El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, realizó la convocatoria para articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, convocó este jueves a los miembros del Consejo de Políticas de Infraestructura, a fin de articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos.

En un comunicado, Ferraro citó a las autoridades de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

El parte oficial señaló que «desde 2021, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se ha enfocado en abordar cuestiones clave relativas a la infraestructura como: caminos rurales, conectividad, agua y saneamiento, logística y transporte, energía, minería e infraestructura social; para ser consideradas por los distintos Gobiernos».

Ferraro planteó que «la de hoy sea la primera de una serie de reuniones periódicas del ministerio con el CPI en las que se buscará que todas las obras que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado y sentenció que detrás de cada gran obra, hay futuros usuarios dispuestos a pagar por ella».

«Existen grandes posibilidades para actualizar la infraestructura existente en concesiones caídas con tenencias precarias que han provocado un severo proceso de desinversión. A esas oportunidades, se sumarán llamados para la presentación de nuevos proyectos de iniciativa privada. Lo que estamos planteando es un cambio en el rol del Estado para que actúe como un promotor y facilitador de grandes obras de infraestructura en todo el país», señaló Ferraro.

El ministro adelantó que «serán necesarios cambios en la legislación vigente que incluyan programas de incentivos para proyectos de inversión en infraestructura a partir de un nuevo esquema de iniciativa privada.

 

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, celebró la convocatoria y aseguró: «Valoramos infinitamente esta convocatoria porque el objetivo del CPI es trabajar en conjunto con las autoridades de turno y que a tres días de haber asumido nos convoquen a esta reunión, es música para los oídos. Desde ya estamos 100% de acuerdo en trabajar en conjunto a partir de mañana».

En representación de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, valoró la reunión entre los funcionarios de Infraestructura y el CPI y aseguró que «tenemos una propuesta en consonancia con los intereses de la Nación, que en forma conjunta con esta gran alianza estratégica que tenemos con la Cámara de Construcción y los integrantes del G6, nos da la oportunidad de estar sentados en esta mesa, teniendo la oportunidad no solamente de estar, sino también de opinar y proponer».

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), también rescató la iniciativa y aseguró que «mirar el país federalmente es algo que nosotros consideramos imprescindible, por el deterioro del entramado. Además, el rol y la participación del sector privado, que desde ya agradezco, es algo que nosotros veníamos reclamando. Esta es una oportunidad para cumplirlo y, la verdad, tenemos que hacerlo».

En la reunión, de la que también participaron Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, Javier Bolzico, presidente de Adeba, Marco Pereda, Vicepresidente de la Sociedad Rural y Rodrigo Pérez Graziano, secretario de la CAC; el ministro Ferraro presentó a quienes serán sus secretarios de Transporte, Franco Mogetta, de Obras Públicas, Luis Giovine, de Vivienda y Hábitat, Héctor Lostri y de Comunicaciones y Conectividad, Ignacio Cingolani; quienes participarán de las futuras mesas técnicas del CPI en sus respectivas áreas.

Fuente: Télam

En la convocatoria, fijada para el miércoles 20, se ofrecerán, entre otros, instrumentos a 30 días de plazo. El objetivo principal será permitir a las instituciones seleccionadas participar  en la negociación secundaria y en la colocación primaria de los Instrumentos de Deuda Pública.

El Ministerio de Economía informó este jueves que el lunes 18, publicará el llamado de la licitación programada para el día 20 del corriente mes, en la cual se ofrecerán, entre otros, instrumentos de deuda pública a 30 días de plazo.

En un escueto comunicado, el Palacio de Hacienda detalló que «la licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019», correspondiente al «Programa de Creadores de Mercado».

Al respecto, el objetivo principal será permitir a las instituciones que sean seleccionadas participar significativamente en la negociación secundaria y en la colocación primaria de los Instrumentos de Deuda Pública (IDP), indicó el comunicado.

Fuente: Télam

El recurso extraordinario fue presentado por las querellas de familiares de los tripulantes del submarino hundido, con el objetivo de que sea revisado el fallo que confirmó el sobreseimiento al expresidente.

Las querellas de familiares de los tripulantes del submarino hundido Ara San Juan presentaron recursos extraordinarios para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea revisado el fallo que confirmó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal.

La abogada Valeria Carreras, representante de un amplio grupo de familiares de tripulantes del submarino, presentó un escrito en el que aseveró que por la “importancia y gravedad institucional” el tema debe ser evaluado por el máximo tribunal, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

“Sin lugar a duda, la importancia y gravedad institucional trasciende, es pública y notoria y requiere que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la cuestión institucional en ciernes, la que tendrá que dirimir la cuestión en una sensible temática”, expresó la abogada en un escrito de 13 páginas.

La presentación fue contra el fallo de la Cámara Federal de Casacion Penal que confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

En aquel fallo, el máximo tribunal penal convalidó la decisión de la Cámara Federal porteña en la que se sostuvo que las maniobras investigadas no corresponden a tareas de espionaje ilegal sino de seguridad presidencial y que el expresidente no estuvo directamente involucrado en ellas.

La abogada recordó en su escrito que los hechos investigados no tenían que ver con la seguridad de un mandatario sino con despliegues de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces bajo la conducción de Gustavo Arribas, que tenían bajo observación a los familiares de las víctimas.

“La gravedad del decisorio en crisis, radica en justificar las tareas de inteligencia sobre ciudadanos, solo por considerar un potencial peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior”, sostuvo la abogada.

 

“La gravedad radica en convalidar una facultad a la AFI que no está contemplada por ley de Inteligencia. La gravedad radica en vulnerar derechos constitucionales. La gravedad radica en revictimizar a mis representadas”, continuó.

En ese punto, recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe había señalado que un fallo como el cuestionado corría el riesgo en “legalizar las tareas de seguimiento, fotografías, reportes, infiltraciones, informes, clasificación de información de mis representadas, simples ciudadanas, sin orden de un juez, y sin acreditar peligro y sin efectuar denuncia, lo que es lisa y llanamente espionaje ilegal”.

“Estamos en la oportunidad histórica de dar una respuesta cívica, ante el accionar de agentes de inteligencia, miembros de la AFI, sobrada prueba de tareas de investigación e inteligencia durante un año sobre mis representadas y familiares, a fin de determinar que fueron tareas de espionaje ilegales, prohibidas por ley o fueron legitimas en razón de prueba contundente e inequívoca sobre la peligrosidad de mis representadas”, sostuvo Carreras.

“Debe agotarse la instrucción en orden no solo de la mentada peligrosidad sino de la inacción durante un año de las autoridades, respecto de las potencialmente peligrosas. Debe investigarse la totalidad de causas archivadas, (no desestimadas) referidas a las intervenciones de líneas telefónicas celulares (de sus representadas)”, sostuvo la abogada.

El fallo cuestionado por Carreras -y también por los abogados Luis Tagliapietra y Mariano Berges en otros escritos- había sido alcanzado por la Casación con una mayoría conformada por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.

En aquella ocasión, la jueza Ángela Ledesma voto en disidencia y consideró «que la Cámara (Federal porteña) incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia al habilitar, por vía de un supuesto de seguridad presidencial, una ampliación indebida de las facultades previstas en la ley de inteligencia».

«Cabe destacar que frente a la hipótesis de que los imputados estaban produciendo inteligencia nacional para la Casa Militar, entonces debió haberse dado un supuesto en el cual los familiares de las víctimas del Ara San Juan hubieran intentado atentar contra el orden constitucional, extremo sobre el cual no existen elementos de prueba que sustenten dicha hipótesis», sostuvo.

Las tareas de inteligencia de los familiares de los tripulantes del submarino San Juan ocurrieron mientras reclamaban justicia y saber la verdad sobre lo ocurrido con el Ara San Juan.

En ese contexto, las familias de los tripulantes fueron fotografiadas, en las calles, en misas y esas fotos llegaron a informes de inteligencia que fueron encontrados en poder de la AFI.

Macri llegó a estar procesado en esta causa por decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, pero luego la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

Fuente: Télam

La prestigiosa casa Sotheby`s confirmó que este jueves se pagaron casi 8 millones por las casacas del astro y capitán «Albiceleste», de la cual catalogaron la jornada como «una de los precios màs altos por un objeto de colección deportiva». 

El recurso extraordinario fue presentado por las querellas de familiares de los tripulantes del submarino hundido, con el objetivo de que sea revisado el fallo que confirmó el sobreseimiento al expresidente.

Seis camisetas que vistió el astro argentino Lionel Messi y campeón del mundo en Qatar 2022, fueron subastadas este jueves en 7,8 millones de dólares en Londres.

La venta de las prendas las realizó la casa de subastas londinense Sotheby`s, confirmó la compañía, según difundió la agencia francesa de noticias AFP.

Como es habitual en estas transacciones, no se dio a conocer los datos del comprador y según la empresa de subastas, la venta de la jornada fue «uno de los precios màs altos por un objeto de colección deportiva».

La prenda más cara jamás vendida fue un uniforme de los Chicago Bulls que vistió la estrella del básquetbol mundial, Michael Jordan, por 10,1 millón de dólares.

 

La segunda prenda más costosa fue la camiseta con el número 10 que utilizó Diego Armando Maradona en la victoria ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial México 1986, que fue adquirido en 9,3 millones de la moneda estadounidense.

Las camisetas vendidas las empleó Messi en los partidos contra Arabia Saudita y México en la fase de grupos, ante Australia en octavos de final, frente a Países Bajos en cuartos y con Croacia en semifinales.

 

La más simbólica fue la que usó en la final que el seleccionado de Argentina le ganó a Francia por 4 a 2 en los penales -en tiempo regular empataron 3 a 3- y que lo hizo tricampeón mundial.

Fuente: Télam

El secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, anticipó la derogación de varias leyes económicas clave en un proyecto de ley ómnibus que se envió al Congreso. Entre las leyes a derogar se encuentran la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y los fideicomisos del trigo y el aceite.

Durante una reunión con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), Lavigne reveló que el proyecto incluyó la eliminación de regulaciones vigentes durante años, como controles de precios, multas impuestas en el marco de Precios Justos y revisión de medidas aplicadas a empresas.

Se esperaba que el proyecto de ley ómnibus abordara la eliminación de la Ley de Abastecimiento, otorgando al Poder Ejecutivo la capacidad de fijar precios, realizar inspecciones y aplicar multas, entre otras acciones en casos de desabastecimiento. También se planeaba derogar la Ley del Observatorio de Precios, creada para monitorear y sistematizar información de precios en el país, así como la Ley de Góndolas, que estableció disposiciones sobre la exhibición de productos en supermercados.

La derogación de estas leyes buscó discontinuar las fiscalizaciones exhaustivas en supermercados y comercios, liberando recursos utilizados para supervisar precios y stock. Además, se revisaron las multas impuestas en el marco de Precios Justos.

Estas medidas formaron parte de los esfuerzos del gobierno de Javier Milei para desregular la economía y responder a las demandas de empresas, especialmente del sector de consumo masivo, buscando un cambio significativo en la política económica del país.

Fuente: Diario Madryn

Las dosis son para prevenir la enfermedad exótica transmitida por vectores – especialmente mosquitos infectados por aves- durante las épocas estivales a equinos, incluyendo caballos, yeguas, burros, cebras y sus híbridos.

La secretaría de Bioeconomía informó la aprobación de 80 mil dosis de la vacuna contra la encefalomielitis equina, correspondientes al primer lote de 300.000 dosis, las cuales terminaron de producirse este fin de semana por el laboratorio Tecnovax.

«El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) agilizó los procedimientos de control por parte de su laboratorio oficial ubicado en Martínez, para aprobar el lote de vacunas y que el productor pueda avanzar en la distribución de la vacuna en las próximas 24 hs», informó el comunicado de prensa, de acuerdo al criterio epidemiológico establecido por el organismo sanitario nacional, y en coordinación con Tecnovax.

La encefalomielitis equina es una enfermedad exótica transmitida por vectores – especialmente mosquitos infectados por aves- durante las épocas estivales a equinos, incluyendo caballos, yeguas, burros, cebras y sus híbridos.

Esta también puede afectar a humanos, aunque suelen no presentar síntomas o desarrollarlos de manera leve, con poca mortandad.

Además, el laboratorio afirmó que, del primer lote se encuentran distribuidas 67 mil dosis para ser entregadas.

Por su parte, el Senasa precisó que las personas humanas que soliciten autorización de importación de vacunas para uso propio «deben realizarlo conforme al inciso f del artículo 32 de la Resolución 1642/2019 del organismo sanitario nacional».

En este marco, se priorizarán aquellos partidos y departamentos con mayor cantidad de notificaciones de brotes de la enfermedad, pero también se considerarán las zonas con condiciones ecológicas favorables para la presentación del virus y el registro de existencias de equinos.

Respecto a las condiciones para la aplicación de la vacuna, los acreditados deberán registrar la certificación de la vacuna con el sticker y la estampilla correspondiente, sello y firma del profesional actuante en la documentación sanitaria.

En el caso de animales que se vacunan por primera vez, se deberán revacunar entre 3 y 4 semanas posteriores a la primera dosis.

La vacuna tiene una vigencia de un año calendario y los anticuerpos alcanzan un nivel de protección a partir de los 14 días post vacunación, concluye el comunicado.

Fuenet: Télam

Hay gran preocupación en la localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el valle de los Pericos.

Sindicatos estatales de Jujuy reclamaron este miércoles en la sede de la Municipalidad de Monterrico la reincorporación de 180 trabajadores que fueron despedidos y buscaban mantener una reunión con las nuevas autoridades para destrabar el conflicto.

“Monterrico es el único municipio de Jujuy que presenta una situación de despido masivo tras el recambio de autoridades, lo que nos preocupa enormemente ya que se trata de empleados que no tienen otros ingresos y son los que menos cobran”, indicó una delegada zonal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Se trata de una localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el valle de los Pericos.

El Seom declaró “estado de alerta y movilización” a raíz del conflicto y su secretario general Sebastián López, sostuvo que los despidos son «sin causa justa aparente»

 
Los trabajadores que quedaron cesantes son jornalizados y contratados «de entre dos y seis años de antigüedad», quienes recibieron el apoyo de sus dirigentes, entre ellos ATE, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) y la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y reclamaron en la puerta del edificio municipal una reunión el intendente de Monterrico Luciano Moreira, del Frente Cambia Jujuy.

El Seom declaró “estado de alerta y movilización” a raíz del conflicto y su secretario general Sebastián López, sostuvo que los despidos son «sin causa justa aparente».

Monterrico es el único municipio de Jujuy que presenta una situación de despido masivo tras el recambio de autoridades

 
De acuerdo con fuentes gremiales, «en otras situaciones se logró superar situaciones de esta índole y en un buen porcentaje los trabajadores volvieron a sus puestos”.

En tanto, concejales del Partido Justicialista de Monterrico se mostraron «sorprendidos» por la decisión del Ejecutivo municipal, ya que «en otras gestiones se dejaba gente, no se despedía”, por lo que instaron a Moreira «a dialogar con los gremios ya que de esa manera se podrá mantener la paz institucional que tanto costó conseguir».

Fuente: Télam

Este porcentaje se suma al 15% de incremento que había dispuesto la marca gerenciada por Raizen en la Argentina a fines de la semana pasada.

La petrolera Shell, la marca gerenciada por Raizen en la Argentina, aumentó un 37% promedio el precio de sus combustibles en las más de 600 estaciones que opera en el país, lo que anticipa un movimiento en los surtidores de todas las demás empresas del segmento minorista.

Fuentes de la compañía confirmaron a Télam que el incremento promedio en sus combustibles alcanzó el 37%, porcentaje que se suma al 15% que había dispuesto a fines de la semana pasada.

De esta manera el precio de referencia de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser de $615 a partir de este miércoles, contra $449 del último viernes, con lo que en la última semana acumuló un incremento de alrededor del 57%.

Como en anteriores oportunidades, el resto de las compañías hará lo propio en las próximas horas de manera de evitar un corrimiento de demanda que signifique el quiebre de stock de sus estaciones de servicio.

Shell es la segunda red en volúmenes del sector ya que tiene una participación de mercado del 23%, lejos de YPF que lidera el segmento con casi el 55%, y por encima de Raizen que se ubica en torno al 20%.

 

Las fuentes consultadas señalaron que el incremento responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde este miércoles se ubica en los $800 por dólar, y al proceso de recuperación de precios por el atraso acumulado en lo que va del corriente año, debido a los acuerdos llevados a cabo con la anterior gestión de gobierno.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro.

El viernes, a menos de 48 horas de la asunción del presidente Javier Milei, YPF aumentó los precios en sus más de 1.600 estaciones en un 30%, luego de que Shell y Axion implementaran un ajuste del 15% promedio.

El raid de precios iniciado desde las elecciones primarias quebró un proceso de aumentos acordados, en el marco del programa Precios Justos implementado desde diciembre de 2022 con subas mensuales de 4,5%, lo que generó un atraso en la actualización de los precios en surtidor.

El 1ro de agosto se habían incrementado los precios en 4,5% como parte del acuerdo por entonces vigente, pero a pocas horas del triunfo de Milei en las PASO y tras la devaluación de 21,6% del tipo de cambio que dejó en 350 pesos por dólar, las petroleras decidieron el 16 de agosto una suba promedio de 12,5%.

 

Días después esa alza fue convalidada por YPF y por el entonces ministro de Economía Sergio Massa logró acordar con los principales directivos del sector el compromiso de que esos valores se mantendrían fijos hasta el 31 de octubre.

El 23 de octubre, YPF realizó un incremento correctivo del 5% en los precios de todos sus productos, para compensar el desfasaje de precios con la competencia que había realizado «microaumentos» como se definió en su momento, más allá del acuerdo de congelamiento.

La recomposición del desabastecimiento que se gestó en plena campaña hacia el balotaje, llevó casi dos semanas, marco en el cual las petroleras realizaron otro ajuste del 9,75% a partir del 1 de noviembre.

Fuente: Télam

LA MEDIDA FUE OFICIALIZADA POR LA AFIP