El Gobierno hará «todo lo necesario» y ejercerá «todo el poder de Policía» para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de precios, aseguró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Cerruti también indicó que el Poder Ejecutivo «no quiere enviar un proyecto» que grave la renta inesperada sin que haya «una conversación previa» en el Congreso para arribar a un consenso con la oposición, y así evitar «el hecho de enviarlo y que termine sin salir».

Asimismo, indicó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Estados Unidos «llevando adelante una cantidad de conversaciones» con autoridades y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales pactadas con el organismo para el primer trimestre, y en cuanto a la eventualidad de una modificación de las metas de próximos períodos dijo que «todos los temas se están conversando».

En cuanto al riesgo de que los bonos otorgados a jubilados, monotributistas, personal doméstico y trabajadores informales sea licuado por la inflación, Cerruti recomendó «tener paciencia», ya que esa asistencia «comenzará a implementarse mañana».

 

«Hay que ser más rigurosos y ejercer todo el poder de policía para que se cumplan los programas de Precios Cuidados y de comercios de cercanía, la Secretaría de Comercio (Interior) está trabajando en este tema», puntualizó la portavoz, quien debió modificar el día de su contacto con el periodismo porque se trasladó a Vaca Muerta para participar del acto de lanzamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Cerruti hizo referencia al tema ante una consulta sobre la queja de algunos comerciantes por el faltante de productos que forman parte de los acuerdos de precios.

Al respecto, cuestionó a «aquellos (empresarios) que se comprometieron y después no mandan los productos a las góndolas» y reiteró que desde el Gobierno nacional, en consonancia con provincias y municipios, «vamos a hacer todo lo necesario para que se cumpla con el acuerdo».

Por otra parte, defendió la iniciativa presentada por Guzmán de cobrar un tributo a la Renta Inesperada, pero aclaró el tema será «puesto en debate» ya que «no queremos enviar un proyecto al Congreso sin una conversación previa, por el hecho de enviarlo y que termine sin salir».

«Se van a llevar las conversaciones previas al efecto y el proyecto ya está siendo trabajado por los equipos de Economía», señaló.

 

Al fundamentar el impulso de esa iniciativa, Cerruti expresó que, así como la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania «produjo que algunos sectores crecieran mucho» y de esa manera «se incrementaron los niveles de desigualdad en el mundo».

En ese sentido, señaló a «un grupo muy pequeño que tiene la posibilidad de hacer dinero del dinero o por la suba de los precios internacionales» de determinados bienes.

«Eso hace que tengan ganancias inesperadas, que tienen que ver con este momento particular y no con lo que invirtieron», destacó, al tiempo que remarcó que «en esta situación excepcional es necesario que esas ganancias sean distribuidas para que no se incremente la brecha de desigualdad».

Ante el incremento de los costos de las canastas básicas alimentaria y total que dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el riesgo de que el bono recientemente anunciado no sea suficiente, la portavoz remarcó que «nunca las medidas alcanzan», pero a su vez subrayó «el salario registrado del sector privado está yendo a la par de la inflación», además de resaltar la importancia de la reapertura de las negociaciones paritarias.

«El problema es con los trabajadores informales, por eso este bono», advirtió.

El Equipo Fiscal de Cibercrimen de Esquel investiga una serie de extorsiones que se realizan en todo el país, en las cuales una banda de ciberdelincuentes simulan ser fiscales generales Chubut y contactan a sus víctimas exigiéndoles grandes sumas de dinero para conciliar una supuesta causa por delitos contra la integridad sexual.

Según indicaron, los estafadores contactan a sus víctimas por WhatsApp, mediante un perfil con información de algún fiscal, con nombre, apellido e incluso una foto real del funcionario.

En la conversación, el delincuente pretende hacer creer que tiene una causa a cargo que se puede solucionar con una conciliación, sin embargo para ello debe abonar 250 mil pesos en lo inmediato, o deberá elevar la causa a juicio.

Ante este panorama, advirtieron que desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut no se está llamando a ninguna persona para exigirle que realice ninguna reparación económica. Si recibieron un mensaje como estos informen a cibercrimen.esq@juschubut.gov.ar.

El titular del Equipo Fiscal de Cibercrimen, Carlos Richeri, señaló que este martes lograron evitar que se perpetren dos estafas, al tiempo que recibieron alertas de otras provincias con la misma maniobra. 

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, Guardia Urbana Municipal y la policía de la localidad chubutense de Sarmiento, continuaron este martes, sin novedad, los rastrillajes en la búsqueda del niño de cuatro años que desapareció el viernes pasado en el Lago Musters, provincia de Chubut, cuando el bote en el que viajaba con su hermana fuera arrastrado a causa de los fuertes vientos.

«Continuamos con los rastrillajes, sin novedad, por el momento» dijo esta noche a Telam Bruno Germillac, subcomisario de la comisaría de la localidad chubutense de Sarmiento.

La actividad se realiza con unos 70 efectivos entre personal de la policía, defensa civil, bomberos de la zona, guardia urbana de la localidad de Sarmiento y particulares que se sumaron a la búsqueda, que se concentró sobre la zona conocida como «las piedras», sobre el Este del lago.

El bote inflable en el que Baruc Pacheco, de 4 años, navegaba con su hermana Luna Pacheco, de 21, fue arrastrado por el viento y el oleaje el viernes pasado.

Si bien no se saben las razones por las cuales terminaron en el agua, se sospecha que se arrojaron, desesperados, por no poder dominar la embarcación mientras ésta se alejaba de la costa.

«Por lo que sabemos, el chico iba con un wader (una especie de mameluco impermeable para pescar) que de ninguna manera es recomendable para utilizar sobre una embarcación porque, de producirse una caída se adhiere al cuerpo o se llena de agua y la persona es arrastrada al fondo» explicó oportunamente a Télam el director de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei.

Estiman que el niño no apareció por el wader, y sí el cuerpo de su hermana, que fue encontrada sin ropa el sábado pasado, cuando se la extrajo del lago.

También se encontró el bote en condiciones de navegabilidad, flotando no muy lejos del cuerpo de la joven.

El protocolo de búsqueda fue activado el viernes, en pleno fin de semana largo por Semana Santa.

 

Los testigos indicaron a las autoridades que ambos hermanos, oriundos de Comodoro Rivadavia, arribaron a la costa oeste del Lago, al que ingresaron en un bote inflable de color azul, con intenciones de probar su funcionamiento.

Según Germillac, también iba en el bote una mujer adulta, quien se arrojó con el fin de evitar que los fuertes vientos arrastren la embarcación inflable.

Según el director de defensa civil Mazzei, es «totalmente desaconsejable introducirse en un espejo de agua de estas características (tiene una superficie de 342 km²) porque el bote inflable tiene mucha flotabilidad pero se transforma en ingobernable cuando hay viento y se comporta como una palangana a la que es imposible darle dirección».

El Lago Musters está al sudoeste de la provincia del Chubut, y, junto al Lago Colhué Huapi (que se secó), conforma la fase terminal de la cuenca endorreica del Río Senguer.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitará un aplicativo en su portal web para que trabajadores no registrados puedan inscribirse y así acceder al bono de refuerzo de ingresos por $ 18.000 en dos cuotas que anunciaron el día lunes el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El mecanismo de inscripción será oficializado a través de la web de la Anses y de sus distintos canales de comunicación, y será exclusivo para los trabajadores informales, ya que tanto los monotributistas A y B como los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos están individualizados en los registros de la Anses.

Fuentes del organismo informaron a Télam que en las próximas horas se detallará «quiénes, dónde y desde cuándo podrán inscribirse para percibir el refuerzo».

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, aseguró que serán más de 6 millones de jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas ($ 65.260) los que percibirán el refuerzo de $ 12.000 en mayo

El Gobierno nacional anunció este lunes que otorgará bonos extraordinarios de $ 18.000 a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadoras de casas particulares de entre 18 y 65 años, y otra ayuda de $ 12.000 a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.

Se trata de un paquete de medidas para cuidar los ingresos de estos sectores en circunstancias excepcionales de aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, aseguró que serán más de 6 millones de jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas ($ 65.260) los que percibirán el refuerzo de $ 12.000 en mayo y que para definir los trabajadores no registrados que estén en condiciones de recibirlo «hay mecanismos que tiene nuestro organismo y otros para cruzar las bases de datos y ser lo suficientemente efectivos a la hora de asignar estos recursos”.

El bono de $ 18.000 para trabajadores se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que el $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630)

“La Anses tiene el registro de la relación de dependencia y en términos patrimoniales será consultado, y obviamente a partir de un diálogo entre sistemas el área de AFIP con los organismos que correspondan se verá cómo hacer para que nadie que tenga patrimonio pueda hacer uso de ese beneficio”, aseguró la titular de Anses sobre el mecanismo de validación que hará el Gobierno previo a otorgar el refuerzo.

El bono de $ 18.000 para trabajadores se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que el $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630).

De esta forma, se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B.

En el caso del bono de $12.000 para jubilados y pensionados, el pago se hará en una única cuota para aquellos que reciban un haber de hasta $ 65.260 que, sumado al bono que están percibiendo los jubilados y pensionados de haber mínimo, totalizarán también $18.000.

Esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones y el adelanto de paritarias para trabajadores registrados.

El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó entre el lunes y martes, 1.235.080 dosis de vacunas contra la Covid-19 a diferentes jurisdicciones del país, que estuvieron divididas entre Pfizer para población pediátrica y adulta y AstraZeneca.

Se trata de 835.380 dosis del laboratorio Pfizer destinadas a población adulta, 253.000 vacunas de la misma firma para población pediátrica de entre 5 y 11 años, y 146.700 dosis de AstraZeneca.

La cartera sanitaria envió ya más de 105 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 a todo el territorio nacional, se informó en un comunicado.

Distribución por jurisdicción

De las 835.380 dosis de Pfizer para adultos, 386.100 se enviaron a Buenos Aires; 66.690 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 9.360 a Catamarca; 26.910 a Chaco; 14.040 a Chubut; 24.570 a Corrientes; 17.550 a Jujuy; 8.190 a La Pampa; 8.190 a La Rioja; 44.460 a Mendoza; 28.080 a Misiones; 15.210 a Neuquén; 16.380 a Río Negro; 31.590 a Salta; 11.700 a San Luis; 8.190 a Santa Cruz; 77.220 a Santa Fe; 3.510 a Tierra del Fuego y 37.440 a Tucumán.

Respecto de las 253.000 Pfizer pediátricas, 179.300 se distribuyeron a Buenos Aires; 4.200 a Catamarca; 6.200 a Chubut; 12.700 a Corrientes; 3.900 a La Rioja; 7.200 a Neuquén; 7.600 a Río Negro; 3.800 a Santa Cruz; 1.700 a Tierra del Fuego y 18.500 de Tucumán.

En cuanto a las 146.700 dosis de AstraZeneca, 73.800 se distribuyeron a Buenos Aires; 12.800 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 1.700 a Catamarca; 5.100 a Chaco; 2.600 a Chubut; 4.800 a Corrientes; 5.800 a Entre Ríos; 2.500 a Formosa; 3.200 a Jujuy; 1.500 a La Pampa; 1.700 a La Rioja; 8.400 a Mendoza; 2.800 a Neuquén; 3.200 a Río Negro; 1.200 a Salta; 2.100 a San Luis; 1.600 a Santa Cruz; 4.100 a Santiago del Estero; 700 a Tierra del Fuego; y 7.100 a Tucumán.

Según datos del Monitor Público de Vacunación, Argentina distribuyó al momento 110.121.414 vacunas, de las cuales 105.038.414 dosis fueron enviadas a todo el territorio nacional y 5.083.000 se donaron a otros países.

El exsenador nacional y exgobernador de Tucumán José Alperovich prestará este miércoles declaración indagatoria en la causa donde está imputado por el presunto abuso sexual de su sobrina cometido entre 2017 y 2019 en la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

La citación a indagatoria surge luego del tercer pedido realizado por los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal y por Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Los fiscales habían formulado en diciembre de 2020 un pedido de indagatoria a Alperovich y en diciembre del año pasado reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador.

Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se habían llevado adelante una serie de medidas y mencionaron que, debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado a indagatoria.

La denuncia y la causa

La denuncia contra el exgobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017.

En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.

Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.

Luego, en diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.

Será la primera vez que Alperovich declarará en la causa desde que dejó de tener fueros parlamentarios.

El Gobierno prorrogó a partir del 1° de mayo de 2031 y por el plazo de 10 años, la concesión de explotación de hidrocarburos otorgada a tres empresas privadas sobre la Cuenca Marina Austral (CMA), a través del decreto 195/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial.

«La producción offshore es vital para política hidrocarburífera nacional», afirmó el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para quien «el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de robustecer la producción offshore en Argentina, dando continuidad al proceso de inversión y actividad en el Sur de nuestro país».

El decreto 195/2022 prorrogó por 10 años la concesión de las áreas offshore que explotan en consorcio las empresas Total Austral, PAE y Wintershall, correspondiente a los lotes de explotación Argo, Aries, Carina, Fénix, Orión, Orión Norte, Orión Oeste y Vega Pléyade del Área I de la Cuenca Austral en las proximidades de Tierra del Fuego.

La concesión se extendió a las empresas Total Austral y Wintershall que poseen 37,5% de la explotación cada una y a Pan American Energy, que tiene 25%; y la superficie alcanzada por el decreto es de 1.948,57 kilómetros cuadrados y está ubicada en torno de la provincia de Tierra del Fuego.

La medida también aprobó el plan de inversiones y obras comprometido por las tres empresas para el período de prórroga de la concesión de explotación, del 1° de mayo de 2031 al 30 de abril de 2041, y que representará una inversión de US$ 700 millones; y estableció en US$ 15,27 millones el monto del bono de prórroga, que deberá ser depositado dentro de los próximos 90 días hábiles.

Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga, las empresas pagarán al Estado nacional 15% en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos extraídos de los lotes del Área CMA-1.

Esta superficie cuenta con un caudal de producción de gas natural del orden de 20 millones de metros cúbicos por día, representando entre 13,8% (2011) y 16,7% (2020) del total del gas natural producido en el país.

«Esta importante decisión potencia un proceso de inversión de al menos US$ 700 millones comprometidos por el consorcio de empresas concesionarias para dar continuidad al proyecto integral de offshore en esas áreas, con la puesta en producción de Fénix», afirmó Martínez.

Para el funcionario, «de esta forma, el Gobierno nacional manifiesta la importancia que tiene la producción offshore para la política energética, expresando con medidas concretas su decisión mantener y expandir los importantes volúmenes de Gas Natural que provienen de esa cuenca marina».

El Ministerio de Trabajo dispuso la finalización de los programas de Recuperación Productiva Repro y Repro II, que serán reemplazados por uno nuevo denominado Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo, por el que se asignará a las empresas adheridas un monto no superior a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada empleado.

La medida se dispuso a través de la resolución 420/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, que se dictó por considerarse que el Repro II «ha cumplido con sus objetivos y expectativas de política pública de asistencia a las empresas y sectores económicos y productivos afectados con motivo de los efectos que la Pandemia de Covid-19 produjo en la economía nacional a partir de marzo de 2020».

La nueva iniciativa –que conservará la sigla «Repro» en su denominación- consistirá en «una asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa».

Ese monto será equivalente al 50% de la remuneración total hasta un máximo del 50% del SMVyM, que en la actualidad es de $38.940.

Para percibir la asignación, los empleados no deberán percibir una remuneración superior a cuatro veces el salario mínimo, es decir $155.760 en abril.

Esa asignación se otorgará por un período de tres meses y el empleador podrá acceder al programa durante dos períodos como máximo, consecutivos o no, dentro de los tres años contados a partir del inicio del primer período otorgado.

Al igual que en el Repro II, los empleadores que quieran acceder al nuevo programa deberán cumplir una serie de condiciones que serán definidas por un Comité de Evaluación y Monitoreo, integrado por representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo y otro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).