De 512.317 que declaraban trabajadores al comenzar el mandato, en febrero último se redujeron a 499.246. Almacenamiento y transporte fue donde hubo más bajas.

La concejal Andrea Rueda se refirió en FM La Única a los planteos presentados por vecinos del barrio Arcos de Solana, quienes denuncian el incumplimiento de obras por parte de un privado responsable del desarrollo del loteo. Durante una entrevista en el marco de una comisión de gobierno, la edil explicó que “hace 10 años que está la gente de Arcos de Solana sin gas, en algunos casos sin agua”, lo cual refleja “un servicio deficiente y que no se cumplió con la cuestión contractual”.

Según detalló, el loteo fue aprobado por el municipio y luego vendido por un privado que subcontrató una empresa para realizar las obras. “Nosotros como representantes del pueblo tenemos que interceder y escuchar”, dijo Rueda, y agregó: “Si bien el municipio no tiene la responsabilidad contractual, sí tiene la responsabilidad de ver que se efectivice un loteo que tiene un error originario”.

La concejala informó que el conflicto se encuentra judicializado y que los vecinos participarán de una audiencia con el privado. “Me dicen que los vecinos están desesperados”, comentó, remarcando que muchas familias viven allí desde hace años sin acceso a servicios básicos. Además, cuestionó que “el Estado le está cobrando a la gente, pero la manda a vivir en condiciones mucho más precarias”.

Además, Rueda se refirió a la reciente negativa de la cooperativa Servicoop al proyecto de ordenanza que presentó su bloque, destinado a generar un esquema de pago diferencial para la energía eléctrica en zonas sin red de gas. “No se trata de regalar la energía, sino de dividir la factura para que puedan pagarla de manera diferencial”, aclaró.

En relación con los aumentos de tarifas, detalló que “esta gente pasa de pagar $200.000 a $500.000, $600.000 o $700.000, depende la cantidad de metros cuadrados que se le factura”, y cuestionó que la resolución de Servicoop no esté respaldada por una norma del Concejo Deliberante. “La idea es normarlo para que haya equidad y no arbitrariedad”, sostuvo.

Sobre el proyecto rechazado, señaló que fue enviado a archivo, pero anticipó que continuará trabajando en nuevas propuestas: “No voy a bajar los brazos, voy a seguir buscando formas de ayudar a esta gente”. Cerró afirmando que el objetivo es “avanzarles el camino para habilitarles la vida”, aludiendo a quienes compraron lotes sociales ante la imposibilidad de pagar un alquiler y hoy viven en condiciones precarias.

Este miércoles por la mañana, trabajadores de distintos gremios vinculados a la actividad pesquera marcharon por las calles céntricas de Puerto Madryn para reclamar la intervención del gobierno provincial en el conflicto que afecta al sector desde marzo. La movilización fue convocada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), y concluyó frente al edificio municipal con la entrega de un petitorio al intendente Gustavo Sastre.

La emisora FM La Única estuvo presente durante la protesta, que reunió a un numeroso grupo de trabajadores del ámbito portuario, quienes exigieron una mesa de diálogo con participación de los gobiernos nacional y provincial, el empresariado y las organizaciones sindicales.

Expectativas ante la convocatoria oficial

Previo al inicio de la marcha, César Zapata, secretario general del SOMU Puerto Madryn, informó que el gobierno provincial convocó a una reunión multisectorial para el próximo martes a las 11 de la mañana en Rawson. “Mayormente para visibilizar que empezamos a movilizar nosotros ahora y por la preocupación que hay en todo el país, más acá en la provincia”, declaró.

Sobre el contenido de la convocatoria, indicó: “Lo único que tenemos hasta ahora como respuesta del gobierno provincial es una nota que nos convoca […] el temario que manda habla de la temporada 2024 y la temporada de Rawson”. También expresó inquietud por los tiempos operativos del sector: “Para el 28 tendríamos que estar saliendo y no vemos movimiento. Ya tendríamos que estar moviendo el fin de semana”.

Críticas al sector empresario

Zapata también se refirió al papel del empresariado en el conflicto: “La última vez [que hubo diálogo] fue el miércoles pasado en la Secretaría de Trabajo de Nación. Lo único que se está tratando es la paritaria de los básicos, nada más”. En ese sentido, sostuvo: “Sinceramente acá es más que evidente que hay un lockout patronal. Primero por medios periodísticos que están diciendo que necesitan una reducción del salario del trabajador”.

El dirigente denunció falta de diálogo con las autoridades provinciales: “Vemos un silencio de radio total. No tenemos un llamado por lo menos de preocupación”. Además, señaló: “No vamos a rescindir y no somos la variable en esto”.

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), habló en FM La Única sobre el conflicto que mantiene amarrados más de 113 buques en distintos puertos del litoral marítimo. En diálogo con Mario Gaggero, detalló los puntos críticos de la negociación entre el sector empresario y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en el marco de la conciliación obligatoria.

“El langostino capturado, procesado y congelado a bordo está en una situación crítica”, señaló de la Fuente. Explicó que los precios de referencia del convenio colectivo de trabajo vigente quedaron anclados en 2005, cuando el valor promedio del langostino era de 12 dólares. Actualmente, según dijo, el mercado paga 5,50 dólares por kilo, mientras que los costos operativos superan los 6,50. “Estamos negativamente promedio un dólar por kilo de langostino”, afirmó.

Ante la consulta sobre la falta de presentación formal del sector empresario para discutir modificaciones en el convenio, de la Fuente respondió que el diálogo comenzó hace tiempo: “La primera reunión la tuvimos en Buenos Aires con el SOMU en su casa. Ellos mismos se han negado a dar los números. No quisieron abordar esta situación”. Añadió que se realizaron presentaciones institucionales ante el Consejo Federal Pesquero y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Consultado por la situación del recurso y la eventual participación en la prospección, sostuvo que “esto no es una cuestión de ver cómo está el caladero”, ya que los informes de la Comisión de Seguimiento del Langostino “han sido muy claros”. Para de la Fuente, la discusión central pasa por las condiciones económicas y la adecuación del sistema productivo a los cambios del mercado global. “Esto no es una negociación, es recuperar puntos de equilibrio”, remarcó.

En relación a la posibilidad de que se realice la temporada de aguas nacionales, fue categórico: “Mientras no cambien esas condiciones, lo veo poco probable”. Según explicó, “nadie está contento con esta situación”, pero insistió en que el planteo no es nuevo. “Hemos sido parte de garantizar una paz social con un costo muy alto para nuestras cuentas”, afirmó.

También se refirió a la negociación con el sindicato STIA, cuyo convenio colectivo vence en diez días. “Estamos empezando a tener charlas informales. En este contexto general no hay mucho para decir”, expresó. En ese sentido, manifestó preocupación por la sostenibilidad de los puestos de trabajo: “Las empresas no solo del sector pesquero, sino de todas las matrices productivas regionales, no la están pasando bien”.

Por otra parte, criticó la falta de respuesta política ante los reiterados pedidos del sector para declarar la emergencia pesquera. “Algunos dirigentes políticos han dicho que no hay emergencia. Me parece que se han equivocado”, sostuvo. Agregó que “la situación es compleja” y que el impacto económico ya se percibe en las ciudades con litoral marítimo, como Puerto Madryn.

Finalmente, se refirió a la reciente actualización de tarifas municipales: “Se creen que el sector pesquero tiene que seguir bancando esta paz social y la verdad es que no. Los rechazos van a ser contundentes”. Según señaló, toda la cadena productiva está siendo afectada: “Toda esa cadena, desde los recursos humanos hasta los insumos, hace la conformación de un producto que llega a las mejores góndolas del mundo”.

El presidente de CAPIP insistió en que “el negocio se ha roto” y que se necesita “volver a ordenarlo y adecuarlo” para que la actividad sea viable nuevamente.

Soledad García, secretaria general de la seccional Chubut del Sindicato de Trabajadores Viales, expresó su preocupación ante versiones sobre un posible cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso. En diálogo con la radio FM La Única, sostuvo que “estamos en asamblea permanente, así que estamos atentos a ver lo que va a suceder con el organismo y con nuestros puestos de trabajo”.

García aseguró que los rumores sobre un posible cierre del organismo comenzaron hace más de un año: “Nos vienen amenazando en realidad hace un año y medio con esto. Hace un año y medio que estamos pendientes, con temor de perder nuestros trabajos, sin saber qué va a pasar con las rutas”.

Según indicó, desde el secretariado nacional del sindicato informaron que el escenario es “inminente” y que existe la posibilidad de que se derogue el decreto 505/58 que dio origen a la Dirección Nacional de Vialidad. “Sabemos que nos quedan 48 días para que se termine la Ley Bases, que le otorga este poder a Sturzenegger. Entonces, estamos más alertas que nunca”, declaró.

En cuanto a la situación en la provincia, García detalló que en la seccional Chubut trabajan aproximadamente 169 personas, la mayoría de ellas en tareas operativas sobre las rutas. “No es que somos un gran número. Están la gente trabajando, a veces haciendo más de un trabajo porque tenemos que cubrir estas necesidades de mantener la ruta en estado como podemos”, explicó.

La secretaria general también señaló una contradicción entre el inicio del operativo invernal y los rumores de cierre. “Está arrancando el operativo y salen con esto, entonces la confusión de los compañeros es enorme. Por un lado te dicen que te van a cerrar y por el otro anuncian el operativo invernal”, manifestó.

Respecto a los salarios, García afirmó que el sector se encuentra sin aumentos y con paritarias congeladas desde hace más de un año. “Congelaron los salarios, no tenemos paritarias, no tenemos aumento de sueldo”, dijo, y agregó que “cuando te van a echar, lo que conviene es que cobres un bajo salario por si te tienen que indemnizar”.

Actualmente, los trabajadores viales están evaluando medidas de fuerza. “Ahora tenemos una asamblea a las 10 donde vamos a decir en conjunto qué se va a hacer. La primera instancia es hacer un paro en el lugar de trabajo y de ahí iremos incrementando las medidas”, adelantó.

Por último, García se refirió al desarrollo del operativo invernal. Confirmó que los equipos comenzaron a movilizarse y a preparar insumos, aunque advirtió que su continuidad dependerá de las decisiones que se adopten en el marco del plan de lucha. “Desde la logística se está haciendo todo para poder llevar adelante las acciones habituales en un operativo invernal, después, dependiendo del plan de lucha y las medidas que se adopten, habrá que ver si se trabaja o no”.