Muchas instituciones funcionan sin habilitación y no se sabe qué ocurre en su interior. Se dneunciaron «secuestros, sobremedicación, encierro prolongado, ausencia de terapia, entre otras violaciones a los derechos humanos».
Veinte personas fallecieron en circunstancias dudosas en comunidades terapéuticas desde el año 2012. Así se desprende de un informe realizado por la unidad de investigación de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que realizó el primer relevamiento formal sobre los casos ocurridos en establecimientos de salud mental denunciados por violar sistemáticamente los derechos de los usuarios. Los casos van desde muertes en incendios a fallecimientos por desidia, abandono y hasta situaciones de tortura en celdas de castigo. Algunas fueron juzgadas, otras continúan impunes.
De a poco, las verdades van saliendo a la luz. Las condiciones inhumanas en las que viven los usuarios del sistema de salud mental en decenas de comunidades terapéuticas, la mayor parte en irregular legalidad, dejan de ser un secreto. No por arte de magia, sino por la lucha de los familiares de las víctimas y de los especialistas que, desde distintas áreas, se encargan de investigar, denunciar y acompañar a las familias.
Es el caso de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de ARDA, integrada por el periodista e investigador Pablo Galfré, la abogada Magalí Ledesma y la psicóloga Andrea Vicenzi, que el año pasado querelló en el histórico juicio por la muerte de cuatro personas en un incendio en el centro Resiliencia San Fernando, que terminó con la primera condena por «reducción a la servidumbre» a responsables de una comunidad de este tipo.
Ahora, los nombres de Nicolás Ortiz, Nahuel Castaño, Rodrigo Moreno, Nicolás Bisbal, las cuatro víctimas de aquel incendio, aparecen incluidos entre los de los veinte fallecidos que pudo sistematizar la UIP en el primer informe que da cuenta de las muertes catalogadas como «dudosas» en las comunidades. Galfré señala ahora a Página 12 que, dentro de esas muertes, «algunas nunca fueron investigadas, otras fueron investigadas por iniciativa nuestra y hubo condenados, y otras no fueron investigadas y por eso mismo terminaron en un incendio con muertos que derivaron en las condenas».
Aquel caso es, quizás, el más resonante: la mañana del 22 de febrero de 2022 se desató un incendio en la sede de la comunidad terapéutica ubicada en la localidad de La Lonja, partido de Pilar, y en menos de cinco minutos las llamas agarraron toda la casa en la que Ortiz, Castaño, Moreno y Bisbal dormían hacinados. La autopsia arrojó que fallecieron por inhalar monóxido de carbono y ácido cianhídrico, mientras que en el juicio se demostró que ellos y los otros 22 internos eran sometidos a condiciones de servidumbre mediante drogas inyectables que los dejaban en un estado de semi inconsciencia. Los cuatro fallecidos ni siquiera pudieron llegar a intentar escapar del fuego. Por ese caso fueron condenados Emanuel Cambra, Eliana Wawric, Alejandra Machado y Alejandro Merenzon, con distintas responsabilidades en la comunidad.
En el informe se subraya que los veinte casos recabados ocurrieron en lugares donde los dueños «obligan a los usuarios a trabajar, hacer las camas, limpiar cuartos, hacer el desayuno, almuerzo y cena, limpiar toda la institución y hacer tareas de mantenimiento general«. «También los obligan a hacer guardias nocturnas, a ser los vigilantes de sus propios compañeros», apunta la UIP, que agrega que «muchas veces son obligados a trabajar en las casas de los dueños de la comunidad».
El informe también denuncia casos extremadamente violentos de captación de usuarios en contra de su voluntad para ingresarlos a las comunidades. Algunos de ellos incluso terminaron en muerte, como el caso de Gastón Cunsolo, ocurrido en julio de 2021. Según denuncia la UIP, «tres internos de la Comunidad Reencontrarse, también de Pilar, fueron a internarlo en contra de su voluntad; Gastón se resistió, lo asfixiaron, lo dejaron tirado en el living de la casa y se fueron sin decirle nada a su madre«. El hombre tenía 40 años y no era usuario de drogas, sino que padecía de esquizofrenia. Esa causa fue elevada a juicio por homicidio simple contra los tres internos, pero sin acusar a los responsables de la comunidad.
Un caso que también llegó a juicio fue el de Saulo Rojas, que murió en 2013 en la Fundación San Camilo. El informe de la UIP precisa que Rojas, de 23 años, «estaba deprimido porque había recaído en el consumo, era insulino dependiente y extrañaba muchísimo a su madre». En esas condiciones fue encerrado en una celda de castigo de la institución por el encargado de seguridad, Ángel Súñez, sin sus dosis de insulina y con el cinturón puesto, con el que finalmente se ahorcó. En el juicio, Súñez fue sentenciado en 2022 a tres años de prisión por homicidio culposo en la primera condena por una muerte dudosa en una comunidad, mientras que al dueño de San Camilo, Martín Iribarne, y el director terapéutico, Alejandro Jacinto, la Justicia de Cámara les concedió una probation.
En 2017, tras la investigación de Galfré y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), San Camilo fue finalmente clausurada. La inspección de la CPM encontró, entre otras cosas, «pacientes adultos y jóvenes víctimas de prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegítimamente de la libertad, afectación del vínculo familiar, uso abusivo de psicofármacos, medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias”. El informe indica que en ese lugar, y sólo once días antes que Rojas, también murió Felipe Mariniasky, un hombre de 41 años con retraso madurativo y paresia en sus ojos. Mariniasky sufrió un golpe que le produjo un hematoma subdural y la muerte. La UIP advierte que ese caso nunca fue investigado por la Justicia, y nadie sabe si el golpe fue accidental o intencional.
Otro lugar del terror fue la denominada Fundación San Antonio con procedimientos que la UIP denuncia como «calcados a los de San Camilo«: «Secuestros, sobremedicación, encierro prolongado, ausencia de terapia, entre otras violaciones a los derechos humanos«, subraya el informe. En ese lugar murieron Franco Ruiz Díaz, oficialmente como un suicidio aunque su familia niega esa hipótesis, Matías Lamorte, sobremedicado y tirado en un cuarto sin ventilación cuando era asmático, y Claudia Martínez, una mujer con graves problemas renales por consumo de alcohol que no fueron atendidos. Ninguno de los tres casos fue juzgado, mientras que la comunidad terminó clausurada en 2021 luego de que el dueño de la institución amenazara a los internos con un arma de fuego.
Aunque con algunas causas resonantes en las que se obtuvo justicia, como las mencionadas más arriba, es evidente que el saldo del Estado con respecto a las comunidades queda en deuda. No sólo por las investigaciones que no avanzan o directamente se archivan, sino por el mero hecho de que las comunidades continúen existiendo en esas condiciones, incluyendo a varias sin autorización.
Galfré remarca en este sentido que «la UIP llegó para quedarse y tiene que estar presente porque el Estado no está, recibimos mucha más información y, por momentos, más denuncias que el Estado». El periodista señala que, por ejemplo, la unidad se encuentra investigando una comunidad de la que ya recibieron denuncias en 2022 y «recién ahora el Estado la está investigando tras las denuncias nuestras». La UIP recibe denuncias en su correo electrónico: uipdenuncias@gmail.com.
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