Este lunes se llevó a cabo la audiencia de control al ladrón que robó a una joven en el barrio San Cayetano durante la madrugada del domingo. Allí intentó huir, pero al escucharla llorar, regresó a consolarla.

El hecho sucedió sobre las calles Código 552 y Carlos O’ Donell; y allí fueron encontrados por un patrullero. Los efectivos advirtieron las señas de la víctima, y el joven intentó darse a la fuga; pero fue detenido a los pocos pasos. Al registrar sus prendas, los efectivos encontraron el teléfono celular de la víctima; y debajo de un automóvil el arma de utilería que utilizó para llevar adelante el robo.

La fiscal Florencia Do Carmo no pidió medidas privativas para el imputado debido a que la pena en expectativa no supera los 3 años de prisión en suspenso, sumado a que el hombre no posee causas en trámite ni condenas. Ante esta situación, el juez Alejandro Soñis formalizó la apertura de la investigación por el término de 6 meses y dispuso la libertad del acusado.

Ayer debía comenzar el juicio por el homicidio de Alan Bopp, ocurrido en la madrugada del 11 de abril del 2020, y por el que están detenidos Juan Colemil Navarro y Nicolás Hammond. Las dudas en la realización de la primera audiencia radican en que la familia del joven asesinado presentaron la recusación contra el juez Gustavo Castro, que integra el tribunal. Esto porque el profesional habría participado como defensor particular de uno de los imputados en otra causa, cuestión que generó la presentación de recusación por parte de la querella.
“La recusación la hicimos nosotros porque uno de los jueces fue abogado de uno de los detenidos” afirmó Cristina Ayala, mamá de Alan Bopp. Como la presentación no se resolvió y teniendo en cuenta los plazos que requiere la resolución de la misma es muy probable que el inicio del juicio se posponga.

Hasta ayer no había comunicación oficial de una reprogramación aunque esto podría suceder durante la mañana de hoy. “Lamentablemente apareció este inconveniente y hemos decidido que no íbamos a continuar el juicio así” afirmó la mamá de Alan Bopp, quien sostuvo que “esto se podría haber evitado pero no sabemos porqué el juez no dijo nada. Nosotros nos enteramos de casualidad”.

Cabe recordar que a las 8 de hoy estaba previsto que comenzara el juicio oral y público por el homicidio de Alan Bopp (21), asesinado en Pascuas de 2020 en el barrio Comercio IV. Los acusados son Juan Colemil Navarro (29) y Nicolás Hammond (26). Ambos tienen antecedentes. El primero había recuperado la libertad hace pocas semanas, mientras que el otro detenido poseía una condena por intento de homicidio.

El fiscal Jorge Bugueño, a cargo de la causa, se mostró conforme con las pruebas recabadas durante la investigación. “Las pericias determinaron la presencia del ADN de la víctima en distintas prendas de Juan Colemil, uno de los acusados; así como otros elementos secuestrados en el allanamiento a Nicolás Hammond también dieron positivos, como es el caso de la gorra de la víctima. La calificación legal es la de homicidio en ocasión de robo”, indicó Bugueño.

La familia de Alan Bopp también tiene al abogado Néstor Coronel como querellante, y presentó la acusación autónoma con la misma calificación que la Fiscalía.

El crimen ocurrió el 11 de abril cuando Alan Bopp y su amigo Rodrigo Ojeda (22), que también fue agredido, paseaban su perro por el barrio Comercio IV. Los jóvenes fueron atacados por dos personas. A Alan le clavaron un cuchillo en el cuello y murió en el lugar. El otro chico resultó herido en la espalda. A Alan también le robaron la gorra, que fue hallada en el domicilio de Hammond.

El juez de garantías Marcelo Nieto De Biase dejó formalmente abierta la investigación penal contra dos hombres que desde la ciudad de Córdoba participaron en la ejecución de una estafa virtual en la que resultó víctima un vecino de Rawson.

Se trata de Germán Mariani y Ezequiel Crognani quienes luego de que la víctima a quien mediante engaños le habrían ofrecido créditos personales por internet, le hicieron depositar dinero en una cuentas perjudicando a un vecino de la capital provincial. Además, se hicieron de sus claves y datos bancarios personales haciéndolo ir a un cajero automático.

El ardid fue expuesto en la mañana de este lunes por la procuradora fiscal Eugenia Domínguez en representación del Ministerio Público Fiscal. En carácter de defensor lo hizo Pablo Sánchez, que no se opuso a la apertura de investigación, pero negó los hechos tal como fueron descriptos. Además, dejó abierta la posibilidad a que el caso se resuelva judicialmente mediante la aplicación de una “salida alternativa del conflicto” como podría serlo una conciliación o una reparación.

El inicio del contacto entre la víctima y los presuntos estafadores comenzó el 8 de abril del año 2020, pasadas las 21.00. Tentado por una publicación en internet, el damnificado gestionó ante los presuntos estafadores un crédito de 100.000 pesos.
Con la promesa que los dos montos se le reintegrarían, fue convencido para que primero deposite 1.000 pesos y luego 2.700 en una cuenta que los imputados habían creado para la ocasión suplantando para ello la identidad de una tercera persona.
También lo hicieron ir a un cajero automático en donde –siempre en el marco de los requisitos y cuestiones operativas para conceder el crédito de 100.000- se hicieron de los datos bancarios, token y otras claves home banking y link celular de la víctima.

A los dos sospechados de haber producido el hecho, se les imputó el delito de “estafa en carácter de participes necesarios”.