La medida, que había sido anunciada el lunes último por el ministro de Economía, Luis Caputo, determina que los porcentajes de la financiación de los planes de pagos para micro y pequeñas empresas morosas pasarán del 90% al 50%, mientras que los de las medianas empresas bajarán del 95% al 60%.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la reducción en la tasa de financiación de los planes de pago de deuda impositiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, revirtiendo, en gran parte, el aumento aplicado hace una semana para estas firmas, a través de la resolución 5481/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida fue anunciada el lunes último por el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en la red social X, donde adelantó que «con el objetivo de proteger el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, la AFIP estableció la rebaja de la tasa de financiación de los planes permanentes».

«Nuestra intención es que a futuro la AFIP deje de financiar estos planes, pero entendemos que la transición hacia un país donde las Pymes puedan acceder más fácilmente a créditos bancarios tomará algún tiempo», agregó el funcionario.

En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que «teniendo en cuenta el contexto macroeconómico actual del país y las demandas del sector, la mayoría de las Mipymes aún no tienen la posibilidad ni el margen de contar con un acceso inmediato y sencillo al crédito bancario».

«Atendiendo estas desventajas, el gobierno Nacional dictó esta medida que contribuye a facilitar los procesos de financiamiento para que las empresas cumplan con sus compromisos impositivos locales y así potenciar la actividad entendiendo su coyuntura y sus particularidades», agregó la cartera.

 

La medida se toma días después de dictarse la Resolución 3/2024, publicada el pasado 22 de enero, que incrementó la tasa de interés resarcitorio –aplicada para la deuda que no se encuentra en gestión judicial- del 5,91% a 1,3 veces la tasa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitado previamente del Banco Nación, vigente el día 20 del mes inmediato anterior al inicio de cada bimestre.

En tanto, la tasa de intereses punitorios –que rige cuando la AFIP inicia un reclamo por vía judicial- pasó del 7,37% a 1,5 veces la tasa del BNA.

Como consecuencia, la tasa de interés resarcitorio pasó a ser de 15,27% mensual y la de punitorios a 17,62%, un incremento del 250%.

La resolución de este martes establece un alivio para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas firmas anteriormente pagaban como intereses un equivalente al 90% (micro y pequeñas empresas) y 95% (medianas empresas) de la tasa de interés resarcitorio.

Con esta normativa, estos porcentajes pasan a ser de 50% y 60%, respectivamente.

De esta forma, las deudas de las micro y pequeñas empresas tendrán un 7,63% de interés y las medianas del 9,16%, porcentajes similares a los que tenían antes de la resolución de la semana pasada que incrementó las tasas y estableció un mecanismo de actualización bimestral en las mismas.

«La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la reducción en la tasa de financiación de los planes de pago de deuda impositiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, revirtiendo, en gran parte, el aumento aplicado hace una semana para estas firmas, a través de la resolución 5481/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial»

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La AFIP señaló en la resolución que es “pertinente efectuar determinadas adecuaciones respecto del porcentaje aplicable para el cálculo de la tasa de interés de financiación de los planes de facilidades de pago -considerando la tasa de interés resarcitorio vigente-, a fin de fortalecer el estímulo al trabajo de las pequeñas y medianas empresas”.

El tema había sido puesto en agenda por distintas entidades empresariales.

En efecto, la semana pasada Caputo recibió en la Casa Rosada a cámaras empresarias de diferentes sectores y dialogaron sobre el asunto.

En esa ocasión, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había planteado que se exceptuase a las micro y pequeñas empresas del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que la AFIP cobrará a partir del 1° de febrero.

El lunes último, tras conocerse la noticia, CAME «celebró» la novedad.

“La semana pasada le manifestamos al ministro Caputo la necesidad de contemplar alguna diferenciación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los incumplimientos en que incurren las mipymes son por la imposibilidad de enfrentar los pagos; en ningún caso se trata de una especulación respecto de la tasa de mercado”, dijo en un comunicado el presidente de la entidad, Alfredo González.

Fuente: tèlam

«El fuego está activo» y avanza tanto dentro del parque como en otras jurisdicciones provinciales, por lo que ya se movilizaron alrededor de 200 bomberos y combatientes, según precisó a Télam Radio el intendente del lugar, Danilo Hernández Otaño. Los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén pusieron a disposición brigadistas y helicópteros.

El intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, aseguró que el incendio en ese predio y cercanías «tiene ya una extensión de más de dos mil hectáreas», donde trabajan alrededor de 200 combatientes con herramientas manuales y líneas de agua para controlar el fuego, que continúa activo desde hace cinco días.

«El incendio tiene ya una extensión de más de dos mil hectáreas, tanto dentro del Parque Nacional Los Alerces como en jurisdicción de la provincia de Chubut», dijo a Télam Radio Otaño, y aclaró que se trata de un «70 por ciento dentro del parque, un 30 por ciento en provincia».

Además, recordó que «el fuego está activo» y «hay peligro» ya que «se está propagando».

En este sentido, detalló que el incendio «tiene dos flancos, derecho e izquierdo, y un desarrollo longitudinal que ya supera los 8 kilómetros», mientras «el frente de avance es variable según la geografía entre 800 y 1200 metros».

Para combatirlo, «desde primera hora» trabajan «intensamente en el flanco derecho, que es el más activo» aproximadamente 300 combatientes de línea, 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros con helibalde.

Además, se cuenta con la operación de un avión de observación y un equipo de drones para monitorear el comportamiento del fuego y eventuales zonas peligrosas, agregó el intendente.

 

Durante la jornada continuaron los trabajos en los siete sectores del incendio forestal, que según los registros actualizados ya afectó aproximadamente 2.000 hectáreas, se informó desde el Comando Unificado del Parque Nacional Los Alerces y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Bosques de Chubut, en el último parte oficial, emitido esta noche.

«El fuego continúa activo en todos los frentes, con un comportamiento variable determinado por la topografía irregular del terreno y las condiciones meteorológicas», se indicó.

En el comunicado, precisaron que «desde las 8 y hasta las 19 operaron los medios aéreos, tanto para el traslado de personal hasta los puntos de operaciones; como para el reconocimiento de la evolución del fuego y para realizar las descargas de agua en los focos ígneos».

Unas 348 personas trabajan en el operativo, mientras que 246 se despliegan en el terreno, dedicadas específicamente al combate del fuego. «Durante la tarde se produjo un notorio ascenso de temperatura, sumado al aumento del viento proveniente del sector Oeste, lo que dificultó la tarea de los brigadistas por los focos secundarios que se generaron en las áreas de trabajo del sistema de contención», señalaron.

El comportamiento del fuego no es uniforme debido a la topografía del lugar, caracterizada por pendientes y cañadones irregulares.

Se dispone de 5 medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con la operación de 3 helicópteros; 2 aviones hidrantes; un avión de observación; maquinaria vial y drones de observación de puntos calientes, recordaron desde el Comando Unificado.

Actualmente trabajan en colaboración para controlar el fuego agentes del Parque Nacional Los Alerces, de otros parques nacionales, brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut y del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, además de bomberos voluntarios de Esquel y de Trevelin.

Por otra parte, la meteorología «no es favorable» para controlar el incendio, sostuvo Otaño.

«Es un momento de índice de peligro de incendios extremo», dijo y agregó que «el combustible constituido por la vegetación que está en la zona del incendio tiene un muy bajo contenido de humedad por la alta temperatura, por la baja humedad atmosférica y la cantidad de días sin precipitaciones, que ya llevan aproximadamente dos meses».

En cuanto a las causas del incendio, el intendente aseguró, en diálogo con C5N, que «es intencional», pero «no tenemos un nombre, un responsable».

«Se inició en dos focos que tuvieron lugar simultáneamente a una distancia uno del otro, lo que hizo prácticamente imposible controlarlo rápidamente, como si hubiera sido un foco solo. Se unieron en un frente muy difícil de controlar en horas de la noche justamente para que sea más compleja la tarea de control y de extinción», explicó.

Además de quemar bosque nativo, las llamas afectaron a especies como ñire, laura, caña cohiue, lenga, «que adquieren su corte máximo entre 80 y 150 años de edad», indicó Otaño.

«Ninguna persona que esté viva hoy en este planeta va a ver este bosque en el estado que estaba hace una semana», subrayó.

 

Los distintos sectores del incendio presentan focos simultáneos, por lo que los organismos y jurisdicciones que intervienen integran el Comando Unificado para coordinar en ese espacio las estrategias en cada uno de los frentes.

«Están priorizándose las tareas preventivas en áreas con pobladores rurales», según el ultimo reporte técnico brindado por el Comando Unificado.

Tal como lo habían pronosticado, se produjo un ascenso de temperatura y en el viento del sector oeste, lo que dificultó la tarea de los agentes que se encuentran trabajando en el sistema de contención de este incendio.

Sobre las actividades de la jornada, Hernández Otaño dijo a Télam: «Mantenemos el avión de observación y el equipo de drones para detectar áreas peligrosas y monitorear el comportamiento del incendio».

«El incendio continúa en dos jurisdicciones, continúa quemando dentro del parque nacional y fuera del área, en jurisdicción de la provincia de Chubut», indicó Hernández Otaño.

«La condición meteorológica no ayuda, llevamos dos meses sin precipitaciones de consideración, está anunciada una llovizna tenue para la tarde pero nada que pueda apagar el incendio», dijo el guardaparques, quien subrayó que insisten con la «intencionalidad» de este incendio y de los anteriores que sufre el parque desde 2015.

«Vamos a ir hasta el final en la justicia para que haya una medida ejemplificadora. Han habido muchas denuncias, hay causas en este momento en el Tribunal Oral Federal de muchos años con procesamiento por incendios, tomas en el parque nacional. Lamentablemente los tiempo en la justicia no son los mismos que necesitamos todos», dijo este martes a Radio Rivadavia el gobernador de Chubut, Agustín Torres.

En este sentido, explicó que «hay características de cómo inicia el fuego que dan muestra de la intencionalidad» ya que «son dos focos paralelos que se terminan uniendo, se da en lugares de muy difícil acceso a altas horas de la noche donde el patrullaje de las brigadas no está tan activo».

«Esta gente tiene que estar presa y la justicia tiene que actuar con la mayor celeridad posible», subrayó.

Sin embargo, dijo que la «buena noticia en medio de esta tragedia» es que «no están comprometidos los pobladores del Parque Nacional Los Alerces ni tampoco la zona urbana de Esquel».

El mandatario provincial también compartió que los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén pusieron a disposición brigadistas o helicópteros, pero que «en este momento no son necesarios».

 

En ese sentido, el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, afirmó a Télam que la provincia de Buenos aires está «absolutamente a disposición del llamado de las autoridades de Chubut para ayudar a combatir el fuego» que afecta el Parque Nacional Los Alerces (ver recuadro).

Además de quemar bosque nativo, las llamas afectaron a especies como ñire, laura, caña cohiue y lenga, «que adquieren su corte máximo entre 80 y 150 años de edad”, indicó Otaño.

“Ninguna persona que esté viva hoy en este planeta va a ver este bosque en el estado que estaba hace una semana”, subrayó el intendente.

Fuente: tèlam

«Señalan que el etiquetado aporta información nueva sobre algunos productos que consideraban saludables, y que ahora pueden conocer su verdadera composición nutricional», explica el informe.

Las madres y padres apoyan la legislación argentina sobre el etiquetado de alimentos, a la que consideran útil, y manifiestan que generó una disminución en el consumo de productos con sellos en niños y niñas, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC).

«Los cuidadores apoyan la ley de etiquetado y consideran que los sellos son útiles porque brindan información y promueven la toma de decisiones conscientes. Además, consideran que el etiquetado es visible, comprensible y claro», señala el estudio de Unicef-FIC, presentado este martes.

Los padres y madres entrevistados en el estudio, alrededor de medio centenar pertenecientes al AMBA y de diferentes niveles socioeconómicos, «señalan que el etiquetado aporta información nueva sobre algunos productos que consideraban saludables, y que ahora pueden conocer su verdadera composición nutricional», agrega.

«Entre los cambios de conducta reportados, los participantes de distinto nivel socio económico manifestaron que el etiquetado generó una disminución en el consumo de productos con sellos: Menor frecuencia de consumo y reducción de la cantidad consumida», añade.

El estudio, titulado «Ley de Promoción de Alimentación Saludable: percepciones y experiencias de cuidadores de niños y niñas», fue aprobado por el comité de ética de investigación Iniciativa y Reflexión Bioética (IRB).

El propósito de este estudio fue «analizar el conocimiento, la comprensión, las percepciones y los comportamientos de los cuidadores de niños y niñas asociados a la regulación del etiquetado frontal».

Según el informe, procesado durante junio de 2023, «la doble carga de malnutrición caracterizada por la coexistencia de malnutrición por déficit (desnutrición y carencia de nutrientes) junto con malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad o enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta) representa uno de los retos más importantes en Argentina».

Diversos estudios la vinculan con el patrón de consumo inadecuado, caracterizado por un alto consumo de ultraprocesados con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares y carentes de nutrientes esenciales.

Este patrón de consumo se encuentra impulsado por un sistema alimentario inadecuado y un entorno poco saludable, considera la publicación.

Para dar respuesta a esta situación, en Argentina fue aprobada la Ley Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), una «medida clave para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de las infancias».

 

Esta ley contempla no solo el etiquetado frontal de advertencias, sino también la prohibición de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNyA) y de la oferta de productos alimenticios con nutrientes críticos en exceso en los entornos escolares.

Respecto de la utilidad de los sellos, los consultados valoraron positivamente «que se brinde información y que a partir de esta se pueda tomar una decisión informada no prohibiendo el acceso, sino que cada quien decide qué hacer con esa información».

También la consideraron útil porque «es especialmente relevante para poblaciones puntuales: las personas mayores, que no pueden leer la letra pequeña en los envases, y las personas con enfermedades como diabetes o hipertensión que poseen dietas donde se debe restringir el consumo de distintos alimentos».

Asimismo, los entrevistados consideraron positivo la posibilidad que brindan los sellos de «desenmascarar engaños» y generar «sorpresa».

La gran mayoría de los entrevistados señaló que los sellos les parecen claros, comprensibles y visibles, y que la tabla nutricional les parecía muy pequeña y difícil de comprender. Al compararlos, mencionan que los sellos son más visibles, más comprensibles, que son un «resumen» de la tabla nutricional y que los puede comprender todo el mundo

Varios participantes señalaron la necesidad de saber cuánto exceso tiene cada producto, para de ese modo poder compararlos entre sí y tomar una decisión de compra.

Esta «necesidad» se funda en la percepción de que «todo tiene sellos». Frente a esta situación, aparece la demanda de que se produzcan sustitutos sin sellos, agrega el informe.

A su vez, muchos entrevistados comentaron que buscan productos que sean baratos y, dentro de lo posible, sanos; empero, el precio en muchas ocasiones se antepone a la calidad nutricional, salvo para algunos participantes de nivel socioeconómico alto.

Algunos entrevistados mencionaron que dejaron de consumir ciertos productos porque, luego de la implementación de la ley, vieron que tenían sellos.

En tanto, muchos de los consultados encontraron alternativas a los productos con sellos en «lo casero», pero consideran una desventaja su tiempo de elaboración, frente a la facilidad para conseguir, preparar y consumir los alimentos ultraprocesados, que suelen ser «adictivos».

Por otra parte, la mayoría afirmó que los productos saludables son más caros, como frutas y verduras, carnes, leches, vegetales, y harinas integrales, entre otros.

Fuente: tèlam

El Comité Federal de ese país analiza reducir su tasa de interés de referencia, luego de los aumentos aplicados a partir de 2022 con el objetivo de frenar la inflación. No obstante, la mayoría de los analistas e inversores creen que seguirá en el rango entre 5,25% y 5,5%.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidirá este miércoles, en Washington, si comienza a reducir su tasa de interés de referencia, luego de los aumentos aplicados a partir de 2022 con el objetivo de frenar la inflación.

Más allá de esta posibilidad, la mayoría de los analistas e inversores creen que, por ahora, continuará manteniéndola en el rango actual de entre 5,25% y 5,5%.

La Fed subió sus tasas de interés 11 veces desde marzo de 2022 para encarecer el crédito y de esa forma contener el consumo y la inversión, que presionan los precios al alza; y, desde julio, ha mantenido sus tasas para evaluar el impacto de estos incrementos y evitar llevar a la economía estadounidense a una recesión.

La declaración del FOMC y una conferencia de prensa del presidente Jerome Powell son esperadas por los inversores que estiman que de ahí surgiría alguna señal respecto al momento en que el organismo comenzará con los recortes.

En esta reunión, no habrá ninguna actualización de las Proyecciones Económicas, por lo cual las declaraciones de Powell se convierten en la única pista para dilucidar las futuras acciones de la FED.

La herramienta FedWatch utilizada por el CME Group, una de las mayores entidades bursátiles del mundo, reflejó que en el mercado existe una probabilidad de casi 98% respecto a que no habrá ningún cambio en las tasas en la reunión.

El 2% restante, que proyecta una reducción en la tasa, estimá que sería de 25 puntos básicos, con lo que quedaría en un rango de entre 5% y 5,25%.

Los comentarios recientes de funcionarios fueron diversos pero intentaron en todo momento disminuir las expectativas de una baja de tasas.

El presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic, uno de los que votará este año y considerado uno de los funcionarios más moderados, no cree que los recortes de tasas comiencen hasta la segunda mitad del año, dada la incertidumbre en las perspectivas de ver una inflación desacelerándose aún más hacia la meta del 2%.

El gobernador de la FED, Christopher Waller, señaló días atras, que «el FOMC no necesitará recortar las tasas rápidamente esta vez y puede acelerar su reducción de tasas, una vez que sea adecuado, según la evolución de los datos económicos entrantes.
El crecimiento del PBI del IV° trimestre, más sólidos de lo esperado, ayudados por un salto en el consumo personal en diciembre, aumentan el riesgo de que la inflación pueda reavivarse y retrasar el inicio de las reducciones de tasas.

 

Hasta ahora, la herramienta FedWatch muestra una probabilidad del 39,8% de que se produzca una baja de la tasa para la reunión del 19 y 20 de marzo, una probabilidad del 85,8% de un recorte para la reunión del 30 de abril al 1 de mayo y una probabilidad del 98,7% de reducción para la reunión del 11 y 12 de junio, según señala la agencia Bloomberg.

El foco de la reunión serán los cambios en la declaración que pueda sugerir una inclinación en esa dirección, así como un lenguaje que sugiera una desaceleración de la inflación más rápida que la observada anteriormente o una mayor preocupación sobre las desventajas de dejar las tasas elevadas durante demasiado tiempo.

El 13 de diciembre pasado, en la última reunión del FOMC, la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, en un rango de entre de 5.25% y 5,5%.

En esa oportunidad anticiparon también que en 2024 tienen pensado implementar varios recortes, hasta ubicar el costo del dinero en 4,6%.

Fuente: télam

Tras el cierre de la colocación, el ministro de Economía Luis Caputo destacó en sus redes sociales la «gran licitación del Tesoro para recomprar deuda del BCRA y extendiendo duración». 

El Ministerio de Economía colocó este martes dos bonos en pesos, a cupón cero y ajustados por la variación de precios, con los que obtuvo $1,3 billones que serán destinados a recomprar deuda que está en poder del Banco Central.

Tras el cierre de la colocación, el ministro de Economía, Luis Caputo, -a través de su cuenta en la red social X– destacó la «gran licitación del Tesoro para recomprar deuda del BCRA y extendiendo duración».

El interés inversor quedó reflejado en las 450 ofertas recibidas por $ 2,3 billones de valor nominal, de las cuales se aceptaron $1,2 billones, lo que representó un valor efectivo de $1,3 billones.

El grueso de lo adjudicado, $1,2 billones fue para el Bono con ajuste por CER (inflación) con vencimiento previsto para el 30 de junio de 2026, que tuvo un precio de corte de $1.050.

En tanto, el segundo, de similares características, pero pagadero el 30 de junio del 2027, sumó ofertas por $150.897 millones, con un precio de corte de $1.035.

La colocación del tercer bono previsto para la jornada, que también ajusta por inflación y con vencimiento previsto para el 30 de junio de 2028, fue declarado “desierto”.

El viernes, cuando la cartera que conduce Caputo hizo el llamado a licitación por estos títulos, el funcionario dijo que «el equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal«.

«En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central«, explicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado

Fuente: télam

Un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, refleja las respuestas de 3.300 casos de todo el país. La amplia mayoría (92,9%) de los encuestados consideró que el 2024 será peor que el año pasado.Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses, según los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.

En base a estos datos, desde la entidad señalaron que las condiciones para los inquilinos empeoraron a la hora de alquilar una vivienda en el último mes.

El relevamiento, denominado Encuesta Nacional Inquilina, refleja las respuestas de 3.300 casos de inquilinos e inquilinas de todo el país. La amplia mayoría (92,9%) de los encuestados consideró que el 2024 será peor que el año pasado.

En lo que respecta a los plazos, en el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.

Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual, 20% cada 6 meses y sólo el 4% actualizaba cada 3 meses

Este último esquema se invirtió en el último mes: 45,6% de los nuevos contratos establecen actualización semestral, 24% cada 3 meses y sólo el 7,6% el plazo de anual.  A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.

En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los y las inquilinas que respondieron el cuestionario.

Fuente: télam

Se oficializó la eliminación, entre otras leyes, de Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento porque  «promovían un rol intervencionista del Estado».

El Gobierno dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».

«El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó la Secretaría de Comercio.

El organismo señaló que «se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios».

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

«Las normas obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado»

«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, «estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país».

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando «a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.

(SD)Las repercusiones(S) Tras la publicación de la medida, funcionarios y dirigentes destacaron la decisión, al considerar que estas regulaciones «distorsionaban y controlaban innecesariamente» y que de este modo “habrá mayor transparencia”.

«La Secretaría de Comercio eliminó hoy 60 resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado», señaló Javier Lanari, subsecretario de Prensa.

En una publicación en la red social X, Lanari dijo que habrá «menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores».

Por su parte, Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, afirmó -también a través de la red social X- que «hoy publicamos la derogación de más de 70 normas que distorsionaban y controlaban innecesariamente el comercio interior, además de normas que reglamentaban las derogadas leyes de abastecimiento y góndolas».

Desde el sector privado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideró “positiva la derogación de diversas normativas que hoy fue publicada en el Boletín Oficial».

Detalló que «días atrás habíamos solicitado al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que, al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente».

«Las firmas, en vez de enfocarse en ofrecer un mejor producto a precios competitivos, dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con estos requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad», concluyó Grinman.

Fuente: télam

Funcionarios y dirigentes destacaron la derogación de 69 normativas que dispuso la Secretaría de Comercio. Consideraron que sin las regulaciones “habrá mayor transparencia”.

Funcionarios y dirigentes destacaron la derogación de 69 normativas que dispuso la Secretaría de Comercio, al considerar que estas regulaciones «distorsionaban y controlaban innecesariamente» y que de este modo “habrá mayor transparencia”.

«La Secretaría de Comercio eliminó hoy 60 resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado», señaló Javier Lanari, subsecretario de Prensa.

«Las firmas dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad»Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio

En una publicación en la red social X, Lanari dijo que habrá «menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores».

Por su parte, Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, afirmó en X que «hoy publicamos la derogación de más de 70 normas que distorsionaban y controlaban innecesariamente el comercio interior, además de normas que reglamentaban las derogadas leyes de abastecimiento y góndolas».

Desde el sector privado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideró “positiva la derogación de diversas normativas que hoy fue publicada en el Boletín Oficial».

Detalló que «días atrás habíamos solicitado al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que, al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente».

«Las firmas, en vez de enfocarse en ofrecer un mejor producto a precios competitivos, dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con estos requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad«, concluyó Grinman.

Fuente: télam

La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes 26 de enero, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

Las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron este lunes una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró «escandalosos» y un sistema de transporte que está «saturado».

La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes pasado, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

A los aumentos en las etapas de distribución y transporte deben añadírsele los derivados de los recortes a los subsidios que el Estado otorga a la fase de generación y que la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, calificó como «escandalosos».

La funcionaria sostuvo que «el nivel de subsidios es escandaloso» y que en los últimos años «fueron del 65% al 89%» del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio.

Luego de dar repaso a una situación de «agotamiento de un modelo que llegó a su fin», Beljansky advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) «está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella», al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar.

Si bien el sistema de transporte es el que menos incidencia tiene en la tarifa final (1,5% o menos del total, según estimaciones de las diferentes compañías), su rol es decisivo para conectar la oferta (generación) con la demanda, en un país en el que ambos extremos se encuentran a distancias considerables.

Al respecto, tras recordar que la Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a superficie, indicó que el 60% de la demanda se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral, en tanto la generación se distribuye en varias regiones.

Al referirse al «cuello de botella» que implica el retraso relativo del transporte respecto tanto de la generación como de la demanda, indicó que el crecimiento del sistema no acompañó a ninguna de las dos variables y que «los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte han resultado insuficientes».

Asimismo, remarcó que «los transportistas perciben sus ingresos a través de pagos mensuales de Cammesa», pero que «la mayor parte de estos pagos no se han realizado en tiempo y forma».

Por otra parte, indicó que «los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento» y que «el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte».

En ese sentido, resaltó la «necesidad de generar señales para que operadores puedan realizar nuevas inversiones» y que «el Estado está considerando instrumentos de iniciativa privada» para obras de interconexión regional.

Las ocho empresas que expusieron en la audiencia coincidieron en resaltar el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que en los últimos cuatro años fue en promedio la mitad de la inflación y que derivó en la obsolescencia de las instalaciones y los recortes en una serie de inversiones.

Por tal razón, solicitaron una readecuación de ingresos previa a la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que deberá comenzar el 1° de enero de 2025.

Sobre los valores resultantes, que remarcaron no tienen en cuenta ampliaciones necesarias, reclamaron la aplicación de un índice de actualización mensual y automático, teniendo en cuenta que el plazo promedio de pago de Cammesa es de unos 60 días y, al respecto, también pidieron que esa compañía no incurra en demoras para esos desembolsos.

Fuente: Télam