Las medidas dispuestas mediante un decreto presidencial buscan «promover la producción, mejorar la competitividad de la cadena y sostener al sector en un periodo de baja de precios internacionales.

La suspensión de las retenciones a los productos lácteos fue prorrogada por el Gobierno hasta fines de junio, con el fin de promover la producción, mejorar la competitividad de la cadena y sostener al sector en un periodo de baja de precios internacionales, al tiempo que dispuso la anulación del régimen de reintegros al sector.

Así lo dispuso a través del Decreto 9/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La suspensión de las retenciones hasta el 31 de diciembre último había sido anunciada en septiembre por el extitular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, frente a la sequía y la baja de los precios internacionales, lo cual fue formalizado en el Decreto 506/2023 del pasado 3 de octubre.

Como contraprestación, los productos lácteos se regían por un tope mensual de 5% como parte del programa Precios Justos, que finalizó con el cambio de autoridades.

Previamente, los productos lácteos eran gravados con derechos de exportación de 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca.

 

La extensión de la prorroga responde a la continuidad de los “bajos precios internacionales” para los productos lácteos que se registra desde el segundo semestre del año pasado, lo cual generó “una menor capacidad de pago de las industrias hacia los productores”, manifiestan los considerandos del decreto.

“En este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, los volúmenes exportados, así como el ingreso de divisas por este concepto, se vieron afectados durante el año 2022, y agudizados durante el transcurso del año 2023, con una fuerte caída en comparación al mismo período del año 2022”, se añade.

La prórroga de la suspensión hasta el próximo 30 de junio resulta “necesaria” para “continuar y mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país”.

 

El régimen de reintegros

Por otro lado, el decreto anula el régimen de reintegros que tenía el sector en los productos elaborados a base de leche, caseína y derivados.

El mismo consistía en la devolución total o parcial de los impuestos internos que se pagaron en las distintas etapas de producción, previo a la exportación, y consistía de un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería a exportar.

Los porcentajes de reintegros podían ascender hasta un 5%, según el producto.

Según argumentó el Gobierno, los reintegros “no sólo generan una erogación para el Estado, sino que perjudican el desarrollo de un mercado lácteo transparente y equitativo que requiere de reglas claras, justas e iguales para los diversos actores”.

 

En esa línea, señalaron que sostener los reintegros “arremete contra los principios de libre competencia fundamentales en nuestra economía actual”, y su eliminación persigue también “el objetivo de optimizar y tornar más efectivo el gasto público”.

Al igual que la reducción de las retenciones al 0%, la eliminación de los reintegros, por el momento, es temporaria y regirá también hasta el 30 de junio próximo.

De aprobarse el proyecto de «Ley ómnibus” enviado al Congreso, la fijación de una alícuota de 0% para las retenciones para el sector lácteo sería de carácter permanente.

Fuente: Télam

La actividad productiva en la formación alcanzó en 2023 unas 14.722 fracturas, lo que significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior. Anuncian que para este año la cantidad de fracturas crecería «de manera exponencial».

La actividad productiva en la formación de Vaca Muerta alcanzó en 2023 unas 14.722 fracturas, una marca récord que significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior, al tiempo que se proyectó para este año que la cantidad de fracturas crecería «de manera exponencial» a 18.000 etapas.

Así se desprende del informe realizado por Luciano Fucello, Country Manager en NCS Multistage, en el cual se precisó que en diciembre se realizaron 1.125 fracturas, con una caída de 13%, respecto al desempeño alcanzado en diciembre de 2022 y una mejora de 9% respecto a noviembre pasado.

De esta manera, la marca récord del año se registró en septiembre cuando las operadoras realizaron 1.398 etapas de fractura, el mejor desempeño desde agosto de 2022 cuando se realizaron 1.379 etapas.

De a cuerdo al informe, en diciembre se concretaron 1.125 etapas de fractura, que fueron desarrolladas por YPF con 371 etapas de fractura, con la particularidad de que la empresa también desarrolló tareas en otras provincias.

Se trata de las áreas no convencionales de Vaca Muerta en el límite sur de la provincia de Mendoza donde concretó 25 fracturas, y otro tanto se espera que en los próximos meses realice en la formación Palermo Aike en Santa Cruz, junto a su socia CGC.

El resto de las operadoras activas en diciembre fueron TotalEnergies (171 etapas), Tecpetrol (165), Pan American Energy (162), Shell (92), Pampa Energía (92) y Capex (72).

 

Con el nivel de actividad previsto para el presente año, NCS Multistage proyectó que se podrán alcanzar las 18.000 etapas.

En Argentina el termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como suele suceder en el caso de yacimientos convencionales.

Asimismo, con el paso del tiempo las etapas de fractura se han transformado en una forma de medir de manera precisa la actividad económica del sector, tanto de manera directa como indirecta, utilizada tanto por sector privado como también por el sector público.

Vaca Muerta, la formación que abarca a cuatro provincias

Vaca Muerta es una formación geológica de shale (produce hidrocarburos de gran importancia) situado en la cuenca en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.​ La extensión del yacimiento es de 30 000 kilómetros cuadrados.

La formación tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con lo que se reduce significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad económica para la extracción de estos recursos.

Fuente: Télam

La entidad, a través de un comunicado, sostuvo que la norma impulsada por el Gobierno «contiene dos iniciativas que ponen en peligro la producción de 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores».

El Centro Azucarero Argentino (CAA) advirtió que el proyecto de «Ley ómnibus» enviado al Congreso por el Gobierno nacional contiene «dos iniciativas que ponen en riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino».

«Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia», comenzaron por indicar sobre uno de los cambios que afectarían al sector.

«El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715″, agregaron al respecto.

En ese marco, exhortaron «a los diputados y senadores nacionales a no aprobar el artículo 59 del citado proyecto y evitar así lo que será un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores».

Continuando, indicaron que «igualmente grave es la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles N° 27.640 (arts. 307 a 315), que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030″.

«Se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera», argumentaron contra la iniciativa.

«Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia», comenzaron por indicar sobre uno de los cambios que afectarían al sector»Centro Azucarero Argentino

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Detallaron que «entre los cambios que impulsa el proyecto, se destaca la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas; la habilitación a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre -a pesar de la posición dominante de tres empresas que compran el 95% del bioetanol a 20 elaboradoras-; elimina la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y hasta faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa».

«Consideramos que el proyecto puede ser mejorado, orientado a una Convergencia Técnica con el Mercosur, a que se mantengan las condiciones actuales para la mezcla del 12% con bioetanol de producción nacional y se contemple su incremento a un rango de entre 18% y 27% con mecanismos de competencia abierta», promovieron.

«Haremos las contribuciones necesarias para que los diputados y senadores nacionales introduzcan cambios al proyecto de ley y se evite destruir un sistema de combustibles limpios que tantas inversiones significaron y tantos beneficios aportan para el agregado de valor a la producción regional, el medio ambiente y el entramado socioeconómico del Noroeste Argentino», concluyeron en un comunicado de prensa.

Fuente: Télam

El aporte estatal cubría solamente el diez por ciento del presupuesto total de la Iglesia, pero «era de gran ayuda para las diócesis más pobres», destaco la Conferencia Episcopal Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó este martes que concluyó el «proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares» a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, «conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación», indicó la CEA en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que «hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley», se detalló.

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».

«El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos», precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su «decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales» y se consignó que en julio de 2020 «los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país».

«Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres», se destacó.

Fuente: Télam

Para los mandatarios las modificaciones «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».

Los gobernadores de provincias patagónicas rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso por el Gobierno nacional para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias.

Para los mandatarios, de llevarse a cabo las modificaciones contempladas en la iniciativa, «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».

Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922– que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.

El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.

“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.

Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina

Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.

Los mandatarios señalaron además, que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.

Por último, remarcaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional».

Fuente: télam

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre los ingresos ascendieran a 5,9 billones de pesos, con un aumento interanual del 156,7%, detalló la AFIP.

La recaudación impositiva creció 151,1%, durante 2023 para alcanzar los 42,98 billones de pesos, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre los ingresos ascendieran a 5,9 billones de pesos, con un aumento interanual del 156,7%, detalló el organismo.

La AFIP indicó que el año pasado, «el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $14,79 billones y tuvo una variación interanual de 153,7%. El IVA Impositivo aumentó 159,1%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 142,6%».

El organismo remarcó que «impactaron negativamente las prórrogas del vencimiento del impuesto por los períodos fiscales devengados agosto a noviembre, establecida para los sujetos adheridos al «Acuerdo de precios para el mercado local» y por los períodos fiscales devengados septiembre a noviembre para los trabajadores autónomos».

Más adelante, respecto del Impuesto a las Ganancias presentó una variación de 86,3%, obteniendo $ 8,78 billones.

El ente recaudador fiscal subrayó que «la variación se vio atenuada por la incorporación del esquema de alícuotas progresivas (del 25% al 35%) que elevó la tasa efectiva a partir de los ejercicios fiscales iniciados el 1 de enero de 2021 y generó un incremento del saldo de declaración jurada ingresado en mayo 2022, dado que los anticipos computados a cuenta de la declaración jurada del período fiscal 2021 fueron calculados con la tasa del 30% que regía anteriormente».

En este sentido, la AFIP agregó que «impactaron negativamente las modificaciones a la cuarta categoría, como el incremento en agosto 2023 de la escala progresiva aplicable para las

remuneraciones correspondientes al período fiscal 2023; el aumento del mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia tributan el Impuesto a las Ganancias (a partir del devengado octubre para sujetos con una remuneración bruta mensual inferior a $ 1.980.000); y la modificación del esquema por los meses de octubre a diciembre para aquellos que continúan alcanzados».

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $ 3.15 billones, con un incremento interanual de 134,2%.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 123,8%, alcanzando $ 9,29 billones.

La AFIP puntualizó que «el incremento de la recaudación se debe principalmente al aumento de la remuneración bruta promedio y de los puestos de trabajo».

La variación interanual la prórroga en las Contribuciones establecida a los sujetos adheridos al «Acuerdo de precios para el mercado local», para los períodos fiscales devengados agosto a noviembre 2023, y el beneficio de cómputo a cuenta del pago de las Contribuciones de las sumas abonadas por las micro y pequeñas empresas en concepto de la asignación no remunerativa».

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 1,5 billones y una variación interanual de – 6,3%.

Sobre estos ingresos incidieron negativamente en mayor medida, el efecto de la sequía; los ingresos registrados en el año anterior por la implementación del Programa de Incremento Exportador 1 y 2; y la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero respecto del año anterior.

En Derechos de Importación y otros se obtuvieron $ 1,34 billones y una variación de 110,2%.

En Bienes Personales, se alcanzaron $ 987.942 millones con una variación interanual de 134,1% e incidió favorablemente la ampliación de la base imponible de la alícuota adicional del 25% aplicada a la compra de moneda extranjera para atesoramiento y sobre viajes y gastos en el exterior.

En cuanto al impuesto PAIS se recaudaron $ 1.5 billones con una variación de 335,5%.

La misma se encuentra incidida favorablemente por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado para determinadas importaciones

Fuente: Télam

Con los nuevos reintegros los más de 8,1 millones de personas que forman parte de la comunidad del Banco Provincia de Buenos Aires pueden ahorrar hasta $63.000 cada una si utilizan todos los reintegros que ofrece la app, si en una casa hay al menos dos personas adultas la cifra se duplica.

El Banco Provincia de Buenos Aires anunció que en enero de 2024 continúa acompañando a los bonaerenses con beneficios y descuentos de Cuenta DNI, con ahorros en carnes, granjas, pescaderías, verdulerías, ferias y mercados y supermercados, con lo que una familia con dos adultos podrá ahorrar 126 mil pesos si aprovecha los descuentos de la billetera digital gratuita.

«Con descuentos especiales, reintegros y hasta una nueva promoción especial para aprovechar en la Costa Atlántica los más de 8,1 millones de personas que forman parte de la Comunidad Cuenta DNI pueden ahorrar hasta $63.000 cada una si utilizan todos los reintegros que ofrece app», se informó en un comunicado.

En tanto, «si en una casa hay al menos dos personas adultas la cifra se duplica y llega a los $126 mil pesos», señalaron desde la entidad.

Además, estos montos de reintegros pueden ser aun mayores, si acceden a los beneficios para jóvenes de 13 a 17 años o mayores de 60, o si utiliza la promoción especial en comercios destacados de la Costa Atlántica durante la temporada de verano. 

CARNICERÍAS, GRANJAS Y PESCADERÍAS
De esta manera, detallaron las compras en carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento en comercios adheridos los sábados con tope de reintegro de $4.500 por semana y persona, por lo que ahorro mensual puede llegar a $18.000.  

VERDULERÍAS Y FRUTERÍAS
En tanto, en verdulerías y fruterías habrá un 40% de descuento los sábados, con tope de reintegro de $2.500 por persona por semana, por lo que el ahorro mensual alcanza los $10.000.

COMERCIOS DE BARRIO
En comercios de barrio el descuento será del 30% con tope de $3.000 los días miércoles y jueves y en este rubro el ahorro mensual llega a $15.000, ya que enero tiene cinco miércoles.

FERIAS Y MERCADOS
En ferias, mercados, eventos y entidades educativas, las compras en negocios que operen a través de la billetera tendrán un 40% de descuento, con tope unificado de $3.000 por semana y persona. En total, el ahorro alcanza el primer mes de 2024 los $15.000 mensual.

SUPERMERCADOS
Mientras que en supermercados el descuento será del 20% los lunes 8 y 22 y los martes 9 y 23 de enero, con tope de $2.500 por semana y por persona, de esta manera el ahorro mensual alcanza los $5.000.

ESPECIAL VERANO
Asimismo, desde la entidad ofrecen ahorros extras para quiene viven o viajen a la Costa Atlántica durante el verano pudiendo ahorrar hasta $15.000 adicionales si utilizan la promo de 40% de descuento en comercios adheridos, como «Manolo» y «Chichilo», dos firmas emblemáticas de la Costa.

JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS
Los jóvenes de 13 a 17 años tienen dos beneficios exclusivos: $2.500 de reintegro en compras con QR en cualquier comercio de viernes a martes y $2.000 mensuales en recargas de celulares y tarjetas de transporte.

MAYORES DE 60
Las personas mayores de 60 tienen en el mes $2.500 adicionales, a partir del reintegro en compras con QR en cualquier comercio, de viernes a martes.

Fuente: Télam

La denominada «ayuda económica previsional» será un complemento para quienes perciban un monto menor o igual a $105.712,61. Quienes superen esa cifra percibirán la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712,61″.

El Gobierno nacional oficializó este martes el otorgamiento de «una ayuda económica previsional» de 55.000 pesos que se abonará este mes a quienes perciben la jubilación mínima, así como también el incremento del 100% en el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 116 y 117, respectivamente, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sobre el bono a jubilados, se precisó que «para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $105.712,61 la ayuda será equivalente a $55.000» y para «aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $105.712,61 la ayuda será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712,61«.

Se aclara que regirá para «las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, que son otorgadas en virtud de la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05».

La medida alcanza a «las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables».

Fuente: Télam

El monto basado en cereales y oleaginosas representó una caída del 51% en relación al año anterior, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales.

La liquidación de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados ascendió en 2023 a US$ 19.742,137.675, lo que significó una caída del 51% (aproximadamente US$ 20.700 millones) en comparación con el año anterior, informaron este martes la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En cuanto a los resultados de diciembre, las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 1.245 millones, representando una baja del 66% en relación con el mismo mes de 2022, pero una mejora de 24% respecto de noviembre.

«El ingreso de divisas del mes de diciembre es el resultado de la sequía, que ha generado pérdidas de stock disponible de granos, así como de un nuevo dólar exportador establecido por el Decreto 28/23», indicaron Ciara y CEC, en referencia a la suba en la cotización del dólar oficial a partir de 13 de diciembre.

Asimismo, señalaron que «si bien el ingreso de divisas de diciembre fue superior a noviembre, estuvo impactado negativamente por el bajo remanente de granos de la cosecha gruesa, una producción de trigo afectada por el clima y cambios en el régimen de comercio exterior que estableció el BCRA».

Esas nuevas disposiciones del Banco Central, explicaron, «no permitieron la fluidez necesaria, particularmente en las cobranzas de productos procesados de la soja que contienen soja importada bajo el régimen de admisión temporaria, que se vio severamente afectado por las nuevas normas de la autoridad monetaria»

 

También apuntaron que «la industria siguió con altos niveles de capacidad ociosa en terminales portuarias de granos como en la industria de la molienda».

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos, y alcanza hasta los 90 en aceites y harinas proteicas.

Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó en 2022 el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%.

Fuente: Télam