El juicio a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, se iniciará el 2 de enero de 2023, en plena feria judicial de verano, y se realizará en 22 jornadas, de lunes a viernes, con la participación de más de 130 testigos,informaron este viernes fuentes judiciales.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el “auto de prueba”, que emitió este jueves y con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.

Pese a que tanto los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se haga a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, el TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.

La cantidad de testigos que deberán declaran serán un total de 130

“Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso”, señalaron los jueces en la resolución a la que accedió Télam.

“Asimismo -continuaron-, no compartimos la propuesta tanto de los Particulares Damnificados como de la Defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad”.

Y agregaron que «a los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes”.

Las jornadas se desarrollarán en la sala de audiencias multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense.

Además, en otro tramo de la resolución, se indicó que la cantidad de testigos que deberán declaran serán un total de 130 y se fijaron 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 dolorense.

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa afrontan cargos por «homicidio doblemente agravado por alevosía.

Entre los planteos que los jueces rechazaron, hay un pedido de la defensa de los rugbiers para que sean citados como testigos los fiscales de instrucción Verónica Zamboni y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi, a quienes el abogado Tomei quería interrogar por el modo en que se realizaron las indagatorias, algo que siempre cuestionó y que fue un motivo por el que llegó a pedir la nulidad de la causa.

«Los magistrados propuestos como testigos no han tomado conocimiento de los hechos en calidad de tales, sino -obviamente- por su condición de investigadores o de defensor. El conocimiento que de los hechos posean en consecuencia obedece a sus funciones», explicaron los jueces.

En cuanto a la querella, el TOC 1 rechazó por «impertinente» un planteo de Burlando y Améndola para que el Servicio Penitenciario Bonaerense informe si los rugbiers utilizan teléfonos celulares en su lugar de detención y se informen los números de abonados para hacer un análisis de llamadas entrantes y salientes.

El tribunal notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.

De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa afrontan cargos por «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Además, en el juicio se debatirán las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).

De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo «entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell».

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, y para ello «previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles», luego de que «minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado» con él, «quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos».

La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que «aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron» en el suelo «varias patadas en su rostro y cabeza», y los golpes le produjeron «lesiones corporales internas y externas» que «provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo».

También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados, donde se hallaron mensajes como el de Lucas Petossi anunciándole al resto que Fernando «caducó», o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.

El Gobierno nacional oficializó las condiciones y requisitos necesarios para que las personas puedan acceder al plan de Jubilación Anticipada anunciado días atrás en Casa Rosada.

Tal como se había comunicado oportunamente, este beneficio extraordinario está destinado a los trabajadores en situación de desempleo que acrediten 30 años de aportes y hayan cumplido la edad de 60 años en el caso de los varones y 55 años en el de las mujeres.

Respecto a la situación de desempleo, se afirma que quien pida el beneficio debe verificar esa condición «al 30 de junio de 2021 y mantenerse a la fecha de solicitud de la Prestación Anticipada, así como durante todo el período de percepción de la misma».

Así lo formaliza la Resolución 21/2021 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que lleva la firma de su titular, Luis Guillermo Bulit, y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

«A fin de constatar dicha situación la persona debe encontrarse residiendo en el país (en los últimos 90 días corridos) y permanecer en el territorio durante el lapso mencionado. El reingreso laboral posterior a la solicitud del beneficio o la no residencia en el país, importará la pérdida del derecho a la prestación», añade el texto de la norma.

La resolución aclara distintos puntos que hacen al beneficio, entre ellos, que para el cálculo de aportes «no se computarán servicios fictos, bajo declaración jurada, servicios amparados en esquemas de regularización de deudas previsionales, o por cualquier otra modalidad que no implique la prestación efectiva de servicios con aportes acreditados al Sistema de Seguridad Social».

Por otra parte, para el caso de trabajadores que aportan a «regímenes diferenciales» que exigen menos de 30 años de servicios, se considerará que podrán acceder habiendo cumplido el tiempo mínimo que exige el régimen diferencial.

Además se señala que no corresponderá esta prestación en caso de que el solicitante haya computado «servicios reconocidos por Convenios Internacionales de Seguridad Social» y se encuentre percibiendo alguna prestación por parte de otro Estado.

La fecha inicial de pago de la Jubilación Anticipada será la de su solicitud, siempre que a esa fecha se reúnan todos los requisitos establecidos y, en el supuesto que la persona solicitante se encuentre percibiendo un beneficio incompatible con dicha prestación, la fecha inicial de pago será la del día posterior a la de la baja del citado beneficio, siempre que esto tuviera lugar luego de efectuada la solicitud

Al tener un carácter «extraordinario», no corresponde su otorgamiento «cuando la persona afiliada tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario, sea de Jubilación o Retiro por Invalidez».

Empezaron a concentrar alrededor de las 10 de la mañana frente al Ministerio de Educación  para luego recorrer las calles de la ciudad capital, reclamando por paritarias, aumento y recomposición salarial. En contra del aumento del 10% decretado días atrás por el gobierno.

Patricia Mariezcurrena, integrante de Soyeap, vociferó: «La situación es muy crítica, esta desfasada con la realidad. Es imposible sostener lo que este Gobierno esta pretendiendo hacer».

Alrededor de cuatro cuadras de extensión tiene la columna de personas que se movilizan y que tiene destino final la Casa de Gobierno donde amplificarán el reclamo por el decreto salarial.

El juez de ejecución penal Dr. Gustavo Castro llevó adelante la audiencia formal de apertura de investigación solicitada por el ministerio público fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 274 del Código Procesal Penal, contra cuatro policías a quienes se le imputa haber detenido a docentes que se manifestaban frente a la Honorable Legislatura Provincial, en diciembre del año 2019.

El hecho

En dicha oportunidad y según relata la funcionaria de fiscalía, Patricia Cárcamo, desde el traslado en el móvil policial, los detenidos fueron obligados a permanecer con el cuerpo inclinado hacia delante, con la cabeza tapada y recibiendo golpes de puño en distintas partes del cuerpo por parte de los uniformados, conducta que luego prosiguió dentro de las dependencias de la Comisaría de Rawson.

La apertura contó con la oposición de la Dra. Gladys Olavarría, defensora particular del subcomisario Juan García y la cabo Ana Larsen, quien expuso una serie de objeciones respecto a los certificados médicos en los cuales la fiscalía centra su teoría del caso.

Respecto de la Dra. Janet Davis, defensora oficial de los otros dos imputados, no se opuso a la apertura, aunque si lo hizo al igual que Olavarría, respecto de la pretensión de constituirse como querellante el Dr. Damián D’Antonio, hasta que presente el escrito que lo constituya como tal.

Resolución del juez

Por último, el Dr. Castro resolvió hacer la apertura formal de investigación otorgando un plazo de seis meses para la realización de la misma, entendiendo que todos los planteos descriptos por la defensa, deberán ser objeto de debate en otras instancias del proceso y no en esta audiencia cuyo único fin, es anoticiar a los imputados del objeto de los hechos que se les adjudican.

El abogado de Eric Lucero, papá de Gualupe, aseguró que hay una nueva hipótesis de investigación y pidió que la búsqueda se oriente hacia un barrio aledaño al lugar donde fue vista por última vez la niña de 5 años desaparecida hace exactamente cuatro meses en el sur de San Luis.

«Tenemos una hipótesis y creemos que se tiene que buscar no solo en el perímetro donde desapareció la nena sino también en el San Luis XXIII que es el barrio aledaño», afirmó este jueves a Télam, Héctor Zabala, el abogado de Eric Lucerol.

Es la primera vez que en cuatro meses, que el letrado asegura tener una pista sobre el destino que podría haber tenido la niña, luego de una interminable cadena de búsquedas y planteos judiciales para dar con su paradero.

«Creemos que se tiene que buscar también en el San Luis XXIII que es el barrio aledaño»

HÉCTOR ZABALA

«Por razones obvias no puedo mencionar el sustento de nuestro pedido, pero entendemos que es el camino más seguro a seguir», indicó.

En este sentido, agregó que el pase de la causa al fuero federal que fue pedido por esa defensa en el comienzo de la investigación «hoy está abocada a la investigación de dos delitos: la trata de personas y el secuestro extorsivo», lo que siembra «muchas expectativas».

«Lamentamos que haya pasado el tiempo porque hace diluir algunas pistas», apuntó, no obstante.

También lamentó que esta hipótesis no haya sido investigada al principio de la pesquisa porque -argumentó- «hubiera tenido otros resultados».

La familia anunció que contratará a un nuevo perito rastreador. (Foto El Diario de la República)

Zabala indicó que en la justicia provincial «no se ha avanzado, porque continúa la causa caratulada como averiguación de paradero, que es el sumario policial» pero señaló que sí se «han llevado adelante algunas medidas que estamos al tanto, aunque no hemos podido tener acceso íntegramente a las actuaciones», se quejó.

Por otra parte, señaló que la policía dejó de informar sobre la búsqueda de Guadalupe porque ese seguimiento tenía «un impulso mediático» que se debilitó y que, «por una cuestión política, se hacían operativos muy grandes, en lugares donde sabíamos que no tenía mucho sentido buscar y se desplegaban cientos de efectivos en un desgaste que nosotros entendimos como innecesario».

«La investigación sigue encabezada por las mismas personas que fracasaron desde un principio y continúan fracasando hasta el día de hoy, el Ministro de Seguridad, los mismos jefes en la Policía, por eso creemos que, si se sigue insistiendo con algo que dio resultados negativos», no se avanzará en la causa, planteó.

«La investigación sigue encabezada por las mismas personas que fracasaron desde un principio y continúan fracasando hasta hoy»

HÉCTOR ZABALA

Ante esto, reveló que el papá de Guadalupe, «ha confiado en una persona que se había comunicado hace dos meses con él, que vendrá con un equipo de canes y otras herramientas técnicas para buscar a la nena».

Este jueves a las 17 horas, convocada por la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, se realizará a una nueva marcha al cumplirse cuatro meses de su desaparición en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis. El lugar de la concentración será la Plaza Pringles de la capital puntana.

Los datos de la menor continúan publicados en el sitio web de Interpol.

Los encuentros, que se realizan desde que la pequeña fue vista por última vez, han variado en la temática de la protesta, que se inició con fuertes reclamos al Estado provincial por su responsabilidad en el hecho, y se convirtieron luego en «marchas del silencio».

En tanto, el fiscal federal provincial, Cristian Rachid, junto a Marcelo Colombo, Alejandra Mangano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Leonel Gómez Barbella, investigan la probabilidad de la comisión de delitos sexuales, con la hipótesis de que la niña fue raptada para ser víctima de explotación sexual.

El padre de Guadalupe, Eric Lucero, anunció que para sumar a la búsqueda contratará al especialista rionegrino Marcos Herrero, quien es perito independiente y entrenador de perros rastreadores y participó en anteriores búsquedas de personas.

Por su parte la madre de la niña, Yamila Cialone, contrató hace un mes a Santiago Díaz de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, que tiene sedes en Santa Fe y en Chile, quien había afirmado que la nena «fue raptada y subida a un vehículo en la Autopista Serranías Puntanas».

En tato el fiscal federal provincial, Cristian Rachid, junto a Marcelo Colombo, Alejandra Mangano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Leonel Gómez Barbella, investigan en forma conjunta la probabilidad de la comisión de delitos sexuales, con la hipótesis de que la niña fue raptada para ser víctima de la explotación sexual.

Por su parte la Justicia provincial de San Luis continúa la investigación con la carátula «averiguación paradero».

En su búsqueda intervienen además de las fuerzas de seguridad organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, mientras está vigente «el alerta Sofía» y una solicitud de paradero de Interpol.

El flamante titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció este miércoles un acuerdo con principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo -que incluyen los del programa Precios Cuidados- durante 90 días, hasta el 7 de enero de 2022.

Durante un encuentro que mantuvo este miércoles con la prensa, Feletti señaló que el acuerdo de precios incluye a productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas, e implica «retrotraer los precios de más de 1247 productos de consumo masivo al 1 de octubre por 90 días, hasta el 7 de enero del año próximo».

Este jueves se publica la lista completa, de manera que los consumidores podrán contar con la información sobre los 1247 productos de consumo masivo que integran el acuerdo, en los que se encuentran rubros como alimentación, higiene y limpieza.

Este listado incluye también a los productos que componen el programa Precios Cuidados, por lo que los valores vigentes en la actualidad seguirán corriendo hasta el 7 de enero próximo, informó el funcionario.

En su gestión, recién iniciada, Feletti tiene como prioridad frenar las tendencias alcistas en los precios de productos de consumo masivo

Feletti sostuvo que la Secretaría de Comercio Interior tiene como objetivo ajustar «la política de ingresos del Gobierno con la política de precios. El indicador que vamos a usar para definir esta situación tiene que ver con la correlación del impacto de la canasta básica alimentaria en el salario de un trabajador formal».

«Esa relación, cuando inició nuestro Gobierno, era del 9% y hoy es del 11%, es decir, que a pesar de que tuvieron paritarias, ésta no alcanzó a compensar el precio de los alimentos en el poder adquisitivo del salario», puntualizó el funcionario.

Durante el encuentro con los empresarios, Feletti también presentó a los flamantes subsecretarios Débora Giorgi y Antonio Mezmezián, quienes se desempeñarán al frente de las subsecretarías de Políticas para el Mercado Interno y Acciones para la Defensa de las y los consumidores, que están en la órbita de Comercio Interior.

Desde la cartera de Comercio Interior informaron que el objetivo de los encuentros fue el de iniciar el «canal de comunicación» con el sector privado y explicar los lineamientos con los que va a trabajar el equipo de la Secretaría en esta nueva gestión.

En ese marco, Feletti aseguró que se busca «sellar un acuerdo para darle consistencia a la política de ingresos del Gobierno Nacional y aumentar el poder de compra de las y los argentinos. Queremos compatibilizar sus márgenes de ganancia y planes de negocio con la expansión del consumo por cantidad y no por precios».

«Necesitamos parar la pelota para que los alimentos no sigan limando a los salarios», agregó, para luego transmitir su invitación a «trabajar en conjunto para que las y los argentinos puedan celebrar las fiestas en familia, después de un año en donde no se pudo cumplir con la tradición».

La convocatoria también tuvo entre sus ejes la necesidad de plantear lineamientos destinados a cuidar el acceso a los productos de la canasta básica a los consumidores, ampliar los mercados y dialogar acerca de los programas de la Secretaría, la Ley de Góndolas, además de fortalecer el monitoreo de las iniciativas.

Se trabaja junto con empresarios y supermercadistas en expandir el listado de productos incluidos en Precios Cuidados, de 670 a 900

Por el sector privado participaron el representante de Vital, Eduardo Pochisnky; de La Anónima, Nicolás Braun; de Coto, Guillermo Calcagno; de Día, Martín Tolcachir ; de Changomás, Matías Grondona y Juan Quiroga; de Carrefour, Pablo Lorenzo y Francisco Zoroza; de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

También estuvieron por Savore Entre Ríos, Héctor Pavan; de Savore Pergamino, Nelson Figeredo; de Savore Lanas, Juan Carlos Menchikian; de FABA Savore, Fernando Savore; de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Pedro Oroz y Víctor Palpacelli; de Diarco, Pablo Bertolissio; de Maxiconsumo, Víctor Fera; de NINI, Pablo Tome; de Makro, Pedro Balestrini; de Yaguar, Matías Montalván y Nicolás Prat; y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Adrián Scharovsky.

En cuanto a las empresas productoras de bienes masivos, asistieron las autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja y Carla Martin Bonito; de Swift, Alejandro Spataro; de Alicorp, Jonathan Gerszberg; de Ledesma, Claudio Terres; de Sancor, Carlos Olano Melo; de Prodea, Ignacio Sainz Trapata; de Ilolay, Luis Andreo; de Danone, Diego Buranello; de Cabrales, Diego Polli; de Coca Cola, Esteban Agost Carreño; de Unilever, Karen Vizental; y de Fecovita, Marcelo Saraco, entre otros.

La AFIP empezará a devolver el 35% de percepciones por las compras de dólar ahorro retenidas a monotributistas a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales que no aportan a este tributo. Los reintegros serán progresivos, se desarrollarán a lo largo de los próximos 10 días hábiles y se estima que el monto acumulado de devoluciones llegará a los $1.900 millones de pesos.

Las devoluciones se realizarán a través de transferencias a las cuentas bancarias de contribuyentes que no están inscriptos en Ganancias ni Bienes Personales y “se inician tras la realización de chequeos y verificaciones tendientes a detectar inconsistencias y desarticular maniobras irregulares”, le comentaron fuentes con conocimiento de la decisión a este medio.

A QUIÉNES LE CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN

Para definir a qué contribuyentes les corresponde la devolución, las áreas de fiscalización y recaudación de la AFIP realizaron chequeos y verificaciones sistémicas para detectar distintas inconsistencias e irregularidades. “Para eso, fue necesario reestablecer un conjunto de controles que habían sido desarticulados durante la gestión anterior”, detallaron fuentes oficiales.

Entre quienes todavía no superaron los controles para recibir el reintegro de las percepciones, existen dos grupos cuya devolución quedará sujeta al análisis y las rectificaciones de las y los contribuyentes. “El primero está compuesto por contribuyentes que arrastran deudas con el organismo y/o no presentaron una declaración jurada”. Para solicitar la devolución, la normativa indica que “no deben registrar obligaciones impagas ni tener pendiente la presentación de documentación”, por lo que “quienes se encuentran en esa situación pueden subsanarla a través de la página web del organismo”. “Una vez realizadas dichas correcciones, la solicitud todavía deberá superar el resto de los controles establecidos”, detallaron.

“El segundo universo corresponde a solicitudes observadas por inconsistencias entre las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales y la información disponible en las bases de datos de la AFIP”, informaron. Si bien se abrirá para ellos una instancia para aclararlas, el tipo y nivel de inconsistencias es más profundo y complejo que el primer grupo.

El turno de los monotributistas de percibir la devolución de las percepciones del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales llega después de los reintegros realizados en abril a más de 366.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, por la cual la AFIP ya había transferido unos $4.900 millones.

Con esta decisión, “la AFIP habrá concretado la devolución al 83,5% del universo total de contribuyentes que solicitaron el reintegro de las percepciones previstas en la Resolución General 4815”, detallaron, al tiempo que remarcaron que “son más de 516.900 contribuyentes entre trabajadores en relación de dependencia y monotributistas”.

La percepción del 35% de adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes personales fue anunciado el 15 de septiembre de 2020 por el titular del Banco Central, Miguel Pesce. La implementación de la medida comenzó a regir al día siguiente, a instancias de la publicación de la Resolución 4815 del organismo.

El Gobierno de Chubut comenzó ayer martes a vacunar contra el Covid-19 a niños y niñas de 3 a 11 años de edad, en todos los vacunatorios de la provincia, mediante la utilización de la vacuna Sinopharm, que fuera aprobada recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su aplicación en dicho grupo poblacional.

En tal sentido, el ministro de Salud, Fabián Puratich, visitó este mediodía la ciudad de Trelew, para observar el desarrollo de las actividades en el vacunatorio que se encuentra ubicado en las instalaciones del Área Programática de Salud Trelew, sita en las calles Moreno e Italia.

En la oportunidad, Puratich estuvo acompañado por el subsecretario de Gestión Institucional, Mariano Cabrera; el director del Área Programática Trelew, Eduardo Ramírez; y el director del Hospital Zonal de Trelew, Cristian Setevich, entre otros.

“Nos llena de satisfacción”

En diálogo con la prensa, Puratich señaló que “los dos grupos que más han sufrido durante la pandemia han sido los niños y adolescentes, y las personas mayores, de manera que poder darle cobertura a este grupo es algo que nos llena de satisfacción”, destacando asimismo que “también es muy importante que (estos grupos) puedan recuperar su vida normal”.

A su vez, el titular de la cartera sanitaria precisó que “en una primera instancia serán vacunados aquellos menores de 3 a 11 años que pertenezcan a grupos priorizados, para luego continuar vacunando a todos los demás”, y estimó que “en el caso de este grupo etario la población objetivo es de entre 60.000 y 70.000 niños y niñas, a los que hay que sumar los adolescentes, que son 50.000 más”.

Difusores de la enfermedad

Además, el ministro de Salud explicó que “cuando uno quiere controlar una pandemia tiene que bloquear los focos de dispersión de la enfermedad y los niños, a pesar de no cursar las formas graves, sí son difusores de la enfermedad, por eso se tomó la decisión de sumarlos a la campaña de vacunación”.

Registro en Vacunate

Por último, Puratich recordó que “para poder vacunar a los menores de entre 3 y 11 años, las familias deberán inscribirlos primero en el formulario digital de la página web www.vacunate.chubut.gov.ar”, agregando que “al momento de concurrir al vacunatorio es muy importante que lo hagan acompañados de un adulto responsable y portando sus libretas de vacunación, para poder revisar así la vacunación de calendario”.