Desde el Ministerio de Defensa buscaron hacer control de daños y alegaron que estaban cumpliendo con una disposición judicial. Sin embargo, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas dijeron a Página/12 que el ministro solo había tenido en cuenta la mitad de los nombres que ellos habían enviado, lo que implicaría que desde la cartera hubo una selección.
El ministro de Defensa, Luis Petri, dio de baja a 23 militares que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La decisión caldeó los ánimos en la familia militar, que venía viendo con buenos ojos la gestión del mendocino en el edificio Libertador. La activista pro-impunidad Cecilia Pando sostuvo que era una “resolución que desgarra el alma”. Desde la cartera trataron de hacer control de daños y dijeron, a través de un comunicado, que únicamente estaban cumpliendo con una orden del Poder Judicial.
El lunes, Petri firmó la resolución 2025-72 con la baja de ex altos cargos del Ejército. En el texto reconocía que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia y recordaba lo que le había dicho la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acerca de que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.
La decisión afectaba, entre otros, a Eduardo Rodolfo Cabanillas –condenado a prisión perpetua por crímenes en Automotores Orletti–, Pascual Guerrieri –con condenas tanto en Buenos Aires (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 en los secuestros de los militantes que fueron parte de la Contraofensiva montonera) y en Rosario–, Federico Minicucci –jefe del regimiento de La Tablada–, y Héctor Salvador Girbone –condenado por la sustracción de Pablo Gaona Miranda, entre otros.
Sin embargo, el nombre que corrió como un reguero de pólvora fue el de Horacio Losito, el coronel retirado que tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad en su haber y que fue beneficiado con la libertad condicional. Losito fue eje de controversia hace un año cuando fue homenajeado en el regimiento de Apóstoles como un “héroe” de la Guerra de Malvinas, obviando la prohibición que aún rige de rendir honores a quienes atentaron contra la democracia o cometieron crímenes durante el terrorismo de Estado. Losito, además, integró la misma compañía de comandos que el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante el conflicto bélico de 1982.
En los WhatsApp de los retirados empezó a circular la lista de las bajas. Desde la cuenta de X de Justicia y Concordia, la asociación que reúne a abogados que intervienen como defensores en las causas de lesa humanidad, hicieron saber su encono.
“Una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista, que hizo de la justicia un instrumento de venganza de las organizaciones terroristas, y de las políticas de Defensa una humillación permanente a los uniformados”, despotricó Cecilia Pando desde sus redes sociales, dejando en el olvido la foto en la que posó sonriente junto al ministro en el Círculo Militar.
La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) reclamó que el gobierno de Milei deje sin efecto la resolución de Petri. “No se comprende que las autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”, se enfureció.
Para entonces, desde Defensa, habían salido a decir que, en realidad, tenían las manos atadas y que estaban cumpliendo con una disposición judicial. “Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto de personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes”, se excusaron desde la cartera que conduce Petri.
El ministro no agregó ni una sola palabra desde sus redes sociales. Sí lo hizo quien es virtualmente su segundo en Defensa, Marcelo Rozas Garay, el secretario de estrategia y asuntos militares (SEAM). “Desde el inicio de la gestión trabajamos por una memoria completa y para que nuestras fuerzas sean respetadas y valoradas por un sistema político que las había desprestigiado y humillado”, tuiteó el retirado que viene de los equipos de Patricia Bullrich y que llegó al cargo después de la renuncia abrupta de Claudio Pasqualini.
“Cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República”, agregó Rozas Garay en un mensaje que, más allá de sus intenciones, debe leerse como el reconocimiento de la legalidad del proceso de verdad y justicia que viene llevándose a cabo en el país.
El número dos de Rozas Garay, Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias, le habló a la tribuna reaccionaria con más claridad. “Es una decisión que debemos cumplir porque es una orden de la justicia”, se atajó. “Pese a que creemos que la política de derechos humanos kirchnerista fue una maquinaria para hacer política y negocios con casos que son legales pero de dudosa legitimidad debemos respetar lo que dicta la ley. Mientras tanto no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por una memoria completa”, escribió en X sin lograr conquistar los corazones que se estremecen con lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.
El chivo expiatorio judicial
En su posteo, el Ministerio de Defensa acompañó un pedido de la PIA, el organismo que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, enviado en octubre. Lo curioso es que estaba destinado a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea, y las desafectaciones fueron en el Ejército.
Es cierto que la PIA pidió que dieran las bajas de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, desde la unidad le dijeron a Página/12 que Petri solamente avanzó con la mitad de las solicitudes que habían girado. “Solo los de Ejército que pedimos son más del doble de los que están en esa resolución”, remarcaron. En tal caso, quedaría en claro que la gestión de Petri priorizó o decidió a quienes dar de baja.
Desde Justicia y Concordia, de todos modos, arremetieron contra el titular de la PIA, Rodríguez. “Hay que desratizar el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación”, escribieron en sus redes sociales junto.
La PIA interviene en los trámites sobre desvinculación de agentes estatales condenados por crímenes aberrantes desde que en agosto de 2022 recibió un pedido del fiscal federal Leonardo Filippini, quien, por entonces, estaba a cargo de la unidad que intervenía en los juicios por los delitos cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En ese momento, Filippini había advertido que, a pesar de que tenían condenas firmes, había dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) –Juan Carlos Fotea y Ernesto Frimon Weber– que aún seguían siendo parte de la fuerza. Lo mismo que Juan Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, en la Prefectura Naval Argentina (PNA).
En 2023, Rodríguez resolvió avanzar con la solicitud de Filippini y promover un relevamiento para determinar qué otros integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad estaban en la misma situación.
La decisión le sirvió a Petri como excusa para intentar mitigar las críticas de los propios. El ministro, además, quedó en el centro de atención después de que se supo que la Armada habilitó la destrucción de documentación –entre la que podría haber papeles vinculados al período 1976-1983. Por esta situación, el abogado querellante Pablo Llonto pidió que Petri sea citado por los tribunales.
Fuente pag12
