijo «no creer que la respuesta sea sí o no a la edad de imputabilidad, sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida», agregó. 

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal

fuente: Noticias Arg

La protesta será el jueves 12 frente al Congreso en «rechazo» de las políticas económica de Javier Milei y contra el veto al aumento de las jubilaciones mínimas

La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente Sindical, la Corriente Federal de la CGT y la UTEP se movilizarán el jueves 12 al Congreso en «rechazo» de las políticas económicas del presidente Javier Milei y contra el veto al aumento de las jubilaciones mínimas.

Así lo anunciaron las centrales sindicales a través de una conferencia de prensa conjunta, según se informó en un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), que comanda Carlos Minucci, y estuvieron presentes los jefes sindicales Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT en representación del Frente Sindical y Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria.

«Ante la nueva disposición dictatorial del presidente Milei, que arrasa contra el Congreso, las organizaciones convocantes hemos acordado rechazar en unidad, no solamente la vigencia del decreto 70/23, sino también el veto a una mejora salarial para los jubilados», afirmó Godoy.

En esa línea, el dirigente sindical expresó que «los jubilados y jubiladas, junto a las niñeces, son los sectores más perjudicados por esta política despiadada del gobierno de Milei».

Por su lado, Moyano llamó a una movilización «contundente» para «resistir» los «embates» del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Gobierno libertario.

«Ojalá podamos concientizar a los diputados y senadores, a los que aún les quede algo de lucidez. Debemos rechazar cualquier intento de obstruir el nuevo presupuesto universitario, y seguiremos en la calle para resistir a los embates del FMI y de este gobierno cachivache», exhortó Moyano.

En tanto, Palazzo convocó a «rechazar» el «criminal» veto del Presidente al aumento de las jubilaciones y a «repudiar» la advertencia del mandatario respecto de impedir el incremento del presupuesto para las universidades.

Yasky, por su parte, subrayó la necesidad de que el movimiento sindical «empiece a dar respuestas», como «lo viene haciendo desde enero», contra una política económica que, en los últimos 7 meses, «elevó la indigencia y la pobreza por encima de lo visto durante la pandemia».

«Queremos vivir en un país donde se respete a los ancianos, a los niños y a los trabajadores. Estamos en manos de un presidente servil, fuerte contra los débiles y débil contra los fuertes. No vamos a permitir que nos disciplinen con la política del hambre y la represión», sostuvo Yasky.

Fuente: Noticias Arg

Se trata de la llamada «pista Milman», en la cual la querella de la ex vicepresidenta reclamó que se hiciera un nuevo peritaje sobre los teléfonos celulares.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes una decisión que había rechazado ordenar nuevas medidas de prueba en el apartado de la causa por el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que aún está bajo investigación, vinculada a la presunta autoría intelectual del hecho.

Se trata de la llamada «pista Milman», en la cual la querella de la ex vicepresidenta reclamó que se hiciera un nuevo peritaje sobre los teléfonos celulares de dos ex secretarias del diputado del PRO, informaron fuentes judiciales.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron un recurso de apelación de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal y confirmaron la decisión de la jueza que lleva el caso, María Eugenia Capuchetti, quien no había hecho lugar a ese pedido de prueba.

Se trata de los teléfonos de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes según un testigo que se presentó en la causa por el intento de asesinato del 2 de septiembre de 2022 estuvieron junto a su entonces jefe en una mesa de un bar cercano al Congreso cuando Milman habría dicho «Cuando la maten voy a estar camino a la costa», días antes del hecho.

«La totalidad de las medidas de prueba solicitadas en esta oportunidad por la recurrente traspasan el objeto procesal de esta pesquisa, toda vez que están dirigidas únicamente a esclarecer el eventual borrado de información de los celulares utilizados por el entorno de Milman, sin que ello permita corroborar de forma necesaria su relación con la participación en el atentado, frente a la ausencia actual de otros elementos que así lo sugieran«, indicó la resolución de la Sala I de la Cámara. 

Además recordaron que hay otra causa en trámite por una denuncia de presunto falso testimonio contra ese testigo, Jorge Abello, presentada por la defensa de Milman.

En ese aspecto, consideraron que «antes de avanzar con las medidas de prueba propuestas por la acusación particular, corresponde ahondar en las cuestiones introducidas por la defensa de Milman» en relación a una pericia hecha al celular de Abello, en la cual no se habría encontrado ninguna alusión a ese mensaje que dijo haber escuchado.

Uno de los jueces, Mariano Llorens, reiteró que «al haber considerado que no correspondía el secuestro del celular de Milman, pues no existía en el sumario elemento alguno que otorgara un mínimo sustento a las expresiones de Abello –que dieron inicio a la línea investigativa de la que aquí se trata–, entiendo que las diligencias probatorias que propone ahora la parte querellante resultan igualmente inconducentes».

En la actualidad. por el intento de asesinato de Cristina Kirchner son sometidos a juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, procesados con prisión preventiva como autores materiales del atentado.

En el juzgado de Capuchetti y la fiscalía federal de Carlos Rivolo sigue adelante una parte de la investigación vinculada a determinar si hubo autores intelectuales o más involucrados en el ataque.

Fuente: Noticias Arg

“Le hacemos un chas chás en la cola a los diputados y a las diputadas que fueron a visitar a gente que asesinó, que torturó, que desapareció, que se robó bebés”, protestó la kirchnerista Paula Penacca.

El PRO y La Libertad Avanza pusieron en el freezer la investigación sobre la organización de la visita libertaria a represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, y todo concluiría la semana que viene con un mero apercibimiento a los diputados nacionales de La Libertad Avanza implicados, sin profundizar en el deslinde de las responsabilidades por el plan que se estaba tramando para liberar o morigerar las condiciones de detención de los genocidas presos.  

En la reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de este martes estaba previsto que se definiera la creación de una comisión especial investigadora, pero la presidenta de ese cuerpo, Silvia Lospennato, señaló que de acuerdo al reglamento solamente el pleno podía determinarlo.

La coartada reglamentaria de la macrista para dilatar lo que aparentemente tenía acuerdo motivó la protesta airada de los representantes del kirchnerismo y de la izquierda, que denunciaron al PRO y a La Libertad Avanza de querer cerrar la investigación con un “repudio light” para que la carga de la sanción sea leve y simbólica.

La diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca se quejó de que “a algunos les gusta discutir las cuestiones reglamentarias, pero no sientan posición política en relación a este tema tan importante, incluso para el futuro de la democracia”. 

“Sino parece que tienen toda la voluntad de investigar y justo el reglamento lo impide. No, colegas, no es verdad”, rezongó la secretaria parlamentaria del bloque kirchnerista. 

En este sentido, Penacca exhortó a “investigar en serio y no sancionar a la marchanta» para “cerrar el tema lo más pronto posible”.

En este sentido, pidió, por ejemplo, investigar si el diputado de LLA Beltrán Benedit habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que facilitara el ingreso al penal penitenciario donde cumplen condena los represores.

“Lo que me parece una payasada es sancionar para cerrar el tema rapidito sin investigar nada y sin expresar nada de todo lo que se esconde detrás de esta visita al penal de Ezeiza. Si hay voluntad real, en vez de esconderse detrás del reglamento, que todos los bloques que tienen representación política en este plenario de comisiones dictaminen la creación de una comisión investigadora”, insistió.

Para la camporista, es “vergonzoso solamente pedir una sanción de apercibimiento”. “Le hacemos un chas chás en la cola a los diputados y a las diputadas que fueron a visitar a gente que asesinó, que torturó, que desapareció, que se robó bebés”, lamentó. 

Apartándose de su rol específico como presidenta de comisión, Lospennato salió a contestarle a Penacca recordando que el artículo 36 de la Constitución identifica como “traidores a la patria” tanto a los que “se levantan en armas contra la Nación” como a “los corruptos” que “se roban el erario público para el enriquecimiento personal”.

“Lamentablemente durante muchos años no vimos eso y diría que hasta el día de hoy tampoco vemos que esté en el primer lugar de la preocupación, así que cuando hablemos del artículo 36, pensemos en el artículo completo de todos los que ofenden a la democracia y a nuestro sistema republicano”, sostuvo, asociando al kirchnerismo con la corrupción y dejando entrever una doble vara en sus adversarios.

A su turno, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó lo que Penacca venía denunciando: que la idea era acotar la sanción a una mera expresión de rechazo pero no ir más allá de eso.

“Se puede valorar una visita de forma negativa, repudiarla. Eso es aceptable y forma parte del juego político. Pero empezar a hablar de sanciones o de expulsiones es otra cosa”, consideró el cordobés. 

Para reforzar su postura, el referente de la bancada oficialista señaló que avanzar en expulsiones de los diputados involucrados dejaría “antecedentes muy peligrosos para esta Cámara”.

“Y quiero decirlo con todas las letras. Esta Cámara tuvo diputados que se han sacado fotos con personajes como Nicolás Maduro, Fidel Castro, dictadores de otros países que también cometieron delitos de lesa humanidad. Fotos que también son reprochables. Pero imagínense si alguien hubiese pedido que esos diputados sean expulsados por sacarse esas fotos”, indicó. 

También cuestionó que Unión por la Patria haya pedido que se incorporen como pruebas de la investigación a capturas de pantalla de chats de whatsapp privados, que “se grabaron sin consentimiento”.

“Lo único que se está haciendo es montar un circo político”, lamentó Bornoroni, que aclaró que su bloque estuvo a disposición desde el principio para “poner blanco sobre negro” y colaborar con la investigación.

No pudo evitar que un rato más tarde, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntara contra él y lo acusara de “enmascarar la actitud de sus diputados para que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias” en materia de sanciones. 

“El primer interesado en deslindar responsabilidades debería ser el presidente del bloque. Y yo no veo eso”, manifestó sobre Bornoroni. 

El santafesino insistió en que se convoque a Patricia Bullrich para que haga un careo con Benedit. “Y que diga la ministra de Seguridad que ella no tenía nada que ver con las autorizaciones del servicio penitenciario. Cosa distinta a la que dijo el diputado Benedit”, remarcó. 

“Todavía tengo expectativas de que no pongamos un manto de impunidad sobre un plan de impunidad”, cerró Martínez. 

Fuente: noticias Arg

Lo dijo luego de que se conocieran declaraciones del ex ministro de Economía Guzmán, quien sostuvo que la cuarentena se extendió por rédito político.

Tras los dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán sobre la cuarentena, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra el ex presidente Alberto Fernández y pidió que los 100 millones de pesos de la demanda que le hizo por su denuncia de presuntas irregularidades con la vacuna de Pfizer «se lo devuelva al pueblo argentino».

«Alberto Fernández me demandó por 100 millones de pesos a raíz de que yo lo denuncié porque con las vacunas Pfizer hubo cosas oscuras. Ahora que nos enteramos de que alargó la cuarentena porque al kirchnerismo le daba rédito político, mi decisión es que ese dinero se lo devuelva al pueblo argentino», escribió en su cuenta de X la funcionaria.

En ese marco, Bullrich dijo que «por alargar la cuarentena, perdieron el trabajo cientos de trabajadores; miles de empresas se quedaron sin sus negocios; murieron miles de ciudadanos; se deprimieron miles de personas mayores y de niños que, además, perdieron años de educación». 

«Por todo esto, que el dinero vaya a los argentinos y se les retribuya por todos los daños y perjuicios que se les ocasionó», finalizó la ministra.

Bullrich se pronunció de esta forma luego de que se conocieran recientes declaraciones del ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, quien sostuvo que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 se prolongó porque «fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno».

En su conflicto con Fernández durante la cuarentena, la ex presidenta del PRO había asegurado en una entrevista televisiva que aquella gestión intentó colocar un «socio local» en las negociaciones con Pfizer por la vacuna contra el Covid, y aseguró que eso significaba el intento de obtener un «retorno» a cambio de comprar las elaboradas por ese laboratorio.

Fuente: pag12

El ex ministro de Economía reveló que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 por el coronavirus fueron «profundamente desigualadoras».

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández se prolongó porque «fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno», al tiempo que consideró que para él fue «más larga de lo que debió haber sido».

Guzmán remarcó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron «profundamente desigualadoras», al explicar que la sufrieron los trabajadores formales y los informales, los cuáles vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Por mucho tiempo era `no, no se puede`. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno», precisó el ex funcionario en declaraciones al canal de Streaming Cenital.

Y Añadió: «Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias».

El ex ministro indicó: «La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido».

El coronavirus en la Argentina dejó unos 130 mil muertos y más de 10 millones de contagios.

Guzmán remarcó que ante esa determinación él «era quien más presionaba para alivianar, junto a otros funcionarios encargados de Producción».

«La pandemia y la cuarentena, destruyen la actividad y por ende la recaudación que se cayó a pedazos. Eso te aumenta el déficit. Al mismo tiempo tenés más necesidad de gasto. No solamente para rearmar la estructura de salud para lidiar con la pandemia sino para proteger al empleo», detalló.

Y añadió: «Por eso se hizo el IFE. Lo que más me sorprendió no fue la cantidad de gente sino lo mal informado que estaba el estado nacional. Yo pedí estudios técnicos sobre cuánta cantidad de beneficiarios del IFE podría haber y me dijeron 3.600.000. Y eran elegibles 9 millones de personas».

«Ante eso yo decía `sepamos que esto afectará más a la capacidad de recuperación del salario real e informal`. A mediados del 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver con las restricciones sanitarias», sostuvo.

El ex funcionario afirmó que las medidas restrictivas se dieron así «hasta que se pruebe en las elecciones si toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal o al menos no era, había una supuesta reducción del déficit pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos dando al Estado».

Para el ex titular del Palacio de Hacienda «bajaba el déficit porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como haber recuperado el Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Riqueza».

Ese tributo que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, «en todo 2021 del aporte solidario y extraordinario también contribuye a la recaudación en ese año».

En relación a quienes se oponían a la cuarentena, Guzmán, señaló: «La oposición empieza mucho antes. Me acuerdo muy bien que quien más presión hace era quien más me ayudaba para alivianar la situación lo máximo posible junto al otro ministro encargado de la producción y la visión técnica era que no se podía».

«Ya desde ese momento, iba a generar un problema. Yo estaba negociando la deuda con el FMI y con el Club de París. Posteé una foto en París cuando iba a una de las reuniones con el auto y no había absolutamente nadie en la calle. Era una foto del Arco del Triunfo donde no había nadie, París estaba pelada de gente y en Argentina la oposición decía que tenemos que abrir todo. Si no recuerdo mal era abril o mayo de 2021. Lo que yo te digo es después. Cuando vino otra ola, la gente a la que consultaba me decía que era otra la situación», precisó.

Fuente: Noticias Arg

«La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia»; sostuvo

El Gobierno de Javier Milei salió a repudiar la orden de detención que dictó el régimen chavista contra el candidato a presidente de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo a las actas publicadas por su espacio salió como claro vencedor de las últimas elecciones.

“La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas”; comienza el comunicado de la cancillería nacional.

Considera que “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”.

Y completa: “La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia”.

Qué pasó

La Fiscalía General de Venezuela solicitó este lunes una orden de aprehensión contra el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas. 

La dependencia dividida en su cuenta de Instagram envió el oficio dirigido al juez especial con competencia en casos vinculados delitos asociados al terrorismo, en el que se detalla que la solicitud es por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. 

Esta medida surge luego de que González Urrutia no se presentara a comparecer en tres oportunidades y posterior a que la semana pasada la Fiscalía advirtiera que se libraría una orden de aprehensión considerando que se «encuentra en presencia del peligro de fuga». 

González y su vocera María Corina Machado acusaron de fraude y desconocieron los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio, cuando resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro. 

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Fuente; Noticias Arg