El Ejecutivo estima que dejará sin pensión por invalidez a un tercio del total de beneficiarios. El pretexto son las supuestas «irregularidades» en su entrega durante la gestión anterior. Pero hasta ahora la mitad de los auditados nunca recibició la notificación para evaluarse, por la propia desidia de la ANDIS, y la idea es igualmente suspenderles el cobro. Un recurso de amparo intenta frenar el proceso.
El Gobierno ya había avisado que las personas con discapacidad serían una de las variables del ajuste fiscal, pero lo que se trae entre manos es algo mucho más profundo. Según pudo saber Página/12 de fuentes oficiales, las autoridades del área calculan que para fines de este año habrán recortado alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral, el doble de lo que habían proyectado meses atrás y un tercio del total de los beneficiarios actuales. Semejante poda les servirá para alcanzar la meta de un «ahorro» para las arcas del Estado de unos 900 mil millones de pesos. Las bajas se decretarán a partir de los resultados de la auditoría que puso en marcha el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el mismo funcionario que firmó la resolución que contenía insultos como «idiota» y «retardados» para referirse al colectivo. En ese marco, la Ong Alapa, que apoya a pacientes con enfermedades poco frecuentes, presentó un recurso de amparo para frenar el proceso y denunció que «degrada la dignidad humana».
El primer indicio de que el ajuste será brutal lo dio la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe de gestión ante el Congreso. El ministro coordinador reconoció que casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad que están siendo auditadas nunca fueron debidamente notificadas del proceso. Se trata de un universo inicial de más de 200 mil hombres y mujeres sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual de todo el país que no recibieron en tiempo y forma la carta documento enviada por los funcionarios libertarios. Es decir, quedaron en un limbo: no tienen forma de hacerse los estudios médicos ni de presentar la documentación que se les exige para no perder el beneficio porque, básicamente, nunca se enteraron de qué va el asunto. En la mayoría de los casos, según fuentes oficiales, el problema fue el domicilio declarado. Pero lejos de buscar una solución alternativa, la decisión -al menos por ahora-, será suspenderles el cobro.
Concretamente, Francos expuso en su informe que al menos hasta abril la Andis envió unas 470 mil cartas documento para notificar a los beneficiarios de pensiones que estaban siendo auditados, de las cuales 222.607 nunca llegaron a destino, lo que equivale a casi el 50 por ciento del total.
Esas 470 mil cartas ya enviadas representan apenas una primera parte del proceso, que estará terminado cuando sean auditadas las poco más de 1,2 millones personas que en todo el país cobran una pensión no contributiva. La Andis está enviando unas 300 mil notificaciones por mes (en abril estaban en «proceso de envío» unas 231 mil más), por lo que espera completar la tarea en los próximos meses. Las cartas son enviadas por la empresa de correos privada Andreani, que ganó a principios de año una licitación bestial de 13 mil millones de pesos por el servicio.
En paralelo a las bajas decretadas a la partir de las cartas que no llegan a destino, la poda se completará con aquellos que sí logran ser auditados pero no pasan el filtro de los exámenes médicos de la ANDIS o no logran acreditar que no tienen trabajo y siguen necesitando la pensión. En el Gobierno dicen que la auditoría echará luz sobre las supuestas «irregularidades» en la entrega del beneficio durante la gestión anterior, pero hasta ahora sólo pudo mostrar un puñado de casos, que no llegan a justificar las miles de bajas que están planificadas de antemano.
Pese a todo, a cada caso puntual de esas «irregularidades» le da mucha publicidad: personas fallecidas, presos comunes y prófugos de la justicia que seguían cobrando son la carta pública de la Andis para demostrar los «excesos» que según Spagnuolo “generaron un gasto significativo e injustificado”. El primero de todos y el más publicitado terminó siendo una fake news: el julio del año pasado, cuando anunció el inicio de la auditoría, el vocero Manuel Adorni ejemplificó la supuesta corrupción en la entrega de pensiones mostrando la radiografía trucha de la cadera de un perro, que se había utilizado para pedir el beneficio; pero más tarde se comprobó que los médicos del organismo habían detectado la trampa y habían rechazado entregar esa pensión.
Al final del camino, entre «irregularidades» y la propia impericia de los funcionarios, la auditoría servirá para dar de baja unas 400 mil pensiones, que es la proyección final que manejan en el Gobierno. El tamaño del ajuste duplicaría a las estimaciones iniciales, dado que en el proyecto de presupuesto 2025 el Gobierno había anticipado un recorte de unas 200 mil. Y de concretarse, superaría ampliamente el que intentó Mauricio Macri en 2017, cuando dio de baja a unos 170 mil beneficiarios, lo que derivó en un amparo colectivo que llegó hasta la Corte Suprema.
Para el diputado Daniel Arroyo está claro la ANDIS recibió una pauta de ajuste de la Rosada e intenta llegar a ese número llevándose todo por delante. «Todo parte de que le dan la pauta de ajuste a la ANDIS. Pero el problema es que es imposible de cumplir con las auditorías. No pueden llegar a esa pauta. Arrancaron por identificar situaciones irregulares, que sin dudas las hay, pero de ninguna manera alcanza para la magnitud del recorte que les piden, así que tienen que inventarlas», le dijo a Página/12. «Lo más lógico hubiera sido que los médicos de la institución evalúe caso por caso las pensiones mal otorgadas, pero no poner a 1,2 millones de personas en estado de desesperación. Esto es cruel e innecesario», agregó.
Como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Arroyo es uno de los impulsores del proyecto de ley que busca declarar la emergencia en el área. El texto propone reasignar partidas y se centra no solo en las pensiones, sino sobretodo en los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, que están siendo asfixiados por el ajuste y quedaron, en muchos casos, al borde del cierre. La oposición logró emplazar el proyecto a la comisión de Presupuesto y está cerca del dictamen definitivo, que podría llegar este miércoles. Ese mismo día, se espera una marcha de prestadores y familias frente al Congreso, para exigir la aprobación del proyecto.
Una cautelar contra la crueldad
Tal como adelantó Página/12, desde el año pasado las organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad vienen denunciando que la auditoría impulsada por ANDIS se convirtió en un trastorno para miles de personas en todo el país, que son obligadas a completar formularios de todo tipo y realizar largas filas en centros médicos para justificar su condición y no perder la pensión.
Por ese motivo, la Ong ALAPA presentó una medida cautelar para «adecuar» el procedimiento a las necesidades y posibilidades del colectivo. La principal objeción de ALAPA es que la auditoría no contempla ningún protocolo de actuación» y, en cambio, contiene múltiples «barreras» para que personas con distintas discapacidades puedan cumplir con los requisitos que se les impone.
Además, ALAPA señala que, salvo por la licitación millonaria que ganó Andreani, hasta ahora la ANDIS «no publicó un solo acto administrativo o norma alguna» que diga qué precauciones o consideraciones especiales deberían tener tanto las cartas documentos como los exámenes médicos presenciales. Todo se hizo a las apuras, sin aceptar recomendaciones de las familias y de las organizaciones civiles, a las que ni siquiera se convocó para incidir en el proceso.
«El resultado es el despliegue de operativos caóticos que degradan la dignidad humana de las personas con discapacidad, obligándolas a asistir presencialmente sin tener en cuenta las particularidades de este sector de la población», dice la cautelar.
Perdón… a medias
El puntapié para el recorte de las pensiones fue el decreto 843/2024, que reinstauró el modelo médico de la discapacidad, previo a que el país adhiriera a la Convención de la ONU, que introdujo una concepción más amplia, social, de las responsabilidades del Estado en la materia. Ese decreto estableció la incompatibilidad entre percibir la pensión y tener un trabajo registrado, lo cual fue cuestionado por las organizaciones del colectivo, que lo calificaron de regresivo. La pensión, si bien para muchos de sus beneficiarios sirve para poder comer o pagar una habitación en un hotel, para muchos otros es un complemento de ingresos, dado que hoy apenas equivale a una jubilación mínima.
Luego, Spagnuolo publicó la Resolución 187/2025, que no sólo contenía los insultos a las personas con discapacidad intelectual, sino que además incluyó un nuevo «baremo» o método de medición de la discapacidad física, que la elevó a un 66 por ciento, lo que supone una barrera más «alta» para justificar el acceso a un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una pensión.
Spagnuolo pidió «sinceras disculpas» a «toda la gente que se pudo sentir afectada, a familiares y sobre todo, a los padres». «Soy consciente que hizo mucho daño esa resolución, así que pido disculpas públicas», dijo y prometió que iba a modificarla. Pero hasta ahora, no lo hizo. Las organizaciones se lo reprocharon durante el foro internacional «Global Disability Summit 2025», que se celebró a principios de abril en Berlín, la capital alemana, al que fue invitado como representante del Gobierno argentino.
Los insultos siguen publicados en el boletín oficial, lo mismo que el nuevo «baremo», también criticado por las organizaciones. Ese nuevo estándar de medición le permite al Gobierno complementar el ajuste en marcha sobre las pensiones con los que pretende hacer a futuro, dado que acceder a una pensión es a partir de esa Resolución mucho más difícil. Los números que expuso Francos ante el Congreso lo comprueban: este año, en cuatro meses, sólo se entregaron 211 pensiones.
Fuente pag12
