El gobierno nacional apelará el fallo judicial que libera el precio de la televisión paga para las empresas socias de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) y recusará al juez que dictó la medida.

«Estamos en proceso de apelación y recusación», indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, en diálogo con Télam.

Precisó también López: «Este jueves recibimos la notificación» del nuevo fallo del titular del juzgado federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, expediente 858/2021, que ordena que se «suspenda la aplicación y ejecución» del DNU 690 y toda norma posterior «hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, con respecto a todas las empresas que conforman la clase aquí certificada».

«En medio de una segunda ola le pedimos a la gente que estudie, trabaje, que se anote para vacunarse, todo por internet y ahora un fallo judicial le dice a un grupo de empresas que cobren lo que quieran. Es bochornoso»

GUSTAVO LÓPEZ- VICEPRESIDENTE DE ENACOM

Este es el segundo fallo de Bustos Fierro que va en contra de lo dispuesto por sus pares en otras jurisdicciones. Las empresas certificadas son las asociadas a ATVC, que reúne a las operadoras de televisión por cable.

En el primer fallo, de principios de este año, se benefició a la empresa cordobesa TV Cable Color, y el Gobierno recusó al juez y apeló la medida.

«El juez se excusó, la causa cambió de juez y ahora la Cámara de Apelaciones tiene que expedirse»; precisó López a Télam.

El funcionario recordó que «todos tienen derecho a cuestionar la constitucionalidad de una medida del Gobierno, un proceso que lleva tiempo y que se dirime finalmente en la Corte».

Pero «en medio de una segunda ola (de coronavirus) le pedimos a la gente que estudie, trabaje, que se anote para vacunarse, todo por internet» y «ahora un fallo judicial le dice a un grupo de empresas que cobren lo que quieran», añadió.

Gustavo López: «Las comunicaciones son un servicio público porque se le dice a la gente que todo lo tiene que hacer bajo esa modalidad»

«Es bochornoso», remarcó López, para agregar que «el Estado tomó una medida más que razonable».

Las comunicaciones «son un servicio público porque se le dice a la gente que todo lo tiene que hacer bajo esa modalidad» y «si no regulamos el precio, condenamos a la gente», concluyó el funcionario.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de tres exmilitares y dictó la falta de mérito de otro en la causa que investiga la aplicación de torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, informaron fuentes judiciales.

A pocos días de haberse conmemorado el 39 aniversario del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña, el alto tribunal ratificó de esta forma, aunque de manera parcial, el fallo que había dictado en febrero de 2020 el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se instruye la investigación.

La resolución judicial de 20 páginas confirmó el procesamiento de Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde, mientras que definió como «falta de mérito» (implica que no hay evidencia ni para sobreseer ni para procesar) la situación procesal de Belisario Affranchino Rumi.

Dos de los camaristas, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, modificaron el criterio de la jueza de primera instancia Mariel Borruto y definieron como «vejaciones», en lugar de «imposición de tormentos», los delitos cometidos, aunque ambas calificaciones están asimiladas al concepto de torturas establecido en los tratados internacionales.

Un aspecto central del fallo es que los jueces Leal de Ibarra y Suárez ratificaron que se trata de «delitos de lesa humanidad» y por lo tanto no prescriben, en tanto que la tercera camarista, Hebe Corchuelo de Huberman, postuló que más allá de su gravedad, constituyeron ilícitos comunes y, por eso, los consideró ya prescriptos en función del paso del tiempo.

Sin embargo, según el voto mayoritario, las conductas investigadas no habrían sido hechos aislados o aleatorios, sino que «presumiblemente formaron parte de una agresión, desplegada por la superioridad contra el personal subalterno, que por lo menos habría gozado de la aquiescencia del Estado», indica la sentencia a la que accedió Télam.

En ese mismo sentido, juzgaron como una «práctica corriente realizada por el personal superior» la aplicación de «sufrimientos, consistente en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes», como parte de una «política de supremacía de los altos mandos por sobre los soldados más rasos».

En cambio, la jueza Corchuelo de Huberman sostuvo que aunque las conductas investigadas «pudieron haber atentado gravemente contra bienes jurídicos individuales, no resulta suficiente para su conceptualización como delitos de lesa humanidad».

«No surgen constancias que permitan comprobar la pertenencia de dichos actos a algún plan de persecución o aniquilación sistemática. Por más aberrantes que puedan resultar las acciones que presuntamente se habrían desarrollado, no se encuentran acreditados los requisitos de sistematicidad ni generalidad del ataque, como elementos que elevarían los delitos supuestamente cometidos a la categoría más grave de delitos contra la humanidad», analizó la magistrada.

El fallo volvió sobre la investigación de 18 hechos de torturas, consistentes en estaqueamientos y enterramientos, entre otras vejaciones, aplicados a soldados que se quejaban por la falta de comida o, directamente, buscaban conseguirla por sus propios medios.

La decisión judicial se conoce, además, a una semana de que la jueza Borruto indagará a otros seis exmilitares.

Los soldados «habrían sido sometidos a estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación».

La investigación de las presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas tuvo su origen en la proyección de la película «Iluminados por el fuego», de Tristán Bauer y Edgardo Esteban, organizada en 2005 por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes.

Al final del evento, varios excombatientes que estaban en la sala se quedaron en sus butacas, visiblemente conmocionados y con lágrimas en los ojos.El subsecretario Pablo Bassel habló con ellos y comenzó a interiorizarse de que varios de los soldados que combatieron en Malvinas habían sido víctimas de tormentos.

Dos años después, el funcionario correntino presentó la denuncia en Río Grande con los primeros 25 casos.

«Hoy, los torturadores van a dormir menos tranquilos. Hoy se avanzó y mucho y dimos un paso importante en materia de verdad y justicia. Esto es la construcción del Nunca Más de Malvinas», sostuvo en su cuenta de Twitter el abogado especialista en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata que interviene como querellante en la causa.

Los dos imputados que fueron llevados a juicio oral y público por las amenazas a Andrés Meiszner -ex secretario de trabajo de la provincia- hablaron ante el juez Marcelo Nieto Di Biase antes de escucharse los alegatos de las partes. Se trata de Edgardo Hompanera y Carlos Morales, ambos dirigentes de una fracción de la Asociación Trabajadores del Estado.

El veredicto se conocerá el próximo viernes a las 9.30 en una audiencia convocada por el magistrado, ante los representantes del Ministerio Público Fiscal Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán, además del defensor Sergio Miranda.

Edgardo Hompanera hizo una encendida defensa de su trabajo gremial, las dificultades económicas a raíz de sus diferencias con la conducción nacional de ese gremio, además de cómo el proceso penal en su contra lo perjudicó personalmente y desde el punto de vista de su actividad sindical. “No entiendo por qué me denunciaron por una cosa y ahora solo estoy imputado por amenazas”, manifestó. También destacó en su extensa exposición, que el caso que derivó en el juicio oral y público “fue una maniobra de todo el aparato estatal para sacarnos de la calle”.

Respecto del incidente en el despacho de Meiszner, lo minimizó indicando que se trató de “una discusión como la tenemos en cualquier lado” y que “solo fue un encuentro elevado de tono”.

Finalmente comparó la denuncia en su contra con un hecho de violencia ocurrido semanas atrás en la Municipalidad de Trelew. “Hace un par de meses un funcionario de la Municipalidad de Trelew salió ensangrentado por una agresión y no hubo denuncia, no hubo investigación, no hubo juicio, no hubo nada. Y a nosotros nos tiene acá, en este Juicio. ¿Cómo es que cambia la Ley a apenas 12 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra”, se preguntó.

Morales

Por su parte Morales se refirió a los motivos del ingreso a la oficina de Meiszner, la necesidad de reconocer a esa fracción gremial de la Asociación Trabajadores del Estado “para que podamos sentarnos a discutir paritarias” y que el encuentro con el funcionario provincial se decidió momentos antes durante una asamblea gremial. También aludió a cómo el proceso judicial en su contra lo perjudicó personalmente, a su esposa que es docente, en su condición de dirigente barrial y en su actividad en el fútbol barrial. “No soy un delincuente y ni siquiera tengo antecedentes penales”, destacó.

Luego de un mes de juicio, la causa “Revelación” llegó a su fin y ahora los son los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales quienes deben emitir el veredicto.

A juicio llegaron los ex funcionarios del Gobierno provincial Pablo Oca, Diego Correa,  Alejandro Pagani, Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, además del empresario Martin Castillo.

La causa demandó más de 2 años de investigación y en el debate los fiscales aseguraron que expusieron “sobreabundantes pruebas” y ahora, según los plazos procesales, la condición de culpabilidad o inocencia de cada uno de los imputados, deberá conocerse antes del lunes.

La Fiscalía sostuvo que “la asociación ilícita empezó a funcionar a partir del tercer gobierno de Mario Das Neves, desde diciembre del 2015 -y- tuvo como objetivo principal el pago de retornos por parte de empresarios de la construcción. Estos retornos derivaban de la obra pública”.

Es importante recordar que la causa llegó a tener más de 60 imputados, la mayoría de ellos empresarios, y casi la totalidad fue beneficiada con el instituto de la Probation (suspensión de juicio a prueba).

Para los investigadores “estos empresarios fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas”.

De acuerdo a la investigación, estos retornos luego se distribuían en forma de “sobresueldos” a los involucrados, movimientos que quedaban registrados en las famosas “listas de Luthers”. De acuerdo a lo indagado por los investigadores, la asociación “recaudaba entre 8 y 9 millones de pesos mensuales”.

Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la asociación ilícita tuvo también ramificaciones en Comodoro Rivadavia, donde se fijó como objetivo apropiarse de Canal 9. La maniobra fue realizada por Jorge Ninin, condenado en este caso; y por Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la propietaria de ese canal.

Los investigadores expusieron durante el juicio que el extinto gobernador “Mario Das Neves era el jefe de esa asociación”, subrayando que este entramado “no pudo haber funcionado sin su expresa anuencia”.

“Esa asociación ilícita comenzó el 1º de diciembre del 2015 y coincide con la asunción del ex gobernador. Sus integrantes ocuparon lugares estratégicos y con mucho poder. Tenían un rol diferenciado y todos estaban cohesionados mediante el mecanismo común”, sostuvo el fiscal Nápoli en sus alegatos.

Los fiscales subrayaron que fueron clave las pruebas incautadas en la casa de la calle Marconi al 340 de Trelew, propiedad de los padres de Luthers, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs).

Asimismo las pericias informáticas realizadas marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esta asociación ilícita organizada por Correa y el sistema de liberación del pago que realizaba Oca, repasó la Fiscalía.

El juicio también contó con testimonios del personal de la Administración Pública. Los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa manifestaron que Luthers les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.

Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran de entre el 3 y 5% del total del costo de la obra ejecutada.

Para los Fiscales, todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre 2016 y 2017, y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa.

Ajuicio de los fiscales “no quedó ninguna duda de que estas personas integraban una asociación ilícita que tenían como finalidad por un lado la de enriquecerse, afectando el patrimonio del Estado Provincial y el patrimonio particular de empresarios de la construcción que no tenían nada que ver con esta red que estaba enquistada dentro de la administración pública Provincial del Chubut”.

La Ministra de Educación, Florencia Perata, destacó a Radio 3 el bajo impacto que ha tenido en Covid en los establecimientos educativos y el “buen funcionamiento de los protocolos”.

Subrayó así que “los protocolos están funcionado, las escuelas no son lugares de contagio”, ante lo cual se impulsa y acompaña a los establecimientos a incrementar la matrícula y burbujas.

“Tenemos que apelar a la conciencia social para mantener esto –pero- en porcentaje, estamos arriba del 65% de la presencialidad y es muy bajo el impacto del Covid en las escuelas”, remarcó.

Informó que hubo casos de Covid en establecimientos, “tenemos informado el caso de Corcovado y el de la Agrotécnica de enero (periodo especial), además de un caso sospechoso que finalmente no fue”.

En esta línea, solicitó a los trabajadores de la Educación que se registren en el sistema CuidAr Escuela, para hacer un seguimiento on line de la situación en cada establecimiento.

En este contexto, la Ministra Perata subrayó que “estamos acompañando a los equipos directivos para que se vayan sumando burbujas –ya que- el protocolo está funcionado bien”.

“Estamos promoviendo esto de superar lo que fue el inicio. El lunes hay más escuelas que empiezan y estamos monitoreando. Hay cuestiones menores, como matafuegos, pero estamos en eso, dando respuesta”, agregó.

Finalmente, precisó que en el transcurso de este mes darán inicio las clases presenciales en los niveles Secundario y Terciario. En el caso del Secundario porque en marzo “estuvieron cerrando notas y ahora tenemos el comienzo”.

En el nivel Terciario, Perata reveló que se apuntará a regresar a la presencialidad a los ingresantes (1º año) y a los del 4º año, “estamos impulsando el regreso del 4º porque son los de prácticas profesionalizaste y pedagógicas”. Los 2º y 3º año continuarán, por el momento, con la virtualidad.

Cerró destacando que el nivel Primario es “el que mayor masividad ha tenido, son las que más rápido se han organizado y regresado, igual que Inicial”.

El Gobierno provincial publicará este miércoles un nuevo decreto, mediante el cual regula las medidas preventivas por el Covid 19 y que incluye a todas las localidades de Chubut.

Según indicó el ministro de Salud, Fabián Puratich, la circulación en la provincia se restringirá hasta la 1 de la mañana los días de semana y hasta las 2 de la mañana los fines de semana.

Puratich explicó: “Lo que se busca con este decreto no es perjudicar a nadie, sino sostener toda la actividad económica y productiva que tiene toda nuestra provincia. El decreto tiene que ver con todo aquello que se lleva a delante de forma que no corresponde: fiestas y reuniones sociales masivas, por ejemplo. Sabemos que el ámbito social es el lugar de mayor contagio. Estamos viviendo una etapa climática que no es favorable porque los encuentros se realizan en lugares cerrados. Tenemos que evitar los eventos multitudinarios y en eso está basado el decreto”.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, señaló que la ciudad adhiere a las medidas de prevención que fueron anunciada por el ministro de Salud hoy en la Municipalidad de Trelew. Asimismo, anunció que el lunes por la tarde abrirán el Gimnasio Municipal 3 del barrio Corradi como un anexo al Centro Vacunatorio de Trelew.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que la evidencia de datos y estrictos protocolos muestran que «hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad» y negó que la suba de casos esté relacionada con la vuelta a las aulas.

«Todo lo que sea un espacio institucional donde se pueda ejercer un control de los protocolos, con un tercio de los docentes y auxiliares del país vacunados, evidencia que hoy están dadas las condiciones para sostener la presencialidad», subrayó Trotta.

En diálogo con la radio online FutuRöck, el ministro de Educación también afirmó que «no está en duda eso, ni hay evidencia que la suba de casos está relacionada con la presencialidad en las escuelas».

Si bien aseguró que se encuentran «preocupados porque es una situación de enorme complejidad», frente a la segunda ola de Covid-19, dijo que «tienen una atención diaria en las variables epidemiológicas dentro de la escuela en distintos puntos del país».

«Es posible sostener una presencialidad cuidada, en espacios donde se logran cumplir los protocolos, que son de los más estrictos del mundo y la evidencia que tenemos nos permite inferir que muchos casos no se produjeron en las escuelas», apuntó.

En esa línea, el ministro remarcó la evidencia señala que «el principal foco de contagio» se da «en los ámbitos sociales donde no se cumplen los protocolos».

«Si uno analiza las últimas semanas, los contagios de adolescentes subieron pero están por debajo del promedio del resto de la población, donde los mayores niveles de contagio se dan entre los 20 y los 39 años», dijo Trotta.

Con respecto a la reunión mantenida en Casa de Gobierno con el ministro de Transporte, Mario Meoni, Trotta señaló que «el tema de contagios y el transporte está planteado y ponemos el foco en fortalecer la cantidad de unidades» y aseguró que no hubo «un incremento exponencial ante el inicio del ciclo lectivo».

«Según los efectores de educación, uno de los aspectos que peor ha funcionado es el ingreso escalonado a las escuelas. Por eso, tenemos que fortalecer estas instancias para ampliar el ingreso en las instituciones, como el cumplimiento de protocolos de quienes acompañan a los chicos a la escuela», afirmó.

Además, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que, al analizar las variables con la App de Cuidar Escuela, con información de casos sospechosos y positivos, «tenemos protocolos muy estrictos y, frente a casos sospechosos, hay que aislar burbuja o el aula, cosa que no ocurría en otros países del mundo».

“No hubo un incremento exponencial de contagios ante el inicio del ciclo lectivo»

NICOLÁS TROTTA-MINISTRO DE EDUCACIÓN

Lo observado en la plataforma Cuidar, aseguró el ministro, es que existe un nivel de contagio de menos del 1% en alumnos y del 1.02% en docentes, después de un mes y medio de clases presenciales en todo el territorio argentino. No obstante, descartó la posibilidad de compartir alguna instancia que implique «flexibilizar los protocolos» sino más bien lo contrario.

Ya son 500 mil los docentes y auxiliares vacunados de todo el país –lo que representa más del 33% del sistema educativo– con la Vacuna Sinopharm.

«Hay 63 mil establecimientos educativos en todo el país y yo confío en nuestra comunidad educativa y si hay una escuela donde no se cumplen los protocolos, se avisará al Director o se denunciará al ministerio de Salud», dijo y pidió a las familias «un esfuerzo de sostener los cuidados fuera de la escuela».

Un fiscal de la ciudad fueguina de Ushuaia pidió investigar si existió alguna conducta «dolosa» en el caso de la turista de 28 años, oriunda de Necochea, que murió el domingo mientras realizaba una excursión en zona de montaña.

Se trata del fiscal Nicolás Arias, que interviene en la causa y quien suscribió un «requerimiento de instrucción» para promover la investigación penal que se encuentra a cargo de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo.

Arias le pidió a Barrionuevo la realización de una serie de medidas probatorias para reconstruir las horas previas al fallecimiento de Carla Ferrelli, de 28 años, quien se descompensó el sábado por la tarde cuando regresaba de una caminata al Glaciar Ojo del Albino y la Laguna Esmeralda, por un sendero que parte de la Ruta Nacional 3 a unos 15 kilómetros de Ushuaia.

Voceros judiciales informaron a Télam que en el caso ya declararon 15 personas como testigos, entre ellos el dueño de la empresa «Ushuaia Blanca» contratada por la joven para la excursión, el guía de montaña que la acompañó y otra persona más allegada a la firma.

Además, declararon en sede policial 12 miembros de la Comisión de Auxilio de la provincia que acudieron al rescate de la víctima, y la encontraron ya sin signos vitales.

Los investigadores buscan determinar qué sucedió entre las 18 del sábado, cuando Ferrelli se descompensó mientras regresaban de la caminata, en medio de una jornada con mucho frío e intensas lluvias, y la madrugada del domingo cuando se constató el deceso.

Algunos testigos coincidieron en declarar que el grupo (conformado por el guía y cuatro turistas) pidió ayuda por teléfono a las 19 del sábado, momento en que tres turistas se separaron de los demás para concluir el camino, y el guía se quedó al cuidado de Ferrelli, que ya no podía caminar.

Sin embargo, los miembros de la Comisión de Auxilio no llegaron a salir hacia el lugar porque la empresa informó que realizarían la maniobra con un «grupo propio».

Recién a las 22, cuando ese rescate se frustró por motivos aún no determinados, volvieron a comunicarse con los rescatistas que acudieron al sitio y se encontraron con la mujer fallecida a raíz de un paro cardiorespiratorio.

Este martes, la jueza Barrionuevo aguardaba el informe final de la autopsia realizada al cuerpo de la turista, para corroborar si el antecedente de la muerte fue, efectivamente, un cuadro agudo de hipotermia.

En ese caso, la investigación podría virar hacia las responsabilidades de la empresa y del guía, considerando que la excursión se llevó a cabo en medio de condiciones climáticas adversas y que se produjo una demora de cuatro horas entre la descompensación de la joven y el momento en que los rescatistas llegaron al lugar.