El sacerdote en Opción por los Pobres forma parte de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba, movilizada tras la detención de las hermanas Carmen y Laura Villalba y de Francisca Andino, acusadas de “terroristas” en medio de irregularidades procesales, en una causa en la que también se denuncia el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años y la desparición forzada de una adolescente, hijas y sobrinas de las detenidas.
Rodolfo Viano es hermano franciscano y Cura en Opción por las y los Pobres (COPP). En noviembre del 2023 se incorporó a la Campaña Internacional de Solidaridad con la Familia Villalba , un apellido que distintos gobiernos neoliberales de Paraguay impusieron en la opinión pública como sinónimo de “enemigo interno”, usando como argumento que algunos de sus integrantes participaron del reclamo y la lucha del campesinado por el derecho a la tierra, enfrentando al latifundio y al agronegocio con respaldo estatal. En entrevista con Página/12 el cura da cuenta de los resultados de informes oficiales constatados por él mismo en dos viajes recientes hasta el llamado “Centro de Reinserción Social” de Minga Guazú, a 20 kilómetros de Ciudad del Este, para visitar a tres mujeres privadas de libertad: Carmen y Laura Villalba (hermanas) y Francisca Andino .
-¿Por qué afirma que el gobierno de Paraguay está torturando mujeres? ¿En qué fundamenta su acusación?
-Existen tres informes públicos de un organismo del estado paraguayo, el “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes” (en adelante MNP), creado por la Ley 4288/2011. Es mandato del MNP visitar sin ninguna restricción y acceder a toda información sobre las personas y los sitios de reclusión. Las autoridades competentes están obligadas a “prestar total colaboración y cumplir” con las propuestas y recomendaciones del MNP. Por eso entiendo que el espíritu de la Ley 4288 impulsa mucho más que “propuestas” y “recomendaciones”, que hoy no se cumplen.
Volviendo a los informes: Uno es de “intervención” nº 8/2024 y dos de “monitoreo” nº 17/2025 y nº 29/2025, acerca de lo que la Comisión del MNP constató en octubre pasado y en febrero de este año, en la vida cotidiana dentro del Régimen de Máxima Seguridad, en el penal de Minga Guazú. Y es lo que yo también en gran medida verifiqué en dos viajes recientes.
Protesta de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba. Imagen: Lara Greco.
-¿Qui é nes son estas mujeres detenidas y por qué fueron privadas de la libertad?
-Ellas son Carmen y Laura Villalba, y Francisca Andino, maltratadas allí desde el 12 de octubre del 2024. Carmen y Francisca fueron trasladadas de modo intempestivo y sin fundamento desde el Penal -para mujeres- del Buen Pastor, de Asunción, donde cumplían su condena firme desde mediados de la primera década de los 2000. A Laura, condenada en primera instancia en agosto del 2024, la llevaron desde el Penal de San Juan Bautista de las Misiones. Cada una de ellas fue condenada a más de 30 años de encierro y calificadas como “terroristas” en medio de irregularidades procesales al ser implicadas en acciones de resistencia a la voracidad terrateniente con apoyo estatal.
Laura Villalba fue testigo del asesinato de su hijita María Carmen y de su sobrina Lilian, ambas argentinas de 11 años, y de la desaparición forzada de la adolescente Lichita (hija de Carmen), el 2 de setiembre y el 30 de noviembre del 2020, por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta del estado paraguayo. La muerte de las nenas fue celebrada por el entonces presidente paraguayo Abdo Benítez como triunfo contra la guerrilla.
-¿Cuál es el fundamento para aplicarles el régimen especial de máxima seguridad? ¿Es verdad que están alojadas en un penal de varones?
-El informe n° 29 del 2 de junio pasado se refiere a que se trata de mujeres que no han querido someterse a un modelo femenino hegemónico. El sistema penal las castiga por “liderar, reclamar, resistir, organizarse o expresar disenso”, no fueron trasladadas a ese penal de varones “por hechos objetivos, sino en la percepción subjetiva de insubordinación o desobediencia”, que “desafían la autoridad y deben ser contenidas o corregidas”.
Reclamo frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires. Imagen: Imagen: Lara Greco.
-¿Qué dicen los informes del MNP sobre el régimen especial?
-Dan cuenta del ensañamiento y del trato cruel hacia estas mujeres. Esto involucra tanto al Ministerio de Justicia como al personal penitenciario local. Se llega al punto de privarlas del derecho al agua potable. Cuando la reclaman, son catalogadas como “mombú” (conflictivas) y castigadas por ese motivo. Ningún grupo de guardia les garantiza el derecho humano de los dos litros diarios.
Se consigna que “el hallazgo más grave es la existencia de un régimen de aislamiento permanente y confinamiento en solitario , reglamentado por la Resolución 170/2024 del Ministerio de Justicia. El conjunto de las mujeres allí encerradas -otro tanto sucede con los varones en sus módulos- permanecen en celdas individuales reducidas, sin ventilación ni privacidad sanitaria, sin contacto directo con personas, durante un mínimo de 22 horas diarias”. Las dos horas restantes son para que, esposadas y encapuchadas, sufran adicionalmente el “sin-derecho a la recreación” en el “gallinero”, salida al sol, sin sombra, bancos ni vegetación, “horno” gran parte del año por las altas temperaturas.
-¿Qué dicen sobre su alimentación, las visitas y su rutina diaria?
-La alimentación, escasa y de muy mala calidad nutricional, la reciben en el piso de sus celdas y la comen en medio de los olores fétidos de sus letrinas. La comunicación y visita familiar son escasas, bajo estricta vigilancia, sin privacidad. Tampoco se respeta el derecho a la legítima defensa cuando sus abogados las visitan en medio de restricciones y violandoles la confidencialidad. No hay rutina de trabajo ni estudio, excepto la que ellas mismas se proponen con gimnasia y lecturas.
-¿Qué constataron respecto de la salud de las mujeres?
-Al tratarse de personas privadas de libertad, el Estado es responsable de garantizar su derecho a la salud con atención médica, agua potable y una dieta alimentaria que preserve su salud y dignidad, y ajustada a las necesidades específicas de las personas con requerimientos especiales por enfermedades de base. El MNP observa que nada de eso está garantizado. Eso también es tortura. Además el 22 de julio el MNP solicitó públicamente declarar la emergencia sanitaria nacional en todos los centros penitenciarios, a raíz del aumento de casos de tuberculosis, con el impacto más severo en mujeres, personas indígenas, adultas mayores y personas LGTBIQ+ por las condiciones de vida insalubres y degradantes, de exclusión y discriminación.
-¿Hay conclusiones en los informes?
-Sí. Concluyen que se trata de un “régimen de encierro extremo que, según los estándares internacionales, cumple con las condiciones para ser calificado como tortura ”, también desde una perspectiva de género e interseccional, y en seria contradicción con el marco jurídico nacional, en particular con el Código de Ejecución Penal, la Constitución Nacional y los Sistemas Internacional e Interamericano de Derechos Humanos. Por eso hay “recomendaciones” al Ministerio de Justicia y a las autoridades locales: abandonar urgentemente los tratos crueles y degradantes, y modificar el inhumano Reglamento 170.
-¿Usted pudo visitarlas?
-Pude entrar el 26 de marzo pasado para visitar a Carmen, Laura y Francisca, bajo estricta seguridad. Estuve una hora aproximadamente con cada una. Me chocó cómo fueron conducidas al locutorio con capucha y esposas, por el personal penitenciario armado también encapuchado y sin identificación visible. Es el mismo personal que, según el MNP, puede usar gas pimienta en los pabellones, sin autorización institucional formal.
-¿Qué pudo apreciar en esa visita?
-Me admiró la integridad y salud mental que aún conservaban las tres después de medio año de tortura. También me parecieron muy razonables sus pedidos: libros y que no se los rompan en las requisas, y -lo que sigue es para igualar sus condiciones a las de los varones reclusos- mejor provisión diaria de agua potable, elementos de limpieza en su celda -no tener que pedirlos vez por vez-, entrega de la totalidad de los alimentos y elementos de higiene personal que la Campaña de Solidaridad, con mucho esfuerzo, deposita a cada una en tiempo y forma. Al terminar la visita, pedí hablar con el entonces director Julio César Careaga , quien a regañadientes reconoció irregularidades y el mal resultado de este tipo de encierro, pero insistiendo en que ellas debieran “colaborar”.
-¿Qué pasó después?
-El 1° de mayo hubo un control rutinario celda por celda, que se hace varias veces al día. En todos los casos las detenidas deben salir esposadas y encapuchadas, sin poder observar el procedimiento y corriendo el riesgo de que algún/a funcionario/a le “plante” algo que las perjudique. En esa ocasión obligaron a Laura y a Carmen a abrir sus piernas y ante la negativa, las forzaron y manosearon. Por esa “falta de colaboración”, “resistencia a la autoridad” (¡sic!), las castigaron con prohibición de visitas por un mes, sin que su abogado haya podido acceder aún al registro escrito de esa sanción.
A partir de ese momento, la nueva dirección del penal esgrimió las restricciones a comunicación y visita que impone la Resolución 170/2024, que, sin embargo, contempla la autorización a un ministro eclesiástico. Pasado más de un mes de ese castigo arbitrario, pedí ser agendado para volver a visitarlas. Habiendo llegado al portón a primera hora del 26 de junio, no fui autorizado. El actual director del penal, Jesús Pérez, quiso explicarme los motivos, pero entendí que la razón de fondo es modificar arbitrariamente las formalidades para impedir comunicaciones y visitas.
-¿Qué otras gestiones están en marcha?
-Desde marzo, con Elsa Oshiro, copresidenta del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -última en visitarlas a mediados de abril- hemos intentado sensibilizar al obispo Pedro Cuellar Noguera de Ciudad del Este, al arzobispo cardenal Adalberto Martínez Flores de Asunción, y al sacerdote Ecar Rolón, capellán del sector de cárcel común de Minga Guazú, para que sigan tomando nota de este aberrante y cruel hostigamiento, y para que intervengan, motivados por este Año Jubilar de la Esperanza. En su convocatoria el Papa Francisco pedía especialmente a los pastores: “reclamar con valentía condiciones dignas y respeto de los derechos humanos de las y los reclusos”.
-¿Hay novedades?
-Sí, nada buenas. Desde mediados de abril no han permitido más visitas. Y, a mediados de julio, el gobierno paraguayo concretó traslados masivos de unas 500 personas privadas de libertad, desde cárceles comunes hacia Minga Guazú. En un mensaje público, el MNP observó traslados “que pueden calificarse como inhumanos y degradantes, con faltas evidentes al pleno respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos”. Casi en simultáneo trasladaron -con similares tratos- a las mujeres torturadas allí al penal Martín Mendoza de Emboscada (departamento Cordillera, a unos 30 kilómetros de Asunción), donde se les está aplicando «máxima y alta» seguridad. Esto es… ¡profundización de la tortura!
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