Rosario/12
El Gobierno de Santa Fe puso en funcionamiento ayer el uso de uniformes de color naranja para 60 presos clasificados como de alto perfil Nivel 1, “aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales”, dijo durante una rueda de prensa la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Lucía Masneri, para quien la identificación permitirá mejorar las condiciones de vigilancia de los internos. Asociaciones vinculadas al derecho penal cuestionaron ante Rosario/12 el modo arbitrario en que el Servicio Penitenciario establece las calificaciones y la ausencia de una instancia de revisión judicial, así como su posible efecto contraproducente al otorgarles “más ‘chapa’ a ciertos presos, reforzando su identidad delictiva en lugar de promover su rehabilitación”.
Masneri brindó ayer en rueda de prensa detalles de la medida, establecida en la Resolución 008/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, luego de que la Legislatura provincial aprobara en diciembre pasado modificaciones a la Ley de Ejecución Penal N°14.243, que comenzó a regir al mes siguiente.
La funcionaria consideró que “esto es un antes y un después en la seguridad carcelaria de Santa Fe” porque, destacó, “viene no sólo a acomodar lo que desde un primer momento decíamos que estaba muy desprolijo, sino además a definir un criterio de seguridad, definitivo y por encima de otros criterios o estándares”.
Masneri también dijo que “hoy se ponen en funcionamiento los uniformes para la primera tanda de internos que considerábamos más urgentes, es decir, los internos de alto perfil Nivel 1, aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe”.
Aseguró que esos detenidos “son los que más daño pueden causar en la sociedad santafesina, y por eso son considerados los de más peligrosidad y de los que más visibilidad necesitamos tener”.
Sobre el uso del uniforme color naranja, la secretaria de Asuntos Penales explicó: “Hemos elegido un color llamativo, que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes: no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, o un verde, que son representativos de nuestras fuerzas de seguridad, sino que elegimos algo que favorece la posibilidad de identificación”.
Así, según Masneri, se podrá “ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciario (SP), y con eso poder controlar no sólo cualquier circulación no permitida, sino cualquier intento de fuga”.
En la primera tanda de implementación de la resolución, los uniformes serán destinados a 60 presos, aunque se adquirieron 72 previendo el crecimiento de esa población carcelaria.
Sus familiares no podrán utilizar prendas de ese color para ingresar a visitarlos a las Unidades Penitenciarias, y los reclusos tendrán prohibido dejar sus celdas sin la indumentaria prevista.
Consultada sobre la posible decisión de un interno de no vestirse con esa ropa, la funcionaria explicó que “si no quiere usar el uniforme y su vida no depende de esa salida, no accederá a la actividad que debía realizar, ya sea videoconferencia, visita. Esa es la regla: se sale del pabellón con uniforme o no se sale”.
Como la indumentaria será provista por el Estado, “si rompen el uniforme, será considerado como un daño a un bien del Estado. Es lo mismo romper un uniforme que una reja y o una pared. Constituye un delito, una falta y tiene una consecuencia económica porque los uniformes se compraron y hay que reponerlos”, dijo Masneri.
Arbitrario y sin control
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, dijo a este diario que “más allá de todo el marketing político” que rodea a la medida, “todas las normas internacionales prevén la clasificación de internos y no hay ninguna que en forma expresa diga que no se los puede vestir con un traje de tal color”. Sin embargo, cree que sí es cuestionable el modo en que el Servicio Penitenciario realiza la clasificación de los reclusos, de acuerdo a su peligrosidad.
“La discusión pasa por la clasificación de alto perfil: quién clasifica, cómo y por qué”, dijo, para agregar que el SP “te clasifica por la mera imputación que te hace la Fiscalía, que está sujeta a revisión, a audiencia, y sobre la que luego se puede dictar falta de mérito, sobreseimiento o se lo puede condenar al detenido por otra calificación, y se la pasó como alto perfil”.
“Para nosotros tiene que existir la posibilidad del defensor de discutir la categoría, o que se la pongan luego de una sentencia definitiva”, abundó el presidente de la Asociación. Para Nanni, la inexistencia de una instancia de revisión de la medida y su determinación arbitraria por parte del SP sí comprenden un cuestionamiento válido.
“Por ahí pasa la gran discusión –dijo el abogado–, que se dé la posibilidad a los defensores de que, una vez realizada la calificación, si hay algún tipo de discrepancia, poder llamar a una audiencia y que venga la autoridad penitenciaria y se discuta eso”.
“Demagógica e ineficaz”
El miembro de la Asociación Pensamiento Penal de Santa Fe, Kevin Nielsen, dijo sobre la puesta en marcha de la medida que “aunque está contemplado en la nueva Ley de Ejecución Penal de Santa Fe, esta medida es demagógica e ineficaz, ya que solo contribuye a la estigmatización y segregación de una categoría de presos que podrían ser controlados de otras formas”.
El abogado penalista agregó a este diario que “esta práctica no hace más que profundizar la desvalorización e internalización de estereotipos negativos, lo que, a su vez, perpetuará la percepción de irrecuperabilidad en un grupo de presos, el cual a su vez es cada vez más amplio y ambiguo”.
De todos modos, para Nielsen “si el Servicio Penitenciario argumentara que necesita diferenciar visualmente a los presos para controlar a aquellos que son altamente violentos en contextos de encierro, la medida podría parecer razonable”.
“Sin embargo –siguió–, esa no es la realidad de nuestras cárceles. Paradójicamente, estas medidas efectistas que intentan importar soluciones sin considerar el contexto local, solo dan más ‘chapa’ a ciertos presos, reforzando su identidad delictiva en lugar de promover su rehabilitación, al tiempo que fortalece la percepción de imprescindibilidad que tiene un sistema penitenciario cada vez más vetusto”.
Fuente: pag12
