El Gobierno del Chubut llegó ayer jueves a un acuerdo paritario con gran parte de los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

Del encuentro, que fue encabezado por el ministro de Educación, José María Grazzini, participaron directivos de ATECH, UDA, SITRAED, AMET y de SADOP.

«El Gobierno provincial siempre busca mantener abierto al diálogo porque estamos convencidos que, el camino para mejorar la realidad de los docentes, es si lo construimos todos juntos», expresó el funcionario provincial.

LA PROPUESTA

En ese marco, desde el Ejecutivo se propuso a los gremios docentes que el adicional de 18 mil pesos establecido por el Decreto 970/22, sea un porcentual del sueldo (10%).

Grazzini agregó que durante este nuevo encuentro «se mantiene la mesa de dialogo que deseamos desde el Gobierno con los representantes de cada uno de los gremios para escuchar sus propuestas e inquietudes».

La propuesta contempla la inclusión del Adicional como 10% de aumento del básico en relación a los haberes de septiembre. También se aumentaría un 13,5% el ítem Recursos Materiales.

El Adicional expuesto en el Decreto Provincial por responsabilidad se mantendrá para los equipos directivos. El Ministerio se comprometió también a actualizar este monto anualmente mediante Resolución ministerial.

Dicha propuesta fue aceptada por todos los gremios, excepto por ATECH.

Los fiscales del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, asesinado en noviembre del 2021 en Santa Rosa, La Pampa, pidieron este jueves que se condene a la madre del niño de 5 años y a su pareja no solo por el homicidio, sino también por el «maltrato crónico» y las «agresiones físicas y sexuales» al que lo sometían, mientras que la querella, representada por el padre de la víctima, solicitó a los jueces que a las acusadas se les sume en una eventual condena el agravante del «odio de género».

En tanto, en los alegatos de apertura del juicio oral que comenzó cerca de las 9 ante un Tribunal de Audiencia, la defensa de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, dijo que su defendida «no fue la autora material» del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, y la abogada de Abigail Páez, su pareja, rechazó la acusación contra la imputada y dijo que ella «procuró evitar» su muerte.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se desarrolló en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, que desde este miércoles se encuentra fuertemente custodiada, en el marco de un operativo desplegado con 60 efectivos policiales.

Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.

La audiencia arrancó con los alegatos de apertura por parte del fiscal general Máximo Paulucci, el fiscal Walter Martos y las fiscalas Verónica Silvana Ferrero y María Mónica Rivero, quienes acusaron a la madre de Lucio de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización; agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».

Lo mismo solicitaron para Páez, aunque sin el agravante del parentesco familiar.

Sin embargo, el abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque solicitó al tribunal que se le sume el agravante del «odio de género», y que las imputadas fueron responsables «por acción u omisión» de las presuntas conductas violentas. «No importa quién fue la autora y quién cooperó porque ambas fueron autoras«, subrayó.

El defensor oficial Pablo Andrés De Biasi, quien representa a la madre del niño asesinado, negó en su alegato la acusación fiscal sobre su defendida, dijo ante los jueces que «hay dudas razonables» para poder probarle los hechos y reiteró que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna.

A su turno, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, expresó que su defendida Páez «procuró evitar» la muerte del niño y que existe «dudas razonables» sobre la imputación de abuso sexual y, al igual que su colega De Biasi, manifestó que tratará de probar la inocencia de las acusadas o alternativamente que haya un cambio en la calificación legal.

Tras la negativa de las dos imputadas por declarar, el tribunal llamó como primer testigo a Christian Dupuy, quien durante 45 minutos relató detalles de cómo había sido la vida familiar con Espósito Valenti y Lucio, cuál fue la relación con la imputada cuando se quedó a cargo de la víctima y cuándo fue la última vez que vio a su hijo, entre otras cuestiones.

Luego, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 8 cuando continuará la ronda de testigos.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate, que comenzó un día después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia, se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.

Fuente: Télam.

Se celebró este jueves una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Chubut y los representantes del Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol).

En ese marco, el ministro de Gobierno y Justicia, Cristián Ayala, les informó a los integrantes de la fuerza que la propuesta presentada «era inviable».

Tras ello, les ofreció abonar el aumento del 8% para noviembre y un remunerativo no bonificable de 25 mil pesos a partir de diciembre.

Dicha propuesta fue rechazada por los representantes del CoBiPol, ya que entendieron que la misma «esta fuera y lejos de acompañar un salario digno, impactando en forma negativa, principalmente en los retirados jubilados y pensionados».

Tras ello, el ministro Ayala se llevó otras propuestas de los uniformados para analizar y poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La próxima reunión se realizará el lunes que viene.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán un 15,62% a partir del próximo mes, a lo que se sumará un bono de $ 10.000 en diciembre, enero y febrero para quienes que cobren el haber mínimo y de $ 7.000 para los que perciben un monto equivalente a dos haberes mínimos.

Así lo anunciaron en la tarde de este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, que aseguraron que los bonos beneficiarán al 84% del total de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes, que en total suman más de 6,1 millones de personas.

De esta forma, el haber mínimo pasará a ser de $ 50.124, cifra que al sumar el bono de $ 10.000 el monto final que percibirán pasará a ser de $ 60.124 a lo largo de los próximos tres meses. Con el medio aguinaldo de diciembre, la percepción se elevará a$ 85.186.

Asimismo, quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas percibirán $ 107.249 -a partir de un básico de $100.249 y el bono de $ 7.000 para diciembre, enero y febrero- y, con el medio aguinaldo, llegarán a $ 157.373 en diciembre.

 

De esta forma, ninguna jubilación quedará por debajo de los 60 mil pesos hasta marzo inclusive y la jubilación mínima alcanzará un incremento del 107% a lo largo de 2022, por arriba de la inflación proyectada para el corriente año.

Este será el cuarto aumento del año que otorga la Ley de Movilidad Previsional, sancionada en diciembre de 2020 y que empezó a hacerse efectiva en marzo de 2021, y alcanzará a 17 millones de personas que perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Entre las distintas prestaciones afectadas está la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), que a partir de diciembre pasará a ser de $9.795.

«La inflación en la Argentina se transformó en un problema muy grande para la enorme mayoría de los argentinos, pero especialmente para los jubilados y pensionados», señaló Massa durante la presentación realizada en el auditorio de la sede central de la Anses, en un acto que contó con la presencia de jubilados y pensionados.

 

En ese sentido, aseguró que la decisión de incorporar el bono de refuerzo para jubilaciones tiene que ver con «construir un puente» para que «mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un sendero de recuperación del ingreso».

«Hay más de 155.000 millones de pesos adicionales que el Tesoro nacional va a poner para reforzar los meses de diciembre, enero y febrero las jubilaciones y pensiones», dijo el ministro, que aseguró esto «nos permite seguir consolidado la curva de recuperación de ingreso».

En ese sentido, Anses precisó que la erogación adicional para diciembre será de $55.600 millones y, entre diciembre y febrero, se destinarán $166.800 millones para abonar los refuerzos.

«Aspiramos que en el mes de marzo tengamos mucho más estabilizado el proceso de disminución de la inflación», apuntó Massa y anticipó que «seguramente en diciembre tengamos la oportunidad de hacer nuevos anuncios en lo que son las compras para jubilados en las fiestas».

 

Por último, dijo que si bien el Gobierno tiene como objetivo de cumplir su programa de gasto y la meta de déficit primario de 2,5 puntos del PBI, «a la hora de tener un orden desde lo fiscal lo tenemos que construir con la gente adentro».

Por su parte, Raverta aseguró que el anuncio «responde a la decisión política de acompañar a las jubiladas y jubilados de la Argentina para que sus haberes le ganen a la inflación».

«Cuando asumimos en la gestión, las jubiladas y jubilados habían perdido 19,5 en sus haberes. Por eso, rápidamente asumimos el compromiso de trabajar para recuperar, no solo esos puntos perdidos, sino también la alegría y la capacidad de compra», añadió la directora ejecutiva del organismo.

«Sabemos que a lo largo de la vida han atravesado momentos difíciles y es con ese ejemplo como motor que vamos a salir adelante y a seguir trabajando para recuperar la alegría”, finalizó.

Los aumentos alcanzarán a más de 7,1 millones de jubilados y pensionados, y más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes, que perciben asignaciones universales o coberturas de distinto tipo.

Desde este lunes las estaciones de servicio no podrán disponer de los carteles de pago electrónico en las columnas, tótems, poste o surtidos de carga de combustibles, en espacios denominados áreas clasificadas dentro de las estaciones de servicio, así lo dispuso la Secretaría de Energía de la Nación.

Por este motivo, las estaciones de servicio de todo el país deberán eliminar el símbolo QR de toda columna, poste, surtidor y cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas. Por lo tanto, esos espacios para pago electrónico tendrán que ser reubicados dentro del espacio físico, fuera del área de carga de combustibles.

Esta medida surgió a menos de un año del lanzamiento del sistema de pago de transferencias interoperables a través de teléfonos celulares, con la lectura de Códigos QR. Los datos oficiales del Banco Central muestran que en septiembre pasado hubo un récord, con más de 4,9 millones de transacciones y sigue en aumento.

En paralelo, exigen que se exhiba otro tipo de cartelería con recomendaciones de seguridad sobre las aplicaciones y uso del pago QR, para evitar accidentes.

 Asimismo, en la nota emitida, se hace hincapié en la prohibición del uso de teléfonos celulares durante la carga de combustible, siendo la acción de pago efectuada antes o después de la acción de carga de combustible.

La madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, y su pareja serán juzgadas desde el jueves próximo como coautores del crimen en un debate oral en el que declararán más de 100 testigos, mientras que el abuelo de la víctima pidió este lunes que ambas acusadas sean condenadas a «prisión perpetua sin beneficios».

«Espero el juicio muy nervioso, con muchas expectativas. Como venimos esperando hace un año. Será un juicio muy largo. Es muy duro volver a revivir todo nuevamente. No olvidamos a Lucio ni un solo minuto de nuestras vidas», le expresó a Télam un emocionado Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, comenzará este jueves a las 8 y estará a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Fuentes judiciales informaron que el debate se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.

La acusación será encabezada por los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, mientras que la familia de Lucio será representada por el abogado Mario Aguerrido.

En el banquillo de acusados estarán la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez, quienes permanecen detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis.

En el caso de Espósito Valenti, ésta llega al debate acusada del «homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado».

Mientras que Páez fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos ya que no era familiar de Lucio, aunque, al igual que Espósito Valenti, también podría ser condenada a prisión perpetua.

Por su parte, Ramón Dupuy pidió que sean condenadas a «prisión perpetua» y denunció que reciben beneficios en la unidad penitenciaria de San Luis en la que permanecen alojadas.

«Lo que pedimos es prisión perpetua sin beneficios y que permanezcan separadas. Están juntas en la penitenciaria. Parece que están de vacaciones porque tienen un pabellón para ellas solas, miran la televisión y tienen juegos de mesa», señaló el abuelo de Lucio.

En ese sentido, Ramón comentó que está «angustiado» ya que en el juicio verá por primera vez a las imputadas.

«No me he detenido en pensar cómo lo vamos a sobrellevar. Yo espero que de la mejor forma. Es la primera vez que las voy a ver a la cara. Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, quiero que sufran en el banquillo y por otro lado porque no sé cómo puedo llegar a reaccionar. Me angustia porque venimos acumulando mucha impotencia», manifestó el hombre.

EL ABERRANTE CRIMEN DE LUCIO

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos, tras lo cual, detuvieron a su madre y a la pareja de esta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional 6ta. de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones, por lo que luego las derivaron a San Luis.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.

«En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así», había dicho el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

«La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado», había manifestado el abogado Aguerrido.

Fuente: Télam.

Lo confirmó el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, luego de concluida la cuarta reunión de paritaria salarial que se realizó este lunes en Rawson. Destacó que el aporte representa 40.500 pesos, deducidos los aportes y los descuentos. Según el gremialista, el incremento podría rondar entre el 70 y 80 por ciento anual. Todavía están pendientes los acuerdos con docentes, auxiliares, administración central, Ministerio de Desarrollo Social, Obras Públicas, Economía y Servicio Provincial de Manejo de Fuego. 

«Hemos llegado a un acuerdo en esta cuarta audiencia, un acuerdo que pudo ser aceptable a partir de la propuesta unificada que acercamos todos los gremios», destacó Quiroga.

«En concreto, les podemos decir a todos los trabajadores de Salud que el aumento es de 40.500 pesos netos de aportes y descuentos, y que también contempla un incremento en el valor de las horas guardia, no lo que nosotros hubiéramos querido, pero que irá aumentando paulatinamente», aseguró.

«Hay un monto que está establecido y que incorporará otros valores móviles, aunque todavía no lo hemos definido del todo», recalcó.

«También hubo acuerdo en la paritaria convencional que estaba pendiente, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Trabajo se comprometieron a homologarla, también se venían discutiendo cuestiones de vieja data que quedarán resueltas y que serán beneficiosas para todos los compañeros y compañeras de Salud», enfatizó.

Sin embargo, Quiroga aclaró que continuarán las medidas de fuerza en varias dependencias estatales que no han logrado acuerdos paritarios: “en Lotería también acordamos, pero todavía están pendientes los aumentos con los docentes, auxiliares de la Educación, administración central, Ministerio de Desarrollo Social, Obras Públicas, Economía y Servicio Provincial de Manejo del Fuego”.