El fiscal Jorge Bugueño confirmó que el Superior Tribunal de Justicia del Chubut declaró improcedente el recurso presentado por la defensa y dejó firme la condena a prisión perpetua contra Gustavo Hernán Solvas por el femicidio de Tamara Silva, ocurrido en Puerto Madryn. La decisión consolida el resultado del juicio por jurados y las instancias de revisión posteriores.

La información difundida por el Ministerio Público Fiscal hace referencia a que deja muy conformes porque se confirmó en todos sus términos la sentencia que había declarado a Solvas autor del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Esta figura contempla los casos en los que una mujer es asesinada en un contexto de violencia de género, y establece como única pena posible la prisión perpetua, detalló Bugueño, a cargo de la investigación.
El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2023 en Puerto Madryn, cuando Solvas dio muerte a Tamara Silva en el interior de su domicilio, en un contexto de violencia de género. Posteriormente, trasladó el cuerpo y lo abandonó en una zona al sur de la ciudad, donde fue hallado días después tras un intenso rastrillaje.

Con esta resolución, el Superior Tribunal de Justicia agota la instancia provincial y deja firme la condena. Corresponde la prisión perpetua para el femicida Gustavo Solvas, cerró Bugueño.

Se iniciará hoy en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Puerto Madryn un juicio por jurado para determinar la responsabilidad de una persona acusada por el homicidio de su primo, en un hecho ocurrido en Gan Gan a fines del año 2023.

El martes por la mañana se realizó la audiencia de selección del jurado (Voir Dire), dirigida por la jueza penal Carla Jesica Yamila Flores y tras la conformación formal del tribunal, desde esta mañana se pondrá en marcha el debate, el cual se extendería por dos jornadas.

La persona imputada es Celedonio Jovino Cual, a quien se acusa de dar muerte a su primo, Manuel Justo Cual, tras una discusión vinculada a un conflicto rural en un campo ubicado a unos 5 kilómetros al norte de Gan Gan.

La acusación por parte del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del Fiscal Jorge Bugueño y el procurador Fernando Blanco; en tanto que la defensa técnica del acusado recaerá en el Dr. Eduardo Zabaleta de la Defensa Pública, en tanto que la Dra. María Belén Luján ejercerá como querellante en representación de la familia de la víctima.

Mediante un comunicado, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn afirma que
«el Dr. Roberto Castillo no se encuentra matriculado en esta institución, y que ni siquiera ha iniciado trámite alguno de matriculación, no habiendo presentado la documentación requerida a tales fines».

Agregó que «se recuerda que el ejercicio profesional de la abogacía en la Provincia del Chubut se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley XIII N° 11, la cual dispone expresamente que, además de poseer título habilitante, es condición indispensable “hallarse inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados que por esta ley se crean” (artículo 2 inciso b)».

Finalmente, dijo que «todo profesional de la abogacía que sugiera o intente el ejercicio profesional desde cualquier localidad de la provincia sin contar con matrícula habilitante debe abstenerse de inmediato de dicha conducta, advirtiéndose que tales acciones podrían eventualmente encuadrar en lo previsto por el artículo 247 del Código Penal».

Roberto Castillo es el abogado querellante del padre y madrastra de Ángel López en el proceso judicial que se realiza en Comodoro Rivadavia por la muerte del niño de 4 años.

Un amplio operativo policial se montó en la Escuela 790 de Puerto Madryn, ubicada en Dorrego y San Martin, ante la detección de una amenaza de bomba detectada en los baños de varones. En un comunicado la escuela expresó que “ante la detección de una inscripción de contenido intimidatorio realizada por alumnos en el día de ayer en el baño de varones, relacionada con un reto viral de público conocimiento, se activaron de inmediato los protocolos institucionales previstos para estos casos”.

Asimismo, se indicó que “se dio intervención a la Supervisión de Educación Secundaria en el día de ayer. En el día de hoy se hizo presente personal de Comisaría Quinta, quien tras evaluar la situación dio intervención al Ministerio Público Fiscal”.

Además, se planteó que “por disposición del Fiscal interviniente, y a fin de dar cumplimiento a las medidas de seguridad y resguardo establecidas en el protocolo vigente, se procedió a la evacuación preventiva de la totalidad del edificio escolar. Todo el personal y los alumnos se retiraron de forma ordenada, sin registrarse incidentes”.

La dirección del establecimiento indicó que “la medida adoptada tiene carácter preventivo y se mantendrá hasta tanto las autoridades competentes finalicen las actuaciones correspondientes y habiliten nuevamente el ingreso al establecimiento” agregando que “informaremos por los canales oficiales la reanudación de las actividades escolares una vez que contemos con la autorización pertinente”.

Por último, se solicita “a nuestra comunidad acompañar con tranquilidad. La escuela actuó conforme a la normativa y priorizando en todo momento la seguridad de los estudiantes y el personal”

En una resolución que marca un precedente ante la gravedad de los hechos ocurridos, el Tribunal de Faltas de Puerto Madryn dictaminó el cierre definitivo del boliche Cleopatra tras el asesinato de un joven de 16 años en su interior. La medida se fundamenta en la acreditada falta de controles de seguridad, el ingreso sistemático de menores de edad y la presencia de armas dentro del lugar, factores que confluyeron en la tragedia semanas atrás y que, sumados a un historial de conflictos violentos, tornan prácticamente irreversible la decisión ante instancias superiores.

La sentencia del tribunal municipal llegó en las últimas horas tras analizar los informes periciales y las actuaciones policiales derivadas del crimen que conmocionó a la ciudad. Según consta en la investigación, un adolescente de 16 años perdió la vida luego de recibir una puñalada en el pecho durante una pelea dentro del local ubicado en la calle Marcos A. Zar al 100.

El hecho desnudó una serie de irregularidades administrativas y de seguridad que el tribunal consideró insalvables para la continuidad comercial del establecimiento.

Entre los fundamentos determinantes de la resolución, se destaca que el control de ingreso resultó ser inexistente o, en el mejor de los casos, «laxo o nulo», permitiendo que adolescentes burlaran la seguridad. Sobre este punto, lo resuelto por el Tribunal enfatiza que «el presunto agresor habría ingresado al local utilizando el documento de un tercero», lo cual evidencia una falencia crítica en la verificación de identidad. Asimismo, la justicia municipal fue tajante al señalar que la tragedia ocurrió en un contexto donde «no solamente había menores de edad dentro del lugar sino había una persona armada», lo que constituye una violación flagrante a cualquier protocolo de seguridad bailable.

La situación se agrava al considerar que el ataque se produjo con un arma blanca de una sola hoja que fue hallada dentro del establecimiento poco después del crimen. Este elemento confirma que los procedimientos de cacheo y detección de metales fallaron por completo. La resolución judicial subraya que la empresa regente no garantizó la integridad de los asistentes, permitiendo que un joven de 16 años circulara armado en un espacio de recreación nocturna.
Además de la inhabilitación permanente para funcionar, la justicia de faltas impuso una sanción económica de 7.000 módulos, una de las más altas registradas para este tipo de infracciones.

Antecedentes

Por otro lado, el Tribunal tuvo en cuenta los antecedentes del local, que ya venía siendo objeto de seguimiento por incidentes previos. Atendiendo a la peligrosidad demostrada y a la incapacidad de los dueños para mantener el orden, se prevé que difícilmente la justicia ordinaria dé marcha atrás con esta clausura. La gravedad de que un menor haya resultado muerto en un ámbito que debía estar controlado por adicionales policiales y seguridad privada —quienes solo intervinieron una vez consumada la agresión para retirar a los involucrados— deja poco margen para apelaciones exitosas por parte del boliche.