Pidieron sobre seguimiento de imputados por el robo de vacunas en Comodoro Rivadavia

Se realizó ayer la audiencia de apelación en la causa iniciada por la jueza federal Eva Parcio, por el robo de vacunas Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y que se usaron en la obra social del Sindicato de Camioneros. Los abogados defensores le pidieron al tribunal, integrado por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el sobreseimiento de las 26 personas imputadas con distintos grados de participación en el hecho ocurrido en enero de este año.

 

Según precisó el diario El Patagónico, en su argumentación Fernando Wiernes, representante de Daniela Cocha -encargada de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional- explicó que gracias a la actitud de la enfermera se pudo lograr corroborar el faltante de dosis. También subrayó la falta de elementos para trabajar, ya que en el principio del plan de vacunación no existía un sistema de registro y todo se tenía que hacer de manera «manual».

 

El abogado defensor de la enfermera destacó que «Cocha estaba desbordada» por todas las tareas que debía hacer y afirmó que siguió trabajando pese a que podía pedir licencia porque es considerada persona de riesgo, debido a sus patologías. «Ella estaba sola. Pedía que vayan a limpiar, pero no había gente porque se habían dado licencias. La imputación que se le hace es inexacta. Nosotros supimos cuántas dosis habían desaparecido por su trabajo», aseveró.

 

«UN SOLDADO CON UNA GOMERA»

 

Luego habló Guillermo Iglesias, abogado de los imputados del Sindicato de Camioneros, incluido su titular Jorge Taboada; y al jefe de Epidemiología del Hospital Regional, Jorge Benítez.

 

Iglesias se sumó a la defensa de Wiernes sobre la tarea de Cocha catalogándola como «un soldado luchando con una gomera por Malvinas», debido a la falta de recursos en un plan de vacunación a nivel nacional. Es por eso que también pidió el sobreseimiento de Benítez. 

 

Además, Iglesias manifestó que cuando se descubrió el robo de vacunas Benítez tenía COVID-19 por lo que tuvo que volver a sus funciones después de que se conociera el hecho. «El volvió a trabajar después de que desaparecieron las vacunas», afirmó.

 

Analía Muñoz, enfermera del Hospital Regional y sobre quien pesa la acusación del robo de vacunas, es defendida por la abogada Laura Suárez Catrilaf. En su argumento para pedir anulación de la imputación, la letrada recordó la inadecuada seguridad que había en la Cámara de Vacunación del Hospital Regional y manifestó que nunca se encontraron los elementos que se tendrían que haber utilizado para mantener las vacunas (hay que recordar que necesitan una temperatura de menos 18 grados Celsius).

 

El pedido de sobreseimiento se basó en que «el único fundamento que se agrega dentro del expediente es sobre mensajes de texto entre Gabriela Torres y Muñoz».