El ataque sistemático del Gobierno a las políticas para prevenir la violencia contra mujeres y diversidades tuvo un impacto drástico: la cantidad de víctimas asistidas en organismos públicos se redujo abruptamente desde que asumió la presidencia Javier Milei. De más de 43 mil afectadas asistidas en el segundo trimestre de 2023 se pasó a apenas 4.550 en el mismo período de 2024: una caída del 89,6 por ciento, de acuerdo a las estadísticas oficiales del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, un registro administrativo donde se cargan los casos atendidos en instituciones del Estado nacional, provincial, y municipal. Esta tendencia coincide con la caída significativa en el número de mujeres y LBTIQ+ incorporadas al Programa Acompañar, que determinaba año tras año el mayor volumen de casos registrados en el sistema. Es decir, miles de mujeres afectadas por la violencia machista no están recibiendo atención. La principal política de gobierno es la negación del problema. Se sabe que así no se previene. En paralelo, cayeron las llamadas al 144, la principal línea gratuita de asesoramiento. Los datos surgen del Informe “¿Libradas a su suerte?”, un relevamiento sobre el estado de situación de políticas públicas contra las violencias por motivos de género a nivel nacional, realizado por el Equipo Latinaomericano de Justicia y Género, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por primera vez desde la década del 80 del Siglo XX, esta conmemoración encuentra al país sin un organismo rector a nivel nacional en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres y LGBTI+.
“Cuando el discurso público dominante niega la violencia por razones de género, desacredita las políticas que se habían implementado para acompañar a las mujeres frente a situaciones de violencia y se desfinancian los espacios de atención con el argumento de su falta de profesionalismo, es fácil imaginar el impacto que esto puede tener en una mujer que está atravesando esa situación de crisis”, señaló a Página 12, la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.
Los datos en Argentina y en el mundo muestran, desde hace décadas, que las mujeres que buscan ayuda frente a situaciones de violencia son muchas menos que las que lo sufren. Aún cuando sus vidas están en riesgo: menos del 25 por ciento de las víctimas de femicidio en 2023 habían denunciado a su victimario, de acuerdo con el registro de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando más del 60 por ciento fue asesinada por una pareja actual o anterior. Y los estudios muestran que el ataque mortal es el final de una seguidilla de manifestaciones de violencia.
“Para decidir buscar ayuda, además de atravesar muchísimos obstáculos materiales y subjetivos, las mujeres tienen que poder creer que las instituciones estarán allí para asistirlas, para contenerlas, para creer en su palabra y ayudarles a encontrar un camino. ¿Cómo sostener esa convicción en medio de un discurso público tan agresivo y regresivo?”, se preguntó Gherardi.
La disminución en la cantidad de llamadas a la Línea de asistencia 144 se tiene que leer en ese contexto: “No resulta claro que el Estado todavía tiene servicios disponibles adecuados”, observó Gheradi. Por otra parte, indicó que la Línea 144 brinda un primer asesoramiento pero lo más importante es que se debe contar con espacios de referencia locales para que la mujer pueda concurrir: “¿Esos espacios siguen existiendo? ¿Tienen herramientas para brindar ese acompañamiento? Todo esto es parte de una incertidumbre que embarga a las mujeres y también a las instituciones locales y provinciales que deben asistirlas. En ese contexto, que bajen las denuncias o los pedidos de asistencia no es sorprendente. Tampoco sorprende que el Estado nacional no pueda leer estos datos en su real dimensión como quedó claro en la audiencia celebrada ante la CIDH días atrás”, agregó la directora ejecutiva de ELA.
En esa audiencia, ONGs especializadas en derechos de las mujeres, entre ellas ELA y Mujeres x Mujeres, denunciaron el desmantelamiento de los dispositivos para asistir a víctimas de violencia y el vaciamiento de políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Menos mujeres denuncian en la justicia
Mientras el Gobierno niega la existencia de la violencia por razones de género, los femicidios no cesan. Este año, del 1 de enero al 20 de noviembre, el Observatorio de Mumalá «Mujeres, Disidencias, Derechos», registró 212 femicidios: 1 cada 37 horas. Del informe de la entidad surge otro dato preocupante: apenas un 12 por ciento de las víctimas había hecho previamente denuncias contra sus agresores. Es la cifra más baja registrada en los últimos cinco años. En 2023 fue el 23 por ciento, en 2022 el 16 por ciento, en 2021 el 21por ciento, en 2020 el 17 por ciento y el 18por ciento en 2019.
“Este dato expresa la profunda desprotección de las víctimas por parte del Estado: no se gestaron herramientas que favorezcan las denuncias, se eliminaron políticas de prevención, se precarizó la Línea 144, entre otros programas. Las mujeres y LGBTIQ+ se encuentran expuestas a un mayor riesgo sobre todo cuando se legitiman discursos de odio de género que naturalizan las violencias”, consideró Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá.
El Observatorio de Mumalá contabilizó 154 Femicidios directos; 8 trans/travesticidios; 3 lesbicidios; 17 feminicidios por narcotráfico/crimen organizado; 7 suicidios feminicidas. Y 526 Intentos de femicidios a lo largo del año. La edad promedio de las víctimas es de 36 años. La violencia de género no sólo afecta a las mujeres, sino también a sus familias. En 2024, 192 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos a causa de un femicidio. En la mayoría de los casos, el agresor fue la pareja o ex pareja de la víctima
Las personas LGTTB+ son las más olvidadas
En junio, el Gobierno eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el único organismo que quedaba a cargo de las políticas de igualdad de género. Sus competencias quedaron fragmentadas en distintas áreas del Ministerio de Justicia. Pero se sumó otro problema que muestra la falta de interés por dar respuestas a las víctimas: en muchos casos ni siquiera se designaron autoridades. Hasta octubre estaban acéfalas las siguientes dependencias, de acuerdo con el informe de ELA:
–Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y acceso a la justicia.
–Dirección de Fortalecimiento para el acompañamiento a las víctimas.
–Coordinación de Atención Inmediata.
–Coordinación de Seguimiento de casos y bases de datos.
–Dirección de Promoción para el acceso a la justicia.
–Coordinación de Dispositivos Territoriales.
–Coordinación de Patrocinio Jurídico.
–Dirección Nacional de Coordinación estratégica y planificación federal.
–Dirección Nacional de Asistencia a personas víctimas de violencia institucional.
–Dirección de Promoción de políticas específicas de igualdad y no discriminación.
–Dirección Nacional de Promoción, prevención y formación.
De 23 programas específicos que desarrollaba el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para atender la problemática de la violencia de género, quedaron funcionando, según el Gobierno, 12. Sin embargo, ni siquiera están garantizados por el escaso personal o la no ejecución presupuestaria. En algunos casos, no se llevó adelante ninguna acción concreta, como en el caso de la Ley Micaela: en todo el año el Gobierno no brindó ni una capacitación aunque la legislación lo obliga.
El relevamiento de ELA muestra también que si bien la caída de personas asistidas en dispositivos estatales por violencia de género “fue severa” a nivel general, fue aún más marcada entre las personas LGBTIQ+. Lo que refleja “la virtual desaparición de políticas de diversidad por parte de la institucionalidad de género a nivel nacional”. De 3.820 personas LGBTIQ+ atendidas en el segundo trimestre de 2023 se pasó a tan solo 156 en el mismo período de 2024: un 96 por ciento menos que el año anterior. Entre las integrantes de pueblos indígenas asistidas se registró una caída similar: de 793 que recibieron algún tipo de asistencia por situaciones de violencia de género de abril a junio de 2023 se pasó a solamente 32 en el segundo trimestre de este año.
¿Qué pasó con el Acompañar?
El Programa Acompañar, a través del cual víctimas de violencia de género recibían por seis meses un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil y el acompañamiento psicosocial de equipos especializados en áreas municipales, fue desfinanciado. Era la principal política de prevención del ex Ministerio de Mujeres. En el primer semestre del 2024, se observó una caída del 82 por ciento de la ejecución presupuestaria real interanual en comparación con el mismo periodo del año 2023. Y el programa no figura en el Proyecto de Presupuesto 2025. Desde mitad de año, el Gobierno además puso una traba para acceder al beneficio: sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.
“En un contexto donde el Estado reduce las políticas públicas de protección y asistencia a las mujeres y LGTBIQ+ es aún más grave forzarlas a denunciar, dado que aumenta el riesgo que ellas enfrentan”, advierte ELA.
De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024, sólo se realizaron 434. “Ello pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462 solicitudes de personas en situación de violencia para ingresar al Programa Acompañar”, advierte ELA. Entre las solicitudes enviadas por dispositivos municipales o provinciales, el 54,4 por ciento de las mujeres se encontraba con el máximo nivel de riesgo. Las cifras oficiales muestran que la cantidad de asistidas sufrió una reducción drástica, al pasar de 34.023 en el primer trimestre del 2023 a 434 en el primer trimestre del 2024: 98,72 por ciento menos.
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