El Gobierno oficializó este martes el fin de la obligatoriedad del uso de barbijos y la aplicación de los protocolos implementados por Covid-19 para trenes y colectivos, a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial.

La primera disposición lleva el número 688/2022, fue elaborada por el Comisión Nacional de Regulación del Transporte y estableció la derogación del «Plan de Emergencia-Covid 19 para el transporte automotor» cuya última modificación fue del 17 de abril de 2022 así como también del «Plan de Emergencia Covid 19 para el transporte ferroviario», que se había actualizado el 3 de noviembre de 2021.

 

La segunda es la resolución 629/2022 del Ministerio de Transporte que deja sin efecto la Resolución N° 95 de fecha 17 de abril de 2020, que establecía el uso de barbijos.

 

Los resoluciones se encuentran en consonancia con las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación en base a la alta tasa de vacunación que presenta Argentina y la situación epidemiológica.

No obstante, se recordó que si bien la resolución N° 1849 de fecha 20 de septiembre de 2022 del Ministerio de Salud de la Nación estableció el carácter «no obligatorio del uso del barbijo», continúa recomendándose en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público, así como se recomienda la ventilación de los ambientes; mantener la higiene adecuada y frecuente de manos; y ante presencia de síntomas evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso de transporte.

Según informó esa central sindical, manifestantes de ATE se congregarán a partir de las 11 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para después marchar al Ministerio de Economía, ubicado a metros de la Casa Rosada.

En sus redes sociales ATE señaló que la movilización se realiza para pedir «aumento de emergencia», «paritarias por encima de la inflación» y a su vez «el cumplimiento de los 30.000 pases a planta en el Estado Nacional».

También reclaman «plenos derechos en provincias y municipios», entre los que mencionaron convenios colectivos y salario mínimo vital y móvil. Justamente por eso se esperan marchas y movilizaciones en diferentes puntos del país. 

En tanto, en la provincia de Río Negro, ATE se movilizará al puente que integra la Ruta Nacional 3 Basilio Villarino que une Viedma con Carmen de Patagones, también habrá marchas en la Ruta Nacional 22 en cercanías de Choele Choel, en el cruce de las calles Onelli y Moreno en la ciudad de Bariloche y en el Alto Valle será sobre el puente que une la Cipolletti con Neuquén.

ATE Río Negro reclama el pago del adicional por combatiente del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), y plantea entre otras cosas, «la regularización de las relaciones laborales, mejores condiciones edilicias en escuelas y hospitales».

Mientras tanto, en la provincia de San Luis se canceló para hoy el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas debido a la protesta, ya que adhiere a la medida el personal enrolado en ATE de la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC), en reclamo de «aumento de emergencia, aumento de la paritaria por encima de la inflación, el adelantamiento de los tramos de 2023 a 2022 y el cumplimiento de los 30.000 pases a Planta Permanente acordados con el gobierno nacional».

Los trabajadores se concentrarán frente a la delegación de PAMI San Luis, donde durante una hora no habrá atención al público, entre otras marchas y expresiones que se anunciaron en varias provincias.

Una niña de 11 años fue encontrada muerta en las últimas horas en Río Negro, mientras era buscada intensamente luego que se haya escapado de su casa. 

Morena Prado había decidido huir de su hogar que se encontraba en la localidad de Cinco Saltos, el sábado pasado por la tarde. Desde entonces fue la última vez que se la había visto. De acuerdo al relato de su madre Sol Morales, la nena se había ido hacia el bosque. 

Fue el domingo a la medianoche cuando dieron con el cadáver de Prado en la Usina Eléctrica de la ciudad. El cuerpo fue encontrado por uno de los operarios del sector y advirtió a la Policía para que fueran a constatar la presencia de los restos de una niña. Según dijo, lo notó gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.

Los efectivos locales se movilizaron de manera veloz hacia la zona. Tras unos minutos en el lugar, vieron a la niña sin vida. Fue allí donde confirmaron que era Prado, la nena que estaban buscando desde hacía varias horas.

Si bien aún no se determinaron las causas de su muerte, una de las principales hipótesis es que falleció tras luego de caer en las aguas del canal de riego. 

La madre de la víctima fue quien había denunciado el domingo por la tarde la desaparición de su hija. “Se escapó por la calle Paraná al 665, cualquier dato es de mucha ayuda, iba para el bosque no supimos más nada», escribió Sol en las redes. 

“No sabe leer, apenas se orienta, llevamos 3 horas buscando con la policía y no la encontramos. Se escapó. La última vez que la vimos iba para el bosque, no supimos más nada de ella. Vestía pantalón blanco con dibujos marrones y remera Azul manga larga y detalles en dorado”, agregó.

Después de darse a conocer la triste noticia, compartió: “Mi niña tanto que la luchamos juntas. Me dejaste sola”. (Noticias Argentinas)

La Fragata ARA “Libertad” arribará este sábado al Apostadero Naval Buenos Aires y de esta manera dará por finalizado su 50° viaje de instrucción, informó este jueves la Armada Argentina.

La unidad, al mando del capitán de navío Carlos Pedro Schavinsky Trinchero, conduce a los guardiamarinas en comisión integrantes de las promociones 150 y 151 del Escalafón Comando Naval; 85 y 86 del Escalafón Infantería de Marina y 106 y 107 del Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, de la Escuela Naval Militar.

Este buque escuela de la Armada, cumplió -una vez más- su misión de completar la formación profesional de los guardiamarinas en comisión, “contribuyendo al incremento de sus conocimientos náuticos y a su formación en la cultura del trabajo en equipo y en el desarrollo de aptitudes de liderazgo”, explicó la Marina a través de un comunicado de prensa.

“Es un viaje increíble, de un crecimiento profesional muy grande. Embarcamos siendo cadetes y nos bajamos siendo casi oficiales. Todo lo que vivimos durante el viaje, tanto en puerto como a bordo durante las navegaciones, nos permitió conocer realmente cómo es la vida en el mar, cómo se desempeñan en los cargos, las diferentes tareas y obligaciones que debe asumir un oficial”, expresó la guardiamarina en comisión Daniela Plaza a La Gaceta Marinera del Ministerio de Defensa.

“Particularmente, creo que hubo un crecimiento profesional, uno va entendiendo el porqué de cada cosa, dónde aplicamos un reglamento, dónde buscamos información si necesitamos algo en particular y, particularmente, incorporamos importantes herramientas de liderazgo para conducir al personal”, resaltó.

En esta edición navegaron a bordo invitados de institutos de formación de la Armada Argentina (de los Liceos Navales “Almirante Storni” y “Almirante Brown”, y de la Escuela Nacional de Náutica), de otras Fuerzas Armadas (Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina); de fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN); y 12 invitados extranjeros de las armadas de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Italia, México, Paraguay y Perú.

Durante el itinerario, que se inició el 30 de abril y tuvo una duración de 5 meses, recorrió 22.038 millas náuticas, lo que equivale a una vuelta al mundo rodeando la línea del Ecuador, con un recorrido de 40.814 kilómetros.

La Fragata Libertad estuvo 148 días fuera de su apostadero, de los que navegó 113 y permaneció 35 en puertos de once ciudades de América y Europa: Fortaleza (Brasil), Castries (Santa Lucía), Santo Domingo (República Dominicana), La Habana (Cuba), Veracruz (México), Baltimore (Estados Unidos de Norteamérica), Dublín (Irlanda), Saint Malo (Francia), Toulón (Francia), Cádiz (España) y Río de Janeiro (Brasil).

 

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las empresas prestadoras de servicios a aplicar un aumento escalonado de hasta 29,6% en los servicios de telefonía, internet y televisión.

Mediante la resolución 1754/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Enacom estableció que las licenciatarias podrán aplicar a partir del 1° de octubre un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas de hasta 19,8%, y una nueva suba a partir del 1° de diciembre de hasta 9,8%.

En el año, el Enacom ya había autorizado dos incrementos de 9,5% que fueron aplicados en las facturas desde el 1° de mayo y el 1° de julio, respectivamente.

 

La normativa indicó que cualquier incremento aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) que supere dichos topes deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago.

Por otra parte, las modificaciones que las empresas realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales a partir de esta autorización, deberán ser comunicadas a Enacom al momento de su aplicación.

Las modificaciones que las empresas realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales a partir de esta autorización, deberán ser comunicadas a Enacom al momento de su aplicación

Al igual que en los anteriores incrementos autorizados por el Enacom, en el caso de que el usuario no abone su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras no podrán suspender el servicio ni computar mora sobre esas facturas.

Para la modalidad prepaga, se establecieron a partir del 1° de octubre valores máximos para la recarga de 50 megabits (MB) de datos móviles por día de $ 36; segundo de voz $ 0,55 y mensajes de texto (SMS) $ 7,20; en todos los casos con impuestos incluidos.

A partir del 1 de diciembre la recarga de 50 MB podrá cobrarse $ 39,50; el segundo de voz $ 0,60 y SMS $ 7,90.

Los topes de aumentos aplican mayormente para pymes, cooperativas y empresas menores, ya que las grandes firmas como Telecom, Claro, Telefónica y DirecTV recurrieron a amparos y medidas cautelares para no cumplir con los mismos pudiendo así incrementar sus facturas por encima de estos límites.

La Dirección Nacional de Vialidad sancionó nuevamente a Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur, por infracciones al contrato y la multó en $ 7,9 millones, con lo cual acumuló 39 sanciones por más de $ 413,83 millones en los últimos 14 meses.

Así lo hizo a través de cinco resoluciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial: 1699/2022, 1718/2022, 1719/2022, 1733/2022 y 1736/2022.

En los considerandos de todas las resoluciones se señala que Caminos del Río Uruguay incumplió las obligaciones contractuales referidas a las «mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración» previstas en la concesión.

El acumulado de multas por dos de las resoluciones mencionadas (las 1718, 1719 y 1733 no establecen sanciones pecuniarias) ascendió a $7.902.390, tomando como base un monto de $24,10 por Unidad de Penalización.

Las sanciones obedecen a diferentes incumplimientos de obligaciones contractuales, como «la existencia de Índice de Estado Característico (IE) menor al valor contractual exigido» en 2015, la «falta de Señalización Vertical» en una curva de la ruta 14, la «falta de mantenimiento en calzada» en la misma ruta y la «falta de Medición de la fricción neumático pavimento (adherencia), en el Corredor, en las Rutas Nacionales N° 12, 14, 117, 135 y A015».

Además de la ruta 14, Caminos del Río Uruguay posee la concesión de las rutas nacionales 12 y 117, como parte del Corredor Vial 18.

Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 413,83 millones en los últimos 14 meses, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.

El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora por $ 18,57 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $2,08 millones, y en abril otras dos sanciones por $ 1,34 millones y $ 8,49 millones.

Durante el transcurso del último mes de mayo se agregaron otras cuatro multas por $ 19,41 millones, $ 9,72 millones, $ 9,72 millones y $ 5,79 millones, y durante junio, otras cuatro por $ 12,53 millones, $ 9,53 millones, $ 2,15 millones y $ 47,52 millones.

Además, en julio pasado hubo cuatro sanciones por $ 46,52 millones, $ 5,54 millones, $ 18,02 millones y $ 7,9 millones, en agosto recibió cuatro sanciones por $ 5,7 millones, $ 9,8 millones, $ 10,1 millones, $ 4,9 millones y $ 16,9 millones, y en lo que va de septiembre totaliza $ 48,386 millones.

El conductor de televisión Marcelo «Teto» Medina y otros detenidos de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» fueron trasladados la mañana de este viernes desde la comisaría 1 de Berazategui rumbo a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, de esa localidad bonaerense, para ser indagados en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento de rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.

 

Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y este viernes a las 7.30 algunos de ellos fueron trasladados en móviles policiales hasta la fiscalía que conduce Daniel Ichazo para prestar declaración.

 

Uno de los trasladados fue el ex integrante del programa VideoMatch, que pasó la noche en la comisaría 1 de Berazategui donde ingresó el jueves a las 15 tras ser detenido por la mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Su abogado Adrián Tenca rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque “es absolutamente inocente».

«Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización», dijo Tenca el jueves a la prensa.

 

Agregó además que Medina «tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno».

También Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir», dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes en recuperación de adicciones «es absolutamente descabellada».

 

Biondi dijo que este viernes analizaría el expediente para diagramar la defensa de su cliente, que al igual que Medina pasó la noche detenido en la comisaría 1 de Berazategui.

«Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido», sostuvo el abogado a la prensa.

La voz de los familiares

«Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, como hacen en otros lados, acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, tienen terapia con psicóloga y psiquiatra y la contención de sus mismos compañeros», dijo a Télam Mercedes, la madre de un joven internado en el lugar.

 

 

La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad La Razón de Vivir, en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecieron durante la mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.

El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas.

El barrio, llamado San Rudesindo, cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.

Vecinos del lugar comentaron a Télam que «el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos».

Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados el jueves.

Las familias se manifestaron durante la mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para «impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar» y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.

 

 

En medio de gritos de familiares y pedidos de ayuda para que habiliten en lugar, el fiscal Ichazo salió a la puerta de la comunidad para solicitar a los presentes que los deje trabajar y confirmarles que dejarán pasar a familiares para que se encuentren con los jóvenes.

Ichazo confirmó que las detenciones de 17 personas «comenzó con la denuncia de exinternados y fue corroborada con escuchas telefónicas».

«La investigación comenzó por denuncias de las propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 personas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada, que se le daba a algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que les hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota», explicó el fiscal.

Mercedes, cuyo hijo estaba internado allí, comentó a Télam que cuando lo visitaba él le decía que no se quería ir de allí, «que de esto salen todos juntos y que lo tratan bien».

«Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá», agregó.

Otro joven, llamado Catriel, se acercó al lugar para apoyar a las familias y dijo estar rehabilitado del consumo de drogas desde hace tres años, tras haber estado internado de la comunidad.

«Todos están acá por su voluntad, no puedo estar más agradecido a este lugar, tengo una vida gracias a esta comunidad, me pasaba cinco días consumiendo, aunque era supervisor de ventas y llegué a ser gerente, pero me iba a Constitución de traje y me quedaba cinco o seis días consumiendo«, apuntó el joven.

Los familiares continuaban hasta la tarde protestando en la puerta del lugar, mientras agentes policiales les informaban que estaban trasladando a algunos jóvenes a las comisaría tercera de esa localidad y a otros hacia otras comunidades terapéuticas.

«Vení, vení, baila conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano del loco Pipi, toda la vuelta vamos a dar», cantaban los jóvenes desde adentro del lugar, con banderas y bombos, en conjunto con las familias que los apoyaban desde afuera, tras aclarar a Télam que «Pipi» es el apodo del director de la comunidad, Eduardo Zelaya.

Desde del interior de la comunidad, un joven se dirigió a la prensa con un mensaje de apoyo al centro y transmitió que «estas detenciones tienen que ver con un fin político».

«La calle y la sociedad nos estaban matando, acá volvimos a nacer, a crecer, aprendimos a escuchar, a hablar, por eso, todo esto es una movida política para que nosotros no vayamos a la marcha de hoy, convocada al Congreso de la Nación sobre la ley de adicciones», apuntó el joven desde el enrejado de la puerta de la comunidad.

El ingreso de los familiares a la comunidad

“Los familiares están adentro tomando mate con los chicos”, contó a Télam Catriel, uno de los chicos que ingresó al lugar con otros compañeros rehabilitados “para hacernos cargo de la situación” y señaló que «vamos a comer todos juntos, mañana será otro día».

Según explicó Catriel, que obra como vocero de los pacientes ante la prensa, “no está permitido visitas después de las 24”, por lo que los familiares permanecerán en el lugar, si así lo desean, hasta ese horario.

Las familias se dividieron en dos grupos que informaban sobre la situación que se vivía en las dos entradas con las que cuenta el predio, una en la calle General Belgrano y la principal en la calle 30, desde donde se podían observar móviles policiales y una ambulancia del Same.

Estela, quien se acercó a La Razón de Vivir porque allí se encuentra su nieto desde hace un mes, señaló a Télam que “once chicos se fueron por ‘voluntad propia’” por el portón de Belgrano.

Gabriel, uno de los pacientes que se retiró de la comunidad terapéutica dijo a Télam: “Estamos destrozados porque esta es nuestra casa y ahora voy a tener que ir mi casa. Éramos 70 chicos viviendo en familia, muy numerosa y nos estábamos apoyando unos a otros”.

“Dicen que está inhabilitado el lugar y que no está apto; estuve acá cuatro meses y nunca tuve un problema. Me voy y trataré de pelear por este lugar que me devolvió un montón de cosas”, subrayó.

En tanto, Marcos explicó a esta agencia que su hermano, de 27 años, «es el encargado de cuidar a los chicos desde hace casi un año, les da apoyo psicológico, realizó varios cursos de acompañante terapéutico”.

Relató que hubo un allanamiento en su domicilio para buscar a su hermano, quien “está imputado” y apuntó por la denuncia a “un cura que no estaba de acuerdo con los tratamientos” que aplicaban en la comunidad terapéutica.

Uno de los pacientes se acercó al alambrado para hablar con las familias y comunicarle que los “chicos están tranquilos y bien” y que además fue autorizado a llevarle a los otros pacientes cigarrillos.

Denuncias de las víctimas y escuchas telefónicas desataron la investigación

El agente fiscal de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIJ) 1 de Berazategui, Daniel Ichazo, confirmó que las detención del conductor televisivo «Teto» Medina y otras 16 personas comenzó con la denuncia de exinternos y corroborado por escuchas telefónicas.

«La investigación comienza por denuncias de propias victimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 victimas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada que se le daba algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que le hacían trabajar y no le pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota«, explicó el fiscal.

Luego de ingresar a uno de los centros ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires, el funcionario judicial explicó que todas estas presuntas acusaciones «no solo se prueba con testimonios, sino con escuchas telefónicas de 45 días».

«Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y al situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que esta siendo rehabilitado, y no es así», añadió Ichazo a los medios y se retiró para continuar con la entrevista de los internos.

Previamente, antes de hablar con la prensa, el funcionario judicial habló con los familiares de las personas que se encontraban internadas en esa comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones.

Durante ese intercambio, el fiscal trató de explicarles que era lo que sucedía, mientras que los familiares desmintieron las denuncias y pedían que los mantengan es ese centro, donde «los chicos están bien», dijeron la mayoría de los presentes, que en un momento cantaban «queremos a la institución».

Un momento de tensión se produjo cuando un familiar preguntó si estaba la Sedronar, y ante la repuesta afirmativa del fiscal dijeron al unísono «no, no queremos a Sedronar», al tiempo que una mujer aseguró que su hermano murió por la intervención de esa entidad nacional.

«Usted es fiscal, si yo me llevó a mi hijo y vuelve a drogarse a la calle, yo que hago. Eso para mi es un retroceso», cuestionó una mujer y en respuesta Ichazo dijo «me encantaría responder eso, pero no puedo».

Por último, el fiscal pidió tiempo para poder hablar con las personas internadas y luego junto a los familiares y las autoridades determinar a que lugares van a ser derivados cada uno, «nadie se va a ir de acá obligado o contra su voluntad», pero indicó el lugar no está habilitado para funcionar.