Laura Puentes, Subsecretaria de Prevención y Protección Ciudadana, brindó detalles a FM La Única sobre la puesta en funcionamiento del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, recientemente creado por ordenanza en la última sesión del Concejo Deliberante.

Puentes explicó que el objetivo del Observatorio es mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana mediante el análisis de datos estadísticos y la generación de información. «El objetivo del Observatorio es planificar, trabajar y mejorar las políticas públicas orientadas a la prevención en materia de seguridad ciudadana», indicó.

El proyecto se enfoca en tres aspectos principales: el registro de la participación ciudadana, las situaciones relacionadas con la convivencia y el entrecruzamiento de datos. «Esto se basa en el análisis de datos estadísticos y la generación de información a través de distintos medios de recolección de datos», detalló Puentes.

La participación de las asociaciones vecinales es fundamental para el éxito del Observatorio. «Esto está pensado también como eje central, la participación ciudadana de los vecinos a través de las asociaciones vecinales», afirmó. Además, se destaca el trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, la policía comunitaria y otras entidades de seguridad.

Puentes también señaló que el Observatorio se encuentra en proceso de implementación. «Inicia con la ordenanza que fue aprobada y ya veníamos trabajando. Seguimos trabajando, hay que apuntar a la conformación de equipos y generar agendas de trabajos con las asociaciones vecinales», explicó.

El Observatorio de Seguridad Ciudadana busca mejorar la calidad de vida en los barrios a través de la participación comunitaria y el análisis detallado de datos.

 Los empleados del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) están lidiando con una gran incertidumbre tras la emisión de un decreto del gobierno nacional que ordena el cierre del organismo. En una FM La Única, Ian Rubey, trabajador del INADI, compartió detalles sobre la situación actual de los empleados y las consecuencias del cierre.

Rubey explicó que hasta ahora no han recibido información oficial sobre los despidos o la reubicación de los empleados. «Todavía no se nos informa absolutamente nada por correo oficial. Podemos seguir entrando a nuestros escritorios online donde manejamos los expedientes y hacemos las tramitaciones y todo», comentó Rubey. «Hasta que nadie nos diga lo contrario, seguiremos en nuestras labores».

El cierre del INADI ha generado una gran preocupación entre los empleados sobre su futuro laboral. Rubey expresó que es «realmente muy desesperante, por supuesto muy triste», y agregó que «no sabemos si las labores que hacemos y que seguimos haciendo respecto a los expedientes de las denuncias, etcétera, se reubicarán o no».

Rubey destacó que el cierre del INADI ha sido un proceso anunciado desde que el gobierno actual ganó las PASO. «Es el cierre más anunciado desde que ganaron las PASO el gobierno actual», afirmó. «Es una gran tortura y es de un gran cinismo y de una gran deshumanización por parte del gobierno actual».

A pesar de la incertidumbre, los empleados del INADI continúan con su trabajo diario. «Seguimos trabajando todos los días y haciendo lo que hacemos», dijo Rubey. «Seguimos generando movimiento en los expedientes y tramitando las causas por discriminación que lamentablemente siguen apareciendo y siguen existiendo».

El INADI ha sido un organismo clave en la lucha contra la discriminación en Argentina, y su cierre plantea interrogantes sobre el futuro de estas políticas. «La problemática de la discriminación no va a desaparecer, sino que daría la sensación que tendería justamente a profundizarse sobre la base de que no se contaría con una estructura sobre la cual poder canalizar las denuncias de este tipo de situaciones que se viven en la sociedad», explicó Rubey.

En cuanto a las acciones futuras, Rubey informó que «la seccional Puerto Madryn ha llamado a paro de movilización» para el día de mañana, 7 de agosto.

La situación de los empleados del INADI sigue siendo incierta, y la comunidad espera más información y una resolución que garantice la continuidad de las políticas antidiscriminatorias en el país.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una Jornada Nacional de Lucha el miércoles 7 de agosto, Día de San Cayetano, y se movilizará en todo el país contra la destrucción de los salarios y los puestos de empleo en el sector público en el marco de la marcha por el “Pan, Paz, Techo, Tierra y Trabajo”.

Entrevistado en FM La Única, Roberto Cabeda, Secretario General de ATE Seccional Madryn, expresó el apoyo total de la organización a esta jornada de lucha organizada a nivel nacional. La acción tiene como objetivo principal visibilizar los despidos y la precarización laboral, así como rechazar el regreso del impuesto al trabajo.

«La medida es en consonancia plena y absoluta. Es una jornada de lucha así está propuesto y tiene que ver con territorialmente para nosotros con despidos, nuevamente despidos bajas de compañeros y compañeras», afirmó Cabeda. Además, calificó como «vergonzoso» que diputados de origen sindical hayan votado a favor del impuesto al trabajo.

Cabeda también abordó la problemática de la precarización laboral que, según él, se está llevando a cabo a través de una nueva ley que facilita la contratación en condiciones precarias. «La nueva ley y la ley base es lo que avala es eso, en definitiva un monotributo, puede tener cinco monotributistas más precarizados en condiciones», señaló.

Respecto a las acciones locales que se tomarán en el marco de la jornada de lucha, Cabeda mencionó que se han estado discutiendo diversas formas de participación con los trabajadores. «Lo hemos estado discutiendo de llevar adelante un paro en expresión de esto», dijo. Además, subrayó la importancia de llevar el debate a los territorios y barrios, más allá de las redes sociales.

El secretario general de ATE Madryn también hizo hincapié en el impacto de los aumentos desproporcionados en las tarifas de servicios básicos como el gas, la electricidad y el transporte, especialmente en la Patagonia. «En la Patagonia hablar de gas es un servicio básico, y sin embargo hay una explosión de valores«, comentó Cabeda, resaltando que estas subas afectan severamente el presupuesto de los trabajadores.

Finalmente, Cabeda informó que el jueves continuarán las negociaciones paritarias para los auxiliares de la educación. «Estamos esperando la notificación, creeríamos que sí, el miércoles en principio por sí, el miércoles también hay una paritaria convencional», concluyó.

La justicia norteamericana encontró a Google culpable de prácticas monopólicas en el mercado de los buscadores. El fallo reabre el debate sobre el poder tecnológico, económico y de lobby que tienen las grandes corporaciones y de la dificultad para que ingresen competidores a sus nichos de mercado.

La jueza también citó a declarar a los padres de Loan y sus cinco hermanos. Secuestraron el celular del mayor de ellos.

Cuando Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en el naranjal cerca de la casa de su abuela Catalina, no estaba solo. Junto a él habían salido otros cinco niños acompañados por el tío de Loan, Antonio Benítez, la amiga de la familia, Mónica Millapi, y su esposo Daniel “Fierrito” Ramírez. Este lunes, por disposición de la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, cuatro de los cinco chicos que estuvieron ese día dieron testimonio en una nueva Cámara Gesell, con la idea de obtener más información sobre los últimos minutos del pequeño. El quinto no estuvo presente porque al momento se encuentra fuera de la provincia.

A 53 días de la desaparición del Loan, este lunes a las 11 horas se presentaron los niños para volver a dar su testimonio. Esta fue una decisión altamente cuestionada, ya que realizar por segunda vez una Cámara Gesell a niños está contraindicado por los expertos: se sostiene que ya perdieron espontaneidad porque estuvieron casi dos meses viendo televisión y escuchando lo que dice su familia. 

Sin embargo, desde hace una semana la jueza tiene en su poder el informe del Programa Nacional de Rescate y acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de personas (PRN) en el que señala que los chicos están aptos para realizar la Cámara Gesell sin inconvenientes. De este modo, y según establece el artículo 250 bis del Código Procesal Penal, los niños sólo pueden ser entrevistados por un psicólogo especialista, en un gabinete acondicionado con los elementos adecuados a su edad y etapa evolutiva.

Con respecto al quinto chico que no dará su testimonio debido a que está fuera de la jurisdicción de Corrientes, se libró un exhorto a la Justicia con competencia federal en la provincia donde estaría residiendo para disponer que el PRN intervenga y determine si está en condiciones de declarar. Así la diligencia, eventualmente, será delegada a la jurisdicción correspondiente o se hará por videoconferencia.

Para esta semana clave, la magistrada también citó a declarar María Noguera y José Peña, los padres de Loan, y a sus cinco hermanos: Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23) y César (21).

Además, se espera que declare la abuela, Catalina Peña, luego del peritaje que realizaron de su teléfono donde encontraron que el día de la desaparición de Loan, ella hizo 166 llamadas, de las cuales eliminó 34.

El celular de Cesar Peña

Por otra parte, este mismo lunes, integrantes del Juzgado Federal de Goya secuestraron el teléfono del hermano mayor de Loan, César Peña, en búsqueda de información que creen puede ser valiosa para el caso. 

El teléfono fue enviado a Buenos Aires, donde será analizado por el novedoso sistema UFED de la Gendarmería, que realizará un análisis de los mensajes, llamadas y las galerías de fotos del dispositivo.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que el joven en todo momento acusó a su tía Laudelina. Él no estuvo presente en el almuerzo realizado en la casa de la abuela, pero la Justicia supo que César y una de las hijas de la mujer, de 14 años, mantuvieron varias conversaciones después de la desaparición del pequeño. En esos mensajes, preguntaba por el estado de Loan y cómo la estaba pasando, a lo que la hija de Laudelina respondió con una foto del niño durante el almuerzo de aquel 13 de junio.

Sin embargo, esta conversación no aparece en el celular de César, ya que borró los mensajes y se estima que le habría pedido a su prima que haga lo mismo. Frente a estos escenarios, la jueza Pozzer Penzo quiere tomar conocimiento sobre qué hablaron aquel día y de los mensajes que se enviaron.

Otros datos que alertan a los investigadores es que el hermano de Loan tiene dos líneas de celular activas y que su prima lo tenía bloqueado, pero lo desbloqueó solo para esta comunicación.

Tanto César Peña como la adolescente de 14 años están citados a declarar como testigos en la investigación de la desaparición de Loan, debido a la relevancia de la fotografía en el caso.

La lancha de Caillava

La familia de Victoria Caillava, la funcionaria de 9 de Julio detenida por la desaparición de Loan, pidió permiso a la Justicia para vender una lancha de su propiedad que había sido secuestrada y peritada en el marco de la investigación.

La solicitud llegó a través de su abogado, Ernesto Tito González, en la cual consulta la posibilidad de vender la lancha que le pertenece para cubrir gastos. En el documento presentado a la Justicia se leen los argumentos del letrado: “María  Victoria Caillava es propietaria de la embarcación y desea venderla para cubrir gastos personales y de su familia. Esta circunstancia surge por encontrarse imposibilitada de concurrir a su trabajo y por lo tanto no cuenta con ingreso alguno desde su detención desde el día 21 de junio de 2024″.

La víctima murió a causa de tres heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Osvaldo y Cecilia consideran que «el chofer no tiene nada que ver».