El reclamo sucede mientras que Nicolás Maduro propone una reforma constitucional.

Los políticos opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado insistieron en resaltar las pésimas condiciones en que viven los asilados en la Embajada Argentina en Venezuela. En un vivo de Instagram coordinado por la periodista Goizeder Azúa, González Urrutia (considerado presidente electo de Venezuela por importantes sectores de la comunidad internacional) calificó al hecho como «insólito» a raíz de que va en contra de lo establecido en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y en la carta de las Naciones Unidas.

«No escuché a ninguna misión diplomática o cuerpo diplomático de Venezuela expresarse», protestó, según un informe del sitio Newsweek Argentina.

María Corina Machado, considerada líder de la oposición en Venezuela, recordó que «esto sucedió» durante la lucha «por armar una candidatura genuina» que enfrentara a Nicolás Maduro. Subrayó que el régimen «fue con todo contra ellos (los asilados que  son personas de su equipo de campaña) para que la ciudadanía no pudiera expresarse libremente el 28 de julio».

«No hay precedente en este continente de lo que les están haciendo a ellos», se quejó. Machado insistió en que «lo que está pasando es tortura pura y dura».

González Urrutia comentó que en la Conferencia de Seguridad de Munich, los allí presentes piensan que «el Gobierno (de Maduro) quiere convertir a la Embajada en una cárcel más de Venezuela» y reflexionó que «en un sentido figurado, es así».  «El mundo entero sabe de las violaciones reiteradas a los Derechos Humanos y sabe que eso tiene que cambiar», continuó.        

Luego, Machado coincidió con su compañero en el reclamo de que los cuerpos diplomáticos se expresen ante esta situación.   «Los asilados «tienen prohibidas las visitas, les robaron los fusibles y quedaron con una planta a la que no le permiten mantenimiento. Están sin agua y los alimentos se les pudren en la nevera (heladera)», indicó.

En ese sentido, aseguró que “es mostruoso e insólito que no haya una reacción de la comunidad internacional”. Aseveró enseguida que el asedio a los asilados “es una muestra de que el régimen es una estructura criminal”.

  «La democracia en Venezuela está bajo asedio. Son días muy oscuros», en opinión de González Urrutia.

Los planes de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la propuesta de reforma constitucional que presentó para el año en curso busca «escuchar y tomar en cuenta a todos los sectores» del país, en un proceso de consulta abierto y democrático.

Así lo afirmó durante una reunión televisada con la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, realizada en el Palacio Federal Legislativo, sede principal del Parlamento nacional.

Detalló los cuatro ejes principales que se discutirán: la democratización, la modernización de la sociedad, un modelo económico soberano y la actualización progresista de los postulados constitucionales.

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El motivo es el reclamo de las paritarias “planchadas” desde el año pasado.

Los sindicatos docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron no arrancar con el calendario escolar y anunciaron dos paros nacionales: uno para el 24 de febrero y otro para el 5 de marzo.

El motivo es el reclamo de las paritarias “planchadas” desde el año pasado e informaron que continuarán con más medidas si, desde el Gobierno Nacional, no atienden su reclamo.

Noticia en desarrollo…

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El titular de la cartera, Waldo Wolff, dispuso que los efectivos involucrados en este tipo de hechos reciban una dura sanción.

El Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Waldo Wolff, lanzó este martes a la noche una dura advertencia contra los policías involucrados en fugas de presos, al remarcar que «ya sea por acción u omisión» pasarán de «servicio efectivo a «disponibilidad o pasivo».

De esta manera, los uniformados que se encuentren en la custodia de reclusos en diferentes comisarías y alcaidías al momento de una evasión de los privados de su libertad quedarían al borde de la exoneración de la fuerza.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue oficializada mediante la Orden del Día Institucional (ODI) número 34 de  la Policía de la Ciudad.

El cambio de revista también provocaría que los efectivos «no contarán con la autorización institucional para el alta o renovación de las credenciales de legítimo usuario (CLU)». 

«Por orden del Sr. Ministro de Seguridad, se hace saber a la totalidad del personal, que a quien se identifique como responsable ya sea por acción u omisión, en evasiones de personas legalmente privadas de la libertad bajo la custodia de la Policía de la Ciudad, se le cambiará automáticamente la situación de revista, de servicio efectivo a PASIVA o DISPONIBLIDAD según la responsabilidad que le quepa en el hecho», arranca el comunicado.

Y añade: «Asimismo, se recuerda que el cambio de situación de revista conlleva aparejado que el personal no contará con la autorización institucional para el alta o renovación de las credenciales de legítimo usuario (CLU)». 

La disposición se tomó tras las últimas fugas registradas en la Capital Federal. El pasado 9 de febrero se escaparon seis reclusos de la Alcaidía 6 A de Caballito, de los cuáles tres ya fueron recapturados.

Este domingo fue el turno de un preso de la comisaría vecinal 1D del Microcentro porteño, mientras que este lunes a la madrugada se fugaron seis reos de la Comisaría Vecinal 3A, de los cuales uno pudo ser recapturado.

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La delegación de la organización le entregó al Presidente una carta del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei recibió hoy a las autoridades del Centro Simon Wiesenthal y aseguró que el compromiso de su administración con la justicia es «inclaudicable«.

En un encuentro que se llevó a cabo por la tarde en Casa de Gobierno, el jefe de Estado se reunió con representantes de la organización que enfrenta el antisemitismo a nivel global y manifestó su compromiso de «colaborar en todo lo que resulte necesario», según indicó el mandatario en redes sociales.

Asimismo, la delegación le entregó al Presidente una carta del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, con copia al presidente Donald Trump de ese país, para que «la Argentina colabore con su investigación al Credit Suisse por ayudar al nazismo», sostuvieron desde Presidencia.

Participaron el director y decano de Acción Social, Rabino Rab Abraham Cooper; el director para América Latina, Ariel Gelblung; el Director Asistente, Dario Pendzik; y los integrantes del equipo legal internacional Jonathan Missner y Cristian Francos.

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Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, presentaron, por separado, proyectos de ley para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por su implicación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra.

Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, presentaron, por separado, proyectos de ley para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por su implicación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, que en cuestión de pocas horas provocó pérdidas de dinero para miles de personas, en lo que fue interpretado como una “estafa” a gran escala. 

¿Qué es el juicio político?

Es un mecanismo previsto en la Constitución Nacional que le otorga al Congreso nacional facultades extraordinarias para investigar las responsabilidades políticas de un funcionario público de alto rango por la posible comisión de delitos en el ejercicio de las funciones (o de crímenes comunes) como causal de destitución.

La Cámara de Diputados se constituye como acusadora a través de la comisión de Juicio Político, la cual debe estar conformada por 31 integrantes de forma proporcional a la representación de cada una de los espacios parlamentarios. 

El artículo 53 de la Constitución nacional prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”.

El artículo 59 de la Carta Magna, en tanto, indica que «al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y aclara que «cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema».

El artículo 60 de la Constitución sostiene que el fallo del Senado “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. 

«Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios», agrega.

La conformación de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está prevista en el reglamento del cuerpo, el cual define las competencias para “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución”.

El primer paso que debe resolver la comisión es la declaración de admisibilidad de las denuncias a partir del relato de los hechos y la formulación de los cargos que conforman la acusación.

A la lectura del informe de admisibilidad, que debe contener un análisis detallado de cada una de las denuncias que configuran los presuntos delitos, sobreviene la votación. 

Para aprobar la admisibilidad, se requiere la mitad más uno de los votos de los integrantes de la comisión, es decir, 16 votos.

Con la declaración de la admisibilidad, se procede a la apertura formal de la investigación, que incluirá la formulación de los cargos, la citación de testigos y requerimientos de informes al Poder Judicial.

De esa manera, se sustentará la producción de la prueba tendiente a dar cuerpo a la acusación. 

Finalizado el proceso probatorio, se continúa con la emisión de un dictamen de acusación, que exige la firma de la mitad más de los votos de los miembros de la comisión, para luego ser sometido a votación en el recinto de la Cámara baja con dos tercios de los votos.

Superada esa instancia, la trama continúa en el Senado de la Nación, el órgano que debe definir sobre la destitución o absolución del acusado con las dos terceras partes de los votos.

La última vez que se realizó un juicio político fue en el 2023, y tuvo como acusados a los jueces de la Corte Suprema, en el marco de un trabajo realizado por la comisión homónima que demandó varios meses de actividad.

El trabajo se coronó con la firma del dictamen acusatorio, pero nunca se votó en el recinto ya que el entonces oficialismo no tenía los votos suficientes para aprobarlo. 

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«Reafirmamos nuestro compromiso con el cambio y con una Santa Fe más segura y productiva”, resumió un comunicado de PRO nacional sobre el encuentro entre el ex presidente y el gobernador santafesino.

En medio del shock en que se encuentra la fuerza libertaria por la denuncia de escala global contra el presidente Javier Milei por el “criptogate”, el titular del PRO, Mauricio Macri, aprovechó para afianzar su vínculo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pulllaro, y el espacio Unidos de esa provincia.

Durante su paso por Rosario, el ex jefe de Estado se reunió con el mandatario santafesino de origen radical y con la vicegobernadora Gisela Scaglia, en lo que desde el PRO destacaron como “un encuentro clave para seguir fortaleciendo el trabajo en equipo”. 

“Con este paso, reafirmamos nuestro compromiso con el cambio y con una Santa Fe más segura y productiva”, resumió un comunicado de PRO nacional.

Durante una conferencia de prensa posterior al encuentro con Pullaro, Macri se depegó de Milei en medio del cripto escándalo.

«Hemos visto un Presidente muy descuidado. Tiene que rodearse mejor, ha sido una estafa para mucha gente», lanzó.

En tanto, el ex presidente sostuvo que espera que en el país se realice una investigación antes de que inicie la de Estados Unidos.

 «Preferiría saber por qué sucedió. Y la investigación tiene que ser con celeridad y, como argentino, quiero saber qué pasó antes que el FBI nos venga a decir qué pasó», subrayó el ex mandatario.

También consideró que la implicación de Milei en la promoción de la criptomoneda Libra impactó de manera negativa en la «imagen mundial» del Presidente.

“Claramente el Presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y esto amerita una investigación muy seria para tratar de entender qué pasó, por qué pasó”, agregó.

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Desde las usinas libertarias aseguraron que «van solos» a las legislativas. Además, apuntaron contra el ex presidente: «Mauricio ya no va a sumar nunca más».

Referentes de La Libertad Avanza (LLA) insistieron hoy con el pedido de «rendición absoluta» a los dirigentes del PRO que quieran incorporarse al oficialismo, tras las críticas del ex presidente Mauricio Macri al Gobierno por el criptogate.

Según indicaron fuentes del partido liberal a la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia del espacio que preside Karina Milei sigue siendo sumar dirigentes del PRO de forma individual, por lo que descartaron que vaya a haber un acuerdo con el espacio que preside Macri.

«LLA va solo a la elección«, enfatizaron desde las usinas libertarias, al tiempo que plantearon que los dirigentes PRO que decidan pasarse de bando tienen que hacerlo «sin condiciones» y con «rendición absoluta«.

«Las reglas para nosotros son claras: sin condiciones, rendición absoluta y el que define es el coordinador de LLA», subrayaron.

Además echaron por tierra la posibilidad de una mesa conjunta entre el PRO y los libertarios en la provincia de Buenos Aires, principal bastión electoral del país; «no hay ni va a haber», precisaron.

En el espacio que conduce la secretaria general de la Presidencia aprovecharon también a tirar munición gruesa contra el titular del PRO.

«Mauricio ya no va a sumar nunca más. Es el mismo presidente que le dijo a los argentinos que había conformado el mejor equipo de los últimos 50 años y nos hicimos mierda en tres», describieron desde el bastión liberal.

Y rechazaron que el «criptogate» vaya a modificar el poder de fuego del ex mandatario respecto de las tratativas entre ambos espacios de cara a los comicios. «No modifica en nada«, concluyeron desde el comando libertario.

Macri había afirmado este martes que el conflicto que generó la promoción de Milei de la criptomoneda &LIBRA debe ser investigado en profundidad y consideró que este lunes vio a «un Presidente muy descuidado» en televisión.

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Los firmantes del proyecto justificaron la interpelación de Karina Milei por su “posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”.

En medio del cripto escándalo Libra, un grupo de diputados de Encuentro Federal presentó hoy un proyecto de resolución para pedir la interpelación de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del portavoz presidencial Manuel Adorni.

En la iniciativa, que lleva las firmas de los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, se exige que los funcionarios asistan al Congreso para contestar sobre “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la implicación del presidente Javier Milei en el lanzamiento de una criptomoneda que concluyó con una presunta estafa de escala mundial a miles de inversores.

“Ante un hecho de suma gravedad, para poder desestimar medidas exageradas, es imperioso que quienes han participado de reuniones con los involucrados en esta estafa esclarezcan los hechos”, posteó Massot en la red social X. 

En el texto del proyecto, los diputados del bloque que preside Miguel Pichetto plantean que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, los funcionarios interpelados deberán “mínimamente informar” respecto de “la participación del presidente en la promoción del activo digital»; “la relación con los promotores del activo; «la posible existencia de beneficios indebidos”; “el impacto económico y financiero”; y «la responsabilidad institucional y medidas a futuro”. 

Para los diputados firmantes, “la gravedad del hecho radica en que el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”. 

“La situación se agrava por cuanto el Presidente Milei es economista, con lo cual no podría desconocer los riesgos de fomentar inversiones de alto riesgo sin advertencias adecuadas, ni que su respaldo público equivalía a una señal de confianza que muchos ciudadanos interpretaron como una invitación a invertir”, agregaron. 

Según advirtieron, “este episodio no solo afectó el patrimonio de los inversores damnificados, sino que generó un grave daño a la confianza en las instituciones argentinas y a la credibilidad del país en los mercados financieros internacionales”. 

Los firmantes del proyecto justificaron la interpelación de Karina Milei (prevista en el artículo 71 de la Constitución y el artículo 204 del reglamento de la Cámara baja) por su “posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. 

A Francos, en tanto, lo citan por “su rol como principal coordinador del Gobierno Nacional y responsable de su relación con el Congreso”.

Sobre Adorni, expresaron que «debe explicar cuál fue el alcance de su participación en la promoción y respaldo institucional que se le dio al token «$Libra» desde el Ejecutivo». 

“La confianza pública es un pilar fundamental para la estabilidad financiera y el desarrollo económico, y hechos como este comprometen la imagen y credibilidad de Argentina en el mundo”, concluyeron.

Entre las preguntas que adelantaron en el proyecto de interpelación, los diputados buscan determinar si Milei obtuvo o no “alguna remuneración como contraprestación a la opinión emitida” para promocionar criptomoneda Libra, y “en caso afirmativo, indique cuánto y cómo se formalizaron dichos pagos”. 

También consultan a los funcionarios interpelados si tuvieron o el presidente tuvo “alguna relación laboral o contractual con las empresas involucradas”.

Además, pregunta “si existió una acción coordinada para efectuar la promoción de la criptomoneda en cuestión, toda vez que el token respectivo fue puesto en circulación escasos momentos antes de que el Presidente hiciera el anuncio”. 

A su vez, los legisladores de Encuentro Federal buscan establecer si el presidente “tuvo acceso a informes técnicos sobre los riesgos de dicho activo antes de su promoción”. 

En otro orden, consultan cuál es la relación del presidente y los funcionarios con Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh “o con algún otro promotor del activo”. 

También reclaman conocer qué reuniones se llevaron a cabo con empresarios cripto en el Hotel Sheraton Libertador y en la Casa Rosada previamente al lanzamiento del token Libra, y qué funcionarios participaron de las mismas.

Asimismo, solicitan informes “respecto de la denuncia efectuada por el empresario Charles Hoskinsonen relación a un presunto pedido de coimas de su entorno para poder entrevistarse con el Presidente”.

En tanto, les preguntan a las personas interpeladas si están al tanto de que “algún funcionario público o persona de su entorno obtuvo beneficios económicos derivados» de la promoción o de la inversión en el activo Libra.

Además, buscan conocer si han “solicitado una investigación interna para determinar si hubo abuso de información privilegiada”.

Por otra parte, piden información sobre la estrategia de defensa que esgrimirá Milei ante las denuncias en su contra, y en particular su “postura en relación a las acciones legales iniciadas en los Estados Unidos de América”.

Al respecto, consultan si el presidente “utilizará recursos propios o del Estado Argentino para pagar los costos de su defensa”.

Por último, requieren conocer si “se ha iniciado algún sumario administrativo o pedido de renuncia a funcionarios por este episodio”, y “qué medidas tomará su gobierno para evitar que funcionarios públicos o autoridades promuevan activos financieros sin regulación y/o utilicen su eventual influencia en la opinión pública para que los ciudadanos adquieran los bienes o servicios promovidos”.

La Coalición Cívica también presentó un proyecto para citar a Francos “como responsable político ante el Congreso de la Nación y de la administración general del país, a fin de que informe por escrito y responda de manera verbal y pública las consultas de los diputados”.

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