Las vacunas Covishield elaboradas en la India y desarrollada por Oxford y AstraZeneca que llegaron el miércoles a la Argentina «estarán en las provincias» a partir de este viernes, según afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, durante una recorrida por un vacunatorio y un laboratorio en la ciudad entrerriana de Paraná.

González García remarcó la «diferencia muy importante» entre el momento actual y la situación existente durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, donde «encontramos 12 millones de vacunas que las dejaron en la aduana y otro cuatro millones que se dejaron vencer».

El ministro recorrió el hospital de la Baxada en Paraná, un centro asistencial «de jerarquía que estuvo cerrado cuatro años», algo que consideró como «una afrenta a la población».

Por ello, destacó que el presidente instó a sus ministros a entender que «la vida es lo más importante y la salud es central».

Hospital de la Baxada en Paraná, un centro asistencial «de jerarquía que estuvo cerrado cuatro años».

González García consideró que «la esperanza de los argentinos está renovada» con la vacunación contra el coronavirus y destacó que Entre Ríos es «donde mejor se está gestionando la vacunación».

«No es fácil pero esta provincia demostró ritmo, organización y logística, y va a ser pionera con los números de vacunados», agregó.

«En Argentina hay muchas realidades y tenemos que analizar cada una de las particularidades del país, compartir información sobre la situación epidemiológica de cada provincia y continuar reforzando el sistema de salud con una mirada federal para poder atender a todos los pacientes de Covid que lo necesiten», sostuvo González García.

Y agregó que «esta primera etapa hacemos la vacunación para proteger a los que nos tienen que cuidar, que son los trabajadores de salud, empezando por los más expuestos. Pero el lunes empiezan con los mayores de 70 años y después vamos a llegar a todos los entrerrianos, trabajando conjuntamente».

Asimismo, detalló que la primera fase de la vacunación servirá para «proteger a quienes nos cuidan». «La fase siguiente será vacunar a los vulnerables, y después a todos, trabajando intensa y conjuntamente durante varios meses, llevando seguridad y esperanza», sostuvo.

Por otro lado, precisó que la vacuna «tiene importancia y ocupa el centro mediático», pero también llamó a «cuidar a todo el sistema de salud».

«La modernidad edilicia, como en este hospital (de la Baxada), se ve, pero no es sólo edificios sino incorporar tecnología con nuevos aparatos de diagnóstico y la informática», señaló.

En ese sentido, remarcó que se pusieron en funcionamiento «la historia clínica digital, donde todos los argentinos tienen su historia clínica a donde vayan; la receta electrónica en todo el país; la telemedicina y una nube de información sanitaria».

En tanto, mencionó que buscan ampliar un programa de trabajo con Entre Ríos donde asisten a unas 418.000 personas que no tienen obra social; para «seguir mejorando el sistema de salud, que lo encontramos descalabrado».

«Estamos dando una respuesta tremenda a la pandemia y ampliando el servicio, pensando en otras cuestiones importantísimas que no se pueden paralizar por la pandemia», concluyó.

Acompañaron al ministro su vice, Carla Vizzotti; su jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; y la presidenta del Instituto Nacional del Cáncer, Patricia Gallardo.

Carla Vizzotti: «Se distribuyeron 350 mil dosis del primer componente de la Sputnik V durante este fin de semana largo».

Vizzotti, a su turno, comentó que «ayer (miércoles) llegaron 580 mil dosis de la vacuna de Oxford producida en la India (Covisheld)» y anunció que «se está iniciando la distribución hoy para que lleguen entre mañana (viernes) y el sábado a todas las jurisdicciones del país unas 530 mil dosis».

Además, añadió que «se distribuyeron 350 mil dosis del primer componente de la Sputnik V durante este fin de semana largo».

Por su lado, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, resaltó «el acompañamiento nacional desde el primer día de pandemia para trabajar de manera articulada, coordinada, y fijando objetivos que fuimos cumpliendo paulatinamente».

El objetivo «es la vacunación según los protocolos establecidos, iniciando desde mañana con personas internadas en geriátricos y desde el lunes a las personas mayores de 70 años, en los 17 departamentos de la provincia», puntualizó.

Bordet dijo que el hospital de la Baxada de Paraná «marca el símbolo de tres épocas: la primera con la decisión política de construir un hospital con Cristina Fernández de Kirchner».

«La segunda, con el cambio del Gobierno, que mostró desidia, abandono y desinterés por la salud pública dejando respiradores con riesgo de vencimiento; y una tercera etapa que empieza en diciembre de 2019, para ponerlo en funcionamiento».

Bordet agradeció «al Estado Nacional, que acompañó con recursos y conocimiento aplicado, y con la decisión de trabajar con todos los gobernadores de manera federal».

Finalmente, indicó que pasada la pandemia, Entre Ríos va a tener «un sistema sanitario muy fortalecido y avanzado».

Nación, además, entregó a la provincia 13.500 test de VPH como método de tamizaje primario para la prevención de cáncer cervicouterino durante todo 2021 y el laboratorio se suma a las 9 provincias y a los 7 municipios de la provincia de Buenos Aires que ya cuentan con esta tecnología.

Desde el Sindicato de Salud Pública (SISAP), Noelia Fernández, informó que siguen a la espera de que el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, los convoque para brindar precisiones sobre cómo se va a pagar lo adeudado.

Asimismo, desde el gremio advirtieron que en caso de no concretarse este encuentro podrían avanzar con una medida de fuerza en toda la provincia próximamente.

En este marco, la delegada reconoció que si bien han tenido reuniones con funcionarios » no tienen el poder de tomar una decisión y entonces las reuniones se dilatan». Y reiteró que precisan reunirse con el ministro de Economía porque necesitan saber cómo se va a pagar la deuda 2019 paritaria, las recategorizaciones y certezas en torno al salario de enero y aguinaldo de diciembre.

Fernández advirtió además – a Radio Chubut – que en caso de no ser recibidos por Oscar Antonena próximamente podrían avanzar con un paro que afectaría a toda la provincia.

El Gobierno provincial informó este jueves que el viernes 19 de febrero se terminará de pagar el aguinaldo de junio del 2020 a los jubilados provinciales del 3er y 4to rango del pago escalonado.

En tanto, el sábado 20 cobraran la tercera y última cuota los trabajadores activos de estos mismos rangos.

Así, se completará el abono del Sueldo Anual Complementario (SAC) de la primera mitad del año pasado.

Los cinco sindicatos docentes con representación nacional reclamarán este jueves un aumento salarial que supere el 29 por ciento para equiparar el proceso inflacionario, en el marco de la convocatoria a la Paritaria Federal Educativa 2021, lanzada por el ministro Nicolás Trotta.

La primera reunión de la Paritaria Federal se desarrollará a partir de las 17 en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, confirmaron a Télam fuentes de ese ministerio.

Del encuentro, que se hará bajo una modalidad mixta (presencial y por zoom), participarán dirigentes de la Ctera, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).

Los referentes de los cinco sindicatos mantuvieron en los últimos días varios encuentros informales con el ministro Trotta, quien sostuvo en declaraciones a El Destape Radio que «no hay techo» previsto en la negociación desde el punto de vista de las autoridades.

El martes el funcionario declaró a Télam que una de las intenciones del Ejecutivo al iniciar la ronda de negociaciones es repetir la experiencia de la paritaria del año pasado, en la que las discusiones a nivel nacional pudieron «encauzar los debates pendientes en algunas jurisdicciones».

«Cuando finalizamos la negociación de la paritaria (de 2020), en el mes de noviembre, nos comprometimos a volver a reunirnos en febrero», afirmó Trotta.

«Ahora, como entonces, queremos volver a dar a una señal de claridad de que pretendemos que la paritaria nacional docente sea una herramienta para encauzar los debates pendientes en algunas jurisdicciones», agregó el funcionario.

Desde el sector sindical, el dirigente Fabián Felman (CEA), aseguró a Télam que la posición de los sindicatos será demandar «un aumento salarial que supere los guarismos inflacionarios», reclamo que se perfila en sintonía con el discurso desplegado por el Gobierno en su convocatoria a sindicatos y empresas para discutir precios y salarios.

Felman señaló que los equipos técnicos de los gremios evalúan la agenda que trasladarán a la mesa de negociaciones, aunque reconoció que mañana «no será posible definir nada», ya que será apenas una reunión de evaluación, según sostuvo.

«No es posible definir paritarias en un día, a excepción que el Gobierno ofrezca una propuesta insuperable. Pero ello es realmente difícil como consecuencia de la pandemia macrista que soportó y sufrió el país, que provocó elevados índices inflacionarios durante años y la ausencia de paritarias entre 2017 y 2019», remarcó Felman.

La Paritaria Federal Docente fue «recuperada» por los gremios el año pasado, durante los primeros meses del mandato del presidente Alberto Fernández.

Ese primer encuentro nacional paritario de febrero de 2020, como también su continuidad en junio, julio y noviembre, permitieron garantizar un salario o ingreso mínimo de 27.500 pesos en todo el país.

Con ese punto de partida, la expectativa gremial para 2021 es superar en algunos puntos el guarismo de inflación previsto para este año y que figura en el presupuesto (29% anual).

Otro de los objetivos, en el marco de la pandemia y el debate por la presencialidad es el de garantizar «las elementales y seguras condiciones de higiene y seguridad para regresar a las aulas».

En este escenario, en los últimos días se registraron una serie encuentros informales entre los gremialistas docentes y Trotta.

En las charlas se fueron tanteando las posiciones sobre cuestiones salariales, aunque también se conversó sobre el ciclo lectivo y el debate -muy extendido- sobre cómo instrumentar el retorno a las aulas.

El Gobierno formalizó este jueves la convocatoria a una audiencia pública para marzo próximo, en la que se analizarán las nuevas tarifas del gas «adecuadas a los salarios», y la determinación del nivel de los subsidios a cargo del Estado, bajo la premisa de «proteger los derechos de los usuarios».

Lo hizo a través de la resolución 117/2021 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la audiencia pública está prevista para el 15 de marzo, a partir de las 10, a través de la plataforma Webex.

También indicó que en la misma se analizará en un «proceso participativo» el costo del gas natural por redes, y la proporción de la cual se hará cargo el Estado vía subsidios, dentro del Plan Gas.Ar vigente, a casi dos años de mantenerse tarifas sin incrementos.

En el debate podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y deberán inscribirse hasta dos días hábiles previos, a través del formulario disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

El informe técnico que se expondrá en la Audiencia Pública, elaborado por la Secretaría de Energía, estará a disposición de quienes estén interesados, en la página web de la Secretaría: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

Energía consideró que es preciso «proteger los derechos de los usuarios» y «cuidar los ingresos de dichos usuarios a través de la determinación de tarifas que cumplan con los criterios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad definidos por la Corte Suprema de Justicia», en la causa del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad que frenó el primer incremento tarifario de la gestión Cambiemos.

La convocatoria se da en el marco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (conocido como Plan Gas.Ar), que busca abastecer de gas natural de producción nacional la demanda local, reemplazando fuentes importadas y más caras de ese fluido.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el miércoles el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551.

«La herramienta permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones», destacó la AFIP en un comunicado.

La Resolución General N° 4933, publicada este jueves en el Boletín Oficial, da forma a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley N° 27.551.

Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación.

La normativa de la AFIP dispone que los contratos alcanzados por el régimen son las locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o similares

Si bien no son sujetos obligados, la normativa contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El régimen también prevé que los sujetos que asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informar en forma voluntaria un contrato.

El Régimen de Registración de contratos de Locación de Inmuebles entra en vigencia a partir del 1° de marzo. Los contratos celebrados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril de 2021, inclusive.

La normativa de la AFIP dispone que los contratos alcanzados por el régimen son las locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles

También están comprendidas las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o «stands» en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc.

Todos los contratos deberán ser informados en forma digital ingresando con Clave Fiscal en afip.gob.ar al servicio «Registro de Locaciones de Inmuebles – reli-contribuyente».

Los sujetos obligados deberán proporcionar datos vinculados a su rol de locador, a la identificación del inmueble y del resto de los intervinientes, y además, deberán adjuntar en un archivo «.pdf» o «.jpg» el contrato celebrado.

El plazo para informar estas operaciones, tanto para cuando se suscriba el contrato de locación o arrendamiento, o para cuando se modifique uno ya existente, será dentro de los 15 días corridos posterior al acto.

Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación

Cuando en los contratos celebrados intervengan intermediarios, éstos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores.

En el caso de un condominio, la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

Asimismo la ley N° 27.551 dispuso que, cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato.

El sistema para las comunicaciones judiciales se encontrará disponible a partir del 15 de abril de 2021.

Noelia Fernández, delegada del Sindicato de Salud Pública (SISAP), anunció que convocarán una medida de fuerza general en la provincia en el caso de no tener una respuesta del Gobierno a principio de la próxima semana.

Reclaman por la deuda de paritarias 2019 que, según detalló Fernández, llega casi a los mil millones. También piden recategorizaciones y tener certezas del cobro de haberes de enero y el aguinaldo adeudado del mes de diciembre.

El eje central del reclamo de los trabajadores de la Salud es la situación económica y la delegada afirma que hasta el momento no tuvieron respuestas de cómo se va a pagar la deuda.

“Esperamos respuestas del ministro de Salud (Fabián Puratich) que en su momento se comprometió a generar una reunión con el ministro de Economía (Oscar Antonena). Si todo esto no pasa se tomarán medidas de acción directa”, avisó.

“La única forma de que esta reunión se lleve a cabo es que esté presente el ministro de Economía”, agregó: “Nos ha pasado que han estado presentes funcionarios que no tienen poder de tomar una decisión”.

Acerca de las irregularidades con las vacunas Sputnik V en el Hospital de Trelew y la desaparición de 30 dosis en el Hospital Regional de Comodoro, señaló: “Es lamentable. No queremos hablar de más para no perjudicar la investigación. La responsabilidad directa es de las autoridades de los hospitales. Nosotros nunca vamos a avalar que se roben vacunas. No vamos a cubrir a nadie”.

Sobre el cronograma de vacunación, sostuvo que entre la Salud pública y privada son 10 mil los trabajadores que integran el sistema sanitario de la provincia. “Hasta ahora se vacunó al 30% del personal nada más. Lo que nosotros pedimos es un cronograma de vacunas para ver de qué manera sigue todo esto. Hasta que esto no se agilice vamos a seguir teniendo bajas”.

La Secretaría de Comercio Interior imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

«Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020», informó Comercio Interior en un comunicado.

Por su parte, varias de las empresas imputadas consultadas por Télam respondieron que todavía no recibieron ningún aviso oficial al respecto, y hasta tanto no suceda no se van a referir a la cuestión.

La resolución referida por Comercio Interior, es la que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos.

La misma «tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados».

La semana pasada, entre el lunes y el jueves, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, realizaron 174 inspecciones que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos.

Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, los inspectores «identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo».

Las inspecciones se realizaron en empresas de insumos; comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados.

También se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos, y no presentar declaración jurada con la lista de precios correspondiente.

Cuando las dispersiones de precios se verifican en más de 10 productos se procede a una clausura preventiva, por 24 horas, para que los comercios normalicen la situación.

A partir de esta evidencia, Comercio Interior explicó que «se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021».

«Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos», indicó el área que conduce Paula Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, «se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos«, precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, «se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado».

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, «se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes».

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo «también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades».

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) «acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones».

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata «se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites».

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, «también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas».

Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini «no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo».

«En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100 y modificatorias, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite ante la Subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización», remarcó Comercio Interior.