El secretario de Comercio, Matías Tombolini, comienza esta semana a entablar reuniones con los principales actores de la cadena de formación de precios, en vista de un relanzamiento del programa Precios Cuidados dentro de los próximos 45 a 60 días.

«Vamos a empezar a juntarnos la semana que viene con las distintas asociaciones empresarias, los supermercados, las bocas de proximidad, usuarios y consumidores y, obviamente, los principales actores de la cadena de formación de precios», aseveró Tombolini en declaraciones radiales.

Uno de los objetivos de los encuentros, según el flamante secretario, será «volver a recuperar a los precios como una unidad de información útil a la hora de decidir», ya que «hoy Argentina atraviesa un momento donde los precios han dejado de ser una referencia cotidiana».

«Nosotros cuando asumimos, lo que hicimos, a partir del puntapié inicial que dio (el Ministro de Economía) Sergio (Massa) a la gestión es marcar una hoja de ruta clara, establecer un diagnóstico, un conjunto de objetivos y a partir de allí un camino a recorrer, un plan, un programa», señaló tras asumir el cargo.

A partir de ello, buscará poner en valor Precios Cuidados, pretendiendo que «funcione mucho mejor dentro de 45 a 60 días» a partir de su relanzamiento.

«Lo que tenemos que intentar es encontrar acuerdos que sean estables a lo largo del tiempo, por lo menos un trimestre», señaló Tombolini, y advirtió que «donde haya un abuso, se va a intentar detectarlo y trabajar en consecuencia».

 

En ese sentido, el secretario reiteró que el programa buscará regresar a los fundamentos que le imprimió su antecesor, Augusto Costa, entre 2014 y 2015, con «la idea de que los precios funcionen como precios de referencia y no como un congelamiento».

El ex director del Banco Nación y de Arsat valoró las herramientas que ahora tendrá su cartera a partir de la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de añadirle a Comercio Interior funciones de comercio exterior que, anteriormente, correspondían a la Secretaría de Industria.

Esto permitirá a la nueva Secretaría de Comercio tener un control centralizado del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

«La Secretaría, al incorporar funciones referidas al comercio exterior, recupera una herramienta que tenía sobre todo en el Gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) que Sergio (Massa) pretende que se retome», precisó.

Por otra parte, Tombolini dijo que hay que «intentar desacelerar esta dinámica que en julio y también en agosto viene caliente en materia de precios, me parece que es el primer punto, y recuperar esta idea de la referencialidad de los precios», explicó.

«No quiere decir -agregó- que los precios vayan para atrás sino que aumenten más despacio, y eso se consigue con un conjunto de herramientas que planteaba Sergio (Massa), que tienen que ver con el frente fiscal, con la acumulación de reservas y con un programa ordenado que a su vez tiene distintas medidas para el cumplimiento de los ejes», afirmó.

La canasta de Precios Cuidados se renovó el pasado 7 de julio e incluye productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal; artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas; junto con una canasta de frutas y verduras.

 

En tanto, a fines de julio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con empresas productoras de lácteos y supermercados para la incorporación de 120 productos de ese rubro al programa Precios Cuidados.

Además, las empresas y las principales cadenas se comprometieron a triplicar el volumen de leche fresca y garantizar el abastecimiento.

De este modo, la cantidad total que contempla la canasta asciende a alrededor de 1.070 productos.

Para esta etapa que se extiende hasta el 7 de octubre próximo, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre en el caso de los productos de almacén.

En tanto en productos lácteos será del 4,9% en julio; 3,3% en agosto y 2,8% en septiembre, con lo que el total promedio será de 9,1% para el trimestre.

El rubro Vivienda y Urbanismo lideró en el primer semestre el incremento de la inversión pública nacional, con un 40% de crecimiento en términos reales (es decir, deducida la inflación del período) respecto del mismo lapso de 2021, veinte veces más que el promedio general.

La información forma parte de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y se refleja en datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que muestran 52.096 viviendas entregadas desde diciembre de 2019 y 125.137 en ejecución.

Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, destacó en declaraciones a Télam «el nivel de actividad del ProCreAr (Programa de Crédito Argentino)» que fuera relanzado en agosto de 2020, con nueve líneas de préstamos para construcción y refacción de viviendas.

En la primera mitad de 2022, las transferencias de capital al ProCreAr totalizaron $ 95.815 millones, equivalentes al 72,4% de la inversión en Viviendas y al 20,1 de la Inversión Pública total.

En la primera mitad de 2022, las transferencias de capital al ProCreAr totalizaron $ 95.815 millones, equivalentes al 72,4% de la inversión en Viviendas y al 20,1 de la Inversión Pública total

La distribución regional de la construcción de unidades habitaciones, lotes con servicios entregados o a entregar, así como el otorgamiento de créditos, abarca a las 24 jurisdicciones, si bien Weiss señaló que ese reparto «ha sido heterogéneo».

«En las provincias del sur la situación es un poco más complicada, porque el precio de la vivienda social no les cierra», acotó al respecto, si bien el porcentaje de unidades en ejecución para la Patagonia se mantiene en relación con la población.

En cuanto a la distribución dentro de cada provincia, en Buenos Aires aseguran que se busca «tener al menos cien viviendas en construcción por municipio», aunque por su cantidad de habitantes y densidad poblacional es en el conurbano donde se concentra el mayor número de obras.

Así lo señaló a Télam el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, quien distinguió los emprendimientos financiados por la propia provincia de los que cuentan con recursos de origen nacional.

En este último caso, «la gran mayoría son convenios directos que firma la Nación con municipios», indicó.

De las viviendas que actualmente están en construcción -«las que están en proceso son muchas más», advirtió- Simone precisó que en territorio bonaerense «hay actualmente 15.509 viviendas con distintos fondos nacionales», de las que 5.951 son del programa Casa Propia, 5.288 del Reconstruir y 4.270 del Procrear.

 

A ese conjunto de unidades en construcción se les suma otras 8.000 con recursos propios.

Simone señaló también las dificultades para entablar una comparación con la gestión provincial anterior, por las «dificultades en el acceso a la información, bastante escueta» y que impide una clasificación por tipo de financiamiento.

Según el ministro, en los 4 años de gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal se construyeron 8.000 viviendas en total, aunque no se precisa cuántas fueron con financiamiento provincial y cuántas con recursos de la Nación.

La Inversión Pública ejecutada por la Administración Nacional durante el primer semestre ascendió a $ 475.813 millones, con un crecimiento interanual del 2% en términos reales y una ejecución del crédito vigente para todo el año del 33,3%.

Si bien el porcentaje de ejecución es inferior a la proporción del tiempo transcurrido, es habitual que la mayor parte de los créditos presupuestarios se concentren en el último trimestre, tal como pasó en los últimos años.

Por ejemplo, en 2021 en el primer trimestre solo se ejecutó el 10% del crédito de Inversión Pública, se elevó al 17% tanto en el segundo como en el tercero y el 56% restante quedó para el último trimestre.

Al respecto, Weiss planteó como «la pregunta del millón de dólares» qué ocurrirá con la inversión pública en general y la de Vivienda en particular en la segunda mitad del año, a la luz de los cambios en la gestión el área económica.

«Es un dato a analizar qué pasará en la nueva gestión de Sergio Massa en Economía, aunque me han manifestado desde el gobierno que la decisión es mantener la inversión en infraestructura en el segundo semestre», indicó.

Dentro del nivel general, el rubro Vivienda y Urbanismo tuvo entre enero y junio un crédito devengado de $ 132.348 millones, con un 38,3% de ejecución del crédito vigente.

En consecuencia, pasó a ser el primer rubro, con el 27,8% del total, desplazando al segundo lugar a Transporte, que había liderado el listado en el primer semestre de 2021.

Ese cambio en las posiciones obedeció al incremento real del 40% en las erogaciones destinadas a Vivienda y Urbanismo, contra una caída del 8,3% en Transporte.

Con relación a la inversión por jurisdicción, los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Territorial y Hábitat concentraron el 58,7% de las erogaciones de capital, aunque también en este caso hubo una evolución dispar, con una caída interanual del 20,1% en la primera de las carteras mencionadas y un alza del 55,4% en la conducida por Jorge Ferraresi.

El Ministerio de Salud de Chubut informó que a partir de este jueves comenzarán a ser inmunizados contra el Covid-19 los niños y las niñas de la provincia que tienen entre 6 meses y 2 años, empleando para ello las vacunas pediátricas desarrolladas por el laboratorio Moderna.

El anuncio se realizó este martes, tras la llegada a Chubut de la primera remesa de 8.400 dosis pediátricas de la vacuna contra coronavirus enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación, las cuales serán distribuidas entre las cuatro Áreas Programáticas de Salud de la provincia, de forma tal de garantizar el acceso a las mismas en todas las localidades.

POBLACIÓN OBJETIVO

Las nuevas dosis pediátricas de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio Moderna pueden utilizarse tanto para iniciar y completar esquemas en los niños y las niñas de 6 meses a 2 años, como para el inicio o la aplicación de refuerzos en las poblaciones comprendidas entre los 3 y los 5 años, según lo consensuado por las máximas autoridades sanitarias nacionales y provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA). 

En el caso de Chubut, la población objetivo comprendida en estas franjas etarias se estima en 22.000 niños y niñas.

El sistema de descuento de puntos por infracciones cometidas al volante, denominado «scoring», entrará en vigencia en todo el país a partir de este miércoles con el objetivo de mejorar la seguridad vial y contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

El sistema contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

El mecanismo consiste en la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irá descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, por ejemplo, si la persona corre «picadas».

El denominado sistema de ‘scoring federal’ fue definido por las autoridades como «una deuda pendiente desde 2011» y, durante la presentación realizada ante representantes de las distintas jurisdicciones días pasados en el Ministerio de Transporte, se destacó la puesta en práctica «gracias al consenso entre todas las provincias y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)».

Los distritos deben incorporar el ‘scoring’ a través de sus Legislaturas, Concejos Deliberantes u órganos facultados y, al implementarlo, podrán registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del infractor responsable.

Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días; la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera, 180 días.

Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.

Para recuperarlos y restablecer la licencia, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación.

Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar 4 puntos: los conductores particulares tendrán esta posibilidad cada dos años y los profesionales podrán hacerlo anualmente.

Se podrá acceder a los cursos de recupero de puntos de forma gratuita a través del sitio web de la ANSV.

En el caso de que transcurran dos años sin infracciones de ningún tipo, desde la última falta que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.

 

También, podrán registrar sentencias firmes que impongan inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir por pérdida de puntos y consultar la situación actual e historial de una cada conductor o conductora.

El sistema tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat) para que los Centros de Emisión de Licencias de Conducir cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de este documento.

Escala de infracciones

En la escala de infracciones se estableció que, por ejemplo, se descontarán 5 puntos en caso de circular con licencia de conducir vencida, sin casco en el caso de los motociclistas y si no se respetan las luces del semáforo; mientras que se deducirán 4 puntos por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o si no se lleva puesto adecuadamente el cinturón de seguridad.

 

Las infracciones más graves, con mayor descuento de puntaje, son: conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos (10 puntos); no respetar los límites de velocidad en menos del 30% (5 puntos) y en más del 30% (10 puntos); conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida (20 puntos) y participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores (20 puntos).

«El ‘scoring’ cambia el paradigma de lo que se ha venido haciendo en Argentina, y ahora se apunta a penalizar la conducta de forma tal que el conductor desaprensivo tenga consecuencias sobre la posibilidad de seguir utilizando su carnet en el sistema de puntajes que se le da inicialmente», afirmó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en la presentación oficial del nuevo sistema realizada el jueves pasado.

En este sentido, agregó: «La ANSV ha hecho un muy buen trabajo en articulación con todos los actores del sistema. Hoy podemos celebrar que, a pesar de las diferentes administraciones en una Argentina amplia y diversa, se ha hecho un trabajo serio y responsable con la mirada puesta en la ciudadanía, y estamos entre todos salvando una deuda histórica con uno de los aspectos fundamentales de la seguridad vial en nuestro país».

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, remarcó que, «como Estado nacional, le dimos forma y pusimos en funcionamiento este sistema de descuento de puntos, tal como era nuestra responsabilidad. Ahora será tarea de cada distrito provincial y municipal adherirse para aplicarlo a nivel local».

Pequeños y medianos productores rurales nucleados en la rama Agraria de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) se movilizarán este miércoles hasta el Congreso de la Nación y realizarán «feriazos» en las principales ciudades del país exigiendo el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, la reglamentación definitiva de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y que se avance con el proyecto de Fomento a la Agroecología.

“Son leyes que venimos reclamando históricamente y que ya no podemos esperar más en esta situación de emergencia económica y social”, sostuvo el referente de la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE Rural), Lautaro Leveratto, a través de un comunicado.

La convocatoria central es frente al Congreso de la Nación, y al mismo tiempo habrá marchas en las principales ciudades del país.

“Son leyes que venimos reclamando históricamente y que ya no podemos esperar más en esta situación de emergencia económica y social”Lautaro Leveratto, MTE Rural

Leveratto detalló que en el contexto de emergencia económica y social que atraviesa la Argentina, las familias productoras agropecuarias, que tienen un rol central en la producción, necesitan medidas urgentes para paliar la crisis.

“La dolarización de nuestros insumos, el aumento del precio de los alquileres y de la tierra, y la contracción de la demanda de nuestra producción generan muchas pérdidas y la dificultad para sostener nuestros ciclos productivos”, remarcó.

Además, señaló que ante los cambios en el gabinete y una nueva agenda económica, los que producen los alimentos tiene que «ser parte de ella”, y remarcó que “el problema central de las familias argentinas no es el dólar, es tener comida sobre la mesa”.

En sintonía con las políticas destinadas a fomentar la liquidación de divisas de exportaciones, exigirán fondos extraordinarios para garantizar la distribución y comercialización de la producción del sector “y créditos para garantizar las próximas campañas”.

El dirigente recordó que el Ejecutivo debe reglamentar la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar “tantas veces anunciada”, con un presupuesto acorde a las necesidades del sector y la situación inflacionaria.

“Como país, nos estamos perdiendo una oportunidad de poder desarrollarnos y generar arraigo en el campo, si no se avanza en políticas concretas como las que reclamamos”, aseguró.

La Ley de Acceso a la Tierra y protección de los cinturones verdes y zonas estratégicas de producción, que ya lleva varios años esperando su tratamiento en los despachos del Congreso, prevé que los agricultores que carezcan de tierra propia, puedan adquirir inmuebles rurales a través de créditos blandos destinados a tal fin, y de esa manera terminar con el abuso inmobiliario y la especulación.

 

A la vez promueve el reordenamiento del uso de tierras fiscales, y protege los cinturones verdes periurbanos, valles y oasis productivos, del avance indiscriminado de actividades que dañan los servicios ecosistémicos.

La Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de Una Nueva Ruralidad”, que espera su reglamentación, crea un Programa Nacional de formalización, valor agregado y comercialización para la agricultura familiar, campesina e indígena, “con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria, así como de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural”, esgrime la normativa en sus fundamentos.

Mientras que el proyecto de Ley de fomento de la Agroecología, presentado en el 2021, comprende la promoción y el fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones que le den un mayor impulso al desarrollo de sistemas de producción. Busca estimular y promover la adopción de buenas prácticas para la producción agroecológica a nivel municipal, provincial y nacional.

Docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) comenzaron este miércoles un paro de 48 horas. Se trata de la décima huelga en lo que va del año y la 12da. jornada de protesta si se incluyen dos días de asambleas simultáneas en las que no se dictaron clases.

El lema de la huelga es «por un salario acorde a la canasta básica», publicó en su cuenta de Twitter la Atech, el sindicato con más afiliados en el sector docente de este distrito patagónico.

«El Gobierno nos ofreció un 15% en tres cuotas, pagaderos un 5% en agosto, un 5% en septiembre y un 5% en octubre», dijo a Télam el secretario general de la entidad sindical, Daniel Murphy. «Después adelantó el pago a julio e incluso brindó una oferta de un 7% en vez de un 5% en el primer tramo, apenas 2 puntos por encima de la oferta original, que es claramente insuficiente», añadió.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, en diálogo con Télam, aseguró que «no es cierto que el aporte sea de solo el 15% como dice la Atech, porque el acumulado de fines del año pasado a octubre de este supera el 60%».

«Nosotros reconocemos que nos gustaría estar por encima de ese número pero es lo que las cuentas nos permiten, porque otra promesa sería irresponsable y caeríamos en el pago escalonado de sueldos que es algo que ya tuvimos y no queremos volver a vivir», agregó.

En lo que va del año la Atech realizó -con dispar acatamiento- paros por 72 horas los días 2,3 y 4 de marzo; por 24 horas el 8 de marzo, 17 de marzo y 10 de mayo; por 48 horas el 19 y 20 de mayo, el 2 y 3 de junio, el 13 y 14 de junio, otro por 24 horas el 27 de junio; por dos días consecutivos el 25 y 26 de julio y el que comienza hoy y finalizará mañana.

Si se agregan a estas convocatorias las «asambleas simultáneas escolares» convocadas el 31 de marzo y 12 de abril, las jornadas de protesta llegan a la docena en Chubut.

El proyecto de ley sobre seguridad del paciente frente a los casos de mala praxis, conocido como «Ley Nicolás», será presentado esta tarde en la Cámara de Diputados con la participación de legisladores nacionales y representantes de organizaciones sociales.

Una de las participantes de la presentación que se realizará a partir de las 13 en el Salón Auditorio del anexo de la Cámara baja será la titular de la Fundación por la Vida y la Salud, Gabriela Covelli, quien viene impulsando la iniciativa desde que su hijo Nicolás Deanna falleció en 2017, cuando tenía 24 años, por una mala intervención médica, a través de una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas más de 12 mil adhesiones (www.change.org/LeyNicolas).

En paralelo, y desde las 11, la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (CO.FA.VI) y otras organizaciones que apoyan el proyecto se manifestarán frente al Palacio Legislativo.

Los puntos principales de la ley son la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable que puede ser consultada en cualquier lugar del país; recertificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; el impulso al desarrollo de protocolos de actuación así como sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas de salud.

Esta versión de la denominada «Ley Nicolás» excluye el delito de «mala praxis médica» al Código Penal, que figuraba en proyectos anteriores y que había generado el año pasado el enfático rechazo de diferentes asociaciones médicas y científicas.

«Con la Fundación Por la Vida y la Salud de familiares de víctimas de mala praxis, hace tres años que venimos luchando por lo que finalmente ocurrió hoy, es decir, que tome estado parlamentario por primera vez la Ley Nicolás, que ya la habíamos presentado el 18 de marzo del año pasado por iniciativa popular, pero que ningún diputado firmó», dijo a Télam Covelli.

El proyecto ingresó el jueves a la Cámara baja impulsado por el diputado radical por la provincia de Buenos Aires Fabio Quetglas, quien encabezará el conversatorio junto con Covelli, Viviana Rodríguez, del Observatorio de Seguridad del Paciente, y Antonio Raúl De los Santos, de la Academia Nacional de Medicina.

A nivel global, se estima que el daño a los pacientes es la 14ª causa de morbimortalidad, comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la malaria; y está entre las 10 primeras causas de discapacidad según la OMS.

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación sugiere adoptar el lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva «como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos» que emita esa cartera, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Esta decisión se toma «como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino», por lo que se adecuarán «los modelos de notas, planillas, formularios y comunicación interna y/o externa»

En algunos de los considerandos de la medida, la resolución cita antecedentes del Ministerio de Salud y el de las Mujeres que adoptó este tipo de lenguaje y que «el lenguaje androcéntrico invisibiliza a las mujeres y diversidades, por lo que es causa de discriminación hacia esos grupos».

También destaca que por el impulso de los movimientos feministas y LGBTI+ «se problematiza el uso del genérico del masculino, que refuerza y legitima una mirada androcéntrica, poniendo en tensión qué y cómo nombramos 3.

Indica además que el lenguaje está en «continua transformación y construcción» y que promover el uso del lenguaje inclusivo «supone un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otros».

El Directorio del Banco Central (BCRA) dispuso que los consumos de más de 200 dólares que se financien con tarjetas paguen la tasa de interés que corresponde a la regulada por la ley para las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras.

De esta forma, siempre que se deje sin pagar al vencimiento del resumen compras con tarjeta de crédito por más de US$ 200 -equivalentes a unos $ 48.000, aproximadamente- deberán pagar una tasa de interés cercana al 83,23%, una tasa que depende en general de cada banco.

Esto es así porque la ley de Tarjetas de Crédito establece que los bancos pueden cobrar hasta un 25% más que la tasa que perciben por los créditos personales.

Según datos del Banco Central, el promedio de todo el sistema financiero para créditos personales es de 66,58%, por lo que un 25% por arriba de ese nivel equivale a 83,23% aunque, siendo un promedio de todos los bancos, habrá entidades que cobren más y otras menos.

De todas formas, informó el BCRA, los bancos «deberán notificar a los tarjetahabientes antes de aplicar esta medida»

«Para el resto de los consumos en pesos, el financiamientos de resúmenes hasta 200.000 pesos mensuales mantendrán la tasa máxima fijada por el BCRA de 62%», aseguró el Banco Central.