En abril se había acordado un aumento del 21% en dos cuotas, que se abonaron en Mayo (10%) y en Junio (11%), lo que resultó computable para el pago del SAC (Sueldo Anual Complementario) del primer semestre, ya abonado en junio. A partir de julio, esa suma del 21% pasó a ser remunerativa y formará parte de los salarios, aumentando el resto de los conceptos en el recibo de sueldo.
Si bien originalmente se había previsto para el lunes 18 de julio, finalmente la audiencia fue convocada para mañana 20 de manera oficial, a fin de evaluar el impacto de la inflación sobre los acuerdos existentes hasta la actualidad. Sumado a las readecuaciones de enero y marzo, el salario de este año tuvo una adecuación del orden del 66%.
“Hay un acuerdo de todos los secretarios generales para continuar con la misma metodología de negociación”, dijo José Llugdar titular de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, al momento de anunciar la nueva convocatoria prevista para este mes, en contacto con ADNSUR.
Por su parte, Marcelo Rucci, titular del sindicato petrolero de Neuquén, dijo que “la inflación es acumulativa y los sueldos de los trabajadores deben ir en ese ese camino. Antes teníamos reuniones anualmente, íbamos al último mes con la cláusula revisión y los aumentos a marzo. Ahora son cada tres meses”, en declaraciones publicadas por ‘Más Energía’.
Las personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Quienes hagan la carga online deberán contar a mano con el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red.
También deberán informar el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde.
De todas maneras, se anticipa que el nuevo régimen de segmentación de subsidios «tendrá un monitoreo permanente» por parte del Estado nacional, lo que permitirá ajustar el esquema ante los cambios de ingresos en los hogares, mediante un registro que quedará abierto tras la etapa inicial.
Es decir que, por ejemplo, el monitoreo posibilitará modificar el nivel de subsidios que recibe cada usuario ante eventualidades que impacten en el patrimonio personal, tales como pérdidas o mejoras de trabajo, separaciones o decesos conyugales, mudanzas y cambios de titularidad, entre otras posibilidades.
El funcionamiento de la nueva política de segmentación al consumo energético que impulsa el Gobierno nacional implicará un ahorro fiscal este año de $15.000 millones, y de $80.000 millones en 2023, de acuerdo con lo anunciado por Martínez en la conferencia de prensa del 15 de julio.
En el inicio del juicio, la fiscal general Gómez dio cuenta de los hechos investigados y los cargos en contra de los tres imputados. La acusadora en representación del Ministerio Público Fiscal intentará probar, a través de testigos directos de los hechos, fotografías y filmaciones, el delito de “incendio” que prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión. En caso de no poder lograrlo, pedirá que se les impute el delito de “daño agravado”, con penas de tres años para cada uno de los imputados considerados coautores y partícipes necesarios.
La fiscal Florencia Gómez fue acompañada por miembros de su equipo de investigadores, Leonardo Cheuquemán y Jeremías Regueira. Sergio Miranda defiende a Goodman y Castro, mientras que Miguel Moyano asiste a Ancaleo.
El querellante Martín Castro, en representación del Estado damnificado, adhirió en todos sus términos a las características de la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, los defensores coincidieron en calificar a la investigación como “ambigua e imprecisa”, destacando también que los incidentes fueron en respuesta a una “provocación policial”. Adelantaron el pedido de sobreseimiento.
POLICÍAS LOS PRIMEROS TESTIGOS
Los primeros en dar sus testimonios fueron policías que participaron en los intentos frustrados de prevenir los incidentes, según el Ministerio Público Fiscal. En total se cree que testimoniarán durante varias jornadas, unas 60 personas, entre policías, testigos presenciales y periodistas que realizaron la cobertura de los incidentes.
La investigación da cuenta de las pintadas previas y daños en el sector público aledaño a la Honorable Legislatura, para posteriormente trasponer las vallas de seguridad, dañar a pedradas y objetos contundentes el ingreso vidriado de la Legislatura. Luego se inició el incendio utilizando pallets de madera y neumático que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del gremio de la ATECH liderado por Goodman.
En este sentido, se señaló al secretario general de ese gremio como el organizador y que da directivas a los presentes en el lugar, además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.
En este sentido, se sindicó a Castro y Ancaleo como las personas –entre otras no identificadas- que bajan los elementos para darle mayor dimensión a los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente a la misma Sala de Sesiones de los diputados.
Posteriormente y ya en los primeros minutos del día siguiente, alrededor de un centenar de manifestantes se dirigen a uno de los accesos en Casa de Gobierno, donde además de romper las vallas producen un incendio similar que afecta una puerta doble de madera, dañando el interior, afectando también la provisión de servicios.
En ambos incendios, además, se afectó la salud del personal policial y empleados de la Legislatura por la inhalación de monóxido de carbono en la intención de sofocar las llamas. Además, se menciona a un oficial de policía afectado en el rostro por un objeto contundente arrojado por los manifestantes.
La investigación se basó en una importante cantidad de documentación fotográfica y fílmica obtenida durante los incidentes.
