El Centro de Profesionales Farmacéuticos informó que entre noviembre y febrero subieron 146 por ciento, 53 puntos por encima de la inflación. 

Los precios de los medicamentos subieron 146 por ciento entre noviembre y febrero, un 53 por ciento por encima del nivel de inflación general, según el último informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar). La consecuencia directa de la disparada de los precios fue una caída de 18,5 por ciento de las ventas en unidades entre febrero este año y el mismo período de 2023.

El director de esa entidad, Rubén Sajem, advirtió el impacto que esta situación ya está teniendo en la salud de muchas personas porque “se están dejando de usar medicamentos para enfermedades crónicas, para hipertensión arterial, prediabetes, enfermedades metabólicas, disminución del colesterol, tratamientos oftalmológicos”, lo mismo ocurre con los ansiolíticos. El farmacéutico dijo que junto con sus colegas están observando que hay personas que, como no ve en lo inmediato el efecto de abandonar una medicación recetada, “deja de usarla 1, 2, 3 meses o quizá compra un envase más chico y lo toma espaciado” por lo que la adherencia a los tratamientos se está viendo afectada.

Esto que está ocurriendo “es serio porque después trae consecuencias para esa persona, más dificultades de salud que va a tener que enfrentar en el futuro y para el sistema sanitario también, porque la curación es mucho más cara que la prevención”, aseguró en declaraciones radiales.

Sajem advirtió que “los laboratorios medicinales continúan aumentando los precios sin ningún tipo de regulación ni control”. “En el mes de febrero volvieron a aumentar los precios de los medicamentos por sobre la inflación: 15,8 por ciento frente a una inflación de 13,2 por ciento. Medidos en el período que va desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, los medicamentos recetados más usados incrementaron sus precios un 146 por ciento. En el mismo período, es decir durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero la inflación fue del 93 por ciento. Llevan acumulados aumentos del 53 por ciento por sobre la inflación”, remarcó.

El dirigente explicó que, en Argentina, hasta el 31 de octubre pasado “había una conversación con los laboratorios”. Es decir que hasta ese mes el Índice de Precios al Consumidor fue de 120 por ciento y “los medicamentos habían aumentado un 123 por ciento”, pero “cuando aumentaban un poco por sobre la inflación el gobierno, la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Salud, hablaban con los laboratorios sobre qué estaba pasando”. De esta forma, dijo, “se mantenían en acuerdos voluntarios, conversados, eso es lo mínimo que se puede pedir, pero no se puede no regular nada, no controlar nada porque los laboratorios son empresas que buscan su rentabilidad y cuando pueden aplicar aumentos de precios lo hacen y cuando pueden generar un colchón de aumento de precios, lo hacen”.

Recortes en el PAMI

En este contexto, el PAMI extendió por ocho meses el acuerdo para brindarle a los jubilados medicamentos gratuitos, pero se redujo la cantidad mensual a la que podrán acceder sin trámite de excepción, que pasan a 5 en lugar de 6.

A su vez, el vademécum del PAMI incluye 167 principios activos y cada uno está representado por varias marcas, lo que eleva la cifra de la cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a unas 3.000 presentaciones de remedios. De esos 167 principios activos se decidieron recortar 30. De este modo, a esos remedios, en su mayoría de venta libre o “no esenciales”, solo se accederá con copago.

Desde el PAMI dejaron trascender que se quiere evitar que se generen «abusos» del sistema, siendo que la obra social detectó que algunos afiliados supuestamente solicitaban medicamentos gratuitos para distribuirlos entre familiares. Bajo el argumento de uso excesivo, el PAMI recortó la cobertura de medicamentos para ciertos casos, dependiendo de la cantidad consumida por cada jubilado.

La cobertura de PAMI estuvo ayudando durante los últimos años a compensar los ingresos reales que fueron perdiendo los adultos mayores, como consecuencia de que aumentaron muy por debajo de los precios de venta al público y del índice general de inflación: en 2020 los remedios subieron sólo del 12,1 por ciento; en 2021, un 40,6; en 2022 un 73,4; y finalmente, en 2023 un 164,9 por ciento. Si se tiene en cuenta que el índice de inflación anual fue de 211,4 por ciento y que el incremento del precio al público fue de un 276,2 por ciento, la cobertura de PAMI se mantuvo por debajo de estas marcas.

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El Ministerio de Economía actualizó los valores máximos de facturación para determinar qué empresas califican como MiPyMEs, pero el incremento quedó muy por debajo de la inflación interanual del 276,2%. Los nuevos parámetros definen subas del 164,84% para construcción; 148,29% para servicios; 181,25% comercio; 189,38% industria y minería; y 148,21% agropecuario.

Desde la cartera económica señalaron que esto «garantiza que las MiPyMEs continúen con los beneficios» que otorga ese certificado, como ventajas impositivas, previsionales y acceso a avales. Explicaron que, al ser la facturación promedio de los últimos tres años, «a mayor inflación en el último respecto de los anteriores, menor es la probabilidad de que una MiPyME pierda su categoría».

No obstante, el especialista Sebastián Domínguez alertó que se pueden presentar dos problemas. Por un lado, empresas que solicitaron el Certificado en marzo quedarán perjudicadas al tomarse parámetros de marzo 2023. Por otro, por la inflación algunas firmas podrían quedar encuadradas en una categoría más alta o directamente ser consideradas grandes empresas.

Domínguez advirtió que esta actualización por debajo de la inflación «no es un tema menor», ya que las compañías «pueden llegar a perder beneficios tributarios relevantes» como incremento en contribuciones patronales, variar el cómputo de impuestos y eliminar la posibilidad de solicitar certificados de exclusión de regímenes de forma simplificada, entre otros.

Según datos oficiales, hay 1.758.722 de personas humanas y jurídicas con el certificado MiPyME vigente, de las cuales 424.275 son empleadores que generaron 4.005.994 puestos de trabajo en 2023. Domínguez propuso que los parámetros se actualicen trimestralmente por el IPC para «reflejar el efecto pleno de la inflación».

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Maestros de escuelas y profesores universitarios protagonizarán hoy un paro nacional para exigir la reapertura de la paritaria que fija un piso salarial en todo el país, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) derogado por decreto por el gobierno de Javier Milei, y ante la situación crítica de los jubilados del sector. La convocatoria la realizaron la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Nacional de Docenes Universiarios (Conadu). Los trabajadores de la educación marcharán desde las 10.30 al Congreso, con la CTA de los Trabajadores, para defender el poder adquisitivo de las jubilaciones.

“Estamos viviendo un feroz ajuste a la educación pública y a la universidad pública”, resumió Sonia Alesso, titular de Ctera. Por otra parte, recordó que «el 4 de abril tiene una relevancia política y emocional porque es el día que asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba”. En ese sentido, los docentes de Neuquén tienen previsto realizar hou “una gran marcha pidiendo ‘no a la criminalización de la protesta social’, y en ese marco hemos determinado un paro nacional docente en todo el país, en el que vamos a coincidir con las y los docentes nucleados en Conadu”.

Para la dirigente sindical el principal reclamo es “la vigencia de la paritaria nacional docente, que está prácticamente suspendida, con lo cual no ha habido aumento salarial en 2024, no ha aumentado el piso nacional. Planteamos un aumento que tenga que ver con lo que hemos perdido con respecto a la inflación”. Un proceso inflacionario que se profundizó desde la llegada de Milei a la Casa Rosada y la devaluación del 118 por ciento del peso que anunció a los pocos días el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

El segundo reclamo de los docentes es “la restitución del Fonid». Alesso recordó que se trata de un fondo nacional que «conquistamos en la histórica lucha de la Carpa Blanca y que ningún gobierno hasta la fecha se atrevió a incumplir”. Recordó que es el producto de la Ley de Financiamiento Educativo, votada por amplísima mayoría en el Congreso, y que ningún gobierno la había incumplido. “En paritarias podíamos discutir el monto del Fonid, pero no el cumplimiento”, apuntó.

La titular del gremio contó que antes de Semana Santa tomaron conocimiento del decreto simple del gobierno donde se anuncia la derogación del Fondo, lo cual “es ilegal porque una norma de menor rango no puede derogar una ley del Congreso”, y que “significa una rebaja salarial para las y los docentes”. En ese sentido, señaló que “complica fuertemente a las provincias. Algunas lo adelantaron, otras no lo pueden pagar y otras lo están pagando de forma provisoria pero no puede asegurar su continuidad. Esto es responsabilidad del Estado nacional porque es la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo claramente dicen que el Estado nacional y los Estados provinciales son corresponsables de la educación”, remarcó.

Alesso llamó la atención sobre la situación de las y los docentes jubilados. Recordó que se jubilan por dos regímenes distintos. El nacional “está vulnerado porque los docentes nacionales no están teniendo el aumento que tienen que tener de acuerdo a la inflación” y “se está perdiendo la proporcionalidad del 82 por ciento que conseguimos por ley”. El gobierno “está atentando además contra los fondos coparticipables que Nación mandaba para las cajas provinciales, particularmente Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, que nos jubilamos por cajas provinciales. Estos fondos también han sido afectados y el gobierno nacional confirmó a los provinciales que no va a enviarlos”.

Los universitarios

El pasado 26 de marzo, la federación de docentes universitarios agremiados en Conaduresolvió profundizar un plan de lucha que incluye el sumarse al paro lanzado por Ctera. La decisión incluye la realización de acciones conjuntas de la docencia universitaria y trabajadores del sector científico-tecnológico.

Por otro lado, también se definió que el 10 y 11 de abril se realizarán «jornadas de lucha». Las decisiones se aceleraron una vez que se conoció la eliminación del Fonid. En un comunicado, la Conadu señaló que «se decidió mantener el estado de alerta para adoptar las medidas que, en el marco de la coordinación con otros sectores, pudieran resultar oportunas y necesarias para enfrentar la política de ajuste del gobierno de Javier Milei».

En este contexto, la conducción de la Conadu señaló que «frente a los justos reclamos y la legítima acción de protesta de les trabajadores, las autoridades nacionales han militarizado las dependencias del Estado Nacional, con un inadmisible, antidemocrático y muy peligroso despliegue represivo. Al autoritarismo del gobierno respondemos con la unidad de les trabajadores, y con la solidaridad efectiva de la movilización y la protesta», indicaron.

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Según áreas, nivel de ingresos y proveedor, puede variar entre 250 y 480% el aumento sobre marzo, pero no se salva nadie. Desde mayo, habrá indexación mensual. 

El gobierno definió, a través de 12 resoluciones del Enargas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios para el gas por redes que rigen a partir de este mes de abril. De acuerdo a los aumentos autorizados en el precio para el gas en punto de ingreso al sistema de transporte, en la retribución a los transportistas y en la que corresponde a los distribuidores, el impacto en la tarifa final del gas consumido este mes –con vencimiento en los primeros días de mayo– se incrementaría entre el 250 y el 480 por ciento por sobre el valor promedio abonado en marzo. Por otra parte, se dispuso una fórmula por la cual el precio del servicio tendrá una actualización mensual, no sólo en función del precio en dólares del gas –transformado en pesos, es decir que también incidirá la variación del tipo de cambio–, sino además las variaciones en el índice salarial, en el de precios mayoristas y el costo de la construcción.

Algunas consultoras evalúan que el impacto promedio para la población que deba pagar la nueva factura de gas estará en el orden del 390 por ciento. Es decir, que se ubica más cerca del nivel máximo de incremento estimado por fuentes oficiales (480 por ciento) que del nivel mínimo (250 por ciento). Dicho impacto, según los mismos estudios privados, resultaría en un incremento por sí sólo de 4 puntos en el índice de precios al consumidor del mes de abril. Así se entiende por qué el gobierno nacional decidió retrasar un mes la aplicación del aumento, para poder mantener el planteo de que aunque la inflación siga en niveles elevados en marzo (aún no se conoce la variación oficial del IPC), al menos seguiría bajando mes a mes. Es decir, el conocido «estamos mal pero vamos bien». 

Este fuerte tarifazo que se aplicará a la demanda de gas, que se deberá empezar a pagar un mes antes de que comience el invierno, no es el único, ya que a partir de mayo además se suma la incidencia de un incremento adicional en el «precio estacional» del gas. Más los ajustes ya dispuestos en el servicio eléctrico y el que resta definir en el servicio de agua potable de Aysa. Estos dos últimos, sólo referidos a los servicios en el AMBA, áreas metropolitana de Buenos Aires. Los aumentos en el gas dispuestos este miércoles, en cambio, impactan sobre los usuarios del servicio por red de todo el país.

Cargo fijo y valor producto

Tomado por segmento, el aumento representa una suba en el cargo fijo de la boleta que en algunos usuarios supera el 1300 por ciento. Esto es consecuencia de la quita de subsidios para todos sobre el cargo fijo, aunque en los sectores de ingresos medios y bajos no se aplica de una sola vez, pero sí en los meses subsiguientes. También se había dispuesto, ya la semana pasada, el aumento del precio del gas que se le reconoce a los productores (concesionarios de los yacimientos de los que se extrae) que osciló entre el 190 y el 220 por ciento.

El cargo fijo, que pagan todos los usuarios consuman o no gas en el período, con el aumento dispuesto alcanza, en los siguientes casos, los valores que se indican:

Cliente de Metrogas que pertenezcan a la categoría R1 y residan en CABA, $2.122,22. Si residen en el Gran Buenos Aires, $2.554,77. Los que corresponden a la categoría R3, pagarán entre $22.198,39 y $52.852,51 en CABA y en provincia, $28.722,14.
Clientes de Naturgy (ex Gas Natural BAN), $1.800,37 para aquellos catalogados en R1. En la categoría R3, entre $11.215,76 y $19.278,86. 

Si se compara con lo que vienen pagando los usuarios sin subsidio (Nivel 1), en Naturgy la suba llega hasta el 424,8% y en Metrogas se dispara hasta un 1369,8%.

Transporte y distribución

Enargas autorizó a las empresas transportistas (TGN y TGS) a quie apliquen un aumento de tarifas en sus servicios de 675 por ciento a partir del 1° de abril. «Dicho aumento conlleva la obligación de ejecutar durante 2024 un plan de inversiones obligatorias por la suma de $ 19.150 millones ajustables como se ajuste la tarifa, priorizando en obras de confiabilidad, seguridad y calidad del sistema de gasoductos», informó TGN a la Comisión Nacional de Valores.

Para las empresas de distribución, el aumento otorgado oscila en torno al 300 por ciento, aunque varía entre empresas, así como también el peso de este incremento según la categoría del cliente y la zona donde reciba la prestación.

La incidencia de cada tramo sobre la tarifa final oscila, en el caso del valor producto y el cargo fijo, en torno al 40 por ciento; el peso del valor de distribución está en el orden del 24 por ciento en promedio, y en el caso del transporte, suele representar en promedio el 12 por ciento de la factura. El resto se compone de otros cargos e impuestos.

De tal forma, siempre respetando las diferencias existentes entre diferentes zonas del país y las características propias de cada familia usuaria –nivel de ingresos y nivel de consumos–, se presume que el aumento de la tarifa final sería, en el mejor de los casos, del 250 al 270 por ciento sobre los valores que pagó en marzo. En el caso extremo, el tarifazo gasífero le podría suponer un incremento del 450 al 470 por ciento. Un ejemplo de esta última situación sería, por caso, el de un usuario de CABA, cliente de Metrogas de categoría 2.2, con un consumo de 600 a 800 metros cúbicos por año. Por el mes de marzo, ha bría recibido una factura de poco más de 4500 pesos, pero por el mes de abril recibirá la boleta por una suma total de 25.200 pesos: el aumento resultante es del 457 por ciento.

Finalmente, la otra novedad de los anuncios de este miércoles es que se comienza a aplicar, desde el mes próximo, una fórmula de ajuste o actualización de precios de manera mensual que se compone en un 49 por ciento del índice de variación salarial, 36,8 por ciento del índice de precios mayoristas y en 14,2 por ciento del índice del costo de la construcción. Con esas ponderaciones, cada mes irá variando el valor que cada usuario deberá pagar por el servicio.

Fuente: Pag 12

SC Johnson, que maneja el 90 por ciento del mercado, no produce más porque en su organigrama se terminó la temporada. Sorpresa en el sector comercial por la pasividad oficial en el pico del dengue. 

El pico del dengue en Argentina expuso con un éxito infrecuente el fracaso de la idea oficial de la efectividad de un Estado que no controla, no exige y deja cuestiones delicadas en manos del mercado. En este caso, además, hay una trágica coincidencia de visiones entre lo que hacen las empresas y lo que hace el Gobierno de Javier Milei con la lógica de corrimiento de lo público. Mientras el Ejecutivo no sólo niega la necesidad de aplicar la vacuna contra el dengue sino que además cree que aplicarla hoy no serviría porque no impactaría positivamente para frenar la enfermedad; la empresa que fabrica repelentes en el país deja al mercado sin provisión porque -según denuncian en el comercio- se pasó el pico de ventas y, de empezar a producir ahora, se quedaría con un enorme stock sin vender de cara a la temporada invernal. 

En el medio, ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Comercio Interior tomaron contacto con la empresa productora o los grandes puntos de venta para averiguar por qué no hay producto, dónde se podría conseguir más y si conviene o no abrir la importación de un bien que abunda hasta en los países limítrofes y que acá es prenda de especulaciones empresarias e inacción estatal. Es decir, no sólo en el peor momento de la epidemia de dengue hubo una disparada de precios de los repelentes por la liberación del mercado (casi 100 por ciento desde que llegó Milei), sino que se dio una situación de abandono de la ciudadanía que empieza en el corrimiento de Estado y sigue por la falta de controles del gobierno a los privados. 

«No falta producto porque hay muchas ventas, la empresa puede producir más, pero no lo hace porque no le interesa vender más repelente, ya pasó su temporada. Vende lo que tiene y el resto mala suerte, es una empresa que vende muchas otras cosas, no está interesada en vender más repelente del que hace por temporada», contó a Página I12 un importante líder supermercadista multinacional que viene revisando, como sus colegas, de dónde sacar variantes alternativas. La referencia es para la firma estadounidense SC Johnson, que produce en el país el 90 por ciento del total de repelentes y espirales, que se volvieron consumos vitales en plena curva alta de mosquitos. Es decir, es amo y señor de la góndola de prevención del dengue. Según su cronograma, si hoy se pusieran a producir, se quedarían con una cantidad importante de stock que deberían guardar hasta noviembre, mes en que retoma, según las empresas, la venta en volúmenes importantes. En pocas palabras, no les conviene fabricar más para vender sólo algunos hasta que el frío tenga impacto en el mosquito. 

Además, producir sus repelentes con las marcas OFF, Fuyí o Raid requiere la importación del DEET (Dietil-meta-toluamida), el principio activo del producto, que es lo único que se trae del exterior. Para producirlos nuevamente y a tiempo para cubrir la necesidad actual deberían importar en avión, cuando normalmente se hace vía barco en un proceso de comercio exterior que tarda semanas y es más económico. Hay que entender, cuentan los que conocen, que las empresas tienen tiempos de producción: en el caso de SC Johnson, los que siguen la operatoria diaria contaron a este medio que ya es el momento donde la producción se centra en el Lysoform, un desinfectante en aerosol que suele utilizarse mucho en la temporada otoño-invierno.

En el caso de los espirales, en tanto, son importados, en su mayoría, desde Indonesia. Lo único que se produce en el país es el envoltorio. Espirales no se consiguen ni se conseguirán en el corto plazo, porque según los comerciantes «se han vendido de manera récord» porque, a diferencia de los mata mosquitos en aerosol, duran más, son mucho más económicos y se pueden usar al aire libre. Para el Gobierno, en tanto, ni el repelente ni los espirales son un tema. 

Entre la mentira y la inacción

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación sobre la epidemia de dengue no sólo contuvo imprecisiones sobre las vacunas, sino más que nada dejó en claro que el objetivo de Milei es que el Estado se corra de la administración de la crisis sanitaria. Lo paradójico es que mientras ya se cuentan 130 fallecidos por la enfermedad, no funcionan las empresas y el Estado no las controla, ergo, el mosquito se mueve con libertad entre la inacción del Gobierno y de los que deben vender el único producto para protegerse. 

Este diario trató de contactarse con fuentes de SC Johnson para saber si, en este escenario, el Estado había intercendido para lograr un mejor abastecimiento, pero no obtuvo respuesta. Del lado del Gobierno aclaran que «la idea no es obligar a nadie a producir». Tampoco, admiten, se pidió la moderación en los precios que se pagan por los repelentes. Los supermercadistas pocas veces han visto semejante nivel de desentendimiento por parte del Estado: «ni un llamado recibimos, nada, ni siquiera preguntándonos cómo se podría hacer para conseguir repelente alternativo», conto una cadena pyme. 

A decir verdad, el Gobierno no está regulando el conflicto. Un ejemplo: el OFF no está en las góndolas de los hipermercados y tampoco en farmacias, pero sí aparece en muchos locales mayoristas. No son pocos los que aseguran que al salir de los canales convencionales de venta directa y redireccionar la mercadería a la intermediación, se favorece la venta en negro y la disposición arbitraria de precios. Eso es lo que hace que en comercios barriales un repelente, de encontrarse, se pague hasta 10 mil pesos, y lo mismo ocurre en vendedores de Mercado Libre. En contraposición, en las ciudades donde por cuestiones climáticas se consume menos, como Bariloche, se está vendiendo a entre 2500 y 3000 pesos. 

Fuente: Pag 12