Se realizará un evento en el Hotel Four Seasons mostrando los principales atractivos turísticos para esta temporada de invierno.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo (ACT), la ciudad de Esquel realizará este jueves por la tarde noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el lanzamiento de la temporada invernal 2023.

El Hotel Four Seasons de la ciudad porteña será epicentro de este acto que permitirá promocionar el destino Esquel y los múltiples atractivos de la zona de cara al invierno en puerta.

El evento se llevará adelante con la presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas y presidente de la ACT, Leonardo Gaffet; y demás autoridades gubernamentales, medios de comunicación, agencias de viaje y prestadores. Contará con la conducción y animación de Julián Weich, quien cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la televisión argentina.

En la oportunidad se difundirán los distintos atractivos que poseen Esquel y alrededores de cara al invierno, siendo el producto principal el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”. 

Sin dudas el centro de esquí cordillerano, ubicado a pocos kilómetros de la localidad, tendrá un lugar protagónico en este lanzamiento, teniendo en cuenta que su apertura está programada para la segunda semana de julio.  

El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, la Reserva Natural Urbana “La Zeta” y el Parque Nacional “Los Alerces” son otros de los atractivos que serán muy visitados en esta temporada 2023. 

Más allá de promocionar el destino, el lanzamiento en Buenos Aires permitirá a los prestadores fortalecer el vínculo con los operadores nacionales y establecer nuevos vínculos comerciales.

Son cuatro alumnas y un alumno de quinto año de la Escuela 776. Es la única institución educativa de Chubut que clasificó entre más de 300 colegios del país. El proyecto Can Sat Argentina 2023 es organizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Daniel Jara, profesor de la materia Ciencias Experimentales, fue quien los incentivó a participar esta competencia en la que había cientos de chicos y chicas con aspiraciones de llegar alto pero solo quedó un puñado.

 

En diálogo exclusivo con Primera Vueltapor Cadena Tiempo, Daniel Jara mencionó que ya van por la cuarta etapa del proyecto y las ganas y el esfuerzo de los estudiantes fue lo que los llevó a superarse a ellos mismos.

Hoy los cinco «Barcos Espaciales» de Playa Unión, Rawson, integran la legión patagónica -junto con dos colegios de Río Negro y dos de Nequén- que pelea por hacerse un lugar en Córdoba en septiembre entre los cinco proyectos científicos del año.

El satélite no solo sensará datos atmosféricos de presión y temperatura, sino que también relevará el tratamiento que las empresas hacen de los efluentes y tendrá una cámara que hará un relevamiento aéreo de las zonas desforestadas.

 

Los mismos estudiantes decidieron asignarle esta misión de relevar la contaminación en el entorno natural de Rawson y Playa Unión donde ellos viven.

El poyecto, que comenzó en abril, transita la cuarta etapa y tienen entregas pautadas hasta agosto.

El desafío ahora es clasificar entre los cinco mejores satélites del país que irán a parar al centro de la CONADE en Córdoba donde lanzarán al mejor de estos.

En las últimas horas, la epidemióloga Denise Acosta asumió la dirección general del Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn, luego de tener una destacada actuación durante la pandemia del Coronavirus.

La profesional viene de cumplir funciones como Directora Médica Asociada y ahora asumió el nuevo cargo, tras la salida de Alicia Quantín, quien comenzó el uso de licencia ordinaria hasta acogerse a los beneficios de la jubilación.

Si bien no hubo acto ni presentación formal, el cambio ya se realizó y desde el Hospital indicaron que la puesta en posesión del cargo se llevará adelante una vez que Quantín esté debidamente jubilada.

En tanto, el resto del equipo directivo está conformado por Mariana Suárez Lloyd como Directora Administrativa, Diego Valdivia como Director de Recursos Técnicos y Complementarios y Alejandro Larriera como Director Médico Asociado

El proyecto para desarrollar un puerto y una petroquímica con capitales asiáticos en la provincia austral cae en medio de la negociación con el FMI; Melella quedó molesto porque el Palacio de Hacienda niega ahora que las obras se vayan a concretar.

Ningún espaldarazo de China, la segunda potencia del mundo, se hace sólo por buena voluntad. Tampoco la renovación del swap con la Argentina, el préstamo que le permite al Gobierno pagar importaciones de ese país en yuanes.

El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió de su último viaje presionado por un puñado de proyectos de inversión que ese país tiene para Tierra del Fuego y que, al mismo tiempo, molestan en la Casa Blanca, de cuyo respaldo pende la negociación con el FMI. Entre las iniciativas más relevantes, algunas de las cuales interesan a contratistas locales de relación inmejorable con el Palacio de Hacienda, están la ampliación del régimen de promoción tributaria para dejar entrar al sector textil y un puerto y una petroquímica en Río Grande.

En el Ministerio de Economía niegan ahora que esas inversiones vayan a prosperar. Un problema para el gobernador Gustavo Melella, que ayer había venido a Buenos Aires a reunirse con Massa. En el Palacio de Hacienda dicen que el encuentro no se hizo.

El acercamiento a China, país con el que Estados Unidos disputa la hegemonía global, incomoda hace tiempo al embajador Marc Stanley, que ya se lo venía advirtiendo al líder fueguino. En marzo, por ejemplo, viajó especialmente a la isla para disuadirlo. No se pusieron de acuerdo. Melella le contestó ese día que recibiría encantado la llegada de capitales norteamericanos para esos proyectos, y el diplomático le habló entonces con franqueza: le dijo que en general esos emprendimientos en América Latina no le interesaban a la Casa Blanca.

Para los asiáticos es en cambio decisivo: China necesita un punto estratégico bioceánico al que recurrir si, por ejemplo, alguna vez se bloquea el canal de Panamá, o para quedar cerca de la Antártida, de la que Río Grande dista unos 1000 kilómetros. Hoy, el puerto relevante menos lejano del continente helado es Auckland, a alrededor de 3000 kilómetros. Otra alternativa podría ser Punta Arenas.

El gobernador quedó descolocado. No había querido apurarse para mandar a la legislatura local el memorándum que tenía firmado desde agosto con la estatal Shaanxi Chemical Industry Group, y para hacerlo esperó alguna señal y que Massa estuviera de regreso en la Argentina.

El texto entró entonces el lunes 5 de este mes en el recinto, dos días después del aterrizaje del ministro en Ezeiza. Ambos habían conversado del tema el 19 de mayo pasado, en la semana en que él ganó la reelección en la provincia y 10 días antes de que el ministro partiera a China. ¿No llegaron a entenderse? Extraño. Ya el contraste entre la duración de aquel encuentro, tres horas, y el que tuvo también con el presidente Alberto Fernández -apenas una-, muestra cuáles eran en ese momento las prioridades de Melella. El gobernador insistió en la necesidad de fondos para varios proyectos locales, algunos de los cuales requieren de inversión estatal y dependen sólo del presupuesto nacional: una base naval y la ampliación de un puerto en Ushuaia, que incluye dos muelles, uno logístico y otro de carga y pesca.

En la provincia creen que no puede haber sido un malentendido, que interpretaron claramente que había aval para el proyecto de Río Grande y que, además, la partida del Estado para el de Ushuaia estaría en el próximo presupuesto. Si se concreta, sería una buena noticia para varios. En primer lugar, para las empresas electrónicas de Río Grande, que se quejan hace tiempo de que en la actual terminal de Ushuaia pierden a veces prioridad por los cruceros y hasta por otra empresa, Newsan, de Rubén Cherñajovsky, la única de ese rubro instalada en la capital. Sería también auspicioso para Horacio Miró, un ex delasottista que trabajó con Melella en la campaña y que viene intentando que las obras comiencen, o para tres contratistas que ya se adjudicaron la ampliación del mismo puerto de la capital y aspiran obras mayores: Panedile, de la familia Dragonetti, de buena relación con Massa; Concret Nor, de Sebastián Galluzzo, otro conocido del líder del Frente Renovador que ya trabajó tanto para la Municipalidad de Tigre en 2013 como para AYSA en 2021, y la local Nakon, de la familia Vázquez.

Los empresarios se ilusionan porque todos los proyectos son ambiciosos. Incluso otro que está en curso y es de capital privado, la edificación de otro puerto en Río Grande, que hace tiempo planea Nicolás Caputo, dueño de Mirgor y amigo de Macri.

Caputo viene dándole vueltas al tema sin encontrar capitalista. La obra cuesta casi US$400 millones. Su última gestión con el paquistaní Zafar Ikram Sheikh, dueño de SPEC, un grupo internacional con base en Houston, fracasó a las pocas semanas de iniciada: Sheikh vino en su propio jet, se reunió con Melella y ejecutivos de Mirgor y dijo que le interesaba la obra, pero agregó que no necesitaba ningún socio local. Descartado, entonces.

En el gobierno provincial confían en que ese emprendimiento privado prospere. Ayer, Melella sondeó a funcionarios de Emiratos Árabes. Ya no son, en cambio, tan optimistas con el de los chinos. “Un puerto privado y sin intervención del Estado…, no creo que se haga”, se resignó anteayer un funcionario.

El trasfondo del tema es cómo diversificar la economía de la isla más allá de los electrónicos y de la pesca. Hace tiempo que sobrevuelan sobre Río Grande ideas para aprovechar el gas. Cada vez que, como pasó en el viaje de Massa, la Argentina necesita un favor de China, en Pekín piden algo a cambio. Por ejemplo, reflotar un viejo acuerdo que preveía exportar metanol desde la isla. Lo firmó en 2008 la entonces gobernadora, Fabiana Ríos, pero fracasó porque tuvo la resistencia de la fiscalía y del tribunal de cuentas de la provincia, y del propio Julio De Vido, ministro del área. Le objetaban todo: desde los 25 años de concesión hasta el material de segunda mano con que llegaron los chinos, algo incompatible con el régimen local. Finalmente, la Justicia lo frenó y Rosana Bertone, la siguiente gobernadora, lo terminó de enterrar. Los insumos quedaron arrumbados en Punta Arenas, al igual que el nombre de aquella empresa mixta que nunca nació: Tierra del Fuego y Química SA.

No bien asumió, en agosto del año pasado, Massa firmó un decreto que les permite a las petroleras entrar en el régimen fiscal tributario provincial para proyectos offshore y, como consecuencia, alienta el proyecto Fénix, una inversión de US$700 millones que hizo frente a la costa un consorcio integrado por la francesa Total, la alemana Wintershall y Pan American Energy, conducida por la familia Bulgheroni.

Pero falta el resto y de ahí la insistencia con China. Hasta el momento, lo más concreto posterior al viaje de Massa parece una resolución que está por firmar el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren: la ampliación del régimen de promoción para que puedan entrar más empresas textiles. Ese sector, excluido del régimen general de la provincia en la última renovación, tiene una normativa transitoria que vence en 2024. Los empresarios fueguinos culpan de esta excepción al lobbying de los textiles del resto del país, y por eso piden que se los incorpore de manera definitiva. Lo que analiza ahora el Gobierno, la posibilidad de autorizarlos por dos años prorrogables por otros dos, no los conforma. Dicen que no es atractivo, que en ese plazo nadie puede pensar en invertir y que, en todo caso, favorecerá a la que ya está, la gran protagonista: Cladd, de la familia Lapidus.

El ministro Castro pidió que aprueben los requerimientos que arrojan las investigaciones para poder detener a los autores de los hechos delictivos.

“Esta situación no es normal” dijo en dialogo con Cadena Tiempo el ministro de Seguridad de la provincia, Miguel Castro explicando que “en general se trabaja muy bien entre el Área de Investigaciones y la Justicia pero se dio esta situación particular en Trelew donde no se evalúan como corresponde los elementos colectados, no se determinan las detenciones y los sindicados son los autores de la mayoría de los hechos que pasan en la ciudad”.

En tal sentido, Castro manifestó que el día miércoles el jefe de la Policía, César Brand se reunirá con la jefa de Fiscales de Trelew, Silvia Pereira Dos Santos “entiendo que esto va camino a solucionarse mediante el dialogo y el entendimiento de las partes”, auguró comentando también que desde el Área de Investigaciones ya se reunieron con el procurador, Jorge Miquelarena “quien reitero una instrucción emitida hace varios años a los fiscales”.“Requerimos una acción fuerte y decidida de los fiscales de encabezar la investigación y en solicitar los allanamientos y detenciones correspondientes respaldando la investigación policial”, resaltó el ministro.

En una entrevista exclusiva con Radio 3, el Comisario Mayor Hugo Melipil, segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel, dijo que se han conocido detalles sobre una muerte dudosa que ha ocurrido en una vivienda de la localidad. Aunque se encuentran en una etapa inicial de la investigación, el comisario brindó información relevante sobre el caso.

Según Melipil, se trata del fallecimiento de un hombre cuya causa aún se desconoce. En estos momentos, se están llevando a cabo todas las diligencias iniciales para determinar objetivamente lo que llevó al deceso de esta persona.

En el lugar de los hechos, se encuentran trabajando la Fiscalía de turno y la división de Investigación y Criminalística, preservando la escena del crimen.

El comisario se mostró cauteloso al proporcionar detalles específicos sobre la posición del cuerpo y el estado de la vivienda, ya que se encuentran en pleno desarrollo de la investigación y buscan evitar entorpecer futuras cuestiones legales.

La norma llevó la oferta a niveles mínimos y a precios más altos para acceder a una vivienda. El Congreso analizó modificaciones que no prosperaron y hay pocas expectativas de un nuevo proyecto este año

El 11 de junio de 2020, en plena pandemia y en medio de una tensa sesión entre el oficialismo y la oposición, que había abandonado el recinto, el Senado sancionó la Ley 27.551, mejor conocida como la Ley de Alquileres. Tres años después, el mercado inmobiliario atraviesa una de sus mayores crisis y la promesa del Ejecutivo de suspender o implementar modificaciones sobre la normativa vigente se encuentra, por ahora, incumplida.

Desde que se promulgó la ley, los contratos de alquiler pasaron a tres años de duración -anteriormente eran dos-, se empezaron a actualizar de forma anual bajo un índice (ILC) conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE), y además, tienen la obligación de quedar registrados ante la AFIP, por mencionar algunos de los puntos más importantes de la medida.

Pero más allá de los detalles de la reglamentación, a lo largo de estos tres años se divisaron varios efectos sobre el mercado de los alquileres: precios más altos para acceder a una vivienda, una oferta que toca sus niveles mínimos y contratos que se acuerdan de manera informal.

“La ley fue una mala ley en el peor momento posible, porque venías de una inflación de un 30% que luego se fue un 50% y los alquileres no habían incorporado ese salto, con lo cual ya tenías un principio de atraso. En el medio desapareció el crédito hipotecario y hoy estamos en el peor momento de la historia de los préstamos para vivienda. En marzo de 2020 aparece la pandemia, se congelaron los alquileres y a los meses se sanciona esta ley en todo ese contexto de hiperincertidumbre”, repasó el economista y especialista en vivienda, Federico González Rouco, en diálogo con TN.

Después de promulgada la ley, los niveles de inflación se aceleraron, por lo que las actualizaciones anuales quedaban por momentos desfasadas para los propietarios, que sumaron más elementos para elevar los precios de los contratos inicialmente y acceder a una vivienda se volvió cada vez más complejo para los ingresos de los inquilinos. “La ley intentó anular cualquier tipo de discusión entre propietario e inquilino. Regula las relaciones entre partes y sus riesgos. Lo de AFIP de inscribirse ya sucedía y va generando un impuesto nuevo al alquiler. Todos esos factores aumentan precios”, agregó González Rouco.

En concreto, para los alquileres que se actualizaron este 1° de junio, por ejemplo, el aumento ya será del 100%. Es la primera vez que el Índice para Contratos de Locación (ICL) llega a las tres cifras. Alquilar tampoco se volvió atractivo para los propietarios, con lo cual muchos decidieron quitar sus viviendas del mercado o volcarlas a formatos temporarios, por lo que la oferta se encuentra en su piso histórico.

“Antes de la ley una propiedad estaba entre 60 y 90 días en oferta y ahora no hay propiedades en oferta y un inquilino está a la espera hasta que sale una y cuando aparece tiene que ser apta a su presupuesto”, resumió el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar. “Ahora el problema es: ¿a dónde van las familias? La mayoría hace extensiones de sus contratos tratando de contener la situación y los propietarios entienden que las partes se tienen que poner de acuerdo”, reflexionó.

A modo de ejemplo, de acuerdo a cifras del gobierno porteño, hay actualmente 488.000 hogares que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires y las propiedades en alquiler rondan las 1000, cuando a fines de 2022 eran casi 3000 y en 2012 había unas 10.000 propiedades destinadas a ese objetivo.

Además, los especialistas advirtieron sobre el mercado de negociación paralela de los contratos de alquiler. Según los datos que la Jefatura de Gabinete envió al Congreso -los últimos disponibles a julio de 2022-, hay 213.812 contratos habitacionales registrados. Según los privados, esta cifra representa alrededor de un 10% de los acuerdos que se concretan. O dicho de otro modo, solo 1 de cada 10 contratos se registran oficialmente. TN se contactó con AFIP para conocer los datos actualizados, pero desde el organismo recaudador no brindaron la información solicitada.

Qué puede pasar con la Ley de Alquileres

En sus últimos tres años de vigencia, la Ley de Alquileres fue blanco de críticas de todo el arco político y sufrió más de un intento de modificación en el Congreso. Aunque hace tiempo existe consenso generalizado de que debe ser modificada, nunca hubo, en cambio, consenso sobre el “cómo”.

La reforma de la ley empezó a ser una posibilidad a fines del 2021. Sergio Massa, que entonces no era ministro, sino presidente de la Cámara de Diputados, pidió públicamente acordar entre todos los espacios políticos la derogación de la norma y la sanción de una nueva.

El mensaje del entonces diputado no tuvo el efecto que esperaba dentro del bloque oficialista. La Cámara Baja se puso en movimiento meses más tarde y comenzó a discutir una modificación de la norma actual en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. En junio del 2022 concluyó el debate, pero sin acuerdo.

La mayoría oficialista firmó un dictamen propio y la oposición unida -Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal (PJ no kirchnerista y socialistas), una parte de los libertarios y Provincias Unidas (rionegrinos y misioneros)-, otro.

Pero el dictamen oficialista mantenía los principales puntos de la ley intactos: el plazo mínimo de tres años de contrato y el método de ajuste anual. Agregaba, simplemente, “incentivos” impositivos para las propiedades en alquiler, con el presunto objetivo de ampliar la oferta y de esta forma reducir los valores.

El dictamen opositor, por su parte, proponía reducir a dos años el plazo mínimo de los contratos y planteaba que la actualización pudiera ser entre los tres y doce meses y con un mecanismo que acordaran las dos partes.

En la Cámara de Diputados la paridad de fuerzas obliga al Frente de Todos a llegar a acuerdos con bloques provinciales aliados y con bancadas independientes para poder aprobar normas, siempre que no haya consenso con la otra bancada principal, Juntos por el Cambio. A la inversa, la oposición siempre tuvo más dificultades para unirse y lograr una sesión en el recinto, con la excepción de la aprobación de la Boleta Única.

Es así como desde mediados del 2022 la reforma de la Ley de Alquileres no avanzó, ni en un sentido ni en el otro. Poco colaboró el aumento de las tensiones entre la bancada oficialista y la coalición opositora, que terminó de estallar en diciembre pasado.

Por eso sorprendió en el Congreso que en abril pasado, en pleno año electoral, Sergio Massa -ya como ministro de Economía- dejara trascender, luego de una reunión con Alberto Fernández, que el Poder Ejecutivo planeaba suspender la ley para luego mandar un nuevo proyecto. La versión no cayó bien en todo el bloque oficialista, donde hay quienes aún defienden abiertamente los principales puntos de la norma.

Desde el Ejecutivo, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, se reunió con representantes de las inmobiliarias para definir una nueva iniciativa. “Quedamos en conformar una mesa nacional de alquileres para tratar de reformar algunos puntos. Los dos más importantes: reducir el contrato a dos años y la actualización como mínimo cada tres meses”, contó Bennazar, que participó del encuentro en el Palacio de Hacienda.

Sin embargo, el avance no prosperó todavía y en los últimos dos meses no hubo mayores novedades en el Congreso ni en el Ejecutivo respecto a la Ley de Alquileres y su posible reforma. Incluso si el Ministerio de Economía termina de definir un proyecto en las próximas semanas, tampoco será fácil que avance, o al menos así le entienden tanto en la bancada del Frente de Todos como en Juntos por el Cambio.

La paridad de fuerzas no se modificó, y a eso se suma que el año electoral, notablemente complejo para la interna oficialista y la opositora, no hace fácil acordar ni siquiera una sesión de consenso: de hecho, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio vienen negociando hace tres semanas sin éxito la posibilidad de tratar proyectos de baja relevancia y poca conflictividad. Por ahora, solo está prevista una sesión el próximo martes, para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, de su informe de gestión, tal como lo establece la Constitución Nacional.