Transcurridos 10 días, el gobierno argentino aun no contestó el pedido de Brasil sobre un listado de 143 condenados por el asalto a la Cámara de Diputados y al palacio del Planalto (casa de gobierno) en Brasilia el 8 de enero de 2023. Una parte de los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro ingresaron a la Argentina en los baúles de autos, se escabulleron en zonas porosas de la frontera o lo hicieron con su documento de identidad o el de otra persona. Los 143 tenían tobilleras electrónicas, pero las rompieron y de esa manera emprendieron la fuga.
El pedido oficial de Brasil es que Argentina informe cuántos están en el país y cuáles iniciaron un pedido de refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Una fuente de la embajada de Brasil en Buenos Aires le señaló a Página/12 que “por ahora no hay conflicto. Entendemos que el Poder Ejecutivo no tiene plazo para responder y es lógico que se sigan los procedimientos que marca la ley argentina”. Lo que sucede es que hay dos planos. Uno, el del trámite administrativo y judicial. Otro, el político. En este último aspecto, la protección a los sediciosos pesará en la ya deteriorada relación entre Javier Milei y Luis Inacio Lula da Silva. Ya se vio en el G7, donde ni siquiera se saludaron.