Lo adelantó el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, al destacar que el Índice de Precios al Consumidor mensjal «sigue en la zona del 8%». «Esperamos un entorno más calmo, con subas de precios más acotadas», manifestó.

La inflación de la tercera semana de octubre habría sido del 2,2%, con lo que la suba acumulada en las últimas cuatro semanas se ubicaría en el 8,4%, de acuerdo con el informe dado a conocer este viernes por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

En su habitual seguimiento de precios que se publica los viernes, Política Económica indicó que en la semana que va del 16 al 22 de octubre «los precios a nivel minorista habrían subido un 2,2%», en tanto en el registro de las cuatro semanas previas al último día mencionado «las subas han sido del 8,4%». Por su parte, Rubinstein escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el IPC «sigue en la zona del 8%».

El viceministro de Economía destacó que la suba de la tercera semana «se dio en un contexto de importante incertidumbre preelectoral, caracterizada por subas en el valor de los dólares financieros e inquietud en muchos productores, comerciantes y distribuidores».

«Esperamos que, en un entorno más calmo, la próxima semana (por la presente, de 23 al 29 de octubre) pueda exhibir subas de precios un poco más acotadas», manifestó.

 

Los incrementos destacados en la tercera semana fueron los de verduras (6%), carnes (3,3%) e indumentaria (2,4%), mientras que tuvieron variaciones inferiores al promedio alimentos y bebidas de almacén (1,9%) y frutas (1,6%), con estabilidad en los rubros regulados.

El informe de la Secretaría puntualizó que, luego del pico del 15,1% en la tercera semana de agosto, «las subas de cuatro semanas últimas han bajado», hasta tocar un mínimo del 7,8% en la primera de octubre.

Como es habitual, Política Económica aclaró que sus estadísticas «no deben compararse» con la que oficialmente divulga el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si bien las metodologías son «compatibles».

Fuente: Tèlam

Organizaciones exigieron, en un comunicado, al Gobierno nacional la expropiación del inmueble para la creación de un sitio de memoria.

Organizaciones que reúnen a sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón, el local bailable del barrio porteño de Balvanera en el que murieron 194 personas al incendiarse durante un recital el 30 de diciembre de 2004, exigieron al Gobierno nacional la expropiación del inmueble para la creación de un sitio de memoria.

A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que «hoy se cumple un año de la sanción de la ley 27.695» que «se construyó desde el trabajo incansable de víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas fatales y amigos/as de la masacre de Cromañón».

«Nos llevó 18 años llegar al Congreso. El pedido que nos unió fue el de lograr una ley nacional que permita expropiar los inmuebles donde funcionó República Cromañón para transformar ese lugar en un Espacio Colectivo para la Memoria», añadió el texto.

Las organizaciones destacaron que «la transversalidad política y el consenso fueron ejes rectores en esta lucha, que dio sus frutos logrando el apoyo y acompañamiento del pueblo en su conjunto en la Cámara de Diputados y de cada provincia de nuestro país en el Senado».

En ese sentido, ponderaron que «el tratamiento del expediente en el Poder Legislativo llevó tan solo 45 días. El acompañamiento de la mayoría de las fuerzas políticas en ambas cámaras y una rápida gestión de sus autoridades permitieron llegar al 30 de diciembre de 2022 con la ley 27.695 sancionada y promulgada».

«Paradójicamente y con mucha preocupación, el tratamiento del expediente por la reglamentación de la ley, condición necesaria para avanzar en el proceso de expropiación lleva un año sin resolución del Poder Ejecutivo», advirtieron.

«La ley sancionada expresa que se debe garantizar la participación de las víctimas. Desde las organizaciones firmantes lucharemos y exigiremos que los contenidos, la muestra permanente, y todo lo relacionado a la elaboración y deliberación de las políticas públicas de memoria sobre Cromañón sea garantizando la plena participación y la certeza de que el Estado, gobierne quien gobierne, no pueda tergiversar la historia de lo allí ocurrido. Porque si existe un fiel reflejo para contar lo que pasó, es el testimonio sincero y verdadero de las y los familiares de víctimas fatales y de las y los sobrevivientes», concluyó el documento.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran «Coordinadora Cromañon», «El Camino Es Cultural», «Movimiento Cromañon», «Ni Olvido Ni Perdon», «No Nos Cuenten Cromañon», «Organización 30 de Diciembre», «Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañon», «Que No Se Repita» y «Sin Derechos No Hay Justicia».

Fuente: Tèlam

El único acusado, Rubén Darío Dening, afronta cargos por el delito de «robo calificado por el empleo de llave verdadera en concurso real con homicidio criminis causa». 

El fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Salvador Altamura, el abogado desaparecido desde julio del 2020, pidió que se condene a prisión perpetua al único acusado por el hecho, un amigo de la infancia de la víctima, a quien calificó como «fabulador», a la vez que consideró una «payasada» su intento de vincular los acontecimientos con la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Lautaro Morello.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes, el fiscal Andrés Nieva Woodgate solicitó que Rubén Darío Dening (55) sea condenado como coautor del «robo calificado por su comisión mediante el uso de llave verdadera, en concurso con el homicidio calificado por preparar, facilitar, consumar y procurar la impunidad», en perjuicio de Altamura.

El alegato del fiscal

La presentación de Nieva Woodgate comenzó pasadas las 10 de la mañana en los tribunales de Quilmes, ubicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 475, ante los jueces Rubén Darío Hernández, Alejandro Oscar Portunato y Julián Busteros.

También presentes en la sala de audiencias se encontraban familiares de la víctima y el imputado Dening, quien llegó custodiado al edificio por tres miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), vestido con una campera azul.

En la primera parte de su alegato, el cual se extendió por más de tres horas y media, el representante del Ministerio Público aseguró que el principal motivo del crimen de Altamura fue para robarle dinero, a la vez que trazó una detallada cronología de los hechos, proyectando una serie de imágenes y mapas en el auditorio.

«Se encuentra fehacientemente acreditado que Darío Dening dio muerte a Salvador Altamura entre el 13 y el 14 de julio para luego robar su motocicleta, su casco gris, las llaves de su departamento y las llaves de la caja de seguridad. Luego accedió al interior de su inmueble y se valió de una suma de dinero que ascendía los 250 mil dólares, apoderándose de su arma de fuego, para luego retirarse del lugar», comenzó su alocución Nieva Woodgate.

En ese sentido, el fiscal justificó sus dichos al manifestar que el último contacto de la víctima tuvo lugar a las 17.08 del 13 de julio en el galpón de Dening, con quien tenían una «amistad íntima» de más de 40 años.

«A partir de ahí, Altamura nunca más levantó un llamado ni se registran conversaciones en su teléfono. No dio más signos de vida. Coincidentemente, a partir de las 17, hasta las 23, Dening dejó de responder los mensajes de su novia Camila Bramajo en una actitud fuera de lo común. Dening desaparece en el mismo momento en el que desaparece para siempre Salvador Altamura», resaltó.

En otro tramo de su presentación, el fiscal manifestó que «hay prueba indirecta abrumadora» contra Dening, resaltando que el imputado se valió de la relación de confianza que tenía con Altamura para asesinarlo.

«Los asesinos lo hicieron tan bien que no hay un cuerpo y no se puede establecer cómo ni dónde lo mataron. Eso no nos impide saber el qué y el para qué lo mataron. No sabemos qué hicieron, dónde y cómo lo mataron, pero eso no le impide a los jueces a partir de prueba indirecta, numerosa en este caso, que sí lo mataron porque lo necesitaban», indicó al respecto el representante del Ministerio Público.

Por otro lado, Nieva Woodgate consideró clave las pericias antropométricas que sitúan a Dening descartando la motocicleta, el casco y el arma de Altamura en las cercanías de la Villa Itatí, a la vez que calificó al imputado como “fabulador” e “inteligente”.

«El acusado miente reiteradamente, reconoce contextos históricos pero los modifica en detalles cambiándoles su significado», agregó.

Además, el fiscal consideró clave las actitudes evasivas que mantuvo el acusado con la Justicia, debido a que intentó fugarse a Entre Ríos en una bicicleta portando 185 mil pesos y 31.500 dólares.

«Era una persona que no generaba dinero desde enero. Tenía una fábrica de moños parada por la pandemia. A pesar de que lo allanaron varias veces, nunca le habían encontrado ese dinero. Así como hizo desaparecer esa plata, tenía la capacidad para hacer desaparecer a Altamura», explayó.

Por otra parte, el fiscal se refirió a la estrategia de la defensa de vincular el crimen de Altamura con el comisario mayor Francisco Centurión, detenido en el caso por la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello, a la cual se refirió como una «payasada».

«Ningún testigo pudo vincular a Escalante y Centurión con la desaparición de Altamura. Desistieron de todos los testigos que pretendían instalar esa versión ridícula», aclaró.

Finalmente, el fiscal manifestó que «el cuerpo del delito no es el cadáver», recordando las sentencias contra los genocidas responsables de desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar y los casos en democracia de Miguel Bru, Rosana Nuñez, Marcela Magnano, Stella Maris Sequeira, Daniel Solano y Érica Soriano.

«Por todo lo expuesto, solicito que, a momento de emitir pronunciamiento, el tribunal condene a la pena de prisión perpetua a Rubén Darío Dening», finalizó Nieva Woodgate.

Cómo sigue el proceso judicial

Tras el cierre del fiscal, los jueces Hernández, Portunato y Busteros dispusieron que se lleve a cabo un cuarto intermedio hasta el martes 31 de octubre, audiencia en la cual se prevé que se desarrollen los alegatos de los particulares damnificados y de la defensa.

 

El juicio por el crimen de Salvador comenzó el pasado 17 de octubre, donde en la primera audiencia, el fiscal de juicio acusó a Dening de haber cometido el homicidio de Altamura con el objetivo de robarle dinero y destacó que hizo «de manera tan efectiva que logró la desaparición de su cuerpo».

Ese mismo día, el padre de la víctima reconoció ante el tribunal a Dening como la persona que en las cámaras se seguridad quedó registrada cuando conducía la moto de la víctima, luego descartada en las adyacencias de la Villa Itatí de Bernal.

Dicha filmación se le fue exhibida a varios de los testigos del juicio y al menos siete de ellos dijeron creer que era Dening quien estaba a bordo del rodado.

También en la primera jornada testificó una de las parejas de Altamura, quien señaló haber sido la última persona en haberlo visto con vida y que éste le manifestó que se iba a reunir con Dening para ir a caminar.

Fuente: Tèlam

Los detenidos por el crimen son la esposa y dos hijos de la víctima. Los restos óseos hallados se encontraban calcinados y con las pruebas de ADN se determinará si son de Ariel Alberto Vera (69), desaparecido desde fines de agosto. Los restos calcinados de un hombre que se encontraba desaparecido desde agosto pasado, según la denuncia de su familia, fueron hallados este viernes en el fondo de su casa del partido bonaerense de Pilar y por el crimen detuvieron a la esposa y a dos hijos de la víctima, informaron fuentes judiciales y policiales.

Una de las claves de los detectives de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Pilar para esclarecer el hecho fue el rastreo de los movimientos de la tarjeta de débito de la víctima, identificada por la Policía y la Justicia como Ariel Alberto Vera (69), ya que al obtener los registros fílmicos constataron que quien hacía las extracciones de efectivo era uno de sus hijos.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que todo comenzó el 28 de agosto pasado, cuando el hermano de Vera se presentó en el Destacamento Monterrey de la localidad de Presidente Derqui, para denunciar la desaparición del hombre quien, según uno de sus sobrinos, se peleó con su esposa y luego se retiró de la vivienda, tras lo cual no volvieron a comunicarse con él.

Según uno de sus sobrinos, se peleó con su esposa y luego se retiró de la vivienda, tras lo cual no volvieron a comunicarse con él

A raíz del inicio de la causa por la averiguación de paradero, se encomendó la investigación a la Sub DDI Pilar, quienes luego de recabar distintos testimonios de familiares de Vera determinaron que el hombre se había llevado consigo una tarjeta de débito con la cual cobraba su pensión.

Por este motivo, los detectives solicitaron los movimientos bancarios y las cámaras de seguridad de las entidades, para poder dar con el hombre buscado.

Luego de obtener las secuencias fílmicas, los pesquisas determinaron que quien hacía las extracciones de dinero de los cajeros no era Vera, sino uno de sus hijos, informaron las fuentes consultadas.

Allanamiento a la casa de la familia Vera

Con la información obtenida, se realizó este viernes un allanamiento en urgencia en la casa de la familia de Vera, ubicada en la calle Bolívar al 1000 de Presidente Derqui, de la que participó personal del Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI San Isidro, de la División Canes de la Policía Científica de Lomas de Zamora, de Defensa Civil, de Bomberos y del Centro de Operaciones Municipales (COM) de Pilar.

Tras un rastrillaje, los perros marcaron el fondo de la propiedad, donde finalmente en el pozo ciego hallaron calcinados un cráneo y restos de una columna vertebral que todo indica pertenecen a Vera, aunque eso se confirmará con los resultados de las pruebas de ADN.

Como consecuencia del hallazgo, se dio intervención al fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Pilar, quien dispuso la aprehensión de Mónica Mariela Quispe (43), esposa de la víctima, y de Alex Exequiel (21) y Jonathan Ariel Vera (25), hijo del hombre denunciado como desaparecido.

Mientras que en función de una serie de testimonios de vecinos se pudo establecer que las discusiones familiares eran frecuentes.

En ese sentido, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que, en el marco de una pelea, el hombre fue acuchillado por sus familiares, quienes luego descuartizaron el cadáver y fueron quemando los restos de a poco, añadieron los informantes.

Por su parte, los tres sospechosos serán indagados este sábado por el fiscal Quintana como coautores del delito de «homicidio agravado por el vínculo».

Fuente: Tèlam 

El pedido ante el Tribunal fue formulado en su alegato por los abogados de la joven víctima, quienes consideraron a los acusados autores o partícipes necesarios de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas». El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de noviembre.

Los abogados de la joven que en febrero de 2022 fue víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo solicitaron este viernes la pena de 20 años de cárcel para cinco de los seis detenidos que están siendo juzgados como presuntos autores por el hecho, informaron fuentes judiciales.

El pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Capital Federal fue formulado en su alegato por los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, quienes consideraron a seis acusados autores o partícipes necesarios de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas» y pidieron para cinco de ellos, el máximo de la pena para ese delito.

El pedido de pena máxima recayó sobre Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24) -ellos tres como coautores-, Thomas Fabián «TH» Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21) -estos dos últimos como partícipes necesarios-.

En el caso de Ignacio Retondo (24), el abogado Figueroa solo lo consideró un «partícipe» pero no necesario del hecho, con lo que la escala penal en su caso, se reduce.

Además, la querella de la víctima -que al momento del hecho tenía 21 años- pidió que se investigue por «falso testimonio» a la testigo de la defensa Paloma Carricaburu, al considerar que mintió al declarar en el juicio que vio a la chica consumir de manera voluntaria éxtasis junto a uno de los acusados, algo que no había dicho en su declaración de instrucción.

Figueroa además solicitó que al margen del agravante de la “participación de dos o más personas”, se tome en cuenta también el del inciso “a” de este delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal, que es cuando del abuso “resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima”.

Sobre ese punto, dijo que con su testimonio y el de su madre, quedó acreditado que el hecho le causó a su representada “un grave daño en el desarrollo de sus estudios, de su carrera y en su propio desarrollo humano”.

Al momento de distinguir roles, el abogado de la querella puso dentro del auto y como coautores del abuso sexual con acceso carnal agravado a Ramos, Ciongo Pasotti -ambos están filmados y tiene pericias de ADN que los incriminan-, y a Lykan, que estaba en el asiento trasero y, según la querella, dos testigos vieron que desde allí manoseó a la víctima.

 

A Domínguez y Cuzzoni también les imputó un “abuso sexual simple”, por haber quedado filmados manoseando a la víctima un rato antes, cuando estaban en un kiosco de la Plaza Serrano y quedaron filmados.

Pero en relación a la figura del “abuso sexual agravado” que ocurrió dentro del auto, les endilgó una “participación necesaria y absolutamente principal” en la situación, ya que, según Figueroa, fueron ambos quienes abordaron a su clienta en el boliche, la convencieron de que se quedara con ellos cuando se fue su amigo y le prometieron prestarle una tarjeta SUBE y acompañarla a su casa.

En el caso de Retondo -que quedó filmado tocando la guitarra en la vereda, fuera del auto-, el letrado dijo que es el único que sin su accionar no hubiera cambiado el curso de los hechos, pero que de todas formas lo consideraba un “partícipe” porque sabía lo que ocurría dentro del auto y lo convalidó al no actuar y al salir a defender al grupo en la posterior gresca.

Tal como sucedió desde que el 28 de agosto comenzó el juicio, la jornada ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri se desarrollaba a puertas cerradas -ya que se trata de un delito sexual de instancia privada-, en el edificio judicial de la calle Lavalle 1.171, con la presencia de los seis imputados que actualmente cumplen prisión preventiva en la sala del tribunal, pero con la mayoría de las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

La otra querella que iba a tener la posibilidad de alegar es la del abogado Marino Cid Aparicio, quien representa a Natalia Concepción Duarte Godoy y Orlando Jesús Ibarra, los panaderos que se acercaron al vehículo donde se cometía el abuso para ayudar a la víctima, en el marco de una causa por presuntas amenazas de cinco de los acusados hacia los comerciantes, que en su momento fue anexada al expediente principal.

Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que el letrado delegará el alegato en el que realizará la próxima audiencia el fiscal Klappenbach.

Según el cronograma notificado por el TOC 14, el fiscal Klappenbach alegará el próximo 10 de noviembre, y para las defensas se fijaron los días 24 y 28 de noviembre y 5 de diciembre.

El 1 de septiembre pasado, la víctima declaró en el juicio y afirmó que no recordaba nada del episodio, que «le arruinaron la vida», que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo, donde antes hacía atención al público, y dejó en claro que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados.

La víctima declaró en el juicio y afirmó que no recordaba nada del episodio, que «le arruinaron la vida», que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo.

«Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual», agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas.

El martes pasado, en la última audiencia del juicio, uno de los principales acusados, Ramos, dijo que tuvo con la víctima una relación sexual «mutua y consentida» y consideró que el «error» fue haber elegido un auto estacionado para tener sexo.

En tanto, en otra jornada, otro de los imputados, Ciongo Pasotti, dueño del auto donde ocurrió el tramo final del abuso, declaró que solamente se besaron con la víctima, que él no se sacó la ropa y que a quien sí vio tener relaciones con la chica dentro de su vehículo es a Ramos.

La clave de este debate está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad.

La clave de este debate está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una «coautoría funcional» con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.

El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1.300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

La prueba clave fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas.

Según la reconstrucción del hecho, la joven fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche «Espacio Ro Techno Bar» de la calle Thames 1.625, de allí fueron a una plaza de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco de plaza Serrano donde fue manoseada, hasta que pasadas las 15 fueron caminando hasta el auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1.300, de donde fue rescatada.

Fuente: Tèlam

Se trata del plan «Créditos Impulso al Comercio Bonaerense», que otorga un préstamo de hasta 3 millones de pesos con tasa bonificada, para la compra de productos fabricados en el país, informó este jueves el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.
Más de 1.000 mipymes comerciales iniciaron los trámites para poder acceder al plan «Créditos Impulso al Comercio Bonaerense», que otorga un préstamo de hasta 3 millones de pesos con tasa bonificada, para la compra de productos fabricados en el país, informó este jueves el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.

La cartera que conduce Augusto Costa precisó que hasta el momento 1.144 mipymes comerciales de diversos municipios ya solicitaron su «Crédito Impulso al Comercio Bonaerense», una herramienta que incentiva y fortalece la inversión, al mismo tiempo que genera nuevas posibilidades de producción y venta para la industria nacional.

Esta línea crediticia provincial cuenta con un plazo de pago de 12 meses, con tres meses de gracia, y 30 puntos de tasa bonificados por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial.

Puede ser destinada a capital de trabajo, es decir, a la adquisición de productos finales de fabricación nacional.

El «Crédito Impulso al Comercio Bonaerense» puede ser gestionado ante el Banco Provincia.