Las siete personas detenidas en el marco de una protesta y represión del jueves pasado en la ciudad jujeña de San Pedro, encabezada por el Frente de Lucha Piquetero, fueron liberadas tras una resolución de la Justicia provincial.

Se trata de Facundo Flores (19), Marcos Lucas Saravia (21), Daniel David Flores (41), Miguel Ángel Sánchez (59), Cecilia Corregidor (36), Alcira Zúñiga (53) y Yamila Zúñiga (27), quienes permanecieron por seis días alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario de Jujuy, acusados de lesionar a efectivos policiales.

El juez de Control Rodolfo Fernández resolvió en la tarde de este miércoles la «inmediata libertad» de los encarcelados y encarceladas quienes quedaron privadas de su libertad en el Penal del Barrio Gorriti y Alto Comedero respectivamente.

En las últimas horas, el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expresó su preocupación por «la demora de justicia» que se verifica en Jujuy con manifestantes, entre los cuales hay una mujer embarazada, que fueron detenidos el pasado 3 de marzo.

«La demora de la Justicia en ordenar las excarcelaciones de los detenidos, sobre todo de la mujer embarazada, se asemeja más a un modo de disciplinamiento que a lo que sucede normalmente cuando se trata de delitos leves», remarcó Pietragalla Corti durante un encuentro que mantuvo en Jujuy con familiares de los detenidos y organizaciones sociales.

«La demora de la Justicia en ordenar las excarcelaciones de los detenidos, sobre todo de la mujer embarazada, se asemeja más a un modo de disciplinamiento que a lo que sucede normalmente cuando se trata de delitos leves»

Por su parte dirigentes de organizaciones piqueteras y de derechos humanos organizaban una serie de actividades de protesta ante la detención «ilegal» de las siete personas detenidas por la policía.

«Son rehenes de la política de ajuste del gobernador, porque lo que quiere es amedrentar a las organizaciones, pero también a los trabajadores que están luchando por sus derechos», había dicho el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y manifestó que «los comedores populares se han quedado sin comida producto de esa política de ajuste».

Asimismo, indicó que había «una situación preocupante», porque hacía «casi una semana que están detenidos en distintos penales y fueron torturados por la policía».

El jueves pasado, al menos 15 personas fueron detenidas y varios policías y manifestantes resultaron heridos por una protesta del Frente de Lucha Piquetero que realizó cortes de ruta en San Pedro, Perico, La Quiaca y otras localidades en el marco de un «piquetazo provincial» para exigir alimentos para los merenderos y comedores.

Al día siguiente, siete de los manifestantes (cuatro hombres y tres mujeres) fueron imputados por «lesiones leves y lesiones graves, ambas agravadas en contra de miembros de las fuerzas policiales en concurso ideal, con atentado y resistencia a la autoridad en concurso ideal y entorpecimiento de transportes y servicios en concurso real», según el expediente que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación.

«Esto no se produce en un mar sereno donde hay un grupo radicalizado que hace algo, sino que hay una lucha social en la Argentina que se empieza a extender y que tiene que ver con la política del Gobierno provincial y nacional, que son políticas de ajuste contra los que menos tienen», afirmó Belliboni.

El lunes pasado una comitiva de dirigentes de Derechos Humanos que llegó a Jujuy se entrevistó con el juez Fernández por las causas contra los detenidos.

En la conferencia también estuvieron dirigentes del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, del MST Teresa Vive, el Movimiento Teresa Rodríguez MTR-Votamos Luchar, entre otras organizaciones piqueteras junto a distintas organizaciones de derechos humamos agrupadas en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Por su parte, la integrante de Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Buenos Aires, Claudia Carrero, dijo que «hay todo un combo de acusaciones tomadas en base a declaraciones de los mismos policías que intervinieron que les tiraron piedras, balas de goma y luego les pegaron» y aseguró que «no otorgarles la libertad es actuar en contra del derecho».

El Gobierno Nacional procurará que en las negociaciones en el Consejo del Salario se repita un esquema de aumentos similar al de 2021 con el objetivo de «ganarle a la inflación», ante lo cual se empujará una suba cercana al 40%, llevando el haber mínimo desde los 33.000 pesos actuales a cerca de 46.000.

Aunque el Ministerio de Trabajo funciona en ese espacio de negociación como el órgano que convoca a los representantes y sólo vota en caso de empate, los voceros adelantaron que el esquema buscará parecerse al del 2021, con «los aumentos más fuertes al comienzo para llegar cómodos a una revisión» que puede fijarse cerca de fin de año, dijeron fuentes oficiales.

Además, tal como sucedió el año pasado, se reserva en la figura del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la potestad de «adelantar cuotas» en caso de ser necesario por un aumento de la inflación por encima de lo previsto.

La convocatoria a la sesión plenaria del Consejo es para el miércoles 16, a las 15, mediante plataforma virtual, en tanto que una segunda sesión está convocada para las 16.30.

«Ganarle a la inflación» y «recuperar capacidad» son dos términos que se repiten a diario en Casa Rosada y en el edificio de la cartera laboral en la avenida Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fuentes aclararon, en todo momento, que la «recuperación» tiene que ser «razonable» y señalan que si bien «los salarios perdieron mucho durante el macrismo», ningún proceso puede ser brusco: «ni en la revolución rusa los sueldos crecieron 20 puntos en un año», añaden.

Algunos especialistas en materia laboral señalan que en la Argentina casi no existen trabajadores conveniados (en blanco) que ganan menos que lo que ordena el salario mínimo.

«Pareciera que nadie lo cobra y nadie lo paga. Sin embargo, impacta en lo que perciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y los empresarios siempre intentaron tirarlo para abajo, aun cuando sus trabajadores queden muy por arriba. Puede ser que le teman a la difusión de un porcentaje alto y que eso les empuje a su paritaria», explicaron las fuentes.

Por otra parte, se asume que el impacto que pueda tener esta política sobre el salario informal es muy reducido y que el esfuerzo no debe centrarse en cuánto cobran esos trabajadores, sino en transformar su condición.

Respecto del mercado laboral en general, en el Gobierno sostienen que se está en «febrero de 2018», momento previo al convenio del macrismo con el FMI, pero que «aún falta para estar en diciembre de 2015», alusión al final de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

En muchos sectores, aclararon, la situación es claramente igual o mejor que la de la «prepandemia» pero en otros, como en lo que respecta al servicio doméstico, aún no hay recuperación plena.

Por otra parte, el paulatino abandono de la política de doble indemnización y prohibición de despidos «no está teniendo efectos negativos», sostienen.

«Eso sirvió durante la pandemia. Sirvió también el ATP que mantuvo el salario de millones de personas y después el Repro, que muchos aún critican», afirmaron las fuentes.

Respecto de nuevas fuentes de trabajo, cerca del ministro Moroni afirman que, con la economía creciendo al 2% anual -tal como dice el acuerdo del FMI-, Argentina puede crear unos 200 mil puestos de trabajo.

En lo que respecta a proyectos e iniciativas, mientras se trabaja en los borradores del plan de «Empleo Joven» para ordenar el sistema de incentivos para esos sectores, también se buscará emular la experiencia de la mesa de precios y salarios para encontrar la «convergencia de esas variables».

«El año pasado fue bien en materia de salarios y mal de precios. La mayoría de las paritarias hablaban de aumentos acordes, pero los precios abrieron las revisiones. Este año hay que insistir y buscar la convergencia», complentaron.

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, concretó una recomposición salarial, que permitió adelantar el aumento ya acordado -un 20% sumando lo que se pasó de mayo a marzo- como también la discusión paritaria, y asegurar un monto para los Trabajadores de Base.

Junto a diferentes Gremios de los Hidrocarburos de todo el país, se concretó un acuerdo con las cámaras empresarias en el marco de la Conciliación Obligatoria que había determinado el Ministerio de Trabajo de la Nación. Quienes cumplen ocho horas tendrán un ingreso mínimo garantizado de $145 mil, más el porcentaje acordado, lo que sumará otro 20%.

El acta respectiva se firmó ante la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni; el Presidente de YPF, Pablo González y representantes de las cámaras empresariales CEPH y CEOPE.

Luego de los encuentros realizados en el día de la fecha en Buenos Aires donde el líder sindicalista estuvo acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez y por el Tesorero, Héctor Millar; se logró adelantar un 10% de incremento salarial del mes de mayo a marzo, en tanto que la Paritaria se adelantará de marzo a marzo de cada año, acordándose además un monto fijo para los Petroleros que desempeñan funciones en las Bases de las compañías durante ocho horas y la correspondiente vianda.

Satisfacción

Ávila sostuvo que “es un día histórico para nosotros, hemos cerrado la paritaria de este año para todos los Trabajadores, hombres y mujeres, los de Base de ocho horas y también el 20% para todos quienes estaban esperando que se actualice el salario. Y a partir del 5 de abril se empieza a discutir la nueva paritaria 2022-2023 que llega hasta diciembre, de la que vendrán las reivindicaciones que van a tener mucho que ver para que la mujer, por ejemplo, siga creciendo”.

“También en esta pelea quedó expuesto lo del 55 bis que queremos para todos los que suben al Campo de Mantenimiento y Producción. Estamos cerca de logros importantes que hasta hace mucho muy poco nadie los tenía en cuenta, excepto quienes la pelean desde abajo en las Bases y que estaban en su casa sin poder cobrar estos adicionales, peleando por cosas que revaliden el Trabajo hoy más que nunca”, resumió.

El Gobierno nacional autorizó este martes el ingreso y permanencia en el país por razones humanitarias de ciudadanos ucranianos por un lapso de tres años por razones humanitarias en el contexto del conflicto bélico que atraviesa ese país del este de Europa con desde que resultó invadido por tropas de la Federación Rusa, con la opción de poder obtener luego de ese plazo la residencia definitiva.

«A raíz del conflicto bélico, la población civil ucraniana se encuentra alcanzada por una crisis humanitaria que exige que nuestro país brinde una respuesta en consonancia con los instrumentos de derechos humanos a los que se ha comprometido y de las acciones de asistencia internacional humanitaria como la actual misión de Cascos Blancos en la zona del conflicto», remarcó un comunicado de Cancillería.

Allí se indicó que, «por el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, se han adoptado medidas para facilitar la protección de aquellos nacionales extranjeros ucranianos y sus familiares directos que quieran ingresar a nuestro país, como así también, para permitir la rápida reunificación familiar de los ciudadanos ucranianos».

Por eso, se precisó que «se ha habilitado la categoría de residente temporario por razones humanitarias para que sea aplicada en el caso de los ucranianos que estén afectados por el conflicto».

«Este instrumento posibilitará la emisión de visas temporarias en los consulados argentinos en el exterior, la admisión y la permanencia en Argentina de aquellos que aún estén en Ucrania, y de quienes han logrado huir hacia países vecinos y no pueden retornar, teniendo en cuenta las restricciones y dificultades en que se encuentran para obtener la documentación necesaria para el ingreso a nuestro país», añadió el Palacio San Martín.

En ese marco, «se podrá conceder la residencia por razones humanitarias y con un plazo de permanencia autorizado de tres años a aquellos nacionales extranjeros ucranianos y sus familiares directos, independientemente de su nacionalidad, que al momento del dictado de la medida se encuentren fuera de la República Argentina».

 

También «se podrá conceder permiso de ingreso y visado temporario por razones humanitarias y con un plazo de permanencia autorizado de tres años a aquellos nacionales extranjeros ucranianos y sus familiares directos, independientemente de su nacionalidad, que efectúen tal solicitud de ingreso ante las oficinas de la red consular argentina».

Cancillería indicó que a los efectos de facilitar estos trámites, «Argentina los eximirá del pago de los aranceles consulares y de las tasas migratorias y exención de requisitos de ingreso al país para personas en situación de vulnerabilidad generada por el conflicto bélico».

En los considerandos de la disposición de Migraciones 417/22, publicada este martes en el Boletín Oficial, asevera que «las personas nacionales de Ucrania se encuentran afectadas por una crisis humanitaria producida por un conflicto bélico».

En relación a esta medida, la directora general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ana Clara Cachaza, recordó que «el canciller Santiago Cafiero había adelantado días atrás, cuando estuvo en Ginebra (Suiza) para participar de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la Argentina estaba dispuesta a recibir ciudadanos ucranianos afectados por la guerra con Rusia».

«Nuestro país tiene una larga tradición en materia de conceder refugio por razones humanitarias«, señaló Cachaza en declaraciones a Télam.

En esa línea, la funcionaria indicó que la Ley de Migraciones 25.871 contempla la posibilidad de otorgar estos visados que posee «estatus de protección temporal para garantizar el ingreso y permanencia en Argentina de ucranianos y familiares directos, con un plazo de permanencia de hasta tres años».

«Vencido ese plazo, los beneficiarios pueden solicitar y acceder a la residencia definitiva en nuestro país», explicó.

El artículo 23 de esa ley enumera las circunstancias por las cuales un extranjero puede ser considerado «residente temporario» en la Argentina, y entre ellas figuran -como lo establece en el inciso M de ese apartado- las «razones humanitarias».

A partir de ese inciso, aquellos extranjeros «que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial», como por ejemplo «no poder permanecer o retornar a su país» producto de la guerra, podrán quedarse hasta tres años en la Argentina sin necesidad de contar con el estatus o protección del asilo o refugio político.

«La medida tiene por objeto brindar protección a aquellas personas que, no siendo refugiadas o asiladas, momentáneamente no pueden permanecer o retornar a su país», subrayaron desde Migraciones, y vincularon la decisión con «las políticas de protección de los derechos humanos que lleva adelante la Argentina».

En ese contexto bélico y de crisis humanitaria, Cafiero publicó en Twitter un video alentador de una argentina que junto a su hijo abandonó Ucrania y fue recibida en la embajada argentina en Polonia.

El canciller contó que «con mucha valentía y entereza, Gloria y su hijo llegaron a salvo a la Embajada argentina en Polonia. Eso nos da tranquilidad y esperanza».

En este sentido, profundizó: «Ya son 84 las y los argentinos que salieron de Ucrania gracias al trabajo de nuestras representaciones y la asistencia de Cascos Blancos».

Cancillería precisó que, desde el punto de vista sanitario, «y con la misma lógica de sostener los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad», se coordinó con el Ministerio de Salud que «quienes hayan egresado de Ucrania en el marco del conflicto bélico -independientemente de su nacionalidad- y no pudieran acreditar algún/o de el/los requisitos sanitarios para el ingreso al país (esquema de vacunación completo, testeos y seguro médico) serán eximidos de hacerlo, debiendo al ingreso a la Argentina realizar un test de antígenos y el aislamiento requerido, según corresponda».

La aerolínea low cost JetSmart incorporará una nueva aeronave a su flota y reforzará las frecuencias con las que cuenta actualmente en los vuelos de cabotaje en la Argentina.

Ante ello, el gerente general de la compañía, Gonzalo Pérez Corral, anunció este martes en conferencia de prensa anunció se incrementará de tres a cinco los vuelos entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.

Asimismo, indicó que la ruta entre Buenos Aires y Bariloche seguirá siendo la de mayor cantidad de frecuencias semanales, ya que de las 19 con que cuenta hoy, pasará a 20 cada siete días.

También se sumará una frecuencia a la ruta entre Buenos Aires y Corrientes, que pasará de tres a cuatro; Córdoba, que hoy tiene 13 pasará a 14 con dos vuelos diarios; entre Buenos Aires e Iguazú habrá 11 frecuencias semanales, ya que se suman dos vuelos a los nueve que operan actualmente y otro tanto ocurrirá con Mendoza, que pasará de 12 que hay hoy a 14, completando dos vuelos diarios.

La ruta entre Buenos Aires y Jujuy sumará también dos frecuencias, pasando de las dos actuales a cuatro cada siete días; Posadas sumará una frecuencia más a las tres actuales, pasando a tener cuatro; y Salta incrementará en dos sus 10 frecuencias actuales, pasando a contar con 12 frecuencias cada siete días.

Por último, se sumarán dos frecuencias entre Buenos Aires y Tucumán, pasando de siete a nueve; habrá una frecuencia más entre Salta y Neuquén, pasando de dos a tres semanales; entre Bariloche y Córdoba había dos frecuencias semanales por la temporada y la empresa había dejado de volarlas, por lo que ahora se anunció que desde mayo volverán a ser dos vuelos por semana y desde junio tres.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este domingo que su país estaba «trabajando activamente» en un acuerdo con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania, mientras Rusia advirtió a los países vecinos del riesgo que supone acoger aeronaves a utilizar por Ucrania en el conflicto entre ambos Estados.

«No puedo hablar de plazos, pero sí puedo decir que trabajamos en ello de forma muy, muy activa», dijo Blinken a la prensa durante un visita a Moldavia, un país fronterizo con Ucrania, y agregó que se mantiene informado sobre «la última hora de las necesidades» de Ucrania.

«Estamos tratando ahora de forma activa el tema de los aviones que Polonia podría proporcionar a Ucrania, y veremos de qué forma podemos compensar si Polonia decide suministrar esos aparatos», agregó, informó la agencia de noticias AFP.

El acuerdo incluiría la entrega de Polonia a Ucrania de aviones de guerra de la época soviética a cambio de recibir aviones caza estadounidenses F-16, informaron varios medios estadounidenses.

Esta gestión de los gobiernos de Estados Unidos y Polonia llegó un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera esta ayuda a legisladores estadounidenses durante una videollamada privada.

El líder de la minoritaria bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que Zelenski pidió facilitar la transferencia de aviones de guerra desde países de Europa del este.

El anuncio de Estados Unidos se produjo el mismo día en que el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, anunció que «prácticamente» Rusia había destruido «toda la aviación del régimen de Kiev apta para el combate» y agregó: «Pero sabemos por una fuente segura que algunos aparatos ucranianos volaron hacia Rumania y otros países vecinos».

«La utilización de redes de aeródromos de estos países como base para aviones militares ucranianos y su uso posterior contra las fuerzas armadas rusas podría ser considerado como una implicación de estos países en el conflicto armado», precisó.

La declaración de Konashenkov sucedió luego de que el sábado el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera que su país consideraría como cobeligerante a cualquier país que intente imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania.

 

El gobierno ruso «ya puede intentar meternos miedo, no tenemos ninguna razón para sentirnos amenazados», reaccionó Nicolae Ciuca, el primer ministro de Rumania, un país fronterizo con Ucrania.

Ciuca mencionó un incidente reportado por el ejército rumano el 24 de febrero, primer día de la ofensiva rusa, cuando un avión de combate ucraniano fue obligado a aterrizar en Rumania, y el piloto explicó que había tenido problemas técnicos a bordo.

«El avión volvió a despegar (el 1 de marzo) no armado desde Rumania, justo para evitar cualquier posible acusación» por parte de Moscú, subrayó el primer ministro, y precisó que las autoridades rumanas hicieron público el incidente «con total transparencia».

Ucrania, donde el ejército ruso realiza una intervención desde el 24 de febrero, insta a los países occidentales a establecer una zona de exclusión aérea sobre su territorio, algo que la OTAN rechazó, argumentando un fuerte riesgo de confrontación directa con Moscú.

Según Ciuca, el anuncio de Rusia «es pura retórica para desviar la atención de lo que está ocurriendo realmente en el terreno: civiles muertos, normas de un conflicto armado que están siendo burladas».

El línea con Ciuca, desde Moldavia, Blinken también afirmó que su país recibió «informes muy creíbles» de que Rusia había cometido crímenes de guerra durante su invasión de Ucrania, particularmente al atacar a civiles.

“Hemos visto informes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles, lo que constituiría un crimen de guerra”, aseguró a la cadena CNN.

En la misma línea, detalló que Estados Unidos pretende «documentar todo esto, juntarlo todo, analizarlo» y que «a medida que las personas y las organizaciones e instituciones apropiadas investiguen» si se cometen «crímenes de guerra», buscarán «apoyar lo que estén haciendo».

Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó durante el último fin de semana operativos de alcoholemia y fiscalización vial en las principales arterias y ciudades de la provincia.

En los procedimientos también participaron efectivos de las distintas áreas de Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, las direcciones de tránsito municipales y de la Base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En total, se verificaron 7.293 vehículos en circulación, se realizaron 1.395 test de alcoholemia, en los cuales se detectó a 61 conductores alcoholizados. Además, se retuvieron 63 vehículos y se confeccionaron 127 actas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

LOS CONTROLES EN DETALLE

En Rawson se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención en el casco urbano de la ciudad. En ese marco, se verificaron a 2.234 vehículos en circulación con 109 test de alcoholemia con ocho resultados positivos. El total de infracciones fue de doce y el de retenciones vehiculares fue ocho.

Asimismo, en Trelew se realizaron diversos operativos de fiscalización sobre el casco urbano y periferia de la ciudad, como asimismo en Ruta Nacional Nº 3 en el acceso norte de la ciudad con la colaboración. En total se detectaron siente conductores alcoholizados de 317 test realizados y se verificaron 879 vehículos. Las infracciones a la Ley de Tránsito fueron 9 y con 7 retenciones vehiculares.

En tanto, en Puerto Madryn los controles se montaron en distintos puntos del casco urbano de la ciudad y en los accesos a la costa. Se realizaron 255 test de alcoholemia de los cuales 19 conductores dieron positivo por alcohol en sangre y en total se controlaron 311 vehículos con 21 infracciones y 21 retenciones vehiculares.

Además, en Arroyo Verde se controló el ingreso a la provincia de 583 vehículos.

En Comodoro Rivadavia los operativos se efectuaron o en el casco céntrico como así también en distintos puntos de la periferia, como en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur Ruta Nacional Nº 3. En total se verificaron 771 vehículos en circulación, se realizaron 184 test de alcoholemia, detectando a cinco conductores en estado de ebriedad. Se efectuaron 23 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito con tres retenciones vehiculares.

Al mismo tiempo, en el puesto fijo de Garayalde se controlaron 215 vehículos en circulación.

Por otro lado, en Lago Puelo unos 16 conductores alcoholizados fueron detectados en 420 test de alcoholemia realizados y se controló un total de 806 vehículos, se realizó prevención sobre las rutas provinciales Nº 16 y Nº 45, al igual que en la Ruta Nacional Nº 40 en el Paralelo 42 límite con Rio Negro. Se labraron 30 actas de infracción a la Ley de tránsito y 18 retenciones vehiculares.

En Esquel los procedimientos se concretaron en Ruta Nacional Nº 259, la cual une la localidad con Trevelin. El total los vehículos verificados durante el fin de semana fueron 1.029 con doce actas de infracción realizadas.

Por último, se llevaron a cabo controles por el Aniversario N° 100 de Río Pico. En ellos se controlaron a 260 vehículos con 110 test de alcoholemia realizados, detectando a seis personas conduciendo alcoholizados. Además, se efectuaron catorce actas de infracción y seis retenciones vehiculares.