Un windsurfista de 56 años murió este martes en Puerto Madryn tras descompensarse mientras practicaba en el mar, en la zona de la bajada 8.

El hecho ocurrió cuando el hombre, con experiencia en actividades náuticas, se encontraba realizando windsurf con su traje de neoprene.

Tras advertir la situación, testigos dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia. Los guardavidas que se encontraban en el sector fueron los primeros en intervenir e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después arribó personal médico, que continuó con las tareas utilizando un desfibrilador y suministrando medicación en el lugar.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital, mientras continuaban las maniobras de reanimación durante el trayecto. Sin embargo, nunca logró responder y llegó al centro de salud sin signos vitales.

Fuente: Canal12

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut, participó del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que involucró a 16 países en la investigación de delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

En la provincia del Chubut se realizaron allanamientos simultáneos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn, encabezados por la fiscal general Eugenia Domínguez, con la intervención de Joel Brunt, Ricardo Carreño y Hernán Gricman en cada una de las jurisdicciones.

Durante los procedimientos se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la posible existencia de material ilícito y establecer responsabilidades penales.

El operativo

La operación que se efectuó con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil produjo 84 detenidos (26 en nuestro país); y el secuestro de una importante cantidad de material digital en causas vinculadas con la explotación sexual de menores.

Entre los hechos más relevantes figura la desvinculación de una funcionaria pública de Santa Cruz, cuyo domicilio fue allanado en el marco de la pesquisa.

Los procedimientos incluyeron la incautación de armas de fuego y dispositivos electrónicos.

68 objetivos en Argentina.

La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fé, Santiago del Estero, y Tucumán.  En Patagonia, Chubut y Santa Cruz.

Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming).

Es importante destacar que la información relacionada a la provincia de Buenos Aires fue recibida en virtud del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn ratificó de manera definitiva una sentencia histórica contra Facebook Argentina S.R.L., responsabilizando a la filial local por el daño causado a una abogada y a sus hijos menores de edad.

El fallo -que lleva la firma de los camaristas Julián Jalil, Guillermo Hansen y Heraldo Fiordelisi- pone fin a un litigio que data de 8 años atrás y sienta un precedente sobre la responsabilidad de las plataformas transnacionales.

El conflicto se remonta a 2018, cuando la víctima detectó una serie de perfiles falsos que usurpaban la identidad de sus hijos pequeños y difundían acusaciones gravísimas.

En estas cuentas se publicaban fotografías de los niños y se denunciaba falsamente que la madre y su pareja los habían secuestrado, solicitando a los usuarios que realizaran denuncias penales.

Oidos sordos

Estas publicaciones se compartieron masivamente en grupos regionales con miles de integrantes, y diversos foros de compraventa, exponiendo incluso el domicilio familiar y el jardín de infantes de los menores.

Ante la gravedad de los hechos, se ordenó en primera instancia -junio de 2018 -el cierre inmediato de las cuentas, pero la empresa incumplió la orden durante casi dos años, manteniendo los contenidos lesivos activos hasta enero de 2020.

Para eludir su responsabilidad, Facebook Argentina S.R.L. sostuvo durante todo el proceso que ella no era el “operador” del servicio.

Argumentó que el control técnico de la red social dependía exclusivamente de entidades radicadas en el extranjero, como Meta Platforms Inc. en Estados Unidos o Facebook Ireland LTD en Irlanda.

Laberinto corporativo

La empresa pretendió que su objeto social en Argentina se limitaba únicamente a la comercialización de publicidad, alegando que carecía de facultades para “apretar el botón” y dar de baja un perfil.

Según esta postura, los ciudadanos argentinos afectados por contenidos lesivos deberían dirigir sus reclamos judiciales a las sedes internacionales del gigante tecnológico.

La Justicia de Chubut rechazó de plano estos argumentos, aplicando la doctrina de la conexidad contractual.

Los magistrados determinaron que la filial argentina es el nexo indispensable para que la red social funcione económicamente en el país y, por ende, es legalmente responsable ante sus ciudadanos.

Grave indiferencia

El fallo destacó que el propio objeto social de la filial incluía la “interconexión de relaciones públicas y sociales”, lo que la facultaba para intervenir.

Los jueces calificaron la conducta de la empresa como una “grave indiferencia”, señalando que su renuencia a acatar la orden judicial prolongó innecesariamente el sufrimiento de la familia afectada.

Afectación a menores

Testigos confirmaron que las difamaciones eran el tema de conversación en ámbitos laborales, afectando la reputación de la víctima.

Por su parte, la pericia psicológica acreditó que la misma sufrió cuadros de estrés, angustia, insomnio y una sensación constante de inseguridad por la exposición de sus hijos.

Respecto de los menores, la justicia consideró que se vulneraron sus derechos personalísimos a la identidad, imagen e intimidad, exponiéndolos a juicios de valor de miles de usuarios desconocidos y poniendo en riesgo su seguridad.

Publicación

Además de la indemnización por los perjuicios sufridos, la justicia impuso a Facebook la obligación de publicar la sentencia condenatoria en diarios de mayor circulación de las ciudades de Puerto Madryn, Mar del Plata y Formosa.

Los magistrados argumentaron que el “olvido” por el paso del tiempo no es suficiente para reparar el honor herido. Esta medida busca que las comunidades donde se difundieron las falsas acusaciones tomen conocimiento de que la justicia reivindicó a las víctimas y castigó la indiferencia de la red social.

Con la denegación de los últimos recursos de casación en abril de 2026, la empresa ha quedado obligada al cumplimiento total de lo resuelto.