Sobraban señales de que iba a matar a Luna Giardina. La Justicia de hecho actuó y lo tuvo preso, pero no alcanzó. ¿Qué se podría haber hecho y qué debe cambiar?. 

Pablo Laurta, el único imputado por el doble femicidio de Córdoba, estuvo apenas un mes preso, luego de esconderse en el techo de la casa de la vecina de su expareja durante tres días, para espiarla y controlara y quién sabe qué otros planes tenía en ese momento en relación a Luna Giardina, la madre de su hijo. Por entonces, ya tenía antecedentes de ser un hombre violento, la joven lo había denunciado, pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento y ella tenía un botón antipánico. La justicia cordobesa había escuchado a Giardina y la había protegido. ¿Se quedó corta en esa protección o hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el doble femicidio? 

Esta pregunta quedó flotando desde el sábado 11 de octubre, cuando Laurta mató a balazos a Giardina y a la madre de ella, en esa misma casa del barrio de Villa Serrana de la capital provincial, donde habían sido acechadas por el fundador de la organización misógina uruguaya Varones Unidos. Casos como este –ahora el de la exbandana Lourdes Fernández– abren preguntas sobre qué puede hacer la Justicia para resguardar a una víctima de una pareja o expareja que la violenta. ¿Qué pasa cuándo quién está en riesgo no es famosa o su entorno –madre o amigas– no tienen acceso a los medios? ¿Hay víctimas de primera y de segunda categoría para la justicia?

Cuando están muertas, es tarde

La gran pregunta es si el Estado podría haber hecho algo más para proteger a Luna Giardina, de 26 años, y a su madre, Mariel Zamudio, de 56. Como ocurre en otros casos de mujeres que terminan siendo víctimas de femicidas, habiendo hecho denuncias, pareciera que la justicia actúa con más eficacia y rapidez –para apresar al agresor– cuando ellas ya están muertas. El Registro de Femicidios de la Corte Suprema de la Nación, con datos de 2024, muestra que el 18 por ciento de las víctimas directas había denunciado: es un porcentaje que a lo largo de los últimos años oscila entre el 17 y el 20 por ciento. En el resto de los casos, aunque no hayan llegado a pedir ayuda a la Justicia, es probable –muy probable– que haya habido señales que su entorno no quiso o no pudo identificar como una alarma.

Hasta hace tres semanas Luna Giardina vendía tejidos para sostenerse y estaba pensando en empezar la carrera de Agronomía. Laurta tenía una empresa de marketing digital –y acusaciones de estafas–, además de vociferar contra los derechos de las mujeres desde Varones Unidos. Llegó incluso a justificar el asesinato de dos niños a manos de su padre, un caso de violencia vicaria que conmocionó a Uruguay en el mes de setiembre. Según publicó La Diaria, de Uruguay, el tuit más criticado fue el que escribió el 4 de setiembre cuando Andrés Morosini ya había secuestrado a sus dos hijos y todavía estaban desaparecidos: “Nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de llevarse a sus hijos y a su mujer a donde le venga la gana. Ese es el significado de la patria potestad”. 

Más tarde el mensaje fue eliminado, pero quedó en decenas de capturas de pantalla de usuarios y usuarias que lo repudiaron. Luego, cuando se supo que el hombre había asesinado a los dos niños y se había suicidado, Laurta escribió en la misma red social: “Si hubiera podido llevarse a sus hijos libremente como todo papá debería, no hubiera terminado como terminó esa trágica historia. A esos chicos y a su papá los mató la judicialización sistemática de las familias, que es para controlarlas, no para proteger, como ves, a nadie”. En otro posteo, volvió a justificar: “Hay que considerar también que el hombre estaba atravesando una situación extrema que lo ponía en un riesgo real de perder a sus hijos. La desesperación de una situación así desequilibra a cualquiera. La judicialización familiar es tortura psicológica y terrorismo de Estado”.

Una denuncia y un final ¿anunciado?

Luna Giardina conoció a Laurta a finales de 2018, a través de redes sociales. Ella era apenas mayor de edad y él le llevaba casi diez años. El hijo de ambos nació el 14 de octubre de 2019. Nunca llegaron a convivir bajo un mismo techo, él viajaba a Córdoba cada tanto y ella, a Uruguay. Pero en una de esas visitas al país vecino, Giardina sufre situaciones de violencia. Al regresar a Córdoba, presenta una denuncia: fue el 17 de octubre de 2023 en la Unidad Judicial 19 de barrio Argüello, en la capital provincial –según detalló la periodista Virginia Digón en La Voz del Interior, donde relató agresiones físicas, psicológicas, restricciones y situaciones de control sobre su persona.

La justicia dispuso entonces una restricción de acercamiento para él y le entregó a ella un botón antipánico. También fijó una cuota alimentaria que Laurta nunca cumplió. Diez días después, el uruguayo ingresó al país con armas. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad, informó Digón. Dos meses y días después, el 8 de enero de 2024, es cuando Laurta se queda agazapado en el techo de una casa contigua a la de su expareja, violando la restricción de acercamiento. Vecinos alertan de su presencia y queda detenido un mes.

¿Por qué razón lo liberaron con los antecedentes que ya constaban en la justicia? Le hicieron una pericia psicológica y la conclusión fue que comprendía la criminalidad de sus actos, no presentaba factor psicopatológico grave ni antecedentes penales. Ni resultaba peligroso para él ni para terceros. Fue liberado el 8 de febrero de 2024.

“¿Qué tan formada es la profesional que le hizo la pericia? ¿Con qué parámetros y bajo qué protocolos realizó la evaluación de riesgo? ¿Tuvo presente dinámicas propias de la violencia de género? ¿Tiene perspectiva de género? ¿Es la misma evaluación para cualquier persona acusada de un delito o se contempló el contexto de violencia de género que tenía de antecedente?”, se pregunta en diálogo con Página/12 la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. “Tenía una denuncia por violencia, luego ingresó con armas al país y estuvo tres días acechando a su expareja, llama la atención que esas circunstancias no sean valoradas como indicadoras de riesgo”, agregó la especialista.

Las alternativas 

Fuentes de la justicia cordobesa indicaron que a Giardina se le ofreció en ese momento ingresar a un refugio. Se trata de una alternativa pensada cuando hay un riesgo alto o altísimo para la mujer, es decir, si realmente existió ese ofrecimiento resulta contradictorio con la pronta liberación de Laurta, analizó Asensio. El ingreso a un refugio significa para las mujeres un régimen de aislamiento que muchas no aceptan porque sus hijos deben interrumpir sus actividades habituales –como la escuela– y ellas, dejar de trabajar: viven encerradas. Y si el riesgo era alto, “¿Por qué no se le colocó una tobillera a Laurta antes de liberarlo? ¿o por qué no se dispuso una custodia policial?”, se preguntó Asensio. Esa, señala, hubiera sido una medida adecuada.

“En situaciones de alto riesgo no alcanza una perimetral ni un botón antipánico. Hay que ser más contundente”, coincidió Fernanda Tarica, de la organización Shalom Bait, que acompañan a víctimas de violencia de género.

“El botón antipánico –objetó Asensio– sirve poco o nada porque la mujer debe estar alerta por si el agresor aparece, a veces no funciona, a veces no llega el patrullero a tiempo”. “¿Por qué no tenía una custodia en la puerta de su casa si se había evaluado un riesgo alto”, se preguntó Asensio.

“Que la protección tenga que administrársela la propia víctima es algo que el Estado no debería pedirle. Para empezar lo que puede hacer es poner el foco en los agresores”, agregó Tarica. Por la experiencia de escuchar a mujeres en situación de violencia, Tarica explicó que muchas veces “no tienen claro cómo protegerse y todo lo que la pareja agresora le dice puede llegar a tener más peso que lo que le pueden decir amigas, la madre o incluso el Estado. Entonces, por un lado, se debe hacer el seguimiento del agresor y, por otro, acercarle a la mujer recursos”.

Las denuncias de violencia de género todavía se siguen minimizando. “Las articulaciones interinstitucionales para las respuestas estatales a las violencias no existen en la actualidad. Las órdenes de restricción son prácticamente el único dispositivo judicial y en vez de marcar el inicio de un proceso, implican lo último que se hace por la víctima. Los jueces no cumplen sus obligaciones de seguimiento y tampoco citan a los denunciados como indica la ley. Si a las dificultades para prevenir la violencia le sumamos el negacionismo nacional con el tema, es obvio que los femicidios aumentarán”, cuestionó la abogada Soledad Deza, de la Fundación Mujeres x Mujeres, de Tucumán.

El Estado tiene oportunidades de proteger a las víctimas pero muchas veces las desaprovecha. En el caso de Lourdes Fernández, hubo una actuación más veloz, –seguramente porque se trataba de una famosa– aunque el fiscal demoró varias horas el allanamiento al domicilio de su pareja donde se presumía que ella estaba secuestrada.

A pesar de que la violencia de género se trata de un problema extendido –y existe, aunque el presidente y su Gobierno, la sigan negando–, el Estado muchas veces prefiere mirar para otro lado. 

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Una jovencita fue violada y embarazada por un familiar en Centenario, Neuquén. El hombre le dijo que si decía algo mataría a su madre, por lo que el hecho fue denunciado meses más tarde.

Un hombre fue imputado y quedó detenido luego de haber sido acusado de violar y embarazar a una adolescente durante una pijamada realizada en su domicilio, ubicado en la localidad Centenario de Neuquén. El agresor sexual sería un familiar de la víctima y según la fiscalía la amenazó en pleno ataque.

Manuel Islas, el fiscal del caso, y la asistente letrada Vanesa Múñoz formularon los cargos contra el violador, identificado como P.D.M. por sus iniciales, por haber abusado sexualmente de la adolescente que integra su núcleo familiar. La imputación tuvo lugar en la Ciudad Judicial e Islas pidió que quedara detenido bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación correspondiente. Las pericias del hecho sucedido entre febrero y marzo de este año ya comprobaron que el acusado cometió el abuso cuando se llevó a la joven hacia una habitación del domicilio que compartían en medio de la reunión.

«Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo iba a matar a su madre», declaró Islas sobre las amenazas del agresor sexual que demoraron la denuncia en su contra. Finalmente el delito que se le atribuye a P.D.M. es el de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

El informe posterior del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén aclaró que «como medida cautelar se requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses«. Además se fundamentó esta decisión porque si el abusador estuviera libre «existe riesgo de entorpecimiento durante la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga».

El juez de Garantías, Juan Manuel Kees, fue el encargado de dirigir la audiencia de imputación llevada a cabo el miércoles. Allí convalidó tanto la solicitud de prisión preventiva –que se efectivizó al finalizar la instancia judicial– para el imputado como la formulación de cargos en su contra. Por último, el magistrado también aprobó la extracción de sangre del acusado para verificar su ADN.

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Héctor Iturrioz, secretario de Seguridad, afirmó que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego “descartada” en la costa.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró hoy que tiene «un tinte mafioso» el hallazgo de un cuerpo atado y envuelto en Playa Magagna, en las inmediaciones de esta capital, y que conmocionó a toda la zona del valle.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la víctima habría sido asesinada en otro lugar y luego «descartada» en la zona costera.

«Se presenta claramente como un homicidio con algún tinte mafioso, así que claramente hay que investigar, aunque preocupa que ocurran este tipo de hechos», dijo el ministro en declaraciones a la prensa local.

Además, Iturrioz confirmó que el sujeto no era oriundo de Rawson, y que «había estado involucrado en otras causas recientes».

La policía de Chubut logró identificar este miércoles el cuerpo del hombre en la costa de Playa Magagna, a unos 15 kilómetros de esta ciudad.

El hombre, de unos 40 años, era oriundo de Río Negro, y tenía antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes. Y según trascendió, se trataría de un homicidio. De todas maneras, no se suministró la identidad a los medios debido a una medida judicial.

El cuerpo fue encontrado el martes por la tarde, en el sector conocido como “Las Caras Talladas”. Los transeúntes que descubrieron el cadáver avisaron a las autoridades, motivo por el que se llevó a cabo un operativo de emergencia para preservar la escena.

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Los vecinos se mantienen en alerta y con preocupación ante nuevos avisos de alertas climáticos.

Las intensas lluvias que se registraron hoy en Bahía Blanca provocaron anegamientos en distintas calles y varios inconvenientes en ese distrito bonaerense, al tiempo que hasta el momento cayeron unos 40 milímetros de agua.

La tormenta, anunciada mediante un alerta meteorológico, comenzó durante la madrugada de este jueves y se extendió hasta horas de la tarde.

En ese sentido, registró un acumulado de entre 37 y 40 milímetros en distintos sectores de dicha ciudad, en la que se se reportaron 27 llamados a Defensa Civil y en la que hubo 2 evacuados del mismo grupo familiar.

También y en el marco de un informe de la situación que brindó el municipio se indicó que de los llamados a la guardia cinco fueron por ingreso de agua a domicilio, de los cuales dos fueron por la calle, el resto por el techo y cloacas, dos automóviles encajados, dos incidentes de tránsito sin heridos, entre otros reportes habituales, no vinculados con la situación climática.

En el caso del servicio de transporte de pasajeros funcionó con normalidad a excepción de la línea 519A del barrio Los Chañares a Bordeau, en las afueras de la ciudad mientras que las autoridades restringieron la circulación de vehículos por el sector conocido como Paso Vanoli por anegamiento.

También se señaló que los servicios de primer nivel de atención funcionaron con normalidad excepto unidades sanitarias de los barrios Rucic, Grünbein y San Dionisio por dificultades en el acceso.

Luego del temporal y la inundación del pasado 7 de marzo en el que murieron 16 personas tras registrarse más de 300 milímetros de agua caída y ante un fenómeno meteorológico como tormentas , viento y hasta granizo, los vecinos se mantienen en alerta y con preocupación ante nuevos avisos de alertas climáticos.

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La Policía lo había revisado al mediodía, pero García Gómez impidió una inspección general ya que no había una orden de allanamiento.

La cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada esta noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  número 47 dio finalmente  la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento estaba Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, cuando estaba escondido en otro sector del  mismo edificio.

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

LOURDES HABLO CON LA POLICIA

La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes, cuando todavía estaba reportada como desaparecida, pero se desconocía su paradero ya que la víctima tampoco quiso revelar donde se encontraba.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien horas antes posteó un video en Instagram en el que afirmaba que sufría una “gripe”.

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La madre de la joven había radicado una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra  García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lourdes en 2022.

Además, Vera, quien concurrió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle 1250 para realizar otra denuncia, remarcó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, consignó la artista en declaraciones a la prensa.

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El gobierno de Trump aclaró que Argentina tiene problemas de aftosa, aunque ese problema fue erradicado hace rato.

Estados Unidos cuadriplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina, al elevarla desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000, según un documento oficial del área de Ganadería. La medida llega pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipara que su gobierno compraría más carne argentina con el objetivo de reducir los precios internos. En un contexto de escasez y fuerte aumento del ganado en su propio mercado, la administración norteamericana decidió ampliar el cupo de ingreso para el producto argentino como parte de un plan de contención inflacionaria.

En los últimos meses, los precios del ganado se dispararon en Estados Unidos debido a la falta de oferta, un fenómeno que empujó los valores al consumidor a niveles récord. Frente a ese cuadro, Trump anunció un programa de estímulo para incrementar la producción doméstica y, en simultáneo, autorizó un aumento sustancial en las compras externas. Entre las medidas del Departamento de Agricultura (USDA) figuran la habilitación del pastoreo de ganado en tierras federales, mayores subsidios al seguro rural y una reducción de costos para pequeños procesadores. Pero la disposición que más impacto generó fue la que benefició directamente a la Argentina, con una ampliación del cupo que multiplica por cuatro la posibilidad de exportación hacia ese destino.

Críticas

En medio de las críticas de los productores norteamericanos, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, intentó moderar el alcance de la medida. En declaraciones a la cadena CNBC, sostuvo que los consumidores estadounidenses demandan alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina por año, de las cuales unas 10 millones corresponden a la producción local. “Vamos a tener más información en los próximos días, pero dentro de esas doce millones de toneladas métricas no será mucho lo que compremos”, aseguró. Aun así, la decisión de abrir más el mercado a la carne argentina generó resistencia en algunos sectores ganaderos de Estados Unidos.

Rollins agregó que cualquier incremento de las importaciones deberá estar supeditado a controles sanitarios estrictos. “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y el Departamento de Agricultura tiene que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, expresó. Esa afirmación motivó una respuesta inmediata de referentes del sector argentino. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que la funcionaria “está mal informada”, al recordar que hace más de dos décadas que el país no registra casos de aftosa y que la producción local cuenta con certificaciones internacionales de calidad sanitaria.

Las repercusiones políticas en la Argentina no tardaron en llegar. El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, calificó el episodio como el resultado de una “perplejidad nunca antes vista” y de una “falta de respeto del presidente Javier Milei a su propio país”. En declaraciones radiales, sostuvo que “esta última gira, en el afán de sacrificar cualquier cosa, trajo tres consecuencias y ninguna beneficiosa: la salida del canciller que debía asegurar la relación con Estados Unidos, la intervención directa del país del norte en el mercado argentino y el compromiso del 96 por ciento de las exportaciones de carne del país”.

El exfuncionario vinculó el avance de Estados Unidos sobre el comercio cárnico argentino con las políticas de desregulación impulsadas por Milei. “Esto tiene que ver con las consecuencias directas del afán del Gobierno de bajar un poco el precio de la carne en el país a costa de llevarse puesto un sector que funcionaba bien desde hacía años”, remarcó. En su análisis, recordó que “desde 2011 la Organización Mundial de Sanidad Animal declaró a la Argentina libre de aftosa, con y sin vacunación”. Y añadió: “Trump, para salvar a Milei electoralmente, dice que va a ampliar el cupo de carne. No hay forma de hacerlo. Hay que ver con qué arancel se hace”.

Domínguez advirtió también que la improvisación del gobierno argentino compromete la capacidad negociadora del país ante el resto de sus compradores. “Lo grave de todo esto, en materia de estrategia comercial, es que un sector que funciona bien hoy está en crisis. La declaración de la secretaria estadounidense, sumada a la improvisación del Presidente, compromete la reputación sanitaria y la estrategia exportadora de la carne argentina, que junto con el vino fue una vía de inserción comercial en los mercados internacionales”, sostuvo. “Este zafarrancho tiene un impacto negativo sobre toda la estrategia país de exportaciones”, concluyó.

En la misma línea crítica, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, señaló que “bajará 5 por ciento el precio de la carne en Estados Unidos, pero subirá acá con la venta de ganado a ese país”. Y advirtió que “Bessent puede hacer un gran negocio más allá del dólar, y eso no es contradictorio con el ‘estamos muriéndonos’ de Trump”. De esta manera, el anuncio del aumento del cupo de importaciones se inscribe en un cuadro de relaciones bilaterales marcado por el desequilibrio, donde los beneficios parecen inclinarse una vez más hacia el norte.

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ncluso con la cobertura de ingresos que supone mantener una relación laboral, al final del día los problemas siguen allí porque no se pueden cubrir los gastos esenciales.

Uno de cada cinco trabajadores en Argentina es pobre, reveló un informe de la Fundación Mediterránea. Es decir que, aún con la cobertura de ingresos que supone mantener una relación laboral, al final del día los problemas siguen allí porque no se pueden cubrir los gastos esenciales de una familia o individuo.

Las remuneraciones son exiguas, al menos para un total de 4,5 millones de personas de un universo de 21 millones de trabajadores, según las estimaciones que hicieron Laura Caullo y Federico Belich del área Social-Laboral. Dicho de otro modo, el 21,6 por ciento de las personas ocupadas en el mercado laboral no logra superar la línea de pobreza.

De acuerdo a los últimos datos del Indec, en el primer semestre del año, una familia necesitó percibir al menos 1.065.691 pesos al mes para saltear la línea de pobreza, dado que ese es el costo de la Canasta Básica Total (CBT). El total de hogares que no logró superar ese umbral fue del 24,1 por ciento, de acuerdo a las cifras oficiales; un ratio levemente superior a la incidencia de la pobreza entre la población trabajadora que estimó la Fundación.

Si se contempla también a los desocupados, en este subgrupo la pobreza trepa al 58,9 por ciento, “lo que confirma el impacto directo de la falta de empleo en la vulnerabilidad social”, aseguran los investigadores. Aunque sin duda el dato más preocupante es “que tener trabajo tampoco exime de la pobreza”, especialmente cuando se trata de ocupaciones precarias o de baja productividad. Es decir, que el trabajo “ya no alcanza para garantizar un nivel de vida digno”, afirmaron.

Este fenómeno del “trabajador pobre” no es nuevo en el país. Durante la administración de Alberto Fernández fue la propia vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien le recriminó al mandatario que los ocupados todavía no podían vivir dignamente en Argentina y esto trastocaba los principios del peronismo.

Con la acelerada suba de la inflación en los últimos años, los salarios perdieron capacidad de compra. Además, la generación de puestos de trabajo viene siendo mayoritariamente de monotributistas; es decir empleo registrado pero de bajos ingresos.

Así, la clave en la Argentina del presente ya no es solo tener un empleo, sino la calidad de la inserción laboral, la cual fue empeorando paulatinamente: el empleo privado registrado está prácticamente estancado desde hace 10 años, mientras crece el trabajo por cuenta propia –especialmente en monotributo- y la informalidad. Según las estimaciones de la Fundación Mediterránea / Ieral, entre los asalariados formales la pobreza es del 9,7 por ciento, mientras que los independientes registrados (monotributistas o autónomos) presentan una tasa de pobreza del 12,3 por ciento.

Por el contrario, entre los trabajadores independientes no registrados, la pobreza llega al 40,5 por ciento de las personas y entre los asalariados informales al 37,5 por ciento.

Brechas de productividad

El reporte citado también puntualiza sobre la heterogeneidad productiva sectorial y regional en el país, remarcando que “la pobreza laboral se concentra en ramas de baja productividad, y en provincias donde más de la mitad del empleo es informal: como lo son Tucumán (58 por ciento), San Juan (57 por ciento), Salta (52 por ciento), Santiago del Estero (52 por ciento) y Formosa (52 por ciento)”. En provincias con alta informalidad la supuesta «recuperación económica» que proclama el oficialismo no derrama de la misma manera. De hecho ésta “no se tradujo en mejoras homogéneas del bienestar”, sostienen desde la Fundación.

En esa línea, los investigadores manifestaron que “los datos invitan a repensar el vínculo entre crecimiento, empleo y pobreza: Argentina necesita generar más puestos de trabajo, pero sobre todo, empleos formales y productivos”.

Además indicaron que “la creación de empleo en sectores de baja productividad puede mejorar las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el núcleo del problema que son los ingresos laborales insuficientes”.

La Fundación Mediterránea es un think tank empresarial creado en Córdoba en 1977, en plena dictadura, con el objetivo de influir en el diseño de políticas económicas desde el sector privado.

Su área técnica es el Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) y tuvo a Domingo Cavallo entre sus cuadros más emblemáticos. Actualmente, la Fundación está dirigida por Osvaldo Giordano, economista y exministro de Finanzas de Córdoba, quien asumió en 2024 tras la salida de Carlos Melconian, otra figura histórica del instituto.

Desde el Ieral, Melconian había preparado un programa económico integral para presentar a las autoridades que resultaran electas en 2023, aunque finalmente el equipo de Javier Milei no lo recibió. Es decir que es una usina de pensamiento relativamente cercana al espíritu del gobierno.

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