En diciembre, se registró una suba de 2,8% interanual

La producción nacional de vehículos cayó 17,1% en 2024, respecto del año anterior, de acuerdo con el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

En diciembre, la producción nacional de vehículos fue de 38.018 unidades, 29,2% menos que el volumen de noviembre anterior, y 2,8% más que diciembre de 2023. 

En el acumulado de enero a diciembre, el sector produjo 506.571 vehículos de pasajeros y utilitarios, con lo cual registró una baja de 17,1% respecto del volumen que se fabricó en el mismo período del 2023 (610.715).

En diciembre, las terminales automotrices exportaron 26.667 vehículos, un 17,3% menos respecto del mes anterior y aumentó 22,3% respecto del desempeño de diciembre de 2023.

El sector comercializó a la red de concesionarios 49.462 unidades en diciembre, 23,3% más que noviembre y fue 97,3% superior en comparación al mismo mes de 2023.

Con 13 días hábiles de actividad -siete menos que en su comparación intermensual-, las terminales automotrices produjeron 38.018 unidades, un 29,2% menos que los registros de noviembre anterior y un 2,8% más respecto de diciembre del año pasado cuando se fabricaron 36.973 unidades.

Entre enero y diciembre, las terminales exportaron 314.735 unidades, un 3,4% menos respecto de las 325.894 unidades que se enviaron a diversos mercados durante el 2023.  

«Concluimos un año desafiante que enfrentamos de manera favorable a partir del trabajo en conjunto con la cadena de valor y el Gobierno, con medidas concretas para la mejora de competitividad como fue la eliminación del impuesto PAIS o el Decreto de no pago de retenciones sobre las exportaciones incrementales, lo que generó un nuevo escenario más positivo que el inicialmente proyectado», señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA. 

Dijo que «estas medidas junto a nuevas inversiones así como el anuncio de otras para los años venideros por más de USD1.700 millones, y las mejoras de productividad en las plantas, permitieron al sector cerrar el año con resultados superiores a los previstos».

«Con relación a los datos de diciembre, se registró un crecimiento interanual considerable en todas las variables -producción, exportaciones y ventas mayoristas- destacándose el crecimiento de las exportaciones del 22%, ratificando el modelo de negocios sustentable a largo plazo, al reafirmar el perfil productivo exportador del sector”, agregó.

ADEFA remarcó también el aumento de las ventas mayoristas, superando los volúmenes del año anterior impulsado por la mejora de la oferta y el acceso al crédito.

«Con una estrategia y agenda definida, las proyecciones iniciales para 2025 se presentan de manera favorable», destacó.

Según el presidente de ADEFA, todos los indicadores clave muestran un crecimiento en comparación con 2024 del orden del 10% al 15% y este panorama positivo podría verse fortalecido gracias a las medidas en curso.

En ventas mayoristas, las automotrices comercializaron a la red de concesionarios 49.462 unidades en diciembre, un 23,3% por sobre el volumen del mes anterior y registró un incremento de 97,3% frente a las entregas de diciembre del año anterior.

Entre enero y diciembre, el sector comercializó a su red un total de 411.406 unidades, un 1,1% más en su comparación con las 406.940 unidades que se entregaron en el mismo período del 2023.

Fuente noticias arg

En 2024, la balanza bilateral con Brasil terminó con un rojo de US$308 millones

El déficit bilateral en el comercio con Brasil se amplificará en 2025 y probablemente supere los US$3.000 millones, de acuerdo con proyecciones de la consultora Abeceb.

«Para 2025 esperamos que el déficit bilateral se amplifique significativamente y que probablemente supere los US$3.000 millones», indicó Abeceb. 

Estimó que el año próximo las importaciones provenientes de Brasil difícilmente crezcan menos de 30% (a US$18.500 millones como piso) y exportaciones subirán pero a menor ritmo (+12% a cerca de US$15.500 millones).

La consultora proyectó que la recuperación de la actividad, el consumo y la inversión en la Argentina será un factor crucial en el  aumento del déficit comercial bilateral.

«Siempre estructuralmente somos deficitarios con Brasil y es de esperar que un rebote importante de las importaciones en general y del país vecino en particular, en un contexto de eliminación del impuesto país y un peso argentino que se ha apreciado  significativamente frente al real brasileño», detalló.

Las tensiones de origen fiscal en Brasil que están llevando a un fuerte debilitamiento de la moneda brasileña podría exacerbar aún más el aumento del déficit comercial bilateral. 

La depreciación del real brasileño juega a favor de un saldo comercial más favorable a Brasil al aumentar la competitividad brasileña.

En 2024, la balanza bilateral con Brasil terminó con un rojo de US$308 millones, que marca una mejora sustancial si se lo compara con el déficit de US$4.714 millones acumulado en 2023. 

Por su parte, en diciembre, Argentina registró un leve déficit con Brasil de US$52 millones, la sexta cifra negativa en el año.

La reducción del déficit se explica principalmente por una caída de los valores importados en US$2.821 millones a US$13.891 millones (-16,9% vs 2023), mientras que las exportaciones contribuyeron con una suba de US$1.585 millones (+13,2%). 

Fuente noticias arg

La cámara del sector publicó datos claves sobre cómo están conformados los precios de la economía.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) advirtió que el debate sobre si el dólar está barato en la Argentina debe “cambiar de enfoque”.

La entidad que agrupa a las grandes cadenas se pronunció en el debate acerca de la política cambiaria y de los pedidos de amplios sectores de “nivelar la cancha” para permitir a las empresas locales competir en un contexto de “dólar barato”.

En un comunicado titulado “¿Dólar barato o impuestos caros en Argentina?”, la Cámara que agrupa a grandes distribuidores e hipermercados con presencia en distintas localidades y provincias del país como Makro, Yaguar, Maxiconsumo y Maxiofertas, dijo que “más allá del tipo de cambio, el problema principal radica en la carga impositiva que enfrentan los consumidores”. 

«Desde la salida de fábrica hasta la venta al consumidor final, los impuestos en cascada representan casi el 49% del precio de los productos”, señalaron.

El comunicado enumera en detalle la carga impositiva, que se compone del siguiente modo desde salida de fábrica:

En el proceso de fabricación

•             21% de IVA.

•             1,5% de ingresos brutos.

•             1,2% de tasa de seguridad e higiene.

•             1,2% de impuesto al cheque.

En la etapa mayorista:

•             5,5% de ingresos brutos.

•             1,2% de impuesto al cheque.

•             Tasa de seguridad e higiene (según el municipio).

En la etapa minorista:

•             1,2% de impuesto al cheque nuevamente.

•             Tasas municipales de seguridad e higiene (de hasta un 6%).

•             5,5% de ingresos brutos nuevamente.

En total, calculó la agrupación de distribuidores y autoservicios mayoristas, donde suelen abastecerse muchos de los locales y almacenes “de proximidad” en los que compran buena parte de la población, “de cada $1.000, $490 son impuestos” (esto es, el 49%).

“Este peso impositivo no solo encarece los productos, sino que también afecta la competitividad del país frente a sus vecinos, quienes tienen una carga fiscal significativamente menor”, dice el comunicado.

La Cámara reconoce y elogia como “un paso adelante” la medida del gobierno que desde el 1 de enero exige que los tickets reflejen los impuestos nacionales en cada compra.

“Este avance hacia la transparencia es fundamental, pero aún hay un paso más por dar. Es imprescindible que las provincias adhieran a esta ley para que también se reflejen los impuestos provinciales y municipales”, dice al respecto la Cadam. 

Y explica que “si no se hace, no se puede conocer cuánto se pagas en ingresos brutos, tasas municipales u otros impuestos locales. Esto invisibiliza una parte crucial de los costos y limita la capacidad de los consumidores de entender realmente cuánto están pagando en tributos”.

Señalan que “cada vez que sube el tipo de cambio -afirman- los precios, los servicios y los salarios se ajustan y volvemos al punto de partida, atrapados en un ciclo sin fin. La verdadera solución pasa por simplificar y reducir los impuestos en cada eslabón de la cadena de valor y garantizar que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente”.

Por eso, concluye el comunicado, piden “más transparencia y una reforma profunda. Conocer exactamente cuánto de nuestro dinero va a impuestos es el primer paso para repensar un sistema que debe ser más justo y eficiente para todos”.

Además de los distribuidores y autoservicios mayoristas, también las cadenas de supermercados se quejan de la proliferación y el alto nivel de las tasas municipales, en particular en localidades del conurbano bonaerense.

La polémica por las tasas municipales llegó a la Justicia luego de que tres supermercados reaccionaron ante la fuerte suba en el municipio de Lanús, cuyo intendente, el camporista Julián Álvarez, en septiembre pasado aumentó la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de 2,3% a 6% para las grandes cadenas, afectando a Coto, Changomás y Vea, que trasladaron ese incremento a los consumidores, además de plantear reclamos judiciales.

Fuente noticias arg

La Fiscalía acusó a la enfermera por los homicidios y sostuvo que hubo un plan para encubrir los hechos. Entre los acusados está el exministro de Salud provincial. Qué dijeron defensores y querellantes.

El juicio por la muerte de cinco bebés y los intentos de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba empezó con la enfermera Brenda Agüero como la principal acusada. La mujer, que permanece detenida desde agosto de 2022, tuvo una crisis de llanto antes del inicio de la audiencia. El juicio por el caso sin precedentes de asesinatos seriales de bebés conmociona a la provincia.

Además de la enfermera hay otros diez imputados, entre ellos la exdirectora del hospital, Liliana Asís, quien está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública. El exministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo también enfrenta cargos por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público. La lista se completa con otros funcionarios del Ministerio y personal del hospital.

La Fiscalía inició su acusación con una frase lapidaria: “Terror infantil, horror infantil”, dijo una de sus integrantes. “Vamos a acreditar que una enfermera, Brenda Agüero es la responsable. Esta es una historia real de terror. La licenciada Brenda Agüero es quien llevó a cabo estos homicidios. Brenda Agüero mató a esos bebés e intentó hacerlo con otros”, agregó.

La postura de la Fiscalía es demostrar no solo la intención de la enfermera de matar a los bebés que fallecieron sino el intento de asesinato de los que sobrevivieron.

La abogada Ana Pagliano, quien representa a los bebés que sobrevivieron, aseguró que «vamos a demostrar que los hechos fueron 13 ataques criminales contra 13 personas recién nacidas que gozaban de excelente salud protagonizados por la acusada. Pero también vamos a demostrar la responsabilidad de los funcionarios que sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada«.

También tuvieron su tiempo las querellas de los bebés fallecidos. Carlo Nayi expresó que “la Justicia de Córdoba tiene una oportunidad histórica. Esto es una cadena de atrocidades, de asesinato de niños en un centro de salud”. “Los mató uno a uno. Lo hizo bajo una modalidad serial, un lobo estepario convertido en una asesina en un hospital público provincial”, señaló.

Otra de las querellantes, Daniela Morales Leanza, agregó que «los testimonios van a demostrar que Brenda Agüero asesinó a esos bebés e intentó hacerlo con otros que sobrevivieron”. “La tremenda violencia institucional que llevó a cabo el Ministerio de Salud con las madres de esos niños también va a ser parte de este juicio”, destacó.

Por su parte, Gustavo Nievas, el defensor de la enfermera, sostuvo que su representada es «inocente». Nievas cuestionó la investigación de la causa y adujo que fue sesgada por el contexto político en la provincia, cuyo entonces gobernador, Juan Schiaretti, era candidato a presidente.

Además, en la jornada de ayer, el resto de los defensores tuvieron su tiempo para adelantar su postura en el juicio: en todos lo casos alegaron la inocencia del defendido.

Germán Matheu, el abogado del exministro de Salud provincial sostuvo que “las únicas víctimas que hay son los padres, las madres y los niños». “La hipótesis que plantea la acusación es que todos los funcionarios se pusieron de acuerdo o coordinaron el encubrimiento de una persona que estaba matando bebés dentro de un hospital”, dijo. Y aseguró que “vamos a probarle a la sociedad que Diego Cardozo no tiene ninguna responsabilidad en el supuesto encubrimiento”, agregó. Dijo que su defendido desconocía lo que pasaba en el hospital. “No se puede encubrir algo que no se conoce”, concluyó.

El caso

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y junio de 2022, cuando cinco recién nacidos murieron repentinamente sin haber presentado complicaciones previas. En el mismo período, otros ocho bebés sufrieron cuadros graves de hiperpotasemia, pero lograron recuperarse. Los peritajes determinaron que habían recibido dosis letales de potasio u otras sustancias que no formaban parte de los tratamientos indicados.

La investigación apuntó a Brenda Agüero, quien trabajaba en el área de Obstetricia del hospital, como responsable de estas acciones. Según la fiscalía, la enfermera administró intencionalmente las sustancias que provocaron los desenlaces fatales y puso en riesgo la vida de otros recién nacidos. Además de los cargos por «homicidio calificado por procedimiento insidioso», Agüero enfrenta acusaciones por «tentativa de homicidio» en los casos de los bebés que sobrevivieron.

Brenda Agüero llegó a los tribunales por la mañana acompañada por su abogado, Gustavo Nievas. Antes del inicio de la audiencia, tuvo una crisis de llanto que quedó registrada en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la acusada se toma el pecho y recibe un vaso de agua por parte de su defensor, quien sostiene que su clienta es inocente.

El proceso judicial se desarrolla en Tribunales II, en la ciudad de Córdoba, con la participación de los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini y un jurado popular compuesto por ocho titulares y 12 suplentes. Ayer mismo, uno de los titulares debió ser reemplazado porque padece dengue.

El juicio es considerado uno de los más relevantes de la provincia por la cantidad de imputados y por la aplicación del sistema de jurado popular. La expectativa está puesta en que el proceso permita esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias de las víctimas. Se espera que dure unos seis meses y declaren más de 280 testigos. 

Fuente pag12

Según el oficialismo, habrían descubierto una red de 50 intocables para el fisco. Sin embargo, era al revés: el macrismo había armado un sistema de hostigamiento fiscal para empresarios y dirigentes opositores.

El Gobierno puso en marcha este lunes una insólita operación mediática para instalar que en 2016, en la AFIP, el kirchnerismo tejió una red para proteger a 50 empresas vinculadas a dirigentes y empresarios supuestamente relacionados con el peronismo. Como es obvio, en 2016 ni el kirchnerismo ni el peronismo tenían el menor poder en la AFIP ya que gobernaba Mauricio Macri. Lo ocurrido fue todo lo contrario: el macrismo elaboró una lista de 50 empresas que debían ser perseguidas y, en lo posible, aniquiladas. Página/12 ya había denunciado esa trama en su edición del 15 de diciembre de 2020 cuando las propias autoridades de la AFIP, en ese momento encabezadas por Mercedes Marcó del Pont se presentaron a la justicia para señalar que en el macrismo se había armado una sistemática persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y numerosos empresarios para llevar adelante un “hostigamiento fiscal”. 

En esa denuncia se reveló que el macrismo puso a trabajar equipos especiales a los que les pusieron el siniestro nombre de “grupos de tareas”, que entraban de forma irregular al sistema para armar carpetas contra esos dirigentes y empresas. Todo se hizo pasando por encima de las leyes y normas que rigen la actuación de la AFIP: por ejemplo, se vulneró la neutralidad obligatoria del órgano recaudador, no se notificaba a los contribuyentes investigados, se hicieron cálculos falsos, se ingresó irregularmente al sistema, se violó el secreto fiscal. 

En la operación iniciada ayer por el gobierno de Javier Milei se menciona que la AFIP protegía a las empresas de Lázaro Báez, otras constructoras que concretaron obras públicas, los hermanos Ciccone, dueños de la conocida imprenta; Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, los hoteles de esa familia en las sociedades Hotesur y Los Sauces; Oil Combustibles, Electroingeniería y hasta Alejandro Vandenbroele que declaró contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Según lo que hizo trascender la Casa Rosada, la red de protección dentro de la AFIP se armó en 2016.

La realidad fue toda la contraria. En 2020 se realizaron dos auditorías respecto de la actuación de la AFIP durante el macrismo. Como se sabe, Macri asumió en 2015 y dejó el poder en 2019, de manera que manejaba la agencia de recaudación en 2016 -cuando se armo la supuesta red de protección- y en todos esos años estuvieron a la cabeza Alberto Abad y Leandro Cuccioli, de extrema confianza del PRO. O sea, ni el kirchnerismo ni el peronismo pudieron haber armado nada en 2016. Y quien sí armó fue ese team Macri, pero no para proteger sino para perseguir a ese listado de empresas, dirigentes y empresarios.

La denuncia de Marcó Del Pont es una prueba categórica. Se hizo en base a las auditorías y fue demoledora:

• Los funcionarios de la AFIP durante el macrismo no actuaron con el deber ético de la neutralidad. Se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma de trato igualitario a todos los contribuyentes.
• Cuando se iniciaron las determinaciones sobre la cuestión fiscal de la familia Kirchner ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenía, cuando pudieron hasta haberle enviado notificaciones al Senado. Lo evitaron para actuar clandestinamente.
• La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. “Al no notificar, incumplieron con el debido proceso”, determinó la Auditoría.
• Se armaron equipos específicos, con funcionarios que estuvieran alineados con el macrismo, para trabajar en la persecución. El objetivo fue perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP. A esos equipos los llamaron grupos de tareas, como se denominaba durante la dictadura a las patotas de represores que salían a cazar a militantes opositores al régimen militar instalado en 1976.
• Se estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos de la AFIP, con maniobras irregulares y violación del secreto fiscal.

A esta denuncia de la AFIP deben sumarse los elementos que fueron surgiendo con el correr del tiempo: la mesa judicial, que funcionó en la Casa Rosada, usó a la AFIP como instrumento de persecución, así como lo hizo con la SIDE (entonces se denominaba AFI, Agencia Federal de Inteligencia) y la trama de la justicia federal, con sede en Comodoro Py, que de inmediato armaba causas y expedientes. 

Es evidente, entonces, que el listado de empresas que ahora dice haber descubierto ARCA, el nuevo nombre de la AFIP, fue para perseguir y no para proteger. De hecho, la ofensiva contra buena parte de los empresarios nombrados llevó a varios a la detención en el penal de Ezeiza. Y cuando se menciona que «la protección continuó» durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia se derrumba por sí misma: las empresas, hostigadas durante el macrismo, prácticamente no funcionaban y la gran mayoría estaba intervenida por la justicia. 

Fuente pag12

Por el impacto de paritarias, alquileres e insumos

Los costos logísticos aumentaron 1,7% en diciembre, impulsado por los aumentos en alquileres, insumos y paritarias, de acuerdo con un informe de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL).

El Índice de Costos Logísticos Nacionales aumentó 1,7% en diciembre al reflejar el impacto del primer tramo de paritarias (2,2%). 

Asimismo, hubo aumentos en pallets (5,91%), alquileres (4,08%),  dólar (2,09%), comunicaciones (1,54%) y el índice de precios mayoristas (IPIM) (1,39%); mientras que se produjo una baja del 5,43% en el film stretch.

En el caso del índice con transporte se registró en diciembre una suba de 2,11% debido a que, además de la mano de obra, aumentaron los peajes (4,14%), los combustibles (2,35%), gastos generales (2,28%) y reparaciones (2,11%). 

Por otra parte, lubricantes, neumáticos, seguros y material rodante se mantuvieron sin cambios, mientras que se produjo una nueva baja en el costo financiero (-2,8%), indicó el relevamiento realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para CEDOL.

En todo 2024, los costos logísticos con costos de transporte se incrementaron 85,46% y en los costos sin transporte la suba fue de 147,08%.

En este contexto, la cámara anticipó la evolución de los costos para enero «contemplando los aumentos salariales y el bono acordados en las últimas paritarias, sumado a las variaciones del combustible de los primeros días del mes».

 En enero, los costos logísticos sin transporte tendrán un aumento de 2,41% y los costos con transporte subirán 1,27%, según las proyecciones de CEDOL.

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